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Los recortes, si o sí, amenazan la supervivencia del sector y agravan ostensiblemente la situación de deterioro en las cuecas mineras…

Los recortes, si o sí, amenazan la supervivencia del sector y agravan ostensiblemente la situación de deterioro en las cuecas mineras…

La minería, como el último mohicano

Los sindicatos, con el respaldo implícito de los empresarios, preparan movilizaciones contundentes en defensa del carbón y las Cuencas ante el inmovilismo del Gobierno de Rajoy

Foto: Mineros preparando una barricada en la autopista «Y» durante las movilizaciones de 2010.

MARIO ANTUÑA, en La Nueva España

Como si fuera el último mohicano, la minería se siente perseguida, empujada hacia un combate que puede ser el definitivo. Siente tras de sí el aliento del recorte de las ayudas a las empresas en una cantidad que ahoga su supervivencia y precipita su cierre, y la eliminación de los fondos mineros que debían de ser el instrumento para suplir el fin del carbón. Los sindicatos tienen la certeza de estar ante un momento trascendental, en el que se decidirá si las minas y sus comarcas sobrevivirán, y en un momento crítico para la economía española, en el que su problema es uno más de los muchos que agobian al país. Y conocedores de todas estas circunstancias adversas se preparan con cautela para dar la batalla, porque en ella se juegan la vida o la muerte del sector.

La noche del pasado jueves, los representantes del SOMA-FITAG-UGT, CC OO y la patronal Carbunión se mostraban atónitos. Nunca se habían enfrentado a una negociación similar, sin pasillos de salida, sin escaleras alternativas, con las puertas cerradas. «Es que hasta se fueron sin despedirse», comentaba sorprendido un representante sindical. Atrás habían quedado cinco horas de reunión con el secretario de estado de Energía, Fernando Martí, que los empresarios consideraron «un engaño», «una tomadura de pelo, para que nos llaman, si no hay posibilidades de negociar nada». En el Ministerio de Industria, a la vera de la Castellana, Victorino Alonso, presidente de Carbunión, había esperado más de una hora a que los sindicatos acabaran de departir, pues se habían quedado reunidos, solos. Los empresarios sabían que las centrales estaban preparando ya las protestas y, aunque las respaldan, no pueden mezclarse en su organización. Cada uno juega su papel. Pero sí quisieron escenificar una salida conjunta. Y codo con codo, cada uno realizó sus declaraciones. Las palabras no eran idénticas y cada cual defendió sus argumentos, pero la música de fondo sonaba como salida de la misma partitura.

Esa misma noche, Victorino Alonso no ocultaba su disgusto: «Se ha descubierto el engaño y ha quedado claro que el Gobierno quiere cerrar el sector ya, este mismo mes». Y sentenció: «La situación es gravísima, yo nunca la había visto así». ¿Qué hacer entonces? Alonso tiene claro que «visto lo que está haciendo el PP, no queda más opción que concienciar a los políticos de la gravedad de la situación y también a la población de las cuencas». La clausura de explotaciones afectará por igual a las privadas que a las públicas de Hunosa. El recorte es similar para todas, de un 63%. En Asturias, cualquier tajonazo a la empresa pública afectaría directamente sobre el PIB regional, engordaría las listas del paro, cuando además otras grandes empresas -Alcoa o Arcelor- están en riesgo.

Con o sin intención, el discurso del líder de los empresarios mineros comenzaba a ser similar al de los sindicalistas. José Ángel Fernández Villa, del SOMA, también a pie de la escalinata del Ministerio de Industria, hizo un llamamiento «a la sociedad civil asturiana y a los partidos políticos para que defiendan este sector, que sigue siendo vital para las Cuencas. El Gobierno y el PP no nos dejan más solución que defender lo nuestro en la calle, con grandes movilizaciones». Juan Carlos Álvarez Liébana, de CC OO, afirmaba que el Ejecutivo de Rajoy «firma la sentencia de muerte para las minas españolas y, por tanto, también para las comarcas mineras. No lo vamos a tolerar, responderemos con la contundencia que merece el ataque».

