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El porqué de las protestas mineras

Por Darío Díaz Alvarez, economista del Gabinete Técnico de CC.OO. de Asturias

nuevatribuna.es

Cuando se daba por desaparecida (o casi) la figura del minero, quedando aquélla como un personaje del siglo pasado, solamente sujeto a maravillosas fotografías, en blanco y negro, que nos retrotraía a épocas cercanas a los comienzos de la industrialización en nuestro país, surgen las imágenes que a algunos les gustaría haber desterrado de la faz de la tierra: carreteras cortadas con neumáticos ardiendo, atascos en todas las comunicaciones, encierros en pozos mineros, huelgas acompañadas de multitudinarias manifestaciones en las comarcas mineras (que aún siguen existiendo, aunque cueste creerlo) de Comunidades Autónomas como León, Asturias o Aragón.

Qué quieren los mineros?. No comprenden que la minería es un sector sin futuro, en crisis total?, claman los ultraliberales que, al mismo tiempo, “aplauden” el rescate de otro sector mucho más quebrado que el minero.

Ya están los asturianos reivindicando seguir viviendo de las subvenciones públicas, proclaman algunos tertulianos “famosillos” después de pasarse por alto e incluso defender bochornosos “regalos” a los grandes capitales, en forma de amnistía fiscal.

El hecho es que tras dos planes mineros, firmados por los Sindicatos UGT y CC.OO. con dos gobiernos distintos (PP y PSOE), para los periodos 1998-2005 y 2006-2012, conseguidos con “sangre, sudor y lágrimas” y con la “espada de Damocles” empuñada desde Bruselas para acabar con el sector a partir de 2018, al gobierno de Rajoy se le ocurre que para qué vamos hacer sufrir más al enfermo, si podemos meterle la “estoca” este mismo año y ya que el Nalón pasa por Langreo de paso lo justificamos con la necesidad de fuertes recortes presupuestarios que tanto sirven para la enseñanza, como para la sanidad, la minería o la dependencia.

El ajuste llega hasta un 63% sobre lo presupuestado en 2011 y sobre lo pactado para 2012, tanto en ayudas directas a la explotación como en ayudas a la reactivación de las comarcas mineras

Todo  lo anterior de por sí siendo grave, encierra otros efectos que sin su conocimiento y análisis haría difícilmente comprensible el “estallido social” que ha generado esta medida claramente impopular. Veamos cuales son las razones económicas y políticas.

Razones económicas

Al igual que ya ocurriera en las principales cuencas mineras de la Unión Europea, correspondientes a destacados países como Alemania, Belgica, Francia o Reino Unido, a la industria del carbón se les asignó una fecha de caducidad a partir de dos premisas esenciales: aparición de nuevas fuentes energéticas (prioritariamente las renovables) y la creencia generalizada de la existencia (a nivel global) de suficientes reservas carboníferas para hacer frente a las necesidades futuras de una energía no limpia y cara como la que se producía, en ese momento, en la Unión Europea.

Partiendo de esa idea genérica, se fue reduciendo la producción de carbón bajo la estrategia de un cierre ordenado y pacífico (salvo en el caso del Reino Unido) con compensaciones sociales de todo tipo y búsqueda de alternativas económicas que hiciera de los territorios sujetos a reconversión agentes reactivadores en otros tipos de industria o empleos alternativos.

En España, los primeros ajustes serios se llevaron a cabo después de nuestra integración en la por entonces Comunidad Europea, contando siempre con el beneplácito de los agentes sociales, no de forma gratuita sino tras fuertes movilizaciones que fueron las que llevaron a la firma no solamente acuerdos importantes de empresa (como fue el caso de Hunosa), sino de los trascendentales Planes Generales de la Minería.

