Los detalles y “la letra pequeña” se conocerán hoy tras el Consejo de Ministros

Documento de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas (CORA)…

El Gobierno comienza hoy la tramitación de la reforma administrativa

Foto: Una reunión del actual Consejo de Ministros.

El Consejo de ministros aprobará hoy el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas con el fin de que las medidas que contiene en relación con la administración central empiecen a gestionarse de forma inmediata.

 

El informe, presentado el miércoles por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contiene más de doscientas medidas propuestas por la comisión que ha trabajado en su redacción (la CORA).

 

El Ejecutivo ya ha avanzado que va a asumir la parte correspondiente a la Administración General del Estado y que intentará el entendimiento con las comunidades para que apliquen la parte que les corresponde.

 

De acuerdo con el informe, el Gobierno prevé suprimir o fusionar 57 organismos públicos, entes o fundaciones, entre ellos el Consejo de la Juventud y varias entidades de la Seguridad Social.

 

Además, hablará con las comunidades para eliminar numerosos organismos cuyas competencias y servicios serían prestados por órganos estatales "con igual o mejor calidad" y a menor coste.

 

Es el caso de las competencias atribuidas a los tribunales de cuentas, los defensores del pueblo, las agencias de protección de datos, las juntas consultivas de contratación administrativa, los tribunales administrativos de recursos contractuales o las agencias de evaluación del ámbito universitario.

 

La reforma también prevé que un único portal de internet centralice la información de todas las administraciones y permita hacer los trámites y servicios más relevantes, desde consultar las multas de tráfico, pedir hora para renovar el DNI o consultar las ofertas de empleo público.

 

Hacienda premiará en el déficit a las regiones que asuman reformas en su administración

El Gobierno pretende así obligar a las autonomías a prescindir de muchos organismos públicos y evitar duplicidades

 

21.06.13 - JOSÉ ÁNGEL GARCÍA | GIJÓN/MADRID, en El Comercio.

 

Las autonomías que asuman las directrices de la reforma de las administraciones públicas que aprobará hoy el Consejo de Ministros dispondrán de un mayor margen cuando llegue la hora de repartir el déficit. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, enseñó ayer la cartas del Gobierno durante su participación en el foro de análisis del informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), que se celebró en La Moncloa, y donde también participaron el titular de Industria, José Manuel Soria, y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Instalado en su papel de guardián del déficit, Montoro lanzó un aviso a las comunidades ante la próxima negociación de los objetivos para los próximos años. El Gobierno «valorará» el esfuerzo de las autonomías a la hora de asumir las propuestas sobre duplicidades, simplificación administrativa y reducción de organismos públicos. «Vamos a incorporar como elemento el grado de cumplimiento de estas normas», desveló Montoro. La idea que maneja su departamento es «pasar revista» al comportamiento de las distintas administraciones con vistas a culminar la senda que debe conducir a la estabilidad presupuestaria y los objetivos de déficit público. Dicho de otro modo, premiar a las cumplidoras y castigar a los territorios que no se adhieran a la reforma de las administraciones públicas impulsada desde el Ejecutivo.

El ministro de Hacienda se refirió a esta iniciativa como la «auditoría» de la administración y dejó entrever que condicionará las concesiones que el Estado realice hacia las comunidades en el marco del 'déficit a la carta'. La premisa que tiene Hacienda no es otra que evitar las duplicidades y en ese mensaje incidió Montoro durante la presentación de las 120 medidas que impulsará el Ejecutivo central para terminar con repeticiones entre las distintas administraciones. Se hizo mención, entre otras, a las agencias de meteorología, las agencias de protección de datos o la recomendación de que se utilicen por parte de las autonomías las embajadas de España en vez de abrir sus propias oficinas.

«Es necesario implantar una nueva cultura de cooperación y colaboración entre las administraciones», advirtió Sáenz de Santamaría, que lanzó un mensaje a los mandatarios autonómicos que bien puede interpretarse como una amenaza ante el nuevo escenario que está definiendo: «Todos tendremos que dar explicaciones de por qué no hacemos las cosas de otra manera si podemos hacerlo con mucho menos».

 

Control y eficiencia

El Gobierno no quiere que se le estigmatice como el enemigo del sector público ni tampoco de los funcionarios. El propio Montoro dedicó buena parte de su intervención a defender la valía del trabajo de los empleados públicos con extensión de jornada, congelación de plantilla y congelación de salarios. «La función pública está aportando muchísimo a la salida de la crisis. Y lo que pedimos es que se reconozca lo que se está haciendo en todos los ámbitos de las administraciones públicas en nuestro país», precisó.

El objetivo es conseguir la máxima eficiencia ya sea por la labor de los trabajadores como la organización de las administraciones. Detrás de este fin, el Ejecutivo tiene previsto implantar sistemas de medición de la productividad y la eficiencia de las administraciones públicas lo que permitirá, según explican, calcular el número de medios que tienen, tanto humanos como materiales así como el tiempo que emplean para la tramitación de expedientes.

 

El Gobierno propone prescindir de los defensores del pueblo autonómicos

21.06.13, El Comercio.

 

El Gobierno central propone la eliminación de los defensores del pueblo que existen en muchas comunidades como una medida de ahorro, según se recoge en el informe sobre la reforma de las administraciones públicas que se dará a conocer hoy tras el Consejo de Ministros. Unos minutos antes, curiosamente, la Junta General aprobará, con el voto en contra de Izquierda Unida, la supresión de la Procuraduría General que ha desempeñado esas mismas labores en el Principado durante los últimos seis años.

 

Esta es una de las iniciativas que adoptará el Ejecutivo y entre las que incluye la supresión de 90 observatorios -aunque no han precisado cuales- y la reforma de 57 organismos públicos en el ámbito del Estado.

 

Rajoy quiere suprimir noventa observatorios estadísticos y más entes autonómicos

El Principado cuenta con 76 empresas y fundaciones tras eliminar siete en su primera reforma del sector público

21.06.2013, Oviedo / Madrid, J. A. ARDURA / Agencias, en la Nueva España.

Nueva vuelta de tuerca del Gobierno central para eliminar duplicidades en la Administración. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció ayer la intención del Ejecutivo de suprimir «hasta 90 observatorios» autonómicos y estatales, además de reformar 57 organismos públicos. El Principado cuenta en la actualidad con siete observatorios. El Gobierno del PP estrecha aún más el marcaje sobre el sector público de las autonomías: si hace un año planteó el objetivo de reducir más de medio millar de las empresas y fundaciones que colgaban de los presupuestos de las autonomías, lograda esa cifra, ahora lanza un reto más ambicioso y pide llegar a la supresión de 700 entes.

 

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de Industria, José Manuel Soria, ofrecieron ayer más detalles sobre el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones (CORA), que presentó el pasado jueves Mariano Rajoy, y avanzaron nuevos objetivos y medidas incluidas en un documento del que aún no disponen las autonomías. Si en la comparecencia del Presidente, el Gobierno asturiano delegó su representación en la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, en la sesión informativa de ayer fue el viceconsejero de Administración Pública, Álvaro Álvarez, el encargado de esa misión. El Principado mantuvo ayer el mutismo sobre plan que el Gobierno central, tal parece, está administrando en dosis a las comunidades autónomas, que tendrán un papel más que relevante en su aplicación. Y es que el Gobierno central no puede imponer directamente medidas sobre organismos cuya creación y supresión son de competencia autonómica.

