En el índice actual de transparencia de las CC.AA. estamos en el 13 de 17, por debajo de la media estatal es una necesidad y una obligación mejorar sustancialmente.
El Principado publicará el sueldo de los altos cargos y los contratos de la administración
El plan de transparencia prevé que se regule por ley la declaración de bienes del presidente y los consejeros, que ahora es voluntaria
Gif.- Mapa de la transparecia. En morado las CC.AA. por encima de la media y en azul las que están por debajo.
26.01.13 - ANDRÉS SUÁREZ | OVIEDO, en El Comercio.es.
El Ejecutivo asturiano quiere hacer buena la declaración de su presidente, Javier Fernández, de que en un contexto como el actual, marcado por una durísima crisis económica y una ola de escándalos de corrupción política, la administración regional debe tener «bolsillos de cristal». La plasmación práctica de esa frase es una estrategia de buen gobierno que el gabinete socialista quiere desarrollar a lo largo de la legislatura y que tendrá su expresión normativa este primer semestre, con la aprobación de una ley de transparencia que se remitirá a la Junta General para su tramitación parlamentaria. El plan incluye también la activación de un portal en internet donde se recogerá un amplísimo caudal de información que en la actualidad no es accesible para la ciudadanía o que, en caso de serlo, está esparcida en distintas fuentes y es difícilmente localizable. Entre los asuntos más relevantes que se podrán consultar están todos los contratos que suscribe la administración, incluyendo el sector público, y los sueldos de todos los altos cargos del Gobierno y de sus empresas, entes y organismos satélites.
El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, avanzó el pasado martes los primeros esbozos de la estrategia, que forma parte del esfuerzo del Ejecutivo por, entre otras cosas y además de garantizar un mayor control de la ciudadanía sobre la gestión pública, combatir la mancha de la corrupción que en estos momentos se extiende sobre la clase política en su conjunto. En el seno del Gobierno se entiende asimismo que una parte de las medidas incluidas en este plan de transparencia, caso de la publicación en un mismo portal de la totalidad de los contratos de la administración, supone en cierto modo un 'blindaje' para evitar la repetición de episodios como el 'caso Renedo', hoy en los tribunales.
El propio Ejecutivo admite que en este momento es tremendamente complicado encontrar en el conjunto de portales y fuentes de información de la administración los contratos que suscribe el Gobierno o sus entes, empresas y organismos. Parte de esos datos están disponibles desde febrero de 2012, cuando, con Foro en el Gobierno, se dio luz verde a la publicación de todos los trámites de más de 5.000 euros. En adelante, y una vez este portal esté activo, se podrán consultar en un mismo espacio todo tipo de contrataciones: mobiliario, material de oficina, el 'leasing' de los vehículos oficiales de la administración...
En el seno del Ejecutivo se es asimismo consciente de la sensibilidad social que en la actualidad generan las retribuciones de los cargos públicos. Máxime en un momento en que algunas informaciones, como las que apuntan al pago de sobresueldos en algunos partidos políticos -el 'caso Bárcenas' en el PP-, han emponzoñado todavía más el clima ciudadano. El Gobierno piensa que la transparencia es la mejor vacuna y por eso el portal recogerá las retribuciones de todos los altos cargos al servicio de la administración y su sector público.
Se podrá acceder a toda esta información «en tiempo real», se señala desde el Gobierno, cuyos responsables creen que esta estrategia propiciará una mayor «corresponsabilidad ciudadana» en los asuntos públicos que, en último término, permitirá una mayor «eficacia en la gestión».
El Principado, ante el reto de mejorar su índice de transparencia
26.01.13 - A. S. | OVIEDO, en El Comercio.
El Principado está obligado a dar pasos en el ámbito de la transparencia. Tanto por convicción propia, atendiendo al discurso público de su presidente, como por la necesidad de avanzar y mejorar su posición en los actuales rankings que miden esta variable. En el índice que anualmente publica la organización Transparencia Internacional, Asturias ocupa el puesto 13 del total de las 17 comunidades autónomas, por debajo incluso de la media nacional.
En un índice que se mueve entre el 1 y el 100, la administración asturiana obtiene una puntuación de 66,3. Solo cuatro autonomías -Canarias, Valencia, Castilla-La Mancha y Murcia- están por debajo. La comunidad que preside el popular Ramón Luis Valcárcel es la peor calificada con 55 puntos.
En el otro lado del escalafón el País Vasco y La Rioja son las comunidades que presumen de un índice de transparencia más elevado. Obtienen en ambos casos 97,5 puntos y se sitúan por encima de Cantabria, con 95, y Andalucía, con 92,5. La media nacional se sitúa en 79,9 puntos. Por debajo, junto a las autonomías antes citadas, también están Cataluña, Aragón y Madrid. Por arriba hay que añadir a Baleares, Extremadura, Galicia, Castilla y León y Navarra.
La estrategia de transparencia anunciada el pasado martes por el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, está llamada a conseguir que el Principado escale puestos en este listado. Está por ver si las medidas anunciadas, con una ley y un portal de transparencia como iniciativas más destacadas, consiguen el objetivo.
Quienes sí pueden presumir en este ámbito son los grandes ayuntamientos de la región. Además del índice autonómico, Transparencia Internacional también publica una valoración municipal en el que los consistorios asturianos -Oviedo, Gijón y Avilés- aparecen en los puestos de relumbrón. Los dos primeros obtienen la nota máxima, 100, mientras que Avilés se queda un poco por debajo, 97,5.
Transparencia Internacional está siendo muy activa en el combate contra la corrupción en el espacio público. Su presidente en España, Jesús Lizcano, aconsejó recientemente a los dirigentes políticos que se tomen en serio la «creciente indignación de los ciudadanos» y que lleguen a un pacto nacional que suponga, entre otras cosas, la extensión de la ley estatal de transparencia -ahora mismo en negociación en el Congreso- a los partidos políticos. A su juicio, los partidos tendrían que hacer públicas sus cuentas, el detalle de sus gastos, ingresos y fuentes de financiación, así como los bienes que integran su patrimonio, con el debido «desglose».
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