Llueven recursos contra la privatización de la sanidad madrileña ¡¡como no podía ser de otra manera!!
AMYTS y CCOO solicitan, judicial y administrativamente, la suspensión cautelar del concurso
En la misma mañana en que desde el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) se abrían los pliegos con las condiciones económicas de los licitadores a la gestión de seis hospitales públicos de Madrid, el sindicato profesional AMYTS presentaba en los Juzgados de lo Contencioso de Madrid una demanda contra la convocatoria para la licitación y la Federación de Sanidad de CCOO de Madrid requería a la Administración Sanitaria de la Comunidad para que paralizase el proceso de licitación.
Madrid 01/07/2013, Redacción, Acta Sanitaria.
En la misma mañana del viernes, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), tal como lo había anunciado el 19 de junio, presentó ante los Juzgados de lo Contencioso de Madrid una demanda contra la convocatoria para la licitación del contrato de servicios que privatiza seis hospitales de la Comunidad de Madrid. Según informó el sindicato profesional, en la demanda se recurre la resolución del 30 de Abril de 2013 de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, así como la Resolución de 3 de Junio de 2013, que modifica el apartado 2 de la cláusula 33 del Pliegos de Cláusulas Administrativas. Asimismo solicitó al juzgado la suspensión cautelar de ambas resoluciones, al entender que hay causas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas que presentan importantes vulneraciones del ordenamiento jurídico.
Planteamiento de CCOO
Por su parte, la Federación de Sanidad de CCOO de Madrid presentó, también el mismo viernes, un requerimiento a la Administración Sanitaria de la Comunidad de Madrid a fin de que se paralice con efecto inmediato el proceso la licitación de la gestión por concesión del servicio público de la atención sanitaria especializada correspondiente a los hospitales universitarios Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, del Henares, del Sureste y del Tajo, con el fin preservar y garantizar los derechos fundamentales seriamente comprometidos, al vulnerar normas y principios constitucionales y legales rectores del sistema sanitario público y de la función
El requerimiento presentado por CCOO se basa en los siguientes puntos: Vulneración Constitucional y legal al derecho a la salud y a un sistema sanitario público; vulneración del derecho a la función pública en su configuración constitucional y legal; e invasión de competencias en materia de docencia e investigación.
En relación con el primer aspecto, CCOO pone de manifiesto que el pago por cápita comporta un funcionamiento del sistema como contrato de seguro y no como un contrato de concesión administrativa. Y según comentó Rosa Cuadrado, secretaría general de la Federación de Sanidad de CCOO de Madrid, existe una extralimitación de la Consejería de Sanidad a la hora de elaborar y aplicar un nuevo modelo de gestión indirecta, sin correspondencia con la ley estatal sobre formas de gestión, puesto que la norma alude a la gestión indirecta de servicios, pero no supone establecer que un centro que ya es gestionado directamente pase a una gestión privada.
Además, dice, es indudable que se producirá una desigualdad financiera-económica en el sistema sanitario, que repercutirá en la atención sanitaria, puesto que los Hospitales que ceden su gestión, anualmente aumentarán su presupuesto, pues así lo establecen los pliegos de licitación, independientemente de lo pase lo que pase en la economía y en las arcas públicas; el resto de Hospitales de gestión directa podrán sufrir recortes, como viene sucediendo, si la asignación de los presupuestos a la partida sanitaria se rebaja.
Por otro lado, y en relación con el segundo aspecto, no existe una habilitación normativa que permita el trasvase de empleados públicos al sector privado, y supone una alteración sustancial de las condiciones de trabajo de los empleados públicos con plaza en propiedad.
Finalmente, y sobre la invasión de competencias en materia de docencia e investigación, Rosa Cuadrado señala que se vulnera el sistema de formación, docencia e investigación implantado en el Estado Español invadiendo claramente competencias exclusivas del Estado en esta materia. La Comunidad de Madrid, dice, no puede regular, ya que únicamente el Ministerio de Sanidad determinará si una Empresa privada, que gestiona la atención especializada de determinados Hospitales, cumple o no con los requisitos para ser un Hospital Universitario a los efectos de la formación de los especialistas sanitarios.
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