El mapa de la “roja vergüenza”

Nueve autonomías aplican a rajatabla la exclusión sanitaria a los sin papeles

Médicos del Mundo analiza la aplicación de la medida a los tres meses de su entrada en vigor

Madrid, Aragón, Baleares o Castilla-La Mancha, entre las regiones más restrictivas

Jaime Prats Valencia, 28 NOV 2012, EN El País

La heterogeneidad y el caos son dos de los principales rasgos que definen la aplicación de la exclusión de la red sanitaria normalizada de los inmigrantes en situación irregular. Tres meses después de la entrada en vigor de la medida, la entidad humanitaria Médicos del Mundo ha analizado cómo la están implantando los distintos gobiernos autonómicos y ha llegado a la conclusión existe una gran diversidad entre regiones.

Hay nueve Gobiernos autonómicos que están ejecutando la medida sin paliativos. Se trata de Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y Aragón. Algunos de ellos no solo están siendo totalmente fieles a la intención de dejar a los sin papeles al margen de la cobertura de la red pública –excepto las urgencias, la asistencia al embarazo y parto, y a los menores-, sino que “van más allá de lo que marca el real decreto 16/2012 en materia de vulneración de derechos”. Por ejemplo, “otorgando al personal administrativo en lugar de al sanitario la potestad de decidir lo que es o no una urgencia”.

El informe recoge una selección de casos en los que se ha obstaculizado la asistencia a inmigrantes. De entre las autonomías más estrictas con la exclusión, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha y Baleares son las que cuentan con más incidentes y de mayor gravedad. Con todo, Médicos del Mundo advierte que se han registrado casos de denegación de atención en toda España, incluso en aquellas que la desobedecen.

Existe otro grupo de autonomías que aplican la norma y, a la vez, han desarrollado herramientas administrativas para permitir la atención de las personas sin permiso de residencia por encima de los mínimos que fija la ley. Es el caso de Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Galicia y Navarra.

Un tercer grupo es el que integran Andalucía, Asturias, Cataluña y Euskadi. Todas estas autonomías rechazan la aplicación de la norma en su territorio, hasta el punto de haber recurrido la medida en los tribunales, como ha sido el caso de Andalucía o el País Vasco.

Más allá de la diversidad en la aplicación de la norma, Médicos del Mundo ha constatado también que existe un desconcierto generalizado en su aplicación. Y esta circunstancia no solo afecta al personal sanitario y administrativo de los distintos sistemas de salud. También a los usuarios que podrían verse afectados por la exclusión. Ello se traduce en “derivación de pacientes de un servicio a otro, respuestas contradictorias, rechazo a la tramitación de la tarjeta sanitaria aun cuando la persona afectada tenía derecho a ella o negación de atención a embarazadas o menores”.

Solo seis autonomías han desarrollado normativa propia para aplicar la expulsión sanitaria en sus territorios. Pero incluso entre estas regiones, los documentos son muy variados (circulares informativas, instrucciones, comunicados) como también lo son sus contenido: “mientras unos se caracterizan por detallar procedimientos administrativos muy complejos, otros solo contemplan afirmaciones vagas”. Además, la mayoría de ellas tienen carácter provisional.

El mapa de la exclusión de los inmigrantes sin tarjeta sanitaria

Lydia Molina, en ElDiario.es

Amadou es guineano y no tiene permiso de residencia en España. Necesita diálisis tres veces a la semana. Cuando en septiembre entró en vigor la reforma que excluye a los inmigrantes irregulares del sistema sanitario, le obligaron a firmar en el hospital un documento comprometiéndose a pagar las sesiones de diálisis. Esto a pesar de ser enfermo crónico, un grupo de la población al que no se le ha retirado la atención. Mercedes tampoco tiene papeles, es diabética y está embarazada. Cuando acudió al centro de salud no la atendieron por no tener tarjeta sanitaria. La primera ecografía no se le realizó hasta las veinte semanas de embarazo y solo a raíz de sufrir un accidente de tráfico. Ousmane es marroquí y no tiene permiso de residencia. Le han diagnosticado diabetes, pero no recibe ningún tipo de atención sanitaria y no tiene dinero suficiente para pagar la medicación ni la insulina necesaria para tratar su enfermedad. Compra dosis cuando puede y se la suministra solo en ocasiones excepcionales, sin control médico.

Amadou, Mercedes y Ousmane son solo algunos de los casos que Médicos del Mundo ha registrado desde que entró en vigor el decreto hace tres meses y que ha hecho públicos hoy. La organización, que asesora a inmigrantes afectados, asegura que Madrid, Aragón, Baleares, Castilla La Mancha, Canarias, Extremadura, La Rioja y Murcia, son las comunidades autónomas que han aplicado con más dureza el decreto. Y, concretamente, Aragón, Madrid, Baleares y Castilla la Mancha, los territorios donde han registrado más casos y de carácter más grave.

En este mapa, Médicos del Mundo ilustra cómo ha sido la implantación de la reforma sanitaria por comunidades autónomas. El rojo está ligado a las CCAA anteriores. El amarillo a Navarra, Castilla y León, Galicia y Valencia, donde a pesar de haberse aplicado la norma se han buscado alternativas para que la atención llegue a personas excluidas más allá de los mínimos establecidos. Y el verde a Andalucía, Cataluña, Asturias y País Vasco, donde la cobertura sigue siendo completa para todos los inmigrantes, estén o no en situación irregular. 

La organización denuncia que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue existiendo desconcierto entre el personal sanitario y administrativo y las personas afectadas. Este caos tiene su origen en la “derivación de pacientes de un servicio a otro, respuestas contradictorias, rechazo a la tramitación de la tarjeta sanitaria aun cuando la persona afectada tenía derecho a ella, negación de atención a embarazadas y menores”, dice en un informe (puede consultarse aquí) donde recuerda también que el decreto “genera desigualdad tanto entre distintas comunidades autónomas como entre los diferentes centros sanitarios dentro de las mismas”.

Solo Aragón, Asturias, Castilla y León, Galicia, Madrid y Valencia han elaborado documentación informativa para el personal sanitario (ya sea una circular, instrucción, comunicado o carta a los profesionales). “Los contenidos que abordan estos documentos son también variopintos: mientras que unos se caracterizan por detallar procedimientos administrativos muy complejos, otros solo contemplan afirmaciones vagas. Por otra parte, la mayoría de estas regulaciones tienen carácter provisional”, asegura la ONG.

Casos como el de Amadou, Mercedes y Ousmane los conocemos hoy porque han dado el paso de ponerse en contacto con una ONG. Otros, por miedo, desconfianza o desconocimiento, no llegan a darlo, “lo que hace imposible”, recuerda Médicos del Mundo, "determinar el alcance real de la vulneración del derecho a la salud que se está produciendo en nuestro país”.