Otro pleito más, todos obligados, y de seguro no será el último
DEFENDIENDO LOS INTERESES DE ASTURIAS…
El Principado da el primer paso para recurrir el déficit ’a la carta’ y recusar al presidente del TC
El PP regional admite que el objetivo fijado «no es satisfactorio» y cree que un posible recurso debe tener «base jurídica» y no intencionalidad política
Foto: El portavoz del Ejecutivo regional y consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ayer, en su comparecencia posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno
07.08.13 - ANDRÉS SUÁREZ | OVIEDO, en El Comercio.
El Principado dio ayer el primer paso para recurrir en los tribunales el reparto ’a la carta’ de los objetivos de déficit para 2013. En su reunión de ayer, el Consejo de Gobierno encargó a los servicios jurídicos que estudien la viabilidad de emprender acciones legales sobre la base de que la distribución asimétrica aprobada por el Consejo de Política Fiscal sería «discriminatoria» con Asturias. Quiere el Ejecutivo que esa iniciativa, en caso de concretarse, cuente con el respaldo de todos los grupos políticos de la Junta, una posibilidad que suscita dudas en el PP, que vincula un hipotético apoyo a que el recurso tenga «una base jurídica seria» y no intereses políticos.
El movimiento de ayer supone comenzar a materializar la amenaza que el Gobierno lanzó horas antes de que, el pasado miércoles, se reuniese el Consejo de Política Fiscal. El portavoz y consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, anunció entonces que se contemplaba el recurso ante el Tribunal Constitucional como una opción si se concretaba un reparto del déficit lesivo para los intereses de la comunidad. Una hipótesis que se confirmaba esa misma noche cuando se asignaba al Principado un límite del 1,06% del PIB, frente al 1,3% de media y el 1,6% que recibe el territorio más favorecido, la Comunidad Valenciana. Desde entonces el Gobierno que preside Javier Fernández ha lanzado señales de su voluntad de acudir a los tribunales, una intención que ahora queda a expensas del criterio de su departamento jurídico.
Todo apunta a que habrá finalmente recurso ante el Tribunal Constitucional, en vista del descontento mostrado en los últimos días por el Gobierno y por las duras palabras de ayer de su portavoz. Martínez acusó al Ejecutivo central de «quebrar la equidad», de actuar «contra el sentido común», de «castigar» a Asturias pese a haber cumplido los objetivos en 2012 y de primar a comunidades de su mismo color político, caso de Extremadura, en detrimento del Principado.
El Ejecutivo, con todo, no actuará a toda prisa. Tiene margen en la medida en que la decisión del Consejo de Política Fiscal todavía no ha sido validada por el Consejo de Ministros y publicada en el BOE, paso previo a un eventual recurso. Además, Javier Fernández ya ha mostrado su voluntad de que las acciones a emprender cuenten con el mayor respaldo posible entre los grupos de la Junta.
Uno de ellos es el PP, cuya presidenta en Asturias, Mercedes Fernández, reconoció ayer que el reparto ’a la carta’ del déficit impulsado por su propio partido no ha sido positivo para la comunidad. «El resultado no es satisfactorio», admitió, si bien negó las acusaciones de que el Ministerio de Hacienda se moviera por cuestiones ideológicas recordando que Andalucía, también socialista, sí ha salido bien parada.
Pero una cosa es ese descontento y otra, sumarse a una acción judicial contra una decisión de un Gobierno de su propio partido. Mercedes Fernández no dio pistas claras de lo que hará pero sí ligó un hipotético respaldo a esa apelación a los tribunales a que el recurso tenga «base jurídica seria» y no esté guiado, como dio a entender que podría suceder, por intereses políticos.
Quien sí está abiertamente por la labor de recurrir es Foro, cuyo representante en el Senado, Isidro Martínez Oblanca, dio otra vuelta de tuerca a las críticas contra el déficit asimétrico y tildó de «enorme» el perjuicio para Asturias por una merma en la capacidad inversora que cifró en 200 millones de euros.
Podría darse la circunstancia de que el Principado acabase recurriendo al Constitucional casi a la par que recusa al presidente del tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, por su militancia en el PP. Porque el Consejo de Gobierno también encargó informes jurídicos para determinar si procede tal recusación en las siete causas que Asturias tiene pendientes de resolución.
El Consejo de Gobierno solicita informes motivados a los servicios jurídicos para recurrir el reