Una actuación que solo responde a los intereses de algunas empresas y algunas personas que buscan su beneficio personal a costa de la salud de la población.
Unos pliegos que colaboran al deterioro de la sanidad pública madrileña
Por Sergio Fernández Ruiz, Vicepresidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid
nuevatribuna.es
Acaba de hacerse público el borrador de los pliegos del concurso para privatizar la parte pública de los 6 hospitales PFI (iniciativa de financiación privada) siguiendo el plan privatizador que puso en marcha la Comunidad de Madrid en octubre de 2012.
Aparte de los problemas que tiene la privatización sanitaria, si miramos lo que se ha hecho público hay algunos comentarios que es necesario hacer.
En primer lugar se trata de un borrador que aún tiene muchos aspectos por desarrollar que pueden ser decisivos a la hora de hacer una valoración final y en el que se propone un contrato por 10 años lo que parece claramente excesivo y condiciona durante un tiempo muy dilatado el funcionamiento del servicio sanitario, más aún cuando se permite que una única empresa sea concesionaria de 3 centros (4 si se trata de Parla-Aranjuez). Un hecho curioso es que se produce la adscripción en bloque de los hospitales de Aranjuez y Parla lo que no tiene mucho sentido teniendo en cuenta que están situados a 39 km de distancia.
En cuanto a las condiciones económicas llama la atención que las cuantías a percibir por las concesionarias están infravaloradas porque se da la circunstancia de que en el mismo pliego (página 64) se establece una revisión de los precios:
“Actualización de la prima per cápita. Para asegurar la correcta financiación de las prestaciones sanitarias gestionadas por la concesión, se establece que, con carácter anual el pago capitativo se actualizará automáticamente con el menor de los siguientes Índices:
- 85% de la variación experimentada por el Índice General de Precios al Consumo del Estado español.
- 85% de la variación experimentada por el l Índice General de Precios al Consumo de la Comunidad de Madrid conforme a lo establecido en el artículo 90.3 de la TRLCSP.
Lo que significa que las empresas adjudicatarias tienen garantizada una actualización de las cuotas independientemente de los previsibles recortes de fondos de los centros públicos (conviene recordar que los hospitales públicos madrileños tuvieron una disminución presupuestaria promedio del 9,5% en 2011, el 1,5% en 2012 y el 16,19% en 2013), es decir se pretende seguir incrementando los fondos de los centros privados y disminuyendo los de los centros públicos. Por otro lado no se entiende que si se establecen asignaciones per cápita para los centros hospitalarios no hay ninguna justificación para una diferencia que alcanza los 45,22 € por habitante y año y que no se justifican en la documentación hecha pública por la Consejería.
Por otro lado las llamadas “compensaciones interhospitalarias” (es decir las cuantías que se detraen por la derivaciones a los centros de la red pública) muy probablemente seguirán sin funcionar, como sucede hasta ahora, favoreciendo la rentabilidad de los centros privatizados y su selección de riesgos.
Se dice también en la nota de la Consejería que se mantendrá el personal actual, pero no queda claro el tipo y tiempo de contratación de eventuales e interinos y además se señala que el personal estatutario fijo (página 23) que: “podrá optar por permanecer en el hospital objeto de concesión, bajo la dependencia funcional de la sociedad concesionaria y orgánica del Servicio Madrileño de Salud, percibiendo sus retribuciones a cargo de los presupuestos del Servicio de Salud”, lo que supone otra subvención encubierta a las empresas privadas.
La garantía de los derechos de los usuarios y en particular el derecho de libre elección (página 18) se garantizan en teoría porque la práctica de los demás centros privatizados en la Comunidad de Madrid demuestra que existe una reiterada actuación de las empresas concesionarias para impedir este derecho (por medio de las citaciones, los call-center, etc) y la calidad asistencial aunque se habla de garantizar la calidad asistencial (pagina20) en cinco dimensiones, se hará según unos indicadores que no se aportan lo que hace sospechar que no se producirá esta garantía en la práctica.
Además se ponen a disposición de las contratas centros de especialidades (Arganda, Federica Montseny, Vicente Soldevilla, Parla, Alcobendas, y 3 centros de salud mental) lo que entendemos es ilegal porque se trata de patrimonio de la Seguridad Social.
Se prevé también la posibilidad de subcontratar servicios (que solo pueden ser clínicos porque los otros servicios están en manos de las empresas que construyeron los hospitales) y de cesión a terceros (páginas 57 y 58).
El documento plante la inclusión de los profesionales en el accionariado, (página 35) no tiene sentido alguno y solo pretende captar algunas voluntades que por otro lado solo podrán tener una presencia testimonial en las empresas.
Por fin los criterios de adjudicación son básicamente economicistas al situar la oferta económica con el 50% de los puntos para la adjudicación.
En resumen se trata de unos pliegos incompletos, que no garantizan ahorros en el gasto sanitario, ni tampoco la calidad de la atención. Esta privatización es profundamente negativa para el funcionamiento de la sanidad madrileña porque empeora el funcionamiento de los centros sanitarios e incrementa los costes de la atención sanitaria y solo responde a los intereses de algunas empresas y algunas personas que buscan su beneficio personal a costa de la salud de la población.
La inmensa mayoría de los ciudadanos y de los profesionales de la sanidad madrileña hemos mostrado reiterada y mayoritariamente nuestro rechazo a este proceso privatizador que pone en grave riesgo la calidad de la atención sanitaria.
La Consejería de Sanidad ha sido incapaz de mostrar argumentos razonables para sus intentos privatizadores que, aparte de los intereses personales y empresariales, solo responden a una ideología neoliberal que antepone los intereses económicos a los derechos de las personas.
Por todo ello hay que rechazar estas medidas privatizadoras, exigir la paralización del proceso y llamar a ciudadanos y trabajadores de la sanidad a movilizarse contra el proceso privatizador y a expresar su rechazo masivamente en todas las convocatorias que se produzcan.
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