Los intereses de la banca, para este gobierno, siguen primando sobre los de la ciudadanía
La norma antidesahucios deja fuera a los que ya les están echando de su vivienda
Este viernes entra en vigor la nueva legislación, que no tiene carácter retroactivo ni modifica la actual ley hipotecaria
Foto: Gisela, vecina del barrio de La Torre de Valencia, recibió ayer una orden de embargo de su vivienda
PÚBLICO / AGENCIAS, Madrid.
La nueva medida del Gobierno encaminada a paliar el "drama social de los desahucios", como en ella se reconoce, entra en vigor este viernes tras haber sido hoy publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Sin embargo, la norma sólo se aplicará a los procesos judiciales o extrajudiciales "en los que no se hubiese ejecutado el lanzamiento". Lo cual quiere decir que no afecta a aquellas familias que hasta el momento, debido a no poder pagar la deuda con el banco, el juzgado haya establecido que su vivienda ha de ser embargada. El "lanzamiento" es técnicamente el paso previo a la orden de desahucio.
Además, según indica el propio texto, esta norma tiene un "carácter excepcional y temporal" y de ninguna forma modifica la legislación hipotecaria actualmente vigente, que es precisamente lo que se está pidiendo desde los colectivos de afectados y la oposición política.
A partir de hoy, se paralizará durante dos años el desahucio, permitiendo que el deudor permanezca en la vivienda sin coste alguno, para una serie de colectivos especialmente vulnerables. Se trata de familias numerosas; unidad monoparental con dos hijos a cargo; familias con un menor de tres años, y familias con uno de sus miembros discapacitado superior al 33%.
Tampoco se ejecutará el lanzamiento a personas afectadas por dependencia o incapacidad permanente para trabajar, a familias en las que el deudor hipotecario se encuentre en paro y haya agotado las prestaciones por desempleo, a familias en las que convivan una o más personas unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge con vínculo de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad y que se encuentren en situación de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que le incapacite para realizar una actividad laboral; y unidades familiares en las que exista una víctima de violencia de género.
Además, tienen que concurrir una serie de requisitos económicos para que se paralice el desahucio, como que los ingresos del conjunto de la unidad familiar no podrán superar el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que en 2012 se sitúa en 532 euros al mes, es decir, 1.597 euros mensuales o, lo que es lo mismo, cerca de 19.200 euros anuales.
También tendrán que acreditar que en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud de la paralización del desahucio hayan sufrido una alteración "significativa" de sus circunstancias económicas, entendiéndose por esto cuando el pago de la hipoteca sobre la renta familiar se haya multiplicado por 1,5 veces en esos cuatro años. Es decir, que si suponía un 40% haya pasado a ser un 60%.
Los otros dos requisitos económicos a cumplir pasan por que la cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos netos percibidos por el conjunto de la unidad familiar, y que se trate de crédito garantizado con hipoteca sobre la única vivienda del deudor y concedido para la compra de la misma.
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Juan Luis Sánchez, en ElDiario.es
¿Cumple lo anunciado por el Gobierno con vuestras exigencias mínimas para solucionar el drama de los desahucios?
No, es muy decepcionante. La presión social, sobre todo tras los suicidios, ha provocado que el Gobierno reaccione, pero las medidas anunciadas llegan tarde y son insuficientes. Es más, la moratoria de desahucios para casos excepcionales que se aprueba hoy es la que los bancos anunciaron la semana pasada. Ha habido claras presiones de la banca para que las medidas no vayan más allá.
¿ Los perfiles incluidos en la protección os parecen suficientes?
En absoluto. Se da la paradoja que una familia con un niño menor de 3 años podría acogerse al aplazamiento del desahucio, pero que una familia con dos niños de 4 años fuera desalojada. Nosotros reclamamos, y contamos con una Iniciativa Legislativa Popular firmada por 600.000 personas, que se aplique esa moratoria a todas las personas que no puedan pagar la hipoteca de su vivienda habitual por motivos de insolvencia económica sobrevenida por la crisis.
¿Y cómo se acredita que una persona es insolvente por la crisis?
Pues acreditando que está en el paro o una disminución drástrica de ingresos. El "deudor de buena fe" es una figura recogida en casi toda la legislación europea y para otros asuntos se admite en juzgados aquí también.
En cualquier caso, el Gobierno habla de moratoria, nunca de dación en pago.
Sí, el gran problema es que estas medidas quedan lejos de solucionar la deuda de las personas, 400.000 en los últimos años, que han sido desahuciadas y que siguen teniendo que pagar la hipoteca al banco. Eso no está resuelto, ni mencionado. Necesitamos que esas personas puedan entregar las llaves y su deuda sea condonada.
¿Qué os parece la creación del parque de viviendas de alquiler social anunciado?
Es una necesidad inmediata. Y se puede hacer ya con las viviendas del banco malo, que para algo estamos rescatando los activos inmobiliarios de los bancos con dinero público. Esas viviendas deben ponerse a disposición del alquiler social. Veremos si es así, porque por ahora el Gobierno no ha concretado de dónde saldrán esas viviendas. Tampoco sabemos cuántas van a hacer, si serán muchas o pocas.
