Flecos con trastornos de un copago que nunca debería haber visto la luz

Las residencias piden datos bancarios a los mayores para que paguen los fármacos

Familiares de usuarios tachan de «locura» la difusión de información sensible

Algunos afectados tienen que dar autorizaciones a varias farmacias

Foto: Usuarios de la residencia mixta de la tercera edad de Pumarín (Gijón), durante un acto recreativo.

Oviedo, Pablo ÁLVAREZ, en La Nueva España

Las distorsiones introducidas por el nuevo modelo de copago de medicamentos se han hecho patentes en las residencias de mayores. Los establecimientos dependientes del Principado han comenzado a entregar a los residentes un documento en el que deben consignar sus datos bancarios con el fin de autorizar a las farmacias para que puedan cargar a sus cuentas los gastos en medicamentos.

A juicio de algunos familiares de los afectados, «es una locura que ese tipo de datos, que son sensibles, anden circulando por ahí alegremente». Lo que proponen estos familiares es que los ancianos residentes en instituciones sean eximidos del pago de los fármacos, tal y como sucede con los pacientes ingresados en hospitales. O bien, como segunda opción, que el precio de las medicinas que consuman sean incluidos por las residencias en la misma factura que mensualmente expiden a sus usuarios.

Hasta que el pasado 1 de julio entró en vigor el copago de medicamentos, los pensionistas no abonaban cantidad alguna por sus fármacos. Para las boticas, hacerse cargo del suministro de una residencia constituía un negocio redondo, pues les permitía garantizar un volumen de facturación de notables dimensiones sin excesivos esfuerzos. Dado que nadie debía pagar, el servicio podía ser prestado prácticamente en bloque: tantas recetas, tantos envases de fármacos servidos. En el caso de algunas residencias, la prestación del servicio farmacéutico iba rotando entre un grupo de farmacias cercanas al establecimiento.

Con el nuevo modelo de financiación de los medicamentos, los jubilados deben abonar un 10 por ciento del coste de sus medicinas, con un tope mensual de 8, 18 o 60 euros, en función de su nivel de ingresos. Cada usuario debe abonar el precio de sus fármacos. En consecuencia, la gestión de la provisión a las residencias de la tercera edad se ha complicado de forma sustancial.

Como es natural, las boticas aspiran a cobrar los fármacos que suministran. Por otra parte, las cuantías que se manejan pueden llegar a ser significativas, ya que los sistemas informáticos de las farmacias y de la Administración regional no permiten -por el momento- tener contabilizado cuándo alcanza cada pensionista su tope mensual. Esta carencia obliga a cada jubilado a pagar de forma sistemática el 10 por ciento de su factura, en espera de que el Principado le devuelva el dinero que haya abonado de más. El tope legal de plazo para esta devolución es de seis meses. La Consejería de Sanidad del Principado se ha comprometido a hacerlo en menos de tres.

¿Cómo resolver esta situación? Marcelino Laruelo, cuya madre vive en una residencia del organismo del Principado ERA (Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias) de Gijón, explica las dimensiones del problema subrayando que algunos de estos centros -en particular, los de mayor entidad- son surtidos incluso por varias decenas de farmacias distintas. «¿Cómo vamos a plantearnos que cada persona mayor cubra varias decenas de autorizaciones para la domiciliación bancaria?», se pregunta retóricamente.

La circular remitida a los usuarios indica que «desde el ERA se ha articulado un modelo de pago por domiciliación bancaria que consideramos el más ágil y eficaz». Y precisa que «se debe cumplimentar una instancia por cada farmacia».

El documento añade que, en el caso de aquellos mayores que rechacen este mecanismo de pago, «será el propio usuario y/o su familia los que se deberán hacer cargo de recoger las recetas» en la correspondiente residencia, para a continuación «tramitar la retirada de los medicamentos en las farmacias que ellos consideren». Esta opción exige la cumplimentación de un documento en el que se renuncia expresamente a la domiciliación bancaria de los gastos farmacéuticos.