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De la Asamblea con manifestación improvisada de antes de ayer…

De la Asamblea con manifestación improvisada de antes de ayer…

«No vamos a ser los paganinis de la crisis»

Medio millar de empleados públicos lanzan un mensaje rotundo al Gobierno del Principado en la calle: «No aceptaremos más agresiones»

AZAHARA VILLACORTA | OVIEDO, en El Comercio.

«Llevo 25 años en esto, cobro 1.300 euros y trabajo a tres turnos». La gijonesa María Antonia Rubio cogió ayer el micrófono para intervenir en la asamblea general a la que estaban convocados cerca de 8.000 empleados de la Administración autonómica entre funcionarios (4.200) y personal laboral (3.500). No acudieron todos, pero sí los suficientes (medio millar, según la Policía) para que el salón de actos del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples de Oviedo se quedase pequeño y la asamblea tuviese que celebrarse en el exterior, de modo que los trabajadores recorriesen después en manifestación el centro de la ciudad hasta desembocar ante la sede de la Presidencia del Principado.

En su alegato, Rubio explicó la situación del Centro Residencial de Cabueñes, un dispositivo que suma un centro residencial para personas con discapacidad y otro de atención diurna que presta servicio a 138 usuarios de edades comprendidas entre los 18 y los 60 y cuya plantilla está en pie de guerra desde que el Principado les comunicase su intención de reducir de 64 a 51 el personal auxiliar educador y de 27 a 23 el colectivo encargado de limpieza y comedor.

«Que no os engañen», exhortó a sus compañeros de las consejerías, de conservación de carreteras, de los centros de menores o del Serida, «que lo que quieren es dejar los servicios públicos en pañales. Con los millones que le van a dar a Bankia y un poco más, no hay déficit público que valga. Lo que está pasando es muy grave». Y esa es también la tesis de Mage García, convencida de que «lo que subyace en el fondo de todas las medidas puestas en marcha recientemente por los distintos Gobiernos es la supresión de los servicios públicos».

Así que, con esos argumentos sobre la mesa, el mensaje al nuevo Ejecutivo de Javier Fernández de la Junta de Personal Funcionario es rotundo: «Nos va a tener enfrente si continúan los ataques. No aceptaremos más agresiones bajo ningún concepto. Esto es sólo un primer toque de atención diciendo alto y claro que estamos aquí».

«El PSOE no puede justificar los recortes del PP», cargaba Ana García, otra gijonesa, empleada del sector sanitario, que subrayaba: «La sanidad y la educación son las piedras angulares del Estado del Bienestar. No se pueden tocar».

«Vamos a pelear»

«Antes de tomar cualquier decisión, el Ejecutivo de Javier Fernández debe negociar con los trabajadores», defendía Sergio Peña. Y, en ningún caso, «los problemas que han generados otros deben arreglarse atacando a los empleados públicos», subrayaba Juan Gutiérrez.

No están dispuestos «a ser los paganinis de esta crisis», advertía Enrique López, representante de la Corriente Sindical de Izquierda. Y no están dispuestos tampoco, apuntó Cristina Esteban, vicepresidenta de la Junta de Personal Funcionario de Justicia (que también quiso respaldar a sus compañeros de la Administración autonómica) a quedarse parados, «sin defender unos servicios públicos que tanto costó conseguir a padres y abuelos».

Porque, según Juan Gavira, de CSIF, «el daño, al final, es para la sociedad asturiana, que se merece unos servicios de calidad. Y eso es imposible con recorte, recorte y más recorte. Vamos a pelear».

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