¿Sólo Gallardón y sólo 30 años de retroceso?... ¡¡que benévolos son algunos a veces!!.

"Gallardón quiere retroceder 30 años en derechos y conquistas democráticas"

La vocal del CGPJ Margarita Robles critica al ministro por la Ley del Aborto, el recorte de competencias del Consejo, el aumento de tasas judiciales y la cadena perpetua revisable.

Además, se opone a que Carlos Dívar se embolse 208.000 euros de indemnización

ANDRÉS MUÑIZ, Madrid, en Público.

Margarita Robles quiere plantear una dura batalla a las reformas del ministro Ruiz-Gallardón, que califica de "retroceso de 30 años" en derechos y conquistas democráticas en nuestro país. La vocal del Consejo General del Poder Judicial, elegida en 2008 a propuesta del PSOE, rechaza la nueva Ley del Aborto, el recorte de competencias del CGPJ, el incremento de tasas judiciales o la cadena perpetua revisable.

Entiende que todos estos proyectos del Ministerio de Justicia justifican una reacción de los jueces en defensa de los derechos sociales que pretenden restringirse a los ciudadanos, aunque no anticipa si apoyaría una huelga en la carrera judicial, cuya convocatoria será debatida por los interesados en septiembre. Sobre la indemnización de 208.000 euros que reclama el ex presidente del Consejo Carlos Dívar, es tajante: "No tiene derecho a cobrar". Robles es juez de carrera, magistrada del Tribunal Supremo, la primera mujer que presidió una Audiencia Provincial en España (la de Barcelona), miembro de Jueces para la Democracia y exsecretaria de Estado de Interior (1994-96, en la última etapa de Felipe González).

¿Por qué considera el proyecto del ministro Ruiz-Gallardón de reformar el Consejo "un ataque brutal" a la independencia del poder judicial?

Porque se pretende desapoderar al Consejo de competencias muy relevantes. El Consejo surgió para proteger la independencia de los jueces, y lo que trataba es de quitar competencias al Ejecutivo y dárselas al poder judicial. Con el Anteproyecto se pretende quitar esas competencias y que pasen al Poder Ejecutivo, lo que supone un retroceso en el tiempo de treinta años, en la línea de lo que está haciendo el Ministerio de Justicia en otros temas como el del aborto o el endurecimiento del Código Penal.

 ¿Se sienten ninguneados por el Gobierno?

El Ministerio no tiene ninguna obligación de contar en esta fase con el Consejo del Poder Judicial, pero es un gran error hacer leyes sin contar con los que van a ser los operadores de las mismas, y quien mejor conoce la realidad judicial es el Consejo. Por una mínima cortesía institucional hubiera estado bien que se contara con la opinión del Consejo del Poder Judicial. En cualquier caso se emitirá formalmente un informe cuando se apruebe el Anteproyecto.

¿Es partidaria de cambiar el sistema de elección parlamentaria de los 12 vocales del Consejo de procedencia judicial?

Siempre he sido partidaria del sistema de elección parlamentaria, aunque ha demostrado deficiencias importantes. Por un lado, los vocales no pueden quitarse de encima la etiqueta de haber sido nombrados por un partido determinado, y eso no es bueno. En segundo lugar, porque ha habido retrasos muy importantes en la elección del Consejo debido a la falta de acuerdo de los partidos políticos, como ha ocurrido también en el Tribunal Constitucional. Y además, cuando hay designación parlamentaria, algunos políticos quieren injerir en la actuación del poder judicial. Pero la elección por los jueces tampoco supondría la panacea de todos los males. Yo en principio me inclino por la elección parlamentaria, pero se crean distorsiones que no ayudan a quitar la imagen de politización de la justicia.

El ministro dice que su proyecto pretende despolitizar el Consejo y que no ataca la independencia de los jueces.

La filosofía del anteproyecto rezuma por todos sus poros una desconfianza hacia el Consejo del Poder Judicial. Con lo único que estoy de acuerdo es con que sólo cinco de los vocales tengan disponibilidad plena, pero todo lo demás es contrario a la idea que pretende vender Gallardón de despolitización del poder judicial. Si él cree que se puede despolitizar el Consejo del Poder Judicial pasando competencias al Poder Ejecutivo, yo creo todo lo contrario, que lo que pretende es controlar desde el Gobierno la actuación de los jueces.

¿Se considera derrotada por la elección de Gonzalo Moliner como presidente del Consejo, ya que usted apostó por otro candidato?

En absoluto. Gonzalo Moliner es un magnífico presidente. No es una cuestión de triunfos o de derrotas. Moliner lo hará muy bien como presidente, y lo que debemos hacer es trabajar unidos. Nos queda sólo un año de mandato al actual Consejo, y la función principal que tenemos es tratar de defender al máximo la independencia del poder judicial y estar atentos a las iniciativas legislativas que supongan restricciones de derechos, poniendo de relieve los retrocesos en las conquistas democráticas.

La línea del Ministerio de Justicia es restringir derechos de los ciudadanos como la ley de tasas que pone muchas más dificultades a los ciudadanos para que acudan a la Justicia, y crear una justicia de dos velocidades, una para ricos y otra para pobres, o la ley del aborto, o las reformas del Código Penal absolutamente restrictivas en materia de derechos. La gran herencia de este Consejo es poner de relieve los retrocesos que se pretendan en las conquistas democráticas. Aunque el Gobierno no quiera voces críticas a sus anteproyectos.

