Que Montoro apele a la lealtad institucional, y más en este tema, es absolutamente alucinante
El pulso que resolverán los tribunales
El Principado insiste en su tesis y asegura que es el Ejecutivo central quien comete un fraude al instaurar un tributo a tipo cero
Entra en vigor el impuesto a la banca de Rajoy que colisiona con el gravamen que ya aplica Asturias
Foto: Montoro, la pasada semana, en el Congreso de los Diputados.
02.01.13 - JOSÉ ÁNGEL GARCÍA | GIJÓN, en El Comercio.
Ya no hay marcha atrás. Ayer, día 1 de enero, entró en vigor el impuesto estatal sobre depósitos en entidades de crédito a tipo cero que choca frontalmente con el gravamen incluido en los presupuestos asturianos y con el que el Principado espera obtener una recaudación cercana a los 30 millones. Nadie está dispuesto a dar un paso atrás y todo hace indicar que el pulso se resolverá en los tribunales. Los representantes de ambas administraciones tienen asumido este extremo e y confían en salir victoriosos si finalmente hubiera litigio. El Principado acusa al Gobierno central de cometer un «fraude de ley» al imponer un impuesto de tipo cero y restringir así la capacidad normativa de una autonomía, mientras que el Estado insiste en que la iniciativa persigue un doble objetivo: evitar que dos administraciones puedan gravar el mismo hecho imponible e impedir que las comunidades tengan la opción de aplicar su propio tributo. Lo cierto es que la propuesta, incluida en una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado durante su trámite en el Senado, surgió pocos días después de que el Principado anunciara su intención de aplicar este impuesto, fruto del acuerdo con IU en la elaboración de las cuentas públicas para 2013, que fueron aprobadas en el pleno del pasado viernes.
Esquivar la restricción
Superado el trámite parlamentario, el gravamen bancario, una de las fórmulas elegidas por el Gobierno de Fernández para aumentar los ingresos en un escenario de caída de la recaudación, comenzó a aplicarse, antes incluso de que finalizara 2012. ¿El motivo? Esquivar la restricción impuesta desde Madrid al poner en marcha el impuesto antes que el Gobierno central y garantizar, al mismo tiempo, que el Estado no pueda despojar al Principado del tributo sin antes fijar una compensación como ya ha hecho con otras comunidades donde el gravamen funcionaba con anterioridad. Son los casos de Andalucía, Canarias y Extremadura.
Fue precisamente esta última, durante la etapa de Juan Carlos Rodríguez Ibarra como responsable de la Junta, la que primero tensó la cuerda para obtener más ingresos de las entidades financieras. En aquel momento, el Gobierno central, presidido por José María Aznar, decidió recurrir ante el Tribunal Constitucional para dejar sin validez el impuesto. La sentencia, conocida hace pocas semanas, daba la razón a las tesis extremeñas y, por extensión, a todas las comunidades que decidieron aplicar el tributo. A este dictamen se agarra precisamente Asturias para mantener el pulso con el Ministerio de Hacienda y reivindicar la validez de su gravamen.
«El impuesto del Gobierno central no cumple con una finalidad recaudatoria y sólo intenta vaciar de contenido la capacidad tributaria de las autonomías», explica el portavoz del Ejecutivo regional, Guillermo Martínez, que acusó al Gobierno de Rajoy de actuar de forma «fraudulenta» en este asunto.
El Principado aún no ha decidido si acudirá al Tribunal Constitucional a la espera de ver cómo se juegan las cartas desde Madrid. Montoro, titular de Hacienda, amenazó en varias ocasiones a las comunidades que lanzasen un órdago al Estado con llevarlas ante los tribunales y no sería extraño que ese fuera el siguiente paso.
Elemento distorsionador
Sostiene el ministro que Asturias, como el resto de comunidades, tiene un plan económico y financiero aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que, según su opinión, no deberían introducirse nuevos elementos distorsionadores. Montoro, que expresó en varias ocasiones su rechazo a compensar al Principado por «despojarle» del tributo, reclama sin embargo «lealtad institucional» e insiste en «tender puentes» entre las administraciones. Asegura que la medida pretende «homogeneizar» el sistema tributario y mantener la unidad del mercado bancario interior. En este sentido, desde el Ministerio de Hacienda recuerdan que la Comisión Europea ya trasladó en varias ocasiones su inquietud ante el hecho de que los gravámenes establecidos por las autonomías vaya a producir incompatibilidades con la normativa europea y de que estos nuevos impuestos lastren las capacidad de los bancos de facilitar créditos.
No son argumentos que convenzan al Gobierno de Fernández ni tampoco a Cataluña, que ha seguido un plan similar al Principado. Las dos comunidades insisten en que sus tesis están más cerca de la opinión del Constitucional y confían en que si alguien tiene que recular en sus intenciones ese es el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
El PSPV pide a Fabra que imite a Asturias con el gravamen bancario
Los socialistas valencianos lamentan que el presidente de la Generalitat renuncie a ingresar 100 millones
31.12.12, E. C. | VALENCIA, en El Comercio.
Los socialistas valencianos han pedido al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que siga los pasos del Principado y articule la puesta en marcha de un impuesto a los depósitos bancarios, al igual que ha planteado el Ejecutivo de Javier Fernández. Tributo, por cierto, que entró ayer en vigor. Si finalmente gana el pulso a Madrid y se aplica, Asturias obtendría por esta vía 30 millones en 2013.
En la Comunidad Valenciana esa cifra se incrementa hasta los cien. Los socialistas valencianos consideran que una región que arrastra graves problemas de liquidez no puede prescindir de unos ingresos que permitirían, según su opinión, «aliviar la carga que suponen los continuos recortes».
Fabra, según el PSPV, se niega a molestar a las entidades bancarias pero, en cambio, «sube las tasas a los estudiantes, exige el copago a quienes necesitan medicinas, recorta el sueldo de maestros, médicos y enfermeros, y pretende cobrar una tasa a quienes necesitan una ambulancia».
«Si a muchos ciudadanos se les piden sacrificios, por qué no a los bancos como sí se les pide en otras comunidades autónomas como Andalucía, Canarias, Extremadura y el año próximo en Cataluña y Asturias», destacan los socialistas valencianos, que recuerdan que el Partido Popular ya rechazó una enmienda socialista a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para establecer este impuesto.
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