Con una estimación de ingresos de 30 millones al año que hacen 300 millones en el total de los 10 años de promedio que tarda en resolver el Tribunal Constitucional
El Principado cobrará el impuesto a la banca pese al recurso del Gobierno central
IU acusa a Rajoy de «perdonar un tributo a los bancos para que paguen los ciudadanos» y UPyD no descarta «correcciones» en el Presupuesto regional
El Ejecutivo de Rajoy inicia su primer litigio contra el Principado, que recurrió antes los ajustes en la sanidad, la educación y la minería
Foto: El encuentro entre el presidente del Principado, Javier Fernández, y el del Gobierno, Mariano Rajoy, en la Moncloa.
Oviedo, J. A. ARDURA, en La Nueva España.
El Principado apuesta por el impuesto sobre los depósitos bancarios pese a la decisión del Consejo de Ministros de recurrir ante el Tribunal Constitucional el nuevo tributo asturiano. El Ejecutivo regional, por ahora, no mueve ficha y mantiene en su previsión de ingresos para 2013 la partida de treinta millones de euros que espera recaudar de los bancos que operan en Asturias. La inclusión de este nuevo tributo resultó decisiva para que el grupo parlamentario de Izquierda Unida apoyase los primeros Presupuestos del Gobierno socialista de Javier Fernández. IU sostiene que el recurso no alterará las cuentas del Gobierno asturiano y coincide con UPyD en la crítica a la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy, por «discriminar a Asturias» frente a otras autonomías que recibirán compensaciones por ese tributo.
El anuncio de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, de que el Estado recurrirá el impuesto de Asturias a la banca no altera los planes presupuestarios del Ejecutivo asturiano. Al menos, por ahora. El Gobierno de Javier Fernández esperará a conocer el informe que el Consejo de Ministros encargó por vía de urgencia el pasado viernes al Consejo de Estado sobre el impuesto a la banca asturiano antes de mover ficha en un conflicto de competencias e intereses que deberá dilucidar el Tribunal Constitucional, según confirmó ayer un portavoz de la Presidencia regional. El Consejo de Estado tendrá cinco días para emitir un dictamen que es obligado pero no vinculante para formalizar el recurso ante el Constitucional.
Los pleitos entre administraciones que llegan a esa instancia judicial tardan en resolverse entre nueve y diez años. De hecho, el litigio que la Junta de Extremadura ganó al Estado sobre la posibilidad de establecer un impuesto autonómico a las entidades bancarias, resuelto el pasado mes de noviembre por el Constitucional, se remonta a 2002, durante el segundo mandato de José María Aznar al frente del Gobierno central. Un proceso judicial tan prolongado añadiría incertidumbres sobre una cantidad económica muy elevada, en torno a trescientos millones de euros, en medio de una coyuntura económica compleja, marcada por las estrecheces económicas derivadas del cumplimiento del límite de déficit, que este año es del 0,7 por ciento.
El Gobierno regional avanzó el pasado viernes, nada más conocer el recurso del Estado, que su impuesto a la banca «es plenamente legal» y rechazó los argumentos esgrimidos por Moncloa de la competencia fiscal y de que ese tributo no se puede crear a través de la ley de Presupuestos, dejando entrever que seguirá adelante con el nuevo tributo. Desde IU, uno de los partidos que votaron a favor del proyecto de Presupuestos elaborado por el Gobierno socialista, no tienen duda alguna sobre la continuidad de ese impuesto en las cuentas de este año y comparten los reproches del portavoz del Principado, Guillermo Martínez, a la decisión del Ejecutivo de Rajoy. «El Gobierno del PP demuestra que está más cerca de los bancos que de los ciudadanos», manifestó Manuel Orviz. El coordinador general de IU de Asturias acusó al Ejecutivo de Rajoy de hacer política de «prestidigitador» al convertir «un impuesto que debían pagar los bancos en una compensación que recibirán las autonomías con dinero que saldrá del bolsillo de todos los ciudadanos». A juicio de Orviz, «no hay invasión de competencias porque el Gobierno central no cobrará ni un euro por ese "no impuesto", se trata de un artificio legal, un fraude legal».
