Todo pendiente de la investigación
El Principado pide tranquilidad tras la muerte de la menor vacunada contra el papiloma
Presidencia asegura que llegará «hasta el final» en la investigación de la relación entre el fallecimiento de la joven de El Cerillero y la medicación
Luján PALACIOS, en La Nueva España
El Gobierno del Principado ha lanzado un mensaje de «tranquilidad y seguridad» tras la muerte de una niña gijonesa de 13 años a la que se la había administrado la vacuna contra el cáncer de útero. El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, aseguró ayer en una comparecencia pública que las investigaciones pertinentes para esclarecer las causas del fallecimiento de la menor, así como una posible relación con la vacuna, ya están en marcha «tanto por parte del Ministerio como del Principado, a través de la consejería de Sanidad». Y con ello el portavoz regional subrayó el «compromiso del Gobierno para llegar hasta el final en este asunto».
Martínez pidió no obstante, y hasta que se investigue a fondo el caso, «prudencia y cautela», siempre dentro del mensaje de tranquilidad que el Ejecutivo transmite a la ciudadanía. «En su día ya trasladamos la inquietud que había producido este hecho, y con toda la prudencia y las cautelas estamos intentando trasladar a la ciudadanía la tranquilidad sobre el uso de este tipo de vacunas y sobre los métodos aplicados», subrayaba ayer el consejero de Presidencia.
La niña fallecida, A. I. B., residente en el barrio de El Cerillero, falleció el pasado día 8 después de sufrir un ataque de asma horas después de suministrársele la medicación. La joven recibió la primera dosis de la vacuna del papiloma humano a finales de julio, y ya entonces, seis días después, tuvo una reacción adversa, con «dolores de cabeza intensos, molestias gástricas, incapacidad para ponerse de pie y para respirar», como han explicado fuentes cercanas al caso. Como consecuencia de estos síntomas, la menor fue trasladada al Hospital de Cabueñes, donde fue estabilizada y donde los padres ya avisaron de que había sido vacunada contra el cáncer de útero.
No obstante, y a pesar de estos antecedentes, la niña recibió la segunda dosis de esta vacuna el pasado día 23 de agosto. Fue a primera hora de la mañana, y por la tarde, la menor tuvo que ser atendida de nuevo en el Hospital, en esta ocasión con una reacción asmática mucho más grave. Entró en parada cardiorespiratoria, y aunque fue reanimada, los médicos tuvieron que inducirle un coma ante la gravedad de su estado. Fue trasladada al Hospital Central de Asturias, en Oviedo, donde falleció el pasado día 8.
La Asociación de Afectados por la Vacuna del Papiloma sostiene que el tratamiento fue el que le produjo el fatal ataque de asma, y asegura que el caso de esta menor no es aislado, sino que se han registrado varios en los últimos años.
La Consejería de Sanidad, por su parte, señala que «en este momento no se dispone de evidencia científica alguna que permita establecer una relación directa» entre la crisis asmática que sufrió la niña y el suministro de la vacuna.
El caso
Paciente
La menor, A. I. B., del barrio de El Cerillero, falleció el pasado día 8 después de sufrir un ataque asmático, y tras ser vacunada con la segunda dosis de la vacuna contra el Papiloma humano, que causa el cáncer de útero.
Antecedentes
La niña ya había recibido la primera dosis de la vacuna en julio, y ya entonces tuvo que ser atendida en el Hospital de Cabueñes por una reacción adversa.
Fallecimiento
Tras recibir la segunda dosis, la menor entró en parada cardiorrespiratoria, y los médicos tuvieron que inducirle un coma. Falleció en el Hospital Central de Asturias.
Investigación
El Ministerio y el Principado mantienen abierta una investigación sobre este caso y la posible relación entre la vacuna y el fallecimiento.
El Principado «llegará hasta el final» en el caso de la niña fallecida tras ser vacunada
Guillermo Martínez pide «tranquilidad a la ciudadanía». El fármaco contra el cáncer de útero causa controversia en la comunidad científica
16.09.12 - RAMÓN MUÑIZ | GIJÓN, en El Comercio.
El portavoz del Ejecutivo regional, Guillermo Martínez, expresó ayer el «compromiso del Gobierno para llegar hasta el final» en la investigación abierta por la muerte de Andrea Icobalceta. La gijonesa de 13 años recibió el 23 de agosto la segunda dosis de la vacuna Gardasil, indicada para prevenir cuatro cepas del papiloma, virus que puede desencadenar cáncer de útero. La niña tenía antecedentes de asma alérgica y doce horas después sufrió una crisis severa, con vómitos y broncoespasmos. La complicación terminó en coma hasta que falleció el sábado pasado. El caso está siendo analizado por el Ministerio de Sanidad y el Principado.
«Vamos a esperar al resultado», indicó Martínez. El portavoz pidió «tranquilidad a la ciudadanía» hasta el «esclarecimiento de los hechos que hayan producido esta muerte y ver si ha tenido alguna relación la aplicación de la vacuna». De momento, el Centro de Farmacovigilancia de Asturias ha elaborado un informe recordando que el 23 de julio la gijonesa recibió la primera vacuna y seis días después acudió a urgencias hospitalarias por un episodio de agudización del asma, del que fue tratada y controlada días después. La notificación de la segunda vacuna señala que Andrea mostraba antes del pinchazo problemas leves para respirar.
El expediente recuerda que la ficha técnica de Gardasil que el fabricante entregó a la Agencia Europea del Medicamento incluye el «broncoespasmo» en el apartado de reacciones adversas «muy raras». En el de contraindicaciones advierte de que «los individuos que desarrollen síntomas indicativos de hipersensibilidad después de recibir una dosis de Gardasil no deben recibir más».
