Aunque carezca de efectos prácticos es un toque de atención muy serio

El Parlamento asturiano reprueba la gestión de la consejera de Bienestar Social

La abstención de IU y UPyD con críticas a Esther Díaz propició la victoria de la moción del PP, que salió adelante con los votos de Foro

Foto: Esther Díaz, ayer.

11.05.13 - 00:24 - CHELO TUYA | GIJÓN, en El Comercio.

Seis abstenciones, las protagonizadas por los cinco diputados de IU y el portavoz de UPyD, permitieron ayer la reprobación de la Junta General a la consejera de Bienestar Social y Vivienda. Con 22 votos a favor -los 10 del Partido Popular, el grupo que presentó la iniciativa, y los 12 de Foro, que apoyó la moción- y solo 16 votos en contra, los que suma el PSOE tras la renuncia del imputado exalcalde de Cudillero, el parlamento asturiano dio luz verde a la primera reprobación de un consejero en esta legislatura.

La protagonista, Esther Díaz, asistió en silencio desde su escaño al baño de críticas que le procuraron tanto quienes votaron a favor de su destitución -que no tiene efectos prácticos, ya que solo puede decidirlo el jefe del Ejecutivo autonómico, Javier Fernández- como de quienes no lo hicieron, ya que sustentan al PSOE en el Gobierno regional. Unos y otros coincidieron en exigirle «un cambio de rumbo», como verbalizó el portavoz de UPyD, Ignacio Prendes, y «más sensibilidad, que le falta», tal y como demandó la portavoz de IU y exocupante del mismo cargo que Díaz, Noemí Martín.

Sobre la mesa, el rechazo municipal al plan concertado con el que el Principado cofinancia los servicios sociales de los consistorios. No tanto por el dinero destinado por Bienestar Social -«se reconoce el esfuerzo realizado para compensar el recorte del Estado», recordó Prendes-, sino por la imposición de nuevos cargos a los ayuntamientos «sin negociación, consejera, que es algo que usted no sabe hacer», le espetó la diputada Victoria Delgado.

Fue ella, la portavoz del PP en materia social la que planteó la moción para su reprobación, una petición centrada también, aseguró, en los retrasos en el pago del salario social. La ayuda que deben recibir los asturianos con menos de 530 euros de ingresos mensuales suma retrasos «de hasta 19 meses. Y usted lo ve normal. Eso es una indecencia».

Sin llegar a usar ese calificativo, pero con la misma virulencia, la diputada de IU le recordó que «no es normal que de los 400.000 euros dados en subvenciones a las entidades del tercer sector, usted les reclame 100.000. Así no puede seguir». Fue esa una cantinela, la de ’no puede seguir’, esgrimida por todos los portavoces, salvo la socialista. La de Nuria Devesa fue la única voz en el parlamento asturiano que se elevó para calificar de «impecable» el trabajo de la consejera, de la que dijo que «tanto ella como todo su equipo tienen nuestro apoyo».

«Tapan sus vergüenzas»

Si bien en el hemiciclo sólo Devesa defendió a la silente Esther Díaz -que rechazó contestar preguntas al respecto tras concluir la reprobación-, en los pasillos el diputado Fernando Lastra no dudó en atacar al PP, «que solo quiere tapar sus vergüenzas porque son ellos los que están recortando».

Una denuncia, la del socialista, compartida también por todos los que criticaron la labor de la consejera. Porque, pese a que logró sacar adelante su iniciativa, lo cierto es que la popular Victoria Delgado recibió casi tantas críticas como Díaz. Ni siquiera el grupo que la apoyó, Foro, escondió su enfado por la «cobarde e incoherente actuación del PP asturiano». Esther Landa, que aunque anunció lo que luego los votos confirmarían -«apoyamos su cese, consejera», dijo, tras considerarla «incapaz para esta gestión»-, no dudó en arremeter contra su compañera de bancada al asegurar que «el mayor recorte social de la historia al estado del Bienestar en este país lo ha dado el Partido Popular».

Una apreciación clónica a la argumentada por el portavoz de UPyD, mientras que Noemí Martín confirmó que «ha sido el PP el que ha dado el golpe de muerte a la Ley de la Dependencia». Pese a ello, sólo el PSOE apoyó a la consejera de Bienestar.

PP y Foro reprueban a la consejera de Bienestar e IU y UPyD le piden que rectifique

Todos los grupos parlamentarios coincidieron en destacar los problemas de Esther Díaz con los ayuntamientos, las asociaciones y los profesionales

11.05.2013, Oviedo, P. RUBIERA, en La Nueva España

El Grupo parlamentario Socialista en la Junta se quedó ayer solo defendiendo la gestión de la consejera de Bienestar Social, la langreana Esther Díaz. Foro votó finalmente la reprobación que solicitaba el PP y ambos sumaron 22 votos. Los socios del Gobierno de Javier Fernández, IU y UPyD, se abstuvieron, pero criticaron con firmeza sus políticas. «No queremos que se vaya, queremos que rectifique», dijo Noemí Martín. «Tiene cantidad de frentes abiertos sin resolver y esperamos que se produzca una rectificación», subrayó Ignacio Prendes.