Gallardón anuncia una Ley del Aborto para octubre más restrictiva, no sólo que la actual, sino que la de 1985 y que estuvo en vigor durante los ocho años de gobiernos de Aznar.

Me parece francamente incomprensible. Solamente lo entiendo por un interés en congraciarse con los sectores más ultraconservadores. No creo que sea una exigencia social, y opino que los argumentos que Ruiz-Gallardón ha dado sobre la protección de vidas no tienen ningún fundamento.

¿Las nuevas tasas judiciales, aprobadas hace unas semanas, crean una justicia para ricos, como advirtió el Consejo?

Las tasas judiciales ponen muchas dificultades a los ciudadanos para que acudan a la Justicia, y crea una justicia de dos velocidades, una para ricos y otra para pobres. Es tratar de combatir la crisis económica incluyendo medidas que sólo afectan a las personas con menos medios económicos. Y ya no sólo son restricciones en materia de justicia, sino en ámbito sanitario, en políticas de desempleo, o en laboral. Son retrocesos graves. Por ejemplo, me parece muy grave que no se preste asistencia médica a los inmigrantes ilegales, y lo sitúo en ese contexto de absoluto retroceso en el ámbito de derechos. Habría que hacer otros recortes que no afecten siempre a las personas con menos recursos económicos.

¿Y sobre la medida de cadena perpetua revisable que anuncia el Gobierno?

Son posiciones retrógradas. La cadena perpetua es contraria a la Constitución, y si eso se plasmara un recurso de inconstitucionalidad tendría muchos visos de prosperar.

¿Cree que estaría justificada una huelga de jueces?

No soy partidaria de una huelga de jueces, no lo he sido nunca, aunque respeto la opinión de quien la apoye. Los jueces no están defendiendo intereses corporativos, sino reaccionado a la merma de derechos sociales de los ciudadanos. Cuando se deja de invertir y se recorta en Justicia, en Sanidad y en Educación, al final los más perjudicados son los ciudadanos. Por eso creo que es bueno que los jueces pongan de manifiesto estos recortes en el ámbito de la Justicia y que lo que hacen es perjudicar a la sociedad en su conjunto.

¿Los jueces tienen derecho a la huelga?

El Consejo se ha pronunciado diciendo que no tienen cobertura legal. Mi opinión particular es que los jueces tienen derecho a la huelga, aunque sólo en casos muy extremos y para defender derechos clarísimamente vulnerados de los ciudadanos. Veremos cómo evoluciona la situación, y si sigue habiendo ese retroceso en ámbitos sociales la reflexión que se hace sobre lo que se debe hacer. No me atrevo a decir si la huelga o no, pero los jueces no se pueden quedar mirando hacia otro lado ante estos recortes que están atacando a políticas sociales.

¿Debe el ex presidente del Consejo Carlos Dívar, después de dimitir, cobrar la indemnización por cese de 208.000 euros que ha solicitado?

Rotundamente, no. No debe cobrar. No tiene derecho a cobrar esa pensión que está prevista sólo para determinados supuestos en que alguien termine su mandato o no lo pueda concluir por causas ajenas a él. Pero en el caso de Dívar no concluyó su mandato y por tanto entiendo clarísimamente que no le corresponde esa pensión.

¿Cuándo resolverán sobre su petición?

En el último Pleno se acordó pedir al Ministerio de Hacienda la habilitación del dinero, antes de decidir. Yo ya me opuse, porque entendí, junto a otros siete compañeros, que no era necesario pedir esa habilitación y que se tenía que haber rechazado abiertamente que Dívar deba cobrar esa pensión.

Tras exigir la dimisión de Dívar, ¿no deberían todos los vocales haber dado cuenta de sus gastos a la opinión pública?

Soy partidaria de dar cuenta de los gastos, porque uno de los principios básicos en cualquier administración pública es la transparencia, que exige dar explicaciones de todo lo que se gasta.

¿Se juegan los jueces su credibilidad en las investigaciones abiertas a los banqueros por los 'agujeros' provocados en sus entidades, la emisión masiva de preferentes y el cobro de prejubilaciones muy elevadas?

Los 5.000 jueces que trabajan en España realizan a diario una labor muy importante, seria y callada. Lo que me molesta más, es que en vez de reconocer esa tarea, haya un interés en desprestigiar a la Administración de Justicia poniendo el foco exclusivamente en el CGPJ. Me hace una cierta gracia, si no fuera porque me preocupa enormemente, que las grandes reformas que pretende el ministro Gallardón sean sobre el funcionamiento del Consejo del Poder Judicial, y no que trate de mejorar los procedimientos judiciales, y que los jueces puedan realizar su trabajo de forma rápida y eficaz, que es muy difícil con la sobrecarga de asuntos existente.

¿La sentencia del Tribunal de Estrasburgo que tumba la 'doctrina Parot' es de obligado cumplimiento?

Las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son de obligado cumplimiento. La Audiencia Nacional se ha pronunciado en el sentido de que, en cuanto la sentencia sea firme, procederán a aplicarla.

Garzón se siente el último exiliado del franquismo, ¿se consideran ustedes culpables o responsables de ello?

Hay una sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que le condenó por delito de escuchas ilegales, y le absolvió por el asunto de la memoria histórica. En un Estado de Derecho debemos acostumbrarnos a las críticas a la sentencias, pero a respetarlas gusten o no. En este caso, el Supremo se pronunció y yo no tengo nada más que decir.