La ficha técnica «es una recomendación, luego es el profesional sanitario el que debe valorar el beneficio y riesgo de cada paciente», explica Antonio González López, director médico de Sanofi Pasteur MSD, distribuidor de la vacuna. Los broncoespasmos reconocidos en el prospecto «son siempre de reacción inmediata». Lo sucedido en Gijón es «muy trágico y traumático» pero «no conocíamos ningún caso como este, con una situación respiratoria adversa pasadas diez horas en una paciente joven con antecedentes».
El director defiende que el remedio suma una experiencia de «95 millones de dosis distribuidas en seis años» y adelanta que si la investigación probara el riesgo de provocar ataques graves de asma en determinados pacientes, actualizaría la ficha técnica con el dato. Una vez ahí sería de nuevo el sanitario «quien valore qué hacer con cada paciente». «Cualquier vacuna tiene un beneficio muy grande y un mínimo riesgo que hay que ponderar», alega.
El asunto ha reavivado la controversia que rodea a una vacuna con su propia Asociación de Afectadas. «De los problemas reconocidos en su ficha técnica no se nos advierte a los padres», expone la vicepresidenta, Alicia Capillar. A falta de conocer las estadísticas sobre las complicaciones causadas en España, la asociación sigue los datos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades estadounidense, que recoge 26.564 notificaciones de reacciones adversas, de ellos 3.683 graves. «Pedimos al ministerio que investigue al fármaco y no lo ponga en circulación hasta que logre demostrar que carece de afectos adversos, porque no hay derecho a que niñas que estaban bien antes de la vacuna sufran de esta forma», reivindica.
Posiciones encontradas
En Asturias el presidente de la Plataforma No Gracias y jefe de la UVI en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), Carlos Ponte, critica la vacuna desde que en el Principado la incorporara en el 2008, adelantándose a un acuerdo nacional que hace obligatoria su aplicación desde 2010. El Gardasil «no supone una mejora en la salud pública, ya contábamos con un sistema de detección precoz y curación, el método de Papanicolau, más barato», alega Ponte. La vacuna se vende a 500 euros las dos dosis y «su aprobación fue una subordinación de los poderes públicos a los intereses comerciales de Merck & Co, su fabricante, quien se encontraba en una situación financiera comprometida tras demostrarse su mala praxis con el Vioxx», acusa Ponte. Menciona así al analgésico distribuido entre 1999 y retirado en 2004 al descubrirse que duplicaba el riesgo de ataques cardiacos y apoplejías. Contra la firma pleitearon en EE UU los familiares de 3.100 pacientes muertos por el fármaco, que accedieron así a un fondo de compensación de 4.870 millones.
Gardasil «se anuncia como la vacuna contra el cáncer de cuello de útero, pero sólo combate dos cepas y no sabemos aún si hay que repetir su aplicación pasados los años», reprocha el presidente de No Gracias. En España «no hay evidencia de que las cepas que combate, la 16 y la 18, sean prevalentes a las otras once», apoya Carme Valls i Llobet, exdiputada del parlamento catalán, especializada en endocrinología y parte del Centro de Análisis de Programas Sanitarios de Cataluña. «Todas las vacunas pueden dar problemas, pero la del papiloma causa el doble» resume Valls. El virus impide generar anticuerpos y «la vacuna busca provocar a las defensas con una fórmula que está generando reacciones exageradas», asienta.
Pedro de la Fuente, hoy expresidente de la Asociación de Ginecólogos asturianos, se cuenta entre quienes pidieron que España autorizara una vacuna distribuida en 2007 en el resto de Europa. El cáncer de útero causaba de 15 a 20 muertes al año en la región. Hoy anima a mantener «comportamientos éticos y basados en la evidencia científica» y pide «sentido común. Hablamos de un caso aislado del que si se sacan conclusiones precipitadas se puede perjudicar a la prevención de mucha gente pero no hay que tomarse lo sucedido a la ligera; debe estudiarse muy profundamente el suceso».
El distribuidor defiende que «la inversión, periodos de investigación y controles que ha pasado son inimaginables respecto a, por ejemplo, la de la Hepatitis B, que es de los años 90». Hablamos de «la primera vacuna contra el cáncer, eso es muy mediático y de esa exposición surgen grupos tan a favor y tan en contra», anota González López.
La familia acudirá «a las vías oportunas para depurar las responsabilidades»
16.09.12 - R. M. | GIJÓN, en El Comercio.
María Inés, la madre de Andrea, sostiene que «entre todos me la mataron. Solo quiero justicia». Los deudos de la joven han puesto su defensa en manos de Río & Santos Abogados, un despacho que ya se ha puesto a trabajar y tiene abierta una investigación particular en contacto con diferentes profesionales sanitarios. «La familia quiere depurar las responsabilidades de esta negligencia y acudirá a las vías oportunas», señala Fruela Río, abogado que lleva el caso.
Tres son las jurisdicciones por las que podría discurrir el asunto: la penal (si se acredita la comisión de un delito), la civil y la administrativa. Por el momento no se ha cursado ninguna denuncia de parte.
En su momento la familia ya puso el asunto en conocimiento de la Asociación de Afectadas por la Vacuna del Papiloma. Su vicepresidenta, Alicia Capillar, informa que el colectivo asesoró a los allegados de Andrea y notificó a su vez la situación al Defensor del Paciente, organización que «suele enviar los datos a la fiscalía para que investigue cada caso».
Capillar señala que junto a una docena de familias afectadas interpuso a finales del 2009 a una reclamación ante el Ministerio de Sanidad, estando el expediente aún en tramitación.
VER NOTA DE PRENSA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL PRINCIPADO PUBLICADA EN SU WEB
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