La coalición también cuestionó que la iniciativa del Gobierno central de crear ese tributo provocará nuevas diferencias entre las autonomías. «La compensación económica a Canarias, Extremadura y Andalucía supone una discriminación al resto de comunidades que pierden, así, una vía de financiación», afirmó Orviz.
El diputado regional y portavoz de UPyD, Ignacio Prendes, cuyo voto permitió la aprobación del Presupuesto de este año y superar el escenario de prórroga presupuestaria de 2012, se pronunció ayer en términos similares: «Nos parece que el Gobierno de España hace una mala regulación con el impuesto a la banca porque va a generar más discriminación, ya que habrá tres autonomías que recibirán compensaciones y el resto no, lo que contribuirá a que existan más desigualdades en un país que tiene demasiadas». Prendes también echó en cara al Gobierno central que su tributo no conlleve el pago de cantidad alguna. «Si se va a establecer el impuesto debe ser de verdad y no a través de un impuesto de tipo cero que genera desigualdad», afirmó el diputado regional. En cambio, a diferencia de IU, sostiene que el Principado debería introducir cambios en las cuentas si, finalmente, no puede ingresar ese dinero. «UPyD ya advirtió al aprobarse el presupuesto de 2013 que en el caso de no poder aplicarse este impuesto habría que hacer las correcciones presupuestarias oportunas», dijo Prendes.
El Gobierno de Rajoy y el Principado van camino de hacer bueno el dicho popular de «pleitos tengas y los ganes». La Administración asturiana y la central han puesto en marcha en los últimos meses hasta cuatro litigios en los que dirimen competencias en sanidad y educación, por una parte, y dineros en minería e impuestos, por otro lado.
Pleitos de ida y vuelta
El Ejecutivo central anunció el pasado viernes su primer recurso contra el Principado a cuenta del impuesto sobre los depósitos bancarios que la Administración asturiana ha incorporado a sus Presupuestos de 2013 para que lo paguen las entidades bancarias. El Consejo de Ministros incorporó un nuevo impuesto, que entró en vigor el pasado 1 de enero, para gravar los depósitos bancarios a un tipo cero. Es decir, las entidades bancarias no tendrán que pagar ni un euro por ese nuevo gravamen estatal. Los populares argumentan que el objeto de ese impuesto estatal es salvaguardar la unidad de mercado y evitar que unas autonomías cobren ese impuesto y otras no. El Gobierno asturiano rechaza de plano esa interpretación y defiende que el tributo estatal, de tipo cero, tiene como objetivo impedir a Asturias ejercer la competencia que tiene sobre los tributos autonómicos, en lo que ha valorado como «un flagrante uso fraudulento de la potestad estatal». El último precedente similar, un recurso del Estado contra el Principado por la tasa de las grandes superficies comerciales, presentado por el Ejecutivo de José María Aznar (PP) en 2003, se saldó con una sentencia favorable a la Administración asturiana.
Los ocho años de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero supusieron una tregua en los litigios contra el Principado que presidía otro socialista, Vicente Álvarez Areces. Las hostilidades judiciales entre la Administración asturiana y la central han registrado una escalada en los últimos meses. Primero, Francisco Álvarez-Cascos amenazó con reclamaciones por los ajustes y los fondos mineros, algunas de las cuales carecían del preceptivo informe del Consejo Consultivo. El primer paso que dio el Ejecutivo de Javier Fernández consistió, precisamente, en pedir dictamen a ese organismo asesor del Principado sobre si había motivo para recurrir ante el Tribunal Constitucional los decretos del Gobierno de Rajoy en materia de sanidad y educación.
Con la reclamación de los fondos mineros el proceder del Ejecutivo socialista ha sido distinto. La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, respondió a Francisco Álvarez-Cascos en el reciente debate de los Presupuestos que al Principado no le quedó otra salida que reorientar la denuncia promovida y presentada por el Ejecutivo forista en la Audiencia Nacional, un órgano que «no era competente» para dilucidar esa cuestión.
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