Seria, sola en el escaño -sus compañeros de asiento no acudieron ayer a la Junta- y prestando atención de vez en cuando a su iPhone, Esther Díaz escuchó severos reproches a su talante y a su gestión de todos los portavoces parlamentarios.

«Es usted arbitraria, injusta e ilegal en sus actuaciones», destacó Victoria Delgado, portavoz del PP, partido que propuso la reprobación. Y añadió: «Está desbordada, no tiene rumbo, es incapaz de enderezar la gestión de los servicios sociales en Asturias».

Parte de los problemas que han llevado a la reprobación de la consejera de Bienestar Social tienen su origen en los recortes en servicios sociales del Gobierno de Mariano Rajoy, que, como recordó la diputada socialista Nuria Devesa, han significado para Asturias en este año 14,2 millones de euros menos que en el anterior.

Esther Díaz se comprometió públicamente y en el Parlamento, el pasado mes de febrero, a mantener con fondos autonómicos y un esfuerzo adicional los recortes del Gobierno español en teleasistencia y en la compatibilidad de los servicios básicos en la dependencia, que gestionan los ayuntamientos. A la hora de firmar el acuerdo marco, las corporaciones locales comprobaron que tenían el mismo presupuesto del año pasado, pero más gasto al tener que hacerse cargo de esos dos servicios. Ahí nació el desacuerdo que ha impedido, por el momento, la firma del convenio.

El problema, como subrayó Noemí Martín, es que la protesta la lideran los ayuntamientos del PP y Foro y son estos partidos los que gobiernan las ciudades de Oviedo y Gijón, que aglutinan más de la mitad de la población de Asturias. «Serán la derechona, pero gobiernan. Somos conscientes de las dificultades económicas, pero hay que dejarse el pellejo buscando un acuerdo para prestar servicios sociales básicos», señaló la diputada de IU.

Otro de los frentes abiertos por la consejera de Bienestar Social es con las asociaciones del llamado tercer sector, que cumplen un papel fundamental en la prestación de servicios a personas con algún tipo de dependencia o discapacidad. Son asociaciones sin ánimo de lucro que programan la mayoría de sus actividades en función de las subvenciones públicas que reciben. El presupuesto de este apartado está congelado desde 2007. La prórroga presupuestaria del pasado año redujo las ayudas un 20% y el posterior plan de financiación recortó aún más las cantidades, a lo que debe añadirse el retraso en recibirlas. Según Martín, hay entidades a las que se les comunicó el 2 de diciembre que tenían la subvención, se les exigió que presentaran la justificación el día 15 del mismo mes y la cobraron un año y pico después.

A esto hay que sumar, como recordaron ayer los grupos parlamentarios, que ochenta y una asociaciones tuvieron que devolver dinero a la Consejería de Bienestar, en una estricta aplicación de la ley de Subvenciones que Ignacio Prendes calificó de «interpretación legislativa innecesaria». Y añadió: «La legalidad admite una interpretación política a favor y no en contra».

«No impugnamos el modelo, pero hace falta un cambio de actitud y una mayor sensibilidad, más en un momento especial tan delicado», señaló el diputado.

El salario social, asunto que todos los grupos consideran fundamental porque atañe a ayudas de emergencia para los ciudadanos más necesitados, es otro de los agujeros negros de Bienestar Social. El equipo de Esther Díaz se encontró, a su llegada, con casi 5.000 expedientes sin tramitar y ahora hay 6.400. El tiempo medio de tramitación es de diecinueve meses. «Es una indecencia», dijo Victoria Delgado.

Las difíciles relaciones con Adepas a raíz de los problemas surgidos con el centro de Noreña -asunto no resuelto porque todavía no se ha firmado el acuerdo definitivo- y con el centro de día de Pando en Oviedo también se pusieron de manifiesto en el debate.

Foro, cuya portavoz, Esther Landa, quiso dejar claro que «los recortes más salvajes en servicios sociales han sido adoptados por el PP», en referencia al Gobierno de Rajoy, cuestiona la capacidad de Esther Díaz para ser consejera. «Su gestión es como una guerra contra el mundo, usted piensa que todo lo que hace lo hace bien, es de una desproporcionada arrogancia», dijo Landa.

Y todavía queda un foco conflictivo, los profesionales de los servicios sociales. El Colegio de Trabajadores Sociales remitió a los grupos políticos una carta de un grupo de ellos en la que critican la labor de la Consejera y muestran su «preocupación por el contenido, la trascendencia y las formas de las decisiones que se están tomando en la Consejería de Bienestar Social...», según leyó Noemí Martín.

«Hay más de una docena de razones que justifican su reprobación y sólo lleva un año», apuntó Victoria Delgado.

La diputada socialista Nuria Devesa criticó la falta de «decoro» en la exposición» de Delgado, quien en algunos momentos utilizó expresiones como «execrable», «majadería» e «indecente». «No es decoroso ni cortés confundir la gestión con el insulto personal». Y dirigiéndose a la bancada popular les dijo: «Se empeñan en utilizar la mentira como ley, en una estrategia fabricada para confundir a los ciudadanos».

Al final, veintidós votos a favor de la reprobación (PP y Foro), dieciséis en contra (PSOE) y seis abstenciones (IU y UPyD). Al debate asistieron el presidente del Principado, Javier Fernández, y algunos de los consejeros, entre ellos los de Sanidad, Hacienda y Economía.