Ninguno de los comparecientes en la JGPA pertenecientes al mundo asociativo ha apoyado la desaparición de la Procuraduría General de Asturias, todo lo contrario

Alertan de "un nuevo distanciamiento" entre políticos y ciudadanos

Expertos y asociaciones defienden la labor de la Procuradora General especialmente en época de crisis

OVIEDO, 4 Mar. (EUROPA PRESS)

Expertos y asociaciones asturianas han defendido este lunes la labor desarrollada por la Procuradora General del Principado, especialmente en una coyuntura económica como la actual, dado que entienden que ante la crisis y las dificultades sociales y económicas que padece la ciudadanía sus funciones son "más necesarias que nunca".

Así lo han apuntado durante las comparecencias informativas acerca de la Proposición de Ley del Principado de Asturias de supresión de la Procuraduría General en el marco de la Comisión de Presidencia que se ha celebrado esta mañana en sede parlamentaria.

En concreto, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo Francisco Bastida ha incidido en que los defensores del pueblo son órganos de intervención directa para desarrollar la función de control de los parlamentos. De este modo, ha incidido en la inmediatez y proximidad que, dice, les han valido su "éxito" a todos los niveles.

No obstante, ha resaltado que el Defensor del Pueblo español "no cumple la función de inmediatez", por lo que sostiene que "la duplicidad más bien habría que achacársela al Defensor del Pueblo" toda vez que ya existen las procuradurías o defensores del pueblo de carácter autonómico. "Es necesario defender la dignidad de la autonomía asturiana y proteger un órgano auxiliar del parlamento asturiano", ha argumentado.

El experto ha propuesto, además, la unificación con otras figuras autonómicas como del defensor del menor o del anciano como fórmula de ahorro y eficiencia. "Este órgano en época de crisis es realmente importante", ha dicho, calificando de llamativo que el PSOE se sume a esta iniciativa de supresión, rechazada por IU y defendida por Foro, PP y UPyD.

LAS ASOCIACIONES PIDEN QUE SE RECONSIDERE

Junto con el criterio del catedrático de Derecho Constitucional, el conjunto de los representantes de asociaciones que han comparecido en la Junta General han mostrado su apoyo unánime a la Procuraduría General, coincidiendo en pedir que se reconsidere la idea de suprimirla y en su lugar, se potencie su actividad, que entienden "prioritaria".

Por ello, han pedido a los grupos parlamentarios que reflexionen sobre la labor de este órgano en defensa de los derechos de la ciudadanía, fundamentalmente de los colectivos vulnerables, "más allá de los intereses de los partidos" para evitar que "una institución útil e independiente" sufra "la crónica de una muerte anunciada". "Sería una vuelta atrás sin justificación", han dicho, alertando de "un nuevo distanciamiento" entre la clase política y los ciudadanos.

En esta línea se han posicionado los representantes de Amnistía Internacional de Asturias, de la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias (Fampa), de ACCEM, de Cáritas Diocesana de Asturias, de Proyecto Hombre, de la Fundación Secretariado Gitano, de la Fundación Siloé de Asturias, de la UCE-Asturias, de la Coordinadora de ONGs de Cooperación de Asturias, de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Asturias y del Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Asturias (Cermi).

Con todo, han agradecido al Grupo Parlamentario de Izquierda Unidad su invitación para exponer su opinión sobre la Procuraduría General, incidiendo en que no todo puede analizarse en base a la rentabilidad económica, dudando, además, de que la supresión suponga un ahorro significativo. "Cómo se evalúa la rentabilidad cuando se trata de la protección de los derechos de los ciudadanos", han preguntado desde las asociaciones a los miembros de la Comisión.

LOS GRUPOS

Los grupos parlamentarios han agradecido la intervención de los comparecientes, destacando la diputada de IU Noemí Martín su aspiración a que lo dicho hoy se tenga en cuenta en la tramitación de la Ley.

La diputada Marina Huerta ha hecho hincapié en el valor de las comparecencias y el diputado de UPyD Ignacio Prendes ha defendido que "sí hay alternativa" para mantener la función de la Procuradora General en la Junta General.

Desde el PP, el diputado Matías Rodríguez ha dicho que hay medidas que sin ser las que se quisieran adoptar son "obligadas" en épocas de crisis, desde la máxima de "evitar las duplicidades". "La época de bonanza de 2005 ya pasó", ha comentado, en referencia al año de creación de la Procuraduría. "Apostamos porque este gasto se reoriente a los colectivos", ha añadido.

Al respecto, la presidenta de la Coordinadora Asturiana de ONGDs,  Mercedes González, ha incidido en que las asociaciones quieren "luchar por derechos, no por una caridad".