¿Qué había pasado durante las cinco horas de reunión para que sindicalistas y empresarios coincidieran en la virulencia de sus manifestaciones? Prácticamente nada. Ese es el problema. Las versiones de los negociadores criticaban el «inmovilismo» de las posiciones del Gobierno. En la primera parte de la reunión, cada sindicato y la patronal formularon al secretario de Estado de Energía sus peticiones, tras una exposición de su visión del sector y sus posibilidades de futuro. Sobre las ocho de la tarde, los representantes de Industria propusieron un receso de 20 minutos. Tenían que realizar consultas. La noticia llegó hasta los jardines del complejo de Nuevos Ministerios, donde aguardaban los periodistas. Parecía abrirse un halo de esperanza. Igual había contraoferta y sobre la mesa aparecían algunos millones más para las empresas y quizá para engordar los fondos mineros. Sindicatos y empresas son conscientes de la crisis y estaban dispuestos a negociar a la baja.

El receso coincidió en el tiempo con el fin de la rueda de prensa que el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, acababa de dar tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera con las comunidades autónomas, en la que solo Asturias había suspendido. Mal augurio. De Industria a Hacienda apenas hay un centenar de metros. No es difícil deducir que el secretario de Energía o el propio Ministro José Manuel Soria, pudieron realizar una última consulta con Montoro. ¿Podemos dar algo más a la minería? La exactitud de la respuesta se desconoce, pero su significado acabó haciéndose público. Ni un euro más.

En su descargo, los responsables de Industria alegan que intentaron conseguir más dinero. Incluso en sus presupuestos, las cantidades para la minería eran superiores. Pero no pasaron la criba de Hacienda. Montoro devolvió las cuentas con un importante tijeretazo. En la caja manda él.

Tras el receso, los representantes de Industria volvieron con las manos vacías. No hay más. La propuesta seguía siendo la misma que la anunciada el 10 de mayo por el Ministro Soria. El dinero era el fijado en los Presupuestos del Estado, con un recorte del 63%: las empresas recibirán 111 millones en ayudas a la producción, frente a los 301 del pasado año; y para las infraestructuras, proyectos empresariales y becas apenas hay consignados otros 101 millones.

Sindicalistas y empresarios lo sospechaban. Si el Ministro no había mejorado hace una semana la oferta, pocas esperanzas había de que un secretario de Estado le corrigiera. Tras la reunión, los negociadores mineros criticaban que hubiera sido «absolutamente imposible mover un centímetro esas cantidades»,. Una situación que Fernández Villa se apresuró a considerar «insólita y asombrosa. No había sucedido jamás en unas negociaciones», dijo el veterano sindicalista. Victorino Alonso, con un discurso similar de sorpresa e indignación, endureció las palabras: «Es un abuso total de poder, la actitud del Gobierno es alucinante, no tiene nombre. Es propio de una dictadura».

¿Y ahora qué va a ocurrir? Mañana, las direcciones de FITAG-UGT y CC OO tienen previsto reunirse en Madrid para elaborar un calendario de movilizaciones que anuncian fuertes y contundentes. Incluso en la capital de España. Pero no quieren dar un paso en falso. Saben que el momento es crucial y hay que pensar bien la estrategia. Sopesar las fuerzas. El problema de la minería es una ola más en el tsunami de la crisis y puede quedar hundido en las profundidades de los recortes. Si no fuera así, ya habrían comenzado las movilizaciones, como ocurrió cuando se enfrentaron a Zapatero: hubo encierro en Industria y movilizaciones en Asturias y León. Ahora se prepararán para extenderlas por todas las comarcas mineras españolas. Y, tal como reconoce un dirigente sindical, tienen que ser «contundentes, duras, prolongadas e intensas, y, sobre todo, con el mayor apoyo posible». Se quiere movilizar a trabajadores en activo y prejubilados, a todos los sectores de las Cuencas.

En otras circunstancias, una movilización minera podría crear una vía de agua en cualquier Ejecutivo. Hoy está más preocupado por la reducción del déficit y el rescate de los bancos. Los 5.000 mineros o los 30.000 trabajadores que puede arrastrar el sector a las listas del desempleo, son una suma más en los 5,6 millones de parados. Por eso los sindicatos anuncian que quieren involucrar a toda la sociedad de las comarcas mineras, concienciar que además de las minas está en peligro todo su entramado, del que dependen unas 200.000 personas. Estas ya son cifras a considerar y que podrían incendiar otros sectores castigados.

Se fueron sin despedirse, decía a medianoche del jueves un sindicalista a las puertas del Ministerio. Sin esas palabras protocolarias de «bueno, a ver si nos llamamos, ya fijamos otra fecha?». Su carga simbólica es profunda. Supone cerrar las puertas sin dejar resquicio. Y los representantes de la minería, como el último mohicano, se apresuran a dar la batalla en la calle por su supervivencia.

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