Pues bien, bajo la misma filosofía que impregnaba los cierres mineros en las cuencas del resto de Europa, se había alcanzado un consenso por el cual los sucesivos ajustes se harían con compensaciones sociales (las famosas prejubilaciones), inyecciones de fondos para infraestructuras y nuevo tejido industrial y el mantenimiento de ayudas a la explotación, por entender que, hoy por hoy y pese a su alto coste, el carbón puede formar parte de un mix energético propio que salve cualquier necesidad perentoria encuadradas en el amplio abanico de demandas energéticas, máxime teniendo en cuenta que es una de las pocas energías autóctonas que tiene nuestro país.

Bajo la amenaza del cierre total de la industria del carbón, allá por 2018, en el sector minero, aún pueden confluir dos viejas reivindicaciones que tienen poco que ver con la crisis bancaria, la dichosa prima de riesgo, recortes para reducir el déficit público, etc… que nos amenaza un día sí y otro también con arruinarnos el futuro de nuestro país: ayudas a la explotación que, además de estar consensuadas con los agentes sociales permitirían mantener, aunque sea en mínimos, esa necesidad de completar la “cesta” de productos energéticos, pero sobre todo las ayudas a la reactivación de las comarcas mineras que permitirían finalizar un proceso de fuerte impacto social y económica a pesar de los sucesivos incumplimientos en su financiación y de la mala gestión llevada a cabo en muchos casos.

Algunos datos significativos apuntan a unos compromisos de inversión en infraestructuras, formación y proyectos empresariales  del orden de 5.000 millones de euros en el plan 1998-2005 y de 2.000 millones entre 2006 y 2012. Bien es verdad que gran parte de estos últimos compromisos no se pudieron llevar a cabo, fundamentalmente por efectos de la crisis económica que impidieron la cofinanciación de distintos y variados proyectos, amén de una gestión manifiestamente mejorable.

Como también podemos considerar algún que otro fracaso, dentro del ámbito empresarial, en lo que podemos denominar como proyectos nacidos de los “buscadores de subvenciones” que ha ocasionado notables frustraciones en el contexto sociolaboral y empresarial, por ser captadores de multimillonarias ayudas empresariales sin constatación práctica en el tejido empresarial. Bien es verdad que los fracasos empresariales de los Fondos Mineros están en consonancia con la propia práctica empresarial en momentos de crisis, pero también es verdad que sin ser notable su presencia se percibe algún proyecto fruto de la reactivación de las cuencas, a los que será necesario apuntalar con nuevas iniciativas.

Pero es que, además, el factor dinamizador del sector hullero juega un papel muy significativo en la economía de las comarcas mineras, no en vano aún nos encontramos con 7.000 empleos en toda España que dinamizan parte de la economía de 60 municipios, no de forma homogénea en todos y cada uno de ellos, pero si que podemos decir que sin el carbón muchas comarcas de Asturias, León o Teruel quedarían como un auténtico desierto.

Razones políticas

A las razones económicas hay que añadirle las políticas, pues solamente de este calado ha de ser la negativa a inyectar 200 o 300 millones de euros más en los presupuestos del Estado para el ejercicio 2012, con el fin de mantener un sector aún considerado como estratégico y ayudar, aún con pocos recursos, unas comarcas cuyo horizonte puede ser tan negro como el color del mineral que sacan de sus entrañas, cuando apenas hace unos días se ha aprobado la mayor ayuda económica que un sector, en clara recesión como es el bancario, haya obtenido de las autoridades monetarias europeas, sin que quede claro cual es el objetivo del mismo, teniendo en cuenta no solamente las dificultades de liquidez que tiene el sector sino, lo que es más peligroso, de insolvencia.

Alrededor de todo ello gira también la terrible sospecha de que este gobierno intenta echarle un pulso a uno de los sectores más combativos del movimiento obrero (los mineros), sin los cuales la conflictividad social pierde a uno de sus auténticos baluartes en la pelea por los derechos sociales de los trabajadores, a los que se quiere minar tras auténticas barbaridades reformistas, como si una vulgar política tatcheriana pudiese con ello frenar las demandas sociales que pueblan el conjunto del territorio español.