Estructura del Gobierno Regional

Educación y Sanidad mantendrán las competencias sobre su propio personal

El Principado iniciará los nombramientos de cargos por las consejerías que mantienen su estructura

Consumo regresa al departamento sanitario

Oviedo, P. GALLEGO, en La Nueva España

Las consejerías de Sanidad y Educación mantendrán las competencias sobre su propio personal, atribuciones que habían recuperado con el Gobierno anterior, de Foro. El decreto de reestructuración de los departamentos que integran la Administración regional no revoca lo aprobado, también por decreto, el 16 de julio del año pasado, por lo que ambos departamentos seguirán controlando a sus empleados públicos, especialmente, a los que conforman los distintos niveles de especialización sanitaria y docente.

A falta de saber qué pasará con los funcionarios de justicia, máxime cuando las competencias de esta área pertenecen ahora a la Consejería de Presidencia -habrá que esperar al desarrollo del decreto-, el resto de los casi 35.000 empleados públicos del Principado dependerán, como hasta ahora, de la Dirección de Función Pública, integrada en la Consejería de Hacienda.

Con la decisión de que las consejerías de Educación y Sanidad mantengan el control sobre su propio personal, el Gobierno de Javier Fernández se distancia del modelo de selección, formación y control de los empleados públicos seguido por el anterior Gobierno del PSOE. En la tercera legislatura de Vicente Álvarez Areces, y con la llegada de la ex consejera Ana Rosa Migoya al frente de Administraciones Públicas, toda la política de personal se concretó en esta consejería. Además el Instituto Adolfo Posada concentraba todas las competencias en materia de selección de personal, una política muy protestada por los colectivos docentes y sanitarios.

Según explicó el consejero de la Presidencia, Guillermo Martínez, el nombramiento de los cargos de segundo y tercer nivel -viceconsejeros y directores generales- comenzará por los departamentos que no han sufrido modificaciones.

A los cambios en la Consejería de Presidencia -que también recupera las competencias de Igualdad y Juventud, aunque la relación con los ayuntamientos sigue en Hacienda- se une la vuelta de las competencias sobre Consumo a la consejería de Sanidad. El objetivo, según indica el decreto de reestructuración, «asegura el derecho de los ciudadanos a la protección de la salud».

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