Entre hoy y el próximo viernes en los consejos de ministros de los ya conocidos comúnmente como “viernes negros”

El Gobierno apremia a las autonomías a cerrar de inmediato empresas públicas

El Consejo de Ministros da hoy luz verde a una reforma del régimen local que contempla la desaparición de las mancomunidades

Foto: Soraya Sáenz de Santamaría, con José María Aznar en el campus de Faes, en Navacerrada (Madrid).

06.07.12 - PAULA DE LAS HERAS / ANDRÉS SUÁREZ | MADRID / OVIEDO, en El Comercio.

El Gobierno se mueve para que una de sus grandes apuestas de reducción del gasto público, la reestructuración de la administración, no se quede en agua de borrajas. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, defiende las medidas adoptadas por el Ejecutivo en ese sentido, especialmente en el ámbito del sector público -empresas, entes, fundaciones...- e insta a las comunidades autónomas a hacer lo mismo y con premura. «Hay que hacer más con menos. El Gobierno ha aprobado ya la desaparición de 80 empresas públicas. Sin embargo, la mayoría de las 4.000 empresas que hay son autonómicas y por eso las comunidades tienen que reproducir ahora ese esfuerzo de la administración central», señaló ayer la número dos del gabinete popular en su participación en el campus de verano que organiza la fundación Faes.

El Gobierno ha decidido no esperar al PSOE para acometer esa reforma de la administración. A pesar de que Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba se comprometieron a pactar la reordenación de competencias de ayuntamientos y comunidades autónomas, eliminar duplicidades y ganar eficiencia, el Consejo de Ministros verá hoy el informe de anteproyecto de la futura ley del régimen local, un texto que en ningún caso cuenta con el beneplácito del primer partido de la oposición, y en el que se propone reforzar el papel de las diputaciones en detrimento de las mancomunidades, llamadas a desaparecer por completo.

La propuesta fue trasladada a los socialistas en un primer encuentro entre el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, y el responsable de Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, hace ya un mes. No fue bien recibida y la semana pasada la formación que lidera Rubalcaba respondió con un documento crítico en el que se planteaban, de forma vaga, alternativas y se fijaban los puntos de discrepancia, entre ellos el de que no se abordan los verdaderos problemas del modelo ni se cumple el prometido principio de 'una administración, una competencia'.

Ni ha habido más contactos ni parece que los vaya a haber. El Gobierno se había comprometido a tener lista la nueva ley antes de final de año y el tiempo apremia. En el Programa Nacional de Estabilidad para el período 2012-2015 remitido a Bruselas se aseguraba que por esta vía se lograría un ajuste de 3.500 millones de euros. España va ya por el mal camino, a tenor de la caída de ingresos sufrida en lo que va de año, para cumplir el objetivo del déficit del 5,3%, y el Ejecutivo quiere lanzar el mensaje de que no se relaja.

El principal punto de conflicto está en que el Ejecutivo propone que las diputaciones se hagan cargo de la prestación de servicios de municipios de menos de 20.000 habitantes en caso de que estos no puedan ofrecerlos con la suficiente calidad, y además abre la puerta a su privatización. Dos cosas que no gustan nada al PSOE y que irían acompañadas de la supresión de las más de mil mancomunidades que hay en España; la gran mayoría de ellas, dos tercios, son asociaciones de pueblos que suman juntos menos de 5.000 habitantes.

Soraya Sáenz de Santamaría, habló ayer de «cambios profundos» que irán acompañados, dijo, de medidas para regular el sueldo de alcaldes y concejales y hacerlos públicos. Esa idea, que ya aparecía recogida en el anteproyecto de ley de transparencia, es uno de los pocos puntos de encuentro entre los dos partidos mayoritarios. Ambos coinciden en que no es de recibo que alcaldes de grandes ciudades como Barcelona, Madrid o Zaragoza cobren más que el presidente del Gobierno.

La número dos del Ejecutivo hizo igualmente referencia a una futura reducción del número de concejales en función de la población. Pero tampoco en esto hay consenso. Los socialistas no ven esta iniciativa con buenos ojos porque, a su juicio, acabaría con la representatividad de los partidos pequeños. «A nosotros -dice Zarrías- no nos perjudica, pero en términos democráticos no parece muy justo; busca el bipartidismo perfecto».

La fractura es evidente. Tanto que también el PSOE tiene intención de presentar en el Congreso, por su cuenta, una proposición de ley «ambiciosa».

El Gobierno apremia a las autonomías para que reduzcan sus empresas públicas

El Principado mantiene su decisión de eliminar un único organismo a pesar de que todos los partidos, salvo IU, apuestan por más recortes

Oviedo, José A. ORDÓÑEZ, en La Nueva España

No hay tiempo que perder. El Gobierno central apremia a las autonomías para que metan tijera en su sector público. En Navacerrada, junto al ex presidente Aznar y en un acto de la fundación FAES, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría emplazó ayer a las comunidades a que procedan de inmediato al cierre de empresas dependientes de las administraciones regionales, tal y como, según indicó, ya está haciendo el Ejecutivo de Rajoy con las suyas. «Las administraciones tienen que hacer más con menos. El Gobierno central ha aprobado la desaparición de 80 empresas públicas. Sin embargo, la inmensa mayoría de las 4.000 empresas públicas son autonómicas y, por eso, las comunidades tienen que reproducir el esfuerzo», subrayó la Vicepresidenta.

