El eufemismo de la sostenibilidad en el Decreto Ley 16/2012 como excusa para cambiar un modelo sanitario que no gusta a la especulación financiera aunque si les guste a los ciudadanos

Recortes en sanidad: restricción de derechos

La figura del "asegurado" elimina el derecho ciudadano de recibir atención sanitaria

Por Carlos Barra, 21 MAYO 2012 en El País.

Es incuestionable que uno de los mayores logros que la sociedad española ha conseguido en el periodo democrático, ha sido la creación y consolidación de un sistema nacional de salud de carácter público, con cobertura universal, financiado a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y que ha hecho realidad el cumplimiento de un mandato constitucional: el derecho a la protección de la salud, recogido en su artículo 43.

La Ley General de Sanidad y posteriormente en la Ley de Cohesión y Calidad desarrollaron el espíritu que el citado artículo recoge y garantizan en su articulado el derecho a la protección a la salud de todos los españoles y extranjeros residentes en nuestro territorio, sin establecer ninguna exclusión al respecto.

Nuestro sistema público de salud así configurado ha sido un elemento que ha contribuido de manera importante a la consecución de niveles altos de cohesión social y ha establecido la solidaridad, equidad y accesibilidad como valores esenciales de su razón de ser. El establecimiento de la financiación total del sistema a cargo de los Presupuestos Generales, desvinculando por tanto la asistencia sanitaria de las aportaciones a la Seguridad Social, completaba el proceso de configurar la protección a la salud y todas las actividades encaminadas a ello, como derecho de ciudadanía y superar por tanto los conceptos de asegurado y beneficiario que imperaban antes.

Es ese concepto de asegurado, ya superado, el que ahora vuelve a introducir el real decreto ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, estableciendo una exclusión en la protección del derecho a la salud para los inmigrantes sin papeles, y asimismo restringiendo el derecho de los españoles mayores de 26 años que no trabajen, a los que se les exige demostrar que no tienen recursos. El real decreto introduce sin duda una restricción y recorte de derechos que nos retrotrae a tiempos pasados; en el caso de lo referido a los inmigrantes pueden derivarse situaciones de riesgo para la salud pública, dificulta su proceso de integración y rompe con la tradición de solidaridad que mayoritariamente impera en la sociedad española.

El real decreto ley, promulgado en el contexto de la crisis y utilizando a ésta como excusa, desarrolla un articulado que no permite vislumbrar en ningún caso esas garantías de sostenibilidad que su grandilocuente título expresa, sino que más bien refleja, además de las restricciones de derechos ya expuestos, el establecimiento de mayores cargas impositivas para los ciudadanos (copagos aumentados donde ya los había), así como la implantación de aportaciones económicas por parte de los ciudadanos para recibir prestaciones que estaban cubiertas con carácter de universalidad sin necesidad de pago alguno complementario. Estas medidas tienen como único objetivo el recaudatorio, y en ningún caso sirven para alcanzar logros que garanticen la sostenibilidad del sistema sanitario.

No parece que la intención sea adoptar medidas reales, rápidas y eficaces que eviten las bolsas de ineficiencia que el sistema tiene, sino que más bien se encaminan a ir modificando la configuración de nuestro sistema sanitario público, desdibujando cada vez más sus componentes de universalidad, equidad y accesibilidad que lo caracterizan desde su creación.

En todas las encuestas realizadas en nuestro país, la ciudadanía valora muy positivamente su sistema sanitario, el funcionamiento de sus instituciones y el trabajo de sus profesionales, se ha sentido segura ante sus problemas de salud en la confianza de que iban a ser bien atendidos y ha tenido la garantía de que sea cual fuere su situación en la escala social no iban a ser excluidos. Hoy en el seno del tejido social ha surgido inquietud, incertidumbre e indignación ante el ataque que el real decreto supone para nuestra sanidad pública; ha comenzado ya a movilizarse en defensa de sus derechos y si no hay rectificación desde el Gobierno se producirán con toda seguridad situaciones de crispación y conflicto.

En los hospitales y centros de salud se forman, crecen profesionalmente y desarrollan lo mejor de sus conocimientos la gran mayoría de profesionales de nuestro país, recibiendo un notable reconocimiento por parte de los ciudadanos; profesionales que cada día ven más reducidos los cauces de participación en la planificación y determinación de sus actividades, que sufren también ataques a sus derechos laborales, soportan escandalosas condiciones de precariedad y tienen asimismo enormes dificultades para seguir una adecuada formación continuada. Son actores importantes en el funcionamiento de la sanidad y por ello los recortes que el Gobierno ha planteado, van a afectar a su actividad profesional y les va a obligar a manifestar sus opiniones en relación a la nueva situación.

Nuestro sistema sanitario público, valorado muy bien tanto en nuestro país como fuera de él, necesita mejoras y reformas que lo hagan más eficiente; medidas que por cierto no puso en práctica el Partido Popular allí donde ha gobernado muchos años ( tampoco cuando tuvo anteriormente el Gobierno central). Mejoras y reformas que deben analizarse con rigor, someterlas a un amplio debate social y político y que en ningún caso pueden suponer pérdida y restricción de derechos ya conseguidos ni pérdida de los valores que lo fundamentan.

Carlos Barra Galán es médico especialista del sistema nacional de salud.