 

«En el ámbito del Estado vamos a abordar la reforma de 57 organismos públicos de distinto ámbito (entre ellos el Consejo de la Juventud) para ser más eficaces y proponemos la supresión de hasta 90 observatorios», avanzó la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, que sin embargo no detalló cuáles serán los órganos consultivos a eliminar. El Principado tiene en la actualidad siete observatorios en su organigrama, que dependen de distintas consejerías: empleo (Trabajastur), salud (dependiente de la Consejería de Salud), sostenibilidad (adscrito al área de Medio Ambiente), observatorio de la infancia y la adolescencia (dependiente del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia), igualdad de oportunidades (adscrito al Instituto Asturiano de la Mujer), observatorio sobre drogas y el observatorio de la inmigración en Asturias.

 

Sáenz de Santamaría optó por un discurso cauto en el que valoró el esfuerzo realizado por el conjunto de las autonomías al señalar que se habían propuesto la extinción de 515 empresas públicas y que a estas alturas «ya están en fase de liquidación o cerradas 535». La portavoz del Ejecutivo planteó ayer un nuevo objetivo «más ambicioso» para llegar a la eliminación de más de 700 empresas, entes y fundaciones de ámbito autonómico.

 

El Principado ha contribuido a esa estrategia de reducción del sector público de las autonomías con la supresión de 7 entidades, que ha dejado el sector público asturiano con 76 empresas, entes y fundaciones. El Parlamento asturiano votó a finales de abril y a principios de mayo la primera ley del sector público regional, que incluyó la venta de las acciones de Sedes y Hoasa, la eliminación del Instituto Asturiano de Estadística y de las sociedades GITPA, Ditasa y Parque de la Prehistoria, así como la fusión del 112 y Bomberos de Asturias y de la Sociedad Regional de Turismo con Recrea. El Gobierno ha anunciado para el segundo semestre del año una segunda ley para fusionar las tres sociedades que actualmente integran el ente público de comunicación. Los partidos de la oposición, sobre todo Foro y el PP, coinciden en que todavía hay margen para meter más «tijera» en el entramado de entes, fundaciones y empresas públicas, que políticos de ambas fuerzas de la derecha asturiana no han vacilado en catalogar como «chiringuitos».

 

La eliminación de duplicidades «puntuará» a la hora de fijar el techo de déficit de cada autonomía. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reveló que el Gobierno «valorará» si las autonomías han aceptado sus propuestas sobre duplicidades y reducción de organismos públicos. «Las relaciones entre el Estado y las autonomías se incorporarán a las negociaciones para fijar los techos de déficit en el Consejo de Política Fiscal y Financiera», afirmó Montoro, quien aseguró que el informe CORA «es la más completa auditoría que se ha hecho nunca en España de las administraciones públicas».

 

El ministro de Industria, José Manuel Soria, anunció la creación de una plataforma para «centralizar todas las licitaciones públicas» que hagan las administraciones al tiempo que invitó a las autonomías a participar en este nuevo instrumento porque «no supone ninguna invasión de competencias». La ventanilla única para el comercio exterior, el apoderamiento electrónico, la simplificación del documento de autorización ambiental integral y la creación de un registro electrónico de vehículos en el Ministerio del Interior, en el que se podrán consultar desde las obligaciones tributarias hasta las cargas del vehículo o si cuenta con seguro, son algunas de las iniciativas incluidas en esta reforma del conjunto de las administraciones.

 

Además del acto en la Moncloa, que contó con los tres ministros, el Gobierno central aprovechó la presencia de otros altos cargos en distintos foros para soltar con cuentagotas sus propuestas. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, avanzó que el Gobierno presentará en julio una reforma que incluirá sanciones a las administraciones que no paguen sus facturas en un máximo de 30 días. El subsecretario de Presidencia y presidente de la CORA, Jaime Pérez Renovales, adelantó que el Ejecutivo implantará un sistema para medir la productividad y la eficiencia en las administraciones públicas. Y fuentes del Gobierno desvelaron que una de las medidas de ahorro recogida en el informe que aprobará el Consejo de Ministros es la propuesta a las autonomías para que eliminen sus Defensores del Pueblo, un paso que ya dará hoy el Parlamento asturiano con la supresión de la Procuraduría.