Resistencia, sosegada pero activa, al RD 16/2012 que desde mañana excluirá a los inmigrantes sin papeles de la atención sanitaria normalizada
Personal de salud pública se rebela ante el decreto de Rajoy
Trabajadores y directivos sanitarios, entre los que figura el exconsejero Ramón Quirós, firman un manifiesto contra la exclusión de los 'sin papeles' de la sanidad
31.08.12 - L. FONSECA | GIJÓN, en El Comercio.
La Salud Pública asturiana se rebela ante el decreto del Ejecutivo de Rajoy que desde mañana, 1 de septiembre, excluirá a los inmigrantes no regularizados de la atención sanitaria normalizada. 25 trabajadores de los servicios centrales de Salud Pública de la Consejería de Sanidad han firmado un manifiesto contrario al decreto 16/2012 por el cual se retirará la tarjeta sanitaria de la que hasta ahora podía disponer todo el que estuviera empadronado, incluidos los extranjeros sin permiso de residencia. El decreto, dicen, modifica el sistema basado en la universalidad y en el derecho a la salud para pasar a un modelo de aseguramiento.
El texto del escrito que se reproduce en esta página hace hincapié en la gravedad de la medida y en los efectos negativos que desde el punto de salud pública provocará el hecho de que los 'sin papeles' sólo puedan ser atendidos en urgencias. La única excepción que ha hecho el ministerio de Ana Mato son las embarazadas, los niños y el colectivo de enfermos crónicos, aunque éste último sin precisar. Entre los firmantes del manifiesto se encuentran anteriores responsables sanitarios. Es el caso de Ramón Quirós, exconsejero de Sanidad; Amelia González, exdirectora de Salud Pública, y Antonio Molejón, exgerente de Atención Primaria en Gijón.
Los firmantes se declaran «en resistencia, sosegada pero activa» ante la reforma sanitaria y anuncian que, en los que a ellos atañe, intentarán no aplicar aquellos criterios recogidos en el decreto que atenten contra derechos constitucionales y la Ley General de Salud Pública. La iniciativa de estos profesionales se suma a la emprendida en julio por la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, a la que hace pocos días se unió Médicos del Mundo.
El Gobierno de Asturias ya anunció que seguiría atendiendo a la población inmigrante afectada por el decreto aunque no ha dicho cómo. Otras seis comunidades, entre ellas Castilla y León y Galicia, confirmaron que también continuarán prestando asistencia a los 'sin papeles', aunque las dos autonomías del PP aplicarán esa norma con matices. Las otras comunidades en rebelión son las socialistas de Andalucía y País Vasco, además de Asturias , junto con Cataluña (CiU) y Canarias (CC). Navarra, por su parte, abrirá una línea de ayudas para cubrir la asistencia a quienes acrediten no poder pagarla.
Quirós lidera la objeción al cese de asistencia a los «sin papeles»
El ex consejero de Salud firma con otros sanitarios un manifiesto por la «Resistencia, sosegada pero activa»
Oviedo, M. S. M., en La Nueva España
El ex consejero socialista de Sanidad, Ramón Quirós, y la que fue su directora de Salud Pública, Amelia González, encabezan junto a otros veintitrés médicos y profesionales de la sanidad pública un manifiesto en el que dejan constancia de su desacuerdo con el decreto ley 16/2012, aprobado por el Gobierno central, que retira la asistencia a inmigrantes sin permiso de residencia, una medida que algunos gobiernos autonómicos han decidido no respaldar, entre ellos el Ejecutivo asturiano que preside Javier Fernández.
Bajo el título «Resistencia, sosegada pero activa, al RD 16/2012 como trabajadores de salud pública», los firmantes muestran su disconformidad con la aplicación de dicho decreto a partir del 1 de septiembre, porque, a su juicio, «en lo referente a una atención sanitaria digna al colectivo de inmigrantes no regularizados, incumple el ordenamiento jurídico actual al menos en el artículo 43.2 de la Constitución española, así como otras leyes, al menos en varios aspectos».
Los firmantes insisten en que «el consumo de recursos sanitarios por parte de los inmigrantes es inferior al realizado por la población autóctona, al tratarse de personas sanas y jóvenes cuyo nivel de salud en general es bueno». Además consideran que la aplicación del decreto «supone una reorientación indebida de los servicios de salud con una menor accesibilidad al mismo de población que por condiciones socioeconómicas está más expuesta a una situación de vulnerabilidad».
Contra la aplicación del decreto del Gobierno de Rajoy, los sanitarios asturianos alegan que la misma supondría «la limitación del acceso a programas e intervenciones que son fundamentales para el desarrollo y mantenimiento de una salud positiva», además de opinar que «la creación e estructuras paralelas de atención sanitaria para estas personas constituye una discriminación que añade más dificultades a su integración en la sociedad».
Además expresan su temor a que esta discriminación sea sólo un primer paso de otra que puede afectar al resto de prestaciones sociales. «El decreto no tiene en cuenta aspectos principales relacionados con los determinantes de la salud e incluso puede producir un aumento de las desigualdades sociales».
Las opiniones de los veinticinco médicos y trabajadores de la sanidad pública que firman este manifiesto coinciden con los más de 1.700 en toda España que han decidido objetar contra la normativa gubernamental y seguir atendiendo a los inmigrantes. Desde Asturias, «valoran de forma muy positiva y apoyan las actuaciones que determinadas administraciones autónomas (Andalucía, Asturias, Canarias y País Vasco) desarrollan para mantener la atención a la población inmigrante», e insisten en que muchas de sus actividades preferenciales en salud pública van dirigidas a colectivos vulnerables y empobrecidos y que no ha de excluirse de estas actividades a los inmigrantes no regularizados.