Finalmente, la diputada socialista Judit Flórez se ha comprometido a atender las sugerencias, al tiempo que ha puesto en valor el anteproyecto de ley de transparencia y buen gobierno. Además, ha explicado que en caso del PSOE la supresión no se apoya en razones económicas sino en otras de carácter administrativo.

En este sentido, Francisco Bastida ha señalado que "no convencen" las razones de los grupos para la supresión de la Procuraduría. De lo contrario, considera que obedecen a una "insensibilidad doble", de falta de aprecio a la autonomía asturiana y de carácter social por no proteger la función que desempeña la Procuraduría, "que podrá mejorarse o redimensionarse, pero que no será sustituida por ninguna alternativa".

Asimismo, ha lamentado la postura de los socialistas, al considerar que su compromiso para la constitución se debía a atender la petición de IU, por aquel entonces socio de Gobierno, al igual que ahora su compromiso con la supresión atiende a la exigencia de UPyD como socio minoritario. "A mi juicio es lamentable que un grupo socialista, que debe mostrar sus prioridades sociales más que ningún otro, apoye la supresión de un órgano necesario", ha concluido.

En la misma línea, el portavoz de la Red Asturiana de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, Víctor García, ha pedido a los grupos que, si realmente van a tener en cuenta la postura del tercer sector, "reconsideren" la proposición para que no se lleve a efecto y "no se destruya" la institución.

Rechazo de varias asociaciones a la Ley de supresión del Procurador General

RTPA

En la Junta General del Principado ha comenzado la ronda de comparecencias de la Proposición de Ley de supresión del Procurador General. Una iniciativa legislativa secundada por todos los grupos parlamentarios menos por Izquierda Unida. 

Los diputados han escuchado a los respresentantes de 13 asociaciones y al catedrático de la Universidad de Oviedo, Francisco Bastida. Todos han expresado su rechazo a la eliminación de la figura del Defensor del Pueblo en Asturias.

Bastida, ha abogado por "mantener" la continuidad del Procurador General, y ha dicho que la Junta General debería "hacer una iniciativa legislativa para restringir, en la medida de lo posible, la función del Defensor del Pueblo".

Ha defendido "instar una modificación para que las defensorías autonómicas sean competentes para controlar todas las Administraciones radicadas en un territorio", y "si se quiere mayor eficacia", eliminar las "singulares" que hay en la región, en referencia a las del Menor y Anciano, para "centrarlas en la Procuraduría General".

Para Bastida, si se suprime este órgano se "prescinde de un elemento de control, que no va a ser suplido por una comisión de esta Cámara", y "se desampara en época de crisis a colectivos vulnerables, que son los que acuden a la defensoría"

Por su parte, los partidos políticos, que han declinado realizar preguntas, han dejado, en el caso de IU, abiertas sus aspiraciones a "corregir" la ley durante su tramitación; el Grupo Mixto ha planteado "buscar alternativas" y el PP ha reiterado que son medidas "necesarias" pese a que no son "las que más" les gustan.

El responsable de Amnistía Internacional en Asturias, Francisco Javier Fernández, ha expresado su "preocupación por proyecto de supresión", y ha indicado que durante más de 6 años de existencia de la Procuraduría, ésta ha desarrollado una "extensa labor, ha elaborado observaciones, además de las resoluciones emitidas, ha ofrecido informes y explicaciones sobre derechos de los ciudadanos".

La presidenta de la Federación de Mayores, Dolores San Martín, que ha expresado la "sorpresa" que ha causado la propuesta de supresión, se ha referido a la Procuraduría como "una figura correcta, clave para la ciudadanía por proximidad y cercanía con el movimiento asociativo".

La portavoz de Cruz Roja de Asturias, Celia Fernández, ha revelado que en la Procuraduría han encontrado "colaboración y entendimiento", y que "siempre ha estado dispuesta a ayudar y facilitar el trabajo",

El presidente de Proyecto Hombre, Luis Manuel Flórez, ha dicho que "se propone suprimir" al Procurador cuando "lo habría que potenciar", ha advertido que "no se cuestiona su trabajo" y que "defender los derechos de los más débiles nunca puede ser un lujo".

El presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, Dacio Alonso, ha opinado que la desaparición propuesta "debilitaría el control", y ha pedido a los grupos políticos que "reconsideren mutilar" un órgano "fundamental" para los ciudadanos.

"Error y paradoja" conviven en opinión del portavoz de la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública, Carlos Ponte, con la propuesta de supresión del Procurador, que "ahondaría en la fractura y distancia entre la calle y la política".