Diferencias entre las políticas liberales del PP y la apuesta socialista por el mayor logro colectivo español

Asturias afianza su modelo sanitario público

Por JULIO BRUNO, DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA DEL PRINCIPADO 

La Nueva España

Vivimos estos días un momento clave en el debate sobre el sistema sanitario público, sus propiedades idóneas y la aceptabilidad de su coste en un momento de profunda caída de los ingresos públicos. Esto, que enunciado así parece poca cosa, no lo es. Estamos debatiendo, en definitiva, sobre lo que seguramente sea el mejor logro que hemos conseguido los españoles como sociedad.

En la construcción del sistema nacional de salud se han empleado tal vez los mayores esfuerzos públicos y políticos. Ha sido una cuidadosa tarea de construcción sostenida en el tiempo que ha venido transmutando durante los últimos treinta años la precaria situación sanitaria de la España de los primeros 80. Una labor que ha culminado con la implantación de un modelo de servicio público, regionalizado, conquistando el aprecio de los ciudadanos hasta el punto de que en 2010 los españoles que consideraban la sanidad como un problema eran menos del 10%, y los asturianos, un porcentaje aún menor, por debajo del 3%.

España se encontraba entonces entre los diez países preferidos para recibir asistencia sanitaria por los ciudadanos europeos («Health Systems in Transition, HiT, Spain 2010»), valorando el estado de salud de la población, la cobertura, la accesibilidad, la equidad financiera, los resultados de salud atribuibles a la acción del sistema sanitario, la calidad y la seguridad de la atención, la satisfacción de los usuarios y la legitimidad del sistema. También porque el sistema nacional de salud está considerado entre los más eficientes de la OCDE.

La decisión del PP, partido gobernante, de modificar las bases del sistema, fragmentando el aseguramiento para introducir «el mercado» en la provisión de servicios sanitarios, está cambiando drásticamente aquella percepción de los ciudadanos, convirtiendo en un serio problema el futuro de la atención sanitaria. Las actuaciones realizadas en Madrid, Valencia y Castilla-La Mancha, introduciendo modelos privados de explotación de lo público, o la falta de transparencia y dudosa legitimidad, por no figurar en su programa electoral, están señalando el carácter eminentemente ideológico -por mucho que se empeñen en vincularlo a la crisis- de este modelo trufado de improvisación, que, a su vez, intenta la evasión de los controles democráticos que caracteriza la actuación del PP sobre la sanidad.

Esta situación de revisión encubierta y opaca, de objetivos negados en la campaña electoral, y basada más tarde en aseveraciones tan falsas como ese mantra neoliberal de que la sanidad privada gestiona mejor, es una cuestión que afecta de un modo muy diverso a las comunidades autónomas en función de las políticas públicas que se adoptan.

Lógicamente, la posición de quienes, como el Gobierno de Asturias, defienden un modelo de servicios públicos basado en la universalidad, la eficiencia y la equidad, confrontan con gobiernos del PP de comunidades que consideran la sanidad como una carga impositiva y un nicho de negocio para la empresa privada. No cabe la justificación basada en la crisis financiera que el partido gobernante utiliza como burladero para ocultar las verdaderas razones -como digo, ideológicas- que animan su política de deconstrucción del sistema de salud.

El contraste entre Asturias y Madrid o Valencia es evidente, y demuestra que la voluntad política de preservar el sistema sanitario público se traduce en actuaciones diametralmente opuestas a las de quienes quieren privatizarlo. El último barómetro del CIS colgado en el Instituto de Información Sanitaria del Ministerio nos lo reveló en 2011: Asturias era la comunidad autónoma en que los ciudadanos estaban más satisfechos con la sanidad, mientras que aquéllas ya mostraban notables déficits. Del mismo modo, la Agencia Estatal de Evaluación señaló que el 83% de los asturianos estaban bastante o muy satisfechos con la asistencia sanitaria, mientras que las comunidades de Madrid, Valencia o Cantabria estaban en la cola.

El informe 2012 de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública lo corroboró entonces y vuelve a hacerlo ahora, en 2013, situando a Asturias entre las comunidades en que mejor se valoran los servicios sanitarios públicos, junto a Navarra, el País Vasco y Aragón. El sistema asturiano siempre ha estado bien situado en este tipo de evaluaciones, que ahora la incluyen como la región con mayor esperanza de vida en buena salud. Sin embargo, de modo reiterado en los informes de satisfacción y también en los que valoran la accesibilidad y los recursos, las comunidades gobernadas en las últimas legislaturas por el partido conservador registran la peor valoración.

Estas valoraciones que traducen finalmente el efecto de una concepción de lo público y del servicio a los ciudadanos también se visualizan en el modo de enfrentar la crisis fiscal, diametralmente opuesto según se mire para Asturias o para Madrid o Valencia, por poner dos ejemplos. Mientras que Asturias mantiene la cartera de servicios, aquéllas la recortan; mientras que aquí se mantienen los dispositivos, en Madrid, en Castilla-La Mancha o en Valencia o se cierran o se privatizan, y mientras aquí se afronta la productividad del sistema público para hacerlo más eficiente para el ciudadano, los gobiernos del PP aplican políticas liberales ajenas a la eficiencia del sistema público -en el que demuestran no creer-, actuando sin base en ninguna evidencia sobre la bondad del modelo que proponen.

Por eso, los últimos meses de conflicto sanitario en Asturias en nada se parecen al conflicto que se está viviendo a nivel nacional. Aquí se discutía cómo hacer más productivo -y por lo tanto más legítimo- lo público. Allá, por el contrario, se protesta por las decisiones de mercantilización de la salud y de copagos impuestos por el PP a la ciudadanía y a los profesionales. Del conflicto de Asturias hemos salido aumentando en más de tres millones las horas de capacidad anual del conjunto de los profesionales del sistema sanitario. Es decir, más recursos al servicio del ciudadano, con una disminución de más de seis millones de euros en horas extraordinarias, con una disponibilidad de más de 66.000 horas anuales de dedicación profesional a la organización y el trabajo en equipo, sin cuantificar las que se puedan incorporar por los médicos mayores de 55 años y con el compromiso de desarrollar un amplio diálogo profesional para incorporar la gestión clínica en el sistema y la mejora de los servicios.

La estrategia del Gobierno central (avanzar de manera continuada hasta conseguir que el derecho a la protección de la salud deje de ser un derecho de todos los ciudadanos y pase a ser un sector de negocio basado en el privilegio para quien pueda pagarla, un servicio limitado para mantener la capacidad productiva de algunos asegurados y dejando para los demás un modelo similar a la antigua beneficencia) está consiguiendo hacer perceptible su modelo mercantilización del sistema. Las diferencias de valores son claras. La crisis no justifica, por otra parte, la implantación de modelos injustos además de ineficientes. En Asturias, por el contrario, se afianza un modelo de servicio sanitario de calidad con la continuidad del sistema público que tanto aprecian los ciudadanos.