¿Pensabais que nos habíamos olvidado del personaje de la foto y del partido del que fue tesorero y gerente más de 20 años?
La policía confirma las prácticas de financiación ilegal en el Partido Popular
“Transformaron donaciones nominales por encima del límite legal en ingresos anónimos fraccionados por valor inferior”, señala un informe de la UDEF remitido al juez
José Antonio Hernández / José Manuel Romero, en El País.
“Se observa una actuación [del PP] persistente en el tiempo consistente en transformar donaciones nominales por encima del límite legal en ingresos en la cuenta de donativos anónimos, dividiendo la cuantía en múltiples partes por valor inferior, con lo que es imposible verificar si se incumplen los límites máximos de aportación”. Esta es la principal conclusión del informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la policía tras analizar los llamados papeles de Bárcenas (la supuesta caja B del PP de los últimos 20 años, entre 1990 y 2008) y cotejarlos con la contabilidad oficial de este partido.
El documento, de 131 folios y cinco anexos, confirma que el PP, a través de su extesorero Luis Bárcenas, vulneró supuestamente la Ley de Financiación de Partidos Políticos al ingresar en la cuenta especial del Banco de Vitoria (luego Banesto) donaciones ilegales “troceadas en pequeñas cantidades” para evitar que superasen el tope legal de los 60.000 euros, como adelantó EL PAÍS el pasado 17 de abril, y esquivar así la labor fiscalizadora del Tribunal de Cuentas.
La UDEF señala, además, que las empresas donantes (OHL, Sando, Sacyr, Azvi, Aldesa o Contructora Hispánica, entre otras) recibieron contratas de administraciones públicas, algunas gobernadas por el PP y otras por el PSOE y otros partidos. La Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos, que estuvo vigente desde 1987 hasta julio de 2007 —prácticamente toda la etapa que recogen los manuscritos de Bárcenas—, señalaba que “los partidos no podrán recibir, directa o indirectamente, aportaciones procedentes de una misma persona física o jurídica superiores a la cantidad de 10.000.000 de pesetas al año (60.000 euros)”. Y añadía que también estaban prohibidas las aportaciones procedentes de “empresas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras o suministros para alguna Administración Pública”.
El informe abunda en la autenticidad de los papeles manuscritos de Bárcenas que publicó EL PAÍS el pasado 31 de enero (están escritos de su puño y letra, según el informe policial caligráfico). Y destaca que existen numerosas coincidencias entre los apuntes de Bárcenas, la contabilidad oficial del PP y los extractos que figuran en la cuenta especial del Banco de Vitoria en la que, por imperativo legal, debían ingresarse esas donaciones en aras de la transparencia.
Los papeles de Bárcenas reflejan una supuesta caja B del PP en los últimos 20 años. Una contabilidad paralela que recoge donaciones ilegales al partido de grandes empresarios y supuestos pagos o sobresueldos con ese dinero a su cúpula dirigente. Pagos a políticos (“complementos”, los define Bárcenas en su declaración ante la fiscalía anticorrupción) que también serían ilegales porque algunos de los beneficiarios ya cobraban sueldos como cargos de la Administración y tenían prohibida cualquier otra retribución.
La Ley de Financiación de Partido Políticos prohibía, además, que empresas donantes de dinero a partidos pudieran contratar con la Administración. La policía ha analizado las contratas que recibieron 14 de las empresas que figuran como donantes en los papeles de Bárcenas. Y cita varios ejemplos en los que sus gestores dieron donativos y recibieron obras públicas, aunque en ningún caso la policía llega a relacionar las entregas de dinero con la adjudicación de contratos, puesto que en muchos casos recibieron obras de administraciones gobernadas por distintos partidos políticos y no existen pruebas en la investigación abierta de relación directa entre el pago y la obra adjudicada. Los únicos indicios a este respecto figuran en el sumario del caso Gürtel vinculados a Constructora Hispánica.
La UDEF concluye sobre las adjudicaciones a estas empresas: “Las fórmulas de entregas [de donaciones] varían de unas cantidades a otras, si bien se observa una continuidad en las aportaciones en el caso de las sociedades Constructora Hispánica, OHL, Sando, Sacyr, Azvi y Aldesa; y en otros casos [de empresas analizadas] existe una concentración [de adjudicaciones] en un momento determinado, como es el caso de Sedesa, en el año 2004; Copasa, en 2007, y Rubau en 2004”.
Es decir, que en algunos casos coincide la entrega de donaciones con un mayor volumen de adjudicaciones por parte de administraciones públicas.
Ruz ha citado para fines de este mes a ocho de los empresarios relacionados como donantes en los cuadernos manuscritos del extesorero que publicó EL PAÍS. Pero no están todos: en los papeles de Bárcenas constan otros grandes empresarios donantes que, de momento, no han sido citados, entre ellos Ramón Aigé, de Sorigé, o Adolfo Sánchez, de Asphalt Road.
Al término del informe, la policía propone al juez que indague las adjudicaciones de obras recibidas por empresas vinculadas a estos dos empresarios y a José Antonio Romero Polo; Joaquín Molpeceres (Licuas y Desprosa) o Ignacio Javier López de Hierro Bravo (Metrovacesa y Constructora Continental). López de Hierro es el marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Fuentes próximas al juez Ruz otorgan gran valor a este “informe preliminar” de la policía. Lo califican de “concienzudo” y “exhaustivo”, informa F. J. Pérez.
Los donantes de Bárcenas recibieron 12.000 millones en contratos del PP
Un informe de la UDEF concluye que el extesorero ocultaba ingresos de forma "persistente" para que no excedieran el límite legal de 60.000 euros
08.05.13 - EUROPA PRESS | MADRID.
