Decreto 16/2012: Así están las cosas en cuanto a la objeción y a la actuación de las distintas comunidades autónomas

Médicos objetores proponen un servicio básico a 'sin papeles'

Esta cartera mínima incluiría la atención primaria, la asistencia urgente o la prescripción de medicamentos esenciales

Ya hay más de 1.650 profesionales sanitarios declarados objetores

D. VALERA | MADRID, en El Comercio.

El pulso entre médicos y Gobierno continúa y los frentes no dejan de multiplicarse para el Ejecutivo. A poco más de un día para que entre en vigor la polémica normativa que excluye a colectivos como los 'sin papeles' de la cobertura pública sanitaria, los profesionales declarados objetores y algunas comunidades autónomas encabezadas por Cataluña se preparan para sortearlo a través de resquicios legales. Todos consideran que la normativa "vulnera derechos" y coinciden en que mantendrán la atención sanitaria de todos los pacientes.

Los profesionales sanitarios declarados objetores a la exclusión de los 'sin papeles' del sistema sanitario propusieron este jueves un paquete básico para seguir atendiendo a los inmigrantes que perderán este derecho a partir del día 1 de septiembre. «La normativa vulnera gravemente los principios éticos de beneficencia, justicia y no maleficencia», explicó el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), Josep Basora. Su asociación se ha opuesto desde el principio a esta regulación y ha fomentado la objeción contra una normativa que obliga a los 'sin papeles' a contratar un seguro y pagar 710 euros al año (59,20 al mes), y hasta 1.864 (155,40 al mes) si son mayores de 65 años.

Desde Semfyc insisten en que lo acertado sería retirar el decreto, pero ante el inmovilismo del Gobierno, proponen que, al menos, estos colectivos mantengan unos servicios mínimos. En esta cartera básica incluirían la atención primaria, la salud pública, la prevención, la asistencia urgente -algo ya contemplado por el Gobierno-, la atención a la discapacidad y la prescripción de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud.

Otra de las batallas que se planteará a partir de este sábado será la jurídica.Y es que mientras los médicos que se declaran objetores ascienden ya a más de 1.650 profesionales, la administración mantiene que este derecho no existe. De momento, entre los objetores el 72% son médicos de familia, pero también hay personal de enfermería (4%) o psiquiatras (3%), según datos de la sociedad médica. La mayoría de ellos trabajan en Madrid (21%), seguidos de Barcelona (10,31%) y Valencia (6,4%).

«El decreto supone la desaparición de la universalidad de la sanidad en España, con graves consecuencias para la salud tanto de las personas afectadas como de la población en general», aseguraron desde la Sociedad de Médicos de Atención Primaria (Semergen). Unas denuncias que el departamento que dirige Ana Mato niega una y otra vez al recordar que la normativa ya contempla la atención de cualquier persona por urgencias, la asistencia de menores, embarazadas o de enfermos crónicos.

Rechazo institucional

Pero más allá del rechazo de los profesionales del sector, el ministerio también cuenta con la oposición institucional de algunas comunidades. Cataluña dio un paso más y anunció este jueves que mantendrá la atención a 600.000 personas que perderían la asistencia según la normativa, entre 'sin papeles' o españoles que deben actualizar su residencia. A cambio la Generalitat les dará seis meses para regularizar su situación y cumplir la ley. «Tenemos la convicción de que la salud es un derecho de la ciudadanía y no depende de si es beneficiario o no de la Seguridad Social», aseguró el consejero de Salud, Boi Ruiz. La Generalitat calcula que esta medida afectará a 180.000 inmigrantes irregulares que deberán acreditar que llevan tres meses empadronados para acceder a la atención primaria.

Sin embargo, la unidad en el PP tampoco es completa. De hecho, en Galicia los 'sin papeles' que estén censados en cualquier municipio gallego y acrediten su carencia de recursos, tendrán derecho a asistencia en todos los centros de salud y hospitales de la comunidad.

153.000 personas perderán su tarjeta sanitaria mañana 1 de septiembre...

Cobrar o no cobrar la sanidad a los inmigrantes, así actuará cada CCAA

El Mundo

Más de 153.000 inmigrantes irregulares perderán su tarjeta sanitaria el próximo 1 de septiembre, una medida con la que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad espera ahorrar alrededor de 500 millones de euros.

Ésta es una de las actuaciones del Gobierno para garantizar la sostenibilidad de la Sanidad pública, aquejada de una deuda de 16.000 millones de euros, ante la que se rebelan algunas comunidades autónomas y profesionales sanitarios, además de los partidos de la oposición.

Las comunidades socialistas de Andalucía, País Vasco y Asturias, junto con Cataluña (CiU) y Canarias (CC), mantendrán la atención a los inmigrantes indocumentados, aunque no han aclarado cómo. Galicia es la única del PP que lo hará aunque sólo con aquellos inmigrantes con menos recursos.

La posición de cada comunidad autónoma es la siguiente:

Andalucía

En palabras de la consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta, María Jesús Montero, Andalucía seguirá aplicando "exactamente el mismo" protocolo de asistencia sanitaria al colectivo de inmigrantes en situación irregular, de forma que se mantendrá "la protección universal de la salud para el conjunto de los ciudadanos, sean de la procedencia que sean", y también para los enfermos crónicos. Lo harán mediante un documento de asistencia temporal que desde los últimos tiempos la comunidad viene emitiendo para este colectivo, cifrado en "aproximadamente 46.000 personas".

Aragón

El Gobierno de Aragón seguirá prestando asistencia sanitaria a todas las personas que acudan a cualquier centro ya sea de atención primaria u hospitalaria, si bien a los no asegurados se les pasará posteriormente la factura por la atención recibida. En el caso de los inmigrantes sin tarjeta que no puedan pagarla, la factura será remitida a su país de origen, "en virtud de los convenios bilaterales de Seguridad Social suscritos por España con otros países". En una nota enviada a los servicios de admisión de los centros de salud y hospitales de la comunidad, se aclara que todos los procesos asistenciales de usuarios que pierdan su condición de asegurado o beneficiario el día 1 de septiembre y que se hayan iniciado antes del día 31 de agosto de 2012 "seguirán su curso".

Asturias

El gobierno del Principado ha garantizado que ningún inmigrante se quedará sin cobertura sanitaria. El portavoz del Gobierno del Principado, Guillermo Martínez, no ha aclarado cómo se hará esa asistencia, ya que poder darles tarjeta sanitaria o no va a depender de las órdenes ministeriales, pero ha insistido en que no se quedarán sin ella por no tener los papeles en regla.

Baleares

Fuentes de la Consejería de Salud del Gobierno autonómico han señalado que las personas que no tengan derecho a la tarjeta sanitaria tendrán que pagar, informa Anatol Rohe. De momento no ha hecho públicos los "flecos" que ultima sobre la aplicación del decreto del Gobierno y lo hará en estos días. A la espera de resolver las dudas, las mismas fuentes añaden que están acabando de perfilar la aplicación del decreto para que provoque "el menor impacto posible".

Canarias

El Gobierno de Canarias "será respetuoso con la legalidad" al aplicar la nueva regulación, pero "por un principio de humanidad no se dejará de atender a nadie que lo necesite y no pueda sufragarse esa atención", según ha anunciado su viceconsejero portavoz, Martín Marrero, que ha censurado la poca información que tienen las autonomías sobre el nuevo marco legal, más allá de las declaraciones que ha hecho la ministra, Ana Mato. El portavoz ha dicho que desconocen cuántas personas se verán afectadas y ha subrayado que espera una orden ministerial que detalle lo establecido en el Real Decreto sobre el caso "de que se preste la atención sanitaria para después facturarla".

Cantabria

Cantabria aplicará la reforma anunciada por el ministerio que dirige Ana Mato. La consejera de Sanidad de la región, María José Sáenz de Buruaga, explicó que los profesionales sanitarios podrán atender a los extranjeros irregulares, pero "fuera del sistema sanitario público", salvo en los casos establecidos, y ha descartado que el personal pueda invocar el derecho de objeción de conciencia.

Castilla-La Mancha

La comunidad presidida María Dolores de Cospedal seguirá al pie de la letra el decreto del Gobierno y atenderá a los inmigrantes, pero les cobrará fuera de los casos marcados por el decreto del Gobierno.

Castilla y León

El portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, ha dicho que se intentará cobrar a quienes carezcan de tarjeta sanitaria, aunque ha reconocido que se meterá "en el cajón de los impagados" aquellos casos en los que no tenga recursos. Se estima que en esta autonomía viven entre 4.500 y 5.000 inmigrantes irregulares. La Junta verá «si ese ciudadano puede pagar los 59 euros mensuales" que establece el convenio por tener asistencia sanitaria. "A lo mejor hay algunos que sí pueden pagarlo», ha apostillado.

Cataluña

La Generalitat mantendrá la misma atención sanitaria que hasta ahora a las 600.000 personas que en Cataluña pierden su condición de asegurado a partir del 1 de septiembre, mientras que les dará un plazo de seis meses para regularizar su situación. De este grupo, 180.000 son inmigrantes 'sin papeles' y el resto tienen la nacionalidad española pero son casos de personas con rentas superiores a 100.000 euros -que no están cubiertos según el decreto-, religiosos o algunos profesionales liberales o personas que simplemente deben actualizar sus datos de residencia. Todos ellos tienen garantizada en Cataluña la atención primaria, las urgencias y la atención a las embarazadas, pero deberán regularizar su situación y pasar una evaluación del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) para acceder a la atención hospitalaria especializada, con el objetivo de evitar el turismo sanitario. Una vez pongan al día sus datos de residencia recibirán un documento similar a la tarjeta sanitaria que les dará la misma cobertura integral del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), siempre que no mantengan un nivel de renta superior a 100.000 euros.

Por su parte, los inmigrantes 'sin papeles' deberán acreditar que llevan más de tres meses empadronados para tener una tarjeta sólo válida en Cataluña que garantiza el acceso a la atención primaria. A partir del segundo año de residencia acreditada, ya podrán acceder a la atención. En cambio, los recién llegados que no cumplan el requisito del padrón tienen derecho únicamente a lo que establece el decreto del Gobierno.

Comunidad Valenciana

El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, ha señalado que se seguirá los criterios comunes que se den en toda España en materia de asistencia sanitaria a inmigrantes irregulares, que se calculan en torno a 30.000 personas. El coste de la prestación se le facturará a su seguro (en el caso de que lo posea), a su país de origen (si existe convenio bilateral) o al propio paciente. El conseller de Sanidad, Luis Rosado, ha reconocido que muchas de estas facturas quedarán sin abonar, bien porque el enfermo no tenga recurso alguno para pagarlas o bien porque haya mentido al registrar sus datos en el centro de asistencia. "Sabemos que en estos casos no podremos hacer nada, pero es que el objetivo verdadero es evitar el abuso de los que sí pueden pagar", casos como el del "turismo sanitario", ha remarcado.

Extremadura

El consejero de Salud y Política Social de Extremadura, Luis Alfonso Hernández Carrón, explicó el pasado día 29 que se cobrará a los inmigrantes irregulares: "Se intentará cobrar a todos aquellos que tengan la obligación de pagar, igual que pagan todos los ciudadanos, y los que no puedan pagar, se les facturará y se les intentará cobrar a sus países de origen mediante convenios bilaterales". Según cálculos del Gobierno extremeño, hay unas 1.250 personas en situación irregular.

Galicia

Es la autonomía del PP que se desmarca de la línea oficial y atenderá a los inmigrantes irregulares con menos recursos. El límite que marca para atenderles en los servicios ordinarios es acreditar que se gana menos de 532 euros al mes (la cuantía del IPREM). También exigirá estar empadronado desde antes del 1 de septiembre. La Xunta cifra en 9.000 personas los beneficiados. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha explicado que estas personas tendrán un documento del Servicio Gallego de Salud, ya que la tarjeta sanitaria "sólo la puede dar el Ministerio".

La Rioja

Esta autonomía gobernada por el PP atenderá a los extranjeros que carezcan de tarjeta sanitaria pero se les cobrará "porque no tienen derecho ni están amparados con ninguna fórmula". El consejero de Salud de La Rioja, Jose Ignacio Nieto, ha calculado que 4.000 extranjeros estarán en esta situación de los que hay que excluir unos mil menores. Si existe un uso indebido de las urgencias (que sí atenderán a los 'sin papeles') como subterfugio, también se cobrará.

Navarra

El Gobierno foral garantizará el servicio habilitando unas ayudas que cubran el coste de la asistencia para quienes acrediten que no pueden pagar la sanidad. Fija varias condiciones para acceder a estas ayudas: no ganar más de 532 euros al mes (el IPREM), llevar más de un año empadronado o no tener antecedentes penales. Navarra calcula que tiene 2.150 inmigrantes en situación irregular mayores de 18 años que necesitarían de esta línea de crédito.

Madrid

Esperanza Aguirre resume de esta manera la nueva situación: "Está claro que no podemos atender a los ciudadanos del mundo entero, porque no sería posible. La Ley ha dicho en qué casos se trata a las personas que están ilegalmente aquí. Y esos casos incluyen las enfermedades crónicas que están siendo tratadas, lo que no incluye que empiecen a venir los crónicos ahora nuevos".

Los extranjeros que se encuentren en Madrid y no coticen a la Seguridad Social, que no sean ni asegurados ni beneficiarios, deberán pagar una cuota mensual si quieren tener cobertura sanitaria completa. Los ‘sin papeles’ sólo serán atendidos gratuitamente en urgencias, así como durante el embarazo, parto y postparto, y en el caso de los menores de 18 años, tal y como establece el decreto. La atención en urgencias por enfermedad grave o accidente se dará hasta el alta médica, si luego se necesita un seguimiento se le cobrará.

Por otra parte, todos los pacientes cuyos tratamientos se hayan iniciado antes del 31 de agosto de 2012 "seguirán siendo atendidos, sin que generen ningún tipo de facturación de su importe al usuario".

Murcia

Al igual que en otras autonomías del PP, el Gobierno regional aplicará la fórmula por la que apuesta el Ministerio de Sanidad. Los inmigrantes ‘sin papeles’ tendrán derecho exclusivamente a las urgencias, la maternidad y la atención infantil hasta los 18 años, enfermos crónicos que ya estén recibiendo tratamiento y tratamientos de enfermedades transmisibles.

País Vasco

Es una de las comunidades que se rebelan contra Ana Mato. El consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, ha asegurado que el Gobierno vasco va a "simplemente, desobedecer" los recortes en Sanidad y los inmigrantes "van a seguir siendo atendidos como debe ser". Por tanto, la situación en esta comunidad autónoma continuará como hasta ahora.