¿Siguen los desahucios?
Los desahucios no se han paralizado. Hemos tenido que convocar a la gente para detener desalojos en Madrid, en Barcelona, en Mataró... todos desde el anuncio de paralización. En algún caso se ha parado por inciativa del juzgado y en otros los hemos tenido que parar nostros, estando en la puerta. Es más, algunos ya tienen fecha de aplazamiento para diciembre, no moratoria de dos años.
El PSOE sostiene que el decreto es un "parche" que sólo sirve para "defender a los mercados"
Los socialistas dejan la puerta abierta para seguir negociando con el Gobierno, al tiempo que mantendrán contactos con otros colectivos
La secretaria de Política Económica del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, ha señalado que el Real Decreto aprobado por el Gobierno por el que se fijan las condiciones para poder frenar los desahucios conforma un "parche" que "sólo sirve para beneficiar a los mercados", que, en su opinión, "son los ganadores una vez más", al tiempo que ha puesto en cuestión el comunicado difundido por el Ejecutivo hasta conocer la "letra pequeña" que proyecte el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En rueda de prensa en la madrileña sede de Ferraz, la diputada socialista ha señalado también que la moratoria que incluye el Real Decreto es "muy restrictiva", dado que "acota mucho y deja a muchas familias fuera" de este marco, al tiempo que ha emplazado al Ejecutivo a que incorpore en la nueva norma "la modificación de las clausulas abusivas" que, a su juicio, "favorecen a los bancos".
Así, a pesar de revelar que ha existido "buena voluntad" por alcanzar pactos", Piñero ha explicado que el Partido Socialista no ha sellado un acuerdo porque "no había compromiso claro y firme" de modificar las leyes que regulan el proceso ejecutor de las hipotecas, a lo que, según Piñero, se suma que lo expuesto por el Gobierno no finiquita los "abusos durante el proceso", algo que considera que es "imprescindible".
Rodrígez-Piñero ha criticado que la moratoria sólo se aplica en la fase de lanzamiento de la hipoteca, puesto que la ejcución hipotecaria "seguirá adelante". Además, Piñero ha puesto en valor lo defendido por el PSOE en el marco de las negociaciones con el Gobierno porque está orientado a "defender a las personas" y no a las entidades financieras.
Al tiempo, ha exigido que "haya aun acuerdo" en la tramitación parlamentaria del Real Decreto "para recoger todas aquellas cuestiones" que su formación ha ido planteado "para acabar de una vez por todas con un derecho que es injusto".
Sin embargo, Rodríguez-Piñero ha reconocido que con esta norma la situación "está mejor que antes" pero no es "suficiente", ya que "no ataja de raíz el problema". "El PSOE no puede avalar unas medidas que continúan con el problema de sufrimiento, ansiedad e injusticia". "Las respuestas mínimas no pueden tener acuerdo máximos", ha remachado.
"No es cuestión de matices, es una cuestión esencial de que el Gobierno propone un parche y nosotros una reforma integral que ayude a corregir de una vez por todas una situación injusta", ha apuntado Rodríguez-Piñero para sentenciar que mantendrán contactos con otros colectivos a la par que dejan la "puerta abierta" al Gobierno para seguir negociando.
De su lado, la responsable de Vivienda del PSOE, Leyre Iglesias, ha valorado positivamente la intención del Gobierno de fijar un parque de viviendas en alquiler para los desahuciados, pero apuesta por complementarlo "en planes de vivienda". "Queremos soluciones para garantizar un derecho constitucional", ha apostillado.
La AEB apoya medidas sobre desahucios pero confía en que las reformas no perjudiquen el sistema hipotecario
La Asociación Española de Banca (AEB) comparte con el Gobierno la necesidad de proteger a aquellas personas socialmente más vulnerables y que están más expuestas a los efectos de la crisis económica, pero ha mostrado su confianza en que las reformas legales que se proyectan no perjudiquen el objetivo de un sistema y una legislación que permitan el acceso a una vivienda en propiedad a la mayoría de los ciudadanos.
En un comunicado, la AEB, que señala que el coste económico de las medidas acordadas corre exclusivamente a cargo de las entidades de crédito, considera que "es necesario" hacer compatible la protección a estos colectivos sociales más débiles con un sistema y una legislación que permitan el acceso a una vivienda en propiedad a la mayoría de los ciudadanos. Por tanto, confía en que las reformas legales que se proyectan no perjudiquen la consecución de este objetivo.
Además, la patronal de la banca entiende, en este contexto, la decisión que ha adoptado el Gobierno de paralizar temporalmente los desahucios en casos de familias que viven situaciones de particular necesidad.
Así, la patronal de la banca ha reiterado su disposición a colaborar con el Ejecutivo y las fuerzas políticas parlamentarias en la tramitación como Ley del Real Decreto-Ley aprobado hoy para paralizar los desahucios.
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