Los donantes que aparecen en la supuesta contabilidad B del Partido Popular (PP) atribuida a su extesorero Luis Bárcenas recibieron más de 12.000 millones de euros entre los años 2001 y 2012 en contratos adjudicados por administraciones públicas gobernadas por esta formación política. Así consta en un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en el que se detalla la existencia de "19 donantes identificados", entre los que se encuentran los nueve imputados por el juez Ruz. De ellos, 16 habrían realizado aportaciones supueriores al límite legal de 60.000 euros contemplados por la Ley Electoral.
En seis casos, los de las sociedades Constructora Hispánica, OHL, Sando, Sacyr, Azvi y Aldesa, la UDEF aprecia "una continuidad en las aportaciones" durante el periodo estudiado mientras que en otros, como Sedesa, Copasa, Copisa, FCC, Urazca y Rubau, existe "una concentración (de aportaciones) en un momento determinado" que suele coincidir con el de "mayor volumen de contratación".
Además de los anteriores, la UDEF identifica como donantes del PP a los empresarios Juan José Roig (Mercadona), Joaquín Molpeceres Sánchez (Licuas), José Antonio Romero Polo (Grupo José Antonio Romero Polo), Ignacio Javier López del Hierro (Constructora Continental), Antonio Pinal (Grupo Bruesa), Pablo Crespo (Special Events) y Camilo José Alcalá Sánchez (Cyopsa-Sisocia).
OHL, a la cabeza
El donante que recibió más contratos de administraciones gobernadas por el PP, según el informe de la UDEF, fue Obrascon Huarte Laín (OHL), que se adjudicó entre 2002 y 2009 un total de 619 obras públicas por valor de 7.758,21 millones de euros, de los cuales 4.652,66 millones (un total de 215 contratos) fueron adjudicados por administraciones del PP. Así, la constructora obtuvo el 34,73% de sus contratos y el 60% de su volumen de negocio. El informe también atribuye a su presidente, Juan Miguel Villar Mir, 530.000 euros en donaciones.
FCC Construcción, sociedad presidida por José Mayor Oreja, hermano del exministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, al que se atribuyen entregas al PP por valor de 165.000 euros. Según el informe de la UDEF, las administraciones populares le adjudicaron entre 2002 y 2012 un total de 587 obras por un importe de 4.132,58 millones de euros de los 1.615 contratos públicos que recibió en ese periodo por valor de 15.004 millones de euros.
Sacyr Vallehermoso obtuvo entre 2002 y 2012 un total de 377 contratos públicos por 4.786,84 millones de euros de los cuales 117, por un importe de 1.064,70 millones, correspondían a administraciones 'populares', lo que representa el 31,03% de sus contratos y el 22,2% de su volumen de negocio. En total, su presidente, Luis del Rivero, habría aportado al PP 480.000 euros.
Constructora Hispánica, por su parte, recibió entre 2001 y 2011 un total de 1.126,44 millones de euros en contratos públicos, de los cuales 525,26 millones de euros fueron adjudicados por cargos 'populares'. Las nueve entregas de su presidente, Alfonso García Pozuelo, ascendieron a 258.161,94 euros.
Azvi, por su parte, recibió entre 2002 y 2011 un total de 802 contratos con un volumen de adjudicación de 2.193,66 millones de euros, de los cuales 21 por un montante de 343 millones de euros correspondían a gobiernos 'populares'. Sus responsables, los hermanos Manuel y Guillermo Contreras Ramos, entregaron al PP 858.000 euros.
El Grupo Empresarial Sando, por su parte, recibió entre 2002 y 2012 un total de 222 contratos públicos por 1.940,39 millones de euros, de los que 51 fueron adjudicados por gobiernos del PP, con un montante de 264,82 millones de euros. Su máximo responsable, José Luis Sánchez, habría aportado 1,25 millones de euros en donaciones.
El informe también detalla que las diferentes administraciones del PP adjudicaron contratos a Copasa (482,17 millones), Aldesa (282,25 millones), Sedesa Obras y Servicios (272,80 millones), Rubau (144,57 millones), Copisa (76,97 millones) y Urazca (39,93 millones).
Donaciones fraccionadas
El informe de la UDEF apunta además que el que fuera tesorero del PP incurrió de forma "persistente" en una ocultación de la cuantía de las donaciones realizadas al partido por empresas o personas físicas y que superaron, en 21 ocasiones, el límite legal de 60.000 euros.
Así, especifica que Bárcenas transformaba estas donaciones nominales "en ingresos en la cuenta de donativos anónimos" del PP "dividiendo la cuantía en múltiples partes por valor inferior". La intención, según la Policía, era conseguir que fuera "imposible" verificar si se estaban incumpliendo los límites máximos de aportación. "Se transformaban en ingresos diluidos", indica a este respecto la UDEF .
En el marco de esta pieza separada del 'caso Gürtel', el juez Ruz ha llamado a declarar como imputados a Alfonso García Pozuelo (Construcciones Hispánica), Juan Manuel Villar Mir (OHL) y José Luis Sánchez Domínguez (Grupo Sando), que comparecerán el 27 de mayo; Luis del Rivero (Sacyr Vallehermoso), Manuel Contreras Caro (Azvy) y Juan Manuel Fernández Rubio (Aldesa), que lo harán al día siguiente; y José María Mayor Oreja (FCC), Antonio Villella (Construcciones Rubau) y Pablo Crespo (supuesto número dos de la trama 'Gürtel'), que están citados el día 29.
VER EL “ESPECIAL” DE EL PAIS CON TODA LA INFORMACION DEL CASO BARCENAS
0 comentarios