En Asturias, donde todavía no se ha tocado el sector público, el Gobierno regional reaccionó ayer al emplazamiento de Sáenz de Santamaría recordando que, en su investidura como presidente, Javier Fernández se comprometió a reordenar un conglomerado empresarial integrado por 72 entidades y en el que trabajan unas dos mil personas. El Ejecutivo incide en que su plan de ajuste, que ha recibido numerosas críticas por escasa concreción, incluye medidas al respecto. Son la revisión del objeto social de la empresa Serpa, la reordenación de los instrumentos de promoción, la supresión del Instituto de Estadística, la enajenación de la participación en Sedes y en otras sociedades cuya identidad no precisa y la reducción de las aportaciones al ente público de comunicación (RTPA). El Principado estima que las medidas del plan de ajuste, incluyendo las del sector público, garantizan el objetivo de déficit.

Los grupos parlamentarios asturianos, salvo IU, comparten la necesidad de adelgazar la nómina de empresas dependientes de la Administración autonómica, aunque sin entrar en demasiados detalles de cómo hacerlo y hasta qué punto llegar. Foro Asturias, al inicio de su etapa al frente del Ejecutivo, colocó la reforma del sector público entre sus grandes objetivos, fijándose en Sedes y en la RTPA especialmente. Sin embargo, dejó en herencia a Javier Fernández las mismas entidades que recibió de Vicente Álvarez Areces. La dirección del PP abogó ayer por una reducción notable del número de empresas para hacer «más con menos sin perder profesionalidad ni eficacia».

«En las condiciones actuales, solo se puede malvender», señaló el flamante coordinador regional de la coalición, Manuel González Orviz, quien pidió que «no se demonice al sector público, porque todas las empresas cumplen una labor y, alguna de ellas, social». Por su lado, Ignacio Prendes, de UPyD, considera evidente que hay que recortar el sector público, «empezando por las duplicidades y por aquellas entidades que no se justifican con el servicio público».

Sáenz de Santamaría también anunció ayer en Navacerrada que el Gobierno central va a fijar baremos para los sueldos de los alcaldes y los concejales, y que, además, las retribuciones serán públicas.

El Gobierno creará una central única de compras para la Administración del Estado

Se publicarán los sueldos de alcaldes y concejales

Pumpido: «Los recortes son un atraco perfecto, la crisis una gran estafa y el dinero se lo han llevado»

La Nueva España

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría reafirmó ayer que el Gobierno seguirá adelante con las reformas y anunció la puesta en marcha de una central de compras única para los suministros de toda la Administración general del Estado. Además, avanzó que «en estos días» iniciará su tramitación una reforma de la ley de Bases de Régimen Local que introducirá «profundos cambios» en la estructura y funcionamiento de los ayuntamientos.

Sáenz de Santamaría aseguró que la reforma institucional debe ser «a todos los niveles» e instó a las autonomías a «reforzar los esfuerzos» y a «analizar sus propias estructuras» para evitar las duplicidades. En concreto, les pidió que imiten la reducción del sector público empresarial del Gobierno -«que culminará con la desaparición» de 80 sociedades, porque «la inmensa mayoría» de las 4.000 existentes depende de estas administraciones.

Del sistema central de compras, explicó que estará encargado de celebrar los contratos y «obtener precios razonables» para la Administración general del Estado. Aseguró que la unificación de la gestión de compras en algunos ministerios ya ha supuesto «grandes ahorros».

La reforma de la ley de Bases de Régimen Local que hoy aprobará el Consejo de Ministros tendrá como objetivo clarificar las competencias entre administraciones y garantizar que los pequeños municipios puedan prestar «servicios adecuados a precios razonables», dijo la Vicepresidenta. La iniciativa, que cuenta con el rechazo del PSOE, en el fondo limitará las atribuciones de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que serán asumidas por la diputaciones.

Mientras, Hacienda retendrá durante cinco años la financiación a unos 2.000 municipios que no han suscrito un plan de pago a proveedores. Por su parte, las 1.032 mancomunidades existentes tienen los días contados. El Gobierno las suprimirá al considerarlas «pacas» y para eliminar las duplicidades entre administraciones públicas. Castilla y León es la que más tiene: unas 200.

La ley de Transparencia establecerá además el número de concejales y los baremos de los salarios que percibirán, así como los de los alcaldes, que serán públicos al igual que los del Gobierno y los altos cargos de la Administración. A estas reformas, la Vicepresidenta sumó la del sistema educativo y la del marco regulatorio, para que existan «menos y mejores leyes», simplificando la normativa en los tres niveles de la Administración y avanzando hacia la liberalización de muchos sectores.

Ante el anuncio de la inminente aprobación por el Gobierno de un nuevo recorte de 30.000 millones que supondrá bajar el sueldo a los funcionarios, reducir las prestaciones a los parados, congelar las pensiones, cerrar televisiones públicas y subir el IVA, el PSOE pidió ayer a Rajoy que explique por qué después de sacar adelante los Presupuestos la semana pasada «es necesario hacer un ajuste adicional inadmisible», porque la sociedad española no puede soportar más sacrificios. Para los socialistas, Rajoy «es el anti Robin Hood que quita el dinero a los pobres para dárselo a los ricos».

El ex fiscal general del Estado y magistrado de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, Cándido Conde-Pumpido, irrumpió ayer en el debate al afirmar que la situación económica y las medidas para paliarla es «la crónica de un atraco perfecto» y, en este sentido, se preguntó por qué todo el mundo habla de crisis «cuando es una estafa». «No nos dejemos engañar. El problema no está en el gasto, ni la solución en la austeridad que nos conduce a la ruina. El dinero se lo han llevado», añadió.

Desde IU, Cayo Lara tildó de «indecencia» más tijeretazos cuando hay una amnistía fiscal «para ladrones de guante blanco. Mientras, el PNV acusó al PP de tomar medidas unilateralmente y rechazó subir el IVA. Por último, los populares votaron ayer con CiU e impidieron que el Parlamento catalán rechazara el euro por receta con el compromiso de valorar su continuidad en 2013.