Los recortes que no contentan a nadie, a pesar de lo que diga Rajoy

Los municipios acatarán los ajustes pero prevén más movilizaciones

La Federación Asturiana de Concejos advierte de un «ambiente de rechazo total» a las medidas de Rajoy en los ayuntamientos, «aunque habrá que resignarse»

16.07.12 - AIDA COLLADO | GIJÓN, EN El Comercio.

Los ajustes anunciados la pasada semana por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, han hecho diana en los ayuntamientos. Cuesta encontrar a alguien conforme en las casas consistoriales asturianas. Los alcaldes aún no han visto definirse las competencias de sus municipios y siguen sin financiación para hacer frente a las llamadas impropias. Los concejales están amenazados por la reducción del 30% de los ediles, que en Asturias se llevará por delante a unos 300 de los 958 que hay en la actualidad. Ni siquiera saben con exactitud a cuántos afectará, ya que la reducción se aplicará por tramos de población, pero aún no se ha especificado cómo.

Y los trabajadores, los funcionarios, han visto esfumarse su paga extra de navidad, un año en el que ya habían sufrido recortes salariales. Ante esto, el descontento en los municipios es evidente aunque la actitud de la administración local, advierten desde la Federación Asturiana de Concejos (FACC), será la de «sometimiento a las decisiones del Gobierno central». Principalmente, señala su presidente, Antonio de Luis Solar, «porque no nos va a quedar otra que resignarnos».

Eso no quiere decir que los alcaldes no esperen movilizaciones de mayor calado que las convocadas hasta el momento. Muchos, de hecho, las apoyan. «Es lógico que los funcionarios protesten, porque ya son varias las medidas acumuladas que inciden en su poder adquisitivo». En los consistorios «se nota una ambiente de rechazo total a las medidas del Gobierno», asegura De Luis Solar. Duda, además, de que «esto sea lo que necesita el país en estos momentos, ya que se notará en la reducción del consumo». Pero las administraciones locales tienen las manos atadas. Sólo pueden confiar en que durante los trámites parlamentarios «se puedan corregir algunas cuestiones».

Tampoco significa que vayan a permanecer con los brazos cruzados. El alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, decidió remitir una carta al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas solicitando que la medida no se aplique a los funcionarios de su localidad. La razón que argumenta el regidor de IU es la misma que blanden otros muchos municipios, de distinto color político. Para acogerse al plan de pago a los proveedores, tuvieron que cumplir, como condición esencial, con la reducción de trabajadores o, si escogían no despedir a nadie, con la bajada de salarios a sus funcionarios. «Ya les hicimos una rebaja en mayo y hay más formas de ajustar: que busquen los 70.000 millones de euros de fraude fiscal que hay en España, pero que no aprieten siempre a los mismos», defiende Vázquez.

En cuanto a la reforma de las corporaciones locales, se pregunta «por qué si fueron ellos mismos quienes plantearon la eliminación de las diputaciones, ahora las rellenan de contenido». Con la reducción de concejales, advierte como ya hizo la FACC, «se va a ahorrar bien poco. Yo no sé cuánto gana un concejal en Madrid, pero en una ciudad como Mieres cobra, si no está liberado, 250 euros». Si sí lo está, percibe «el mismo sueldo que tenía en su empresa».

Aquí, sugiere el alcalde de Cabrales, José Antonio Pérez, es donde habría que meter mano. «La mayoría de los concejales, los de los pueblos, no cobran. Sería mucho más eficaz limitar el número de liberados», sugiere. El regidor de Foro confía, por otra parte, en que «los que ya hayamos hecho los deberes no tengamos que repetirlos». Es decir, que los consistorios que ya hayan reducido «más de lo que el Gobierno pedía» el sueldo de sus trabajadores, como Cabrales, no tengan que volver a afrontar una reducción salarial.

La alcaldesa socialista de Llanes, Dolores Álvarez, ve el mismo sinsentido en los recortes. «Los ayuntamientos suponen el 3,5% de toda la deuda pública española, no creo que estos ajustes afecten excesivamente en el ahorro», explica. Aún así, cree que, en lo relativo a los funcionarios, «habría sido más lógico reducir ambas pagas en un porcentaje, en vez de eliminar una».