Un crédito extraordinario, pendiente de la celeridad en su tramitación, es el instrumento a utilizar
El Principado intenta agilizar una mínima inversión y el pacto social para aliviar el ajuste
Foro denuncia que la mayor parte del recorte se va a ejecutar en Carreteras, que pierde 51 millones de la cantidad prevista en las cuentas prorrogadas
Reduce a la mitad el dinero destinado en el presupuesto inicial a pagar las expropiaciones
Foto: Dolores Carcedo, Consejera de Hacienda, durante su intervención en el pleno del pasado 14 de junio
16.07.12 - D. DE MIGUEL / A. COLLADO | GIJÓN, en El Comercio.
Arranca una semana clave para tratar de normalizar y aportar un poco de tranquilidad, aunque sea momentánea, a la situación de las finanzas regionales. Con los ingresos en declive y cada vez más dificultades para recortar gastos, el Ejecutivo de Javier Fernández trata de salvar una mínima inversión y el pacto social para aliviar el impacto de la inminente aplicación del plan de ajuste de 498 millones que el pasado jueves recibió el visto bueno del Gobierno y que esta tarde explicará en el pleno de la Junta la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo.
Para asegurar esa mínima inversión, el Ejecutivo deberá sacar adelante en la Junta General un crédito extraordinario de 423 millones, que podría convertirse en una realidad este mismo mes. Será hoy, en Junta de Portavoces, cuando el resto de los grupos decidan si están o no de acuerdo con la tramitación por lectura única y vía de urgencia de esta ley propuesta por los socialistas, para evitar comparencias y enmiendas y que la partida de gasto pueda habilitarse cuanto antes. Un trámite para el que se necesita el apoyo de dos tercios de la Cámara, por lo que tras las reticencias mostradas por el PP, el apoyo de los diputados de Foro es decisivo para alcanzar los 30 votos necesarios. Esta formación se mostró ayer muy crítica por el recorte que se aplica a las inversiones previstas, con respecto al presupuesto consignado en las cuentas prorrogadas.
Según el presidente de la Comisión de Estudios de Fomento, Juan Vega, el grueso del ajuste se aplica en Carreteras, con una pérdida de 51 millones. Es también significativa la reducción de prácticamente el 50% que sufre la partida destinada al pago de las expropiaciones. Un gasto «obligado», según precisa Vega, «que se reduce a 7.329.139 euros, cuando se adeudan a los ciudadanos casi 30 millones por sentencia firme que, por lo visto, no se piensan pagar en su mayoría». Aún así y a pesar de las discrepancias hechas públicas por Foro, los socialistas tienen en los diputados de la formación liderada por Francisco Álvarez-Cascos la mejor baza para que finalmente la ley se tramite como desean, después de que los populares anunciasen que mantendrían la misma posición en la Junta de Portavoces de hoy.
En el caso de que, finalmente, la ley de endeudamiento no sea tramitada por el procedimiento de urgencia habría que esperar, al menos, hasta septiembre para disponer de esa inversión. Además de la puesta en marcha de nuevas inversiones, el Ejecutivo tratará esta semana de sentar las bases del nuevo pacto social. Tras una primera toma de contacto con los agentes sociales en la que se decidió dar prioridad al empleo, la ayuda a las empresas y la preservación del estado del bienestar, a partir de mañana, coincidiendo con la comparecencia de los consejeros en la Junta, empezará a desarrollarse el acuerdo.
Aunque será un acuerdo a tres años (2013, 2014 y 2015), empresarios y sindicatos han manifestado al Ejecutivo la necesidad de que ya este año puedan impulsarse algunas medidas, como la formación dual, que ayuden a estimular la actividad económica. Aunque a día de hoy resulta difícil poner una fecha límite para que la negociación empiece a dar sus frutos, lo que parece claro es que lo que resta del mes de julio y agosto serán intensos.
El consejero de Economía y Empleo, Graciano Torre, ya adelantó la semana pasada que el límite lo marca la propia presentación de los presupuestos de 2013. Es decir, que la negociación para dotar de contenido a la nueva concertación social no deberá demorarse más allá del mes de septiembre.
En este marco, los consejeros del Gobierno de Javier Fernández comparecerán esta semana ante las comisiones de sus áreas para dar cuenta de sus programas de Gobierno. El primero en presentarse al examen de los otros grupos parlamentarios será el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, que detallará sus planes hoy, a partir de las nueve de la mañana.
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