Los sanitarios firmantes instan al Gobierno central a revisar el decreto en lo referente a la atención a la población «sin papeles» y en «aquellos otros aspectos que dificultan el desarrollo de un sistema sanitario público y sostenible». Asimismo recomiendan al Gobierno que revise y modifique los apartados del decreto en los que se incumple la legislación vigente en la Constitución y en la ley General de Salud Pública.
Por último, piden que se tengan en cuenta las iniciativas elaboradas al amparo del Ministerio para reducir las desigualdades de salud en España, donde se concretan iniciativas para avanzar en equidad.
Asturias seguirá atendiendo a inmigrantes irregulares
Ocho comunidades autónomas seguirán prestando asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles a partir del próximo sábado
30.08.12 – EFE
Ocho comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León y Galicia, seguirán prestando asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles a partir del próximo sábado, cuando entra en vigor el decreto del Gobierno que les retira ese derecho, aunque las dos autonomías del PP aplicarán esa norma con matices.
Los gobiernos gallego y castellano-leonés han anunciado hoy que aplicarán ese decreto del Ministerio de Sanidad, aunque han apuntado que seguirán atendiendo a los inmigrantes irregulares.
Fuentes del Ministerio de Sanidad han informado de que las comunidades no pueden otorgar tarjetas sanitarias a personas que "no tienen ese derecho", porque no cotizan a la Seguridad Social, pero sí pueden "en función de sus recursos o capacidades hacer lo que consideren oportuno" para continuar prestando esa asistencia.
Sanidad entiende que la decisión de algunas regiones de no desatender a este colectivo no trasgrede el decreto del Gobierno, ya que la propia ministra, Ana Mato, ha insistido en que nadie va a quedar excluido de la cobertura sanitaria.
El Ministerio señala además que es necesario que España se ajuste a lo que se hace en la UE para que España deje de ser "un paraíso para el turismo sanitario".
El presidente de la Xunta, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que la región continuará asistiendo a esos inmigrantes que acrediten que carecen de recursos y que estén empadronados antes del 1 de septiembre, lo que beneficiará a unas 9.000 personas.
Ha señalado que la Xunta "cumple la legislación nacional" y avanza en los límites que permite la normativa estatal que deja "dar asistencia ordinaria a los inmigrantes sin papeles vecinos de Galicia", por lo que tendrán un documento del Servicio Gallego de Salud, ya que la tarjeta sólo la concede el Ministerio.
El servicio de salud de Castilla y León (Sacyl) atenderá en sus instalaciones a todos los inmigrantes que necesiten asistencia y, aunque intentará cobrar este servicio a quienes carezcan de tarjeta sanitaria, meterá "en el cajón de los impagados" aquellos casos en los que no tengan recursos.
El portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, ha explicado que cumplirán la normativa fijada por el Ministerio, aunque seguidamente ha señalado que atenderán "a todos los ciudadanos, tengan tarjeta o no, que acudan a la atención primaria".
Las comunidades socialistas de Andalucía, País Vasco y Asturias, junto con Cataluña (CiU) y Canarias (CC), mantendrán la atención a los inmigrantes indocumentados, aunque no han aclarado cómo.
El sistema sanitario andaluz seguirá atendiendo a los inmigrantes indocumentados como hasta ahora, según ha afirmado la consejera de Salud, María Jesús Montero.
En el mismo sentido se ha expresado el Gobierno vasco, cuyo consejero de Sanidad, Rafael Benoga, ha señalado que se está analizando la situación legal para prestar esta asistencia, pero ha dejado claro que todos aquellos que lo necesiten serán asistidos en atención primaria y hospitalaria.
Asturias ha garantizado que ningún inmigrante se quedará sin cobertura y prevé un conflicto competencial con el Estado, aunque tampoco ha aclarado cómo hará esa asistencia, ya que poder darles tarjeta sanitaria o no va a depender de las órdenes ministeriales.
La Generalitat de Cataluña mantendrá también la misma atención sanitaria que hasta ahora a las personas que en la región perderán su condición de asegurado a partir del día 1, mientras que les dará un plazo de seis meses para regularizar su situación.
El Gobierno de Navarra (UPN) va a habilitar una línea de ayudas para cubrir la asistencia sanitaria de quienes acrediten no poder pagarla, por lo que desembolsarán al servicio de salud 1,68 millones de euros anuales, lo que compensará, según sus cálculos, el pago por atender a los 2.150 inmigrantes irregulares.
Canarias, por su parte, se sumó ayer al País Vasco, Andalucía y Asturias para expresar su desacuerdo con la retirada de medicamentos de la financiación pública y con ese sistema.
Hoy el viceconsejero portavoz, Martín Marrero, ha dicho que su Gobierno "será respetuoso con la legalidad" al aplicar la nueva regulación de la asistencia sanitaria, pero que "no dejará de atender a nadie que lo necesite".
El resto de CCAA, las gobernadas por el PP, seguirán al pie de la letra el decreto y atenderán a los inmigrantes, pero les cobrará: Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana, Extremadura, Baleares, Cantabria y La Rioja.
Según datos del INE cruzados con los del Ministerio de Empleo, más de 153.000 inmigrantes irregulares perderán su tarjeta sanitaria el sábado por no estar asegurados, si bien no hay un registro oficial del número de personas que están en situación irregular.
Todas las autonomías sí seguirán atendiendo a los inmigrantes sin papeles en los supuestos que contempla el decreto, es decir las urgencias por enfermedad o accidente, atención al embarazo, parto y postparto y asistencia a menores de 18 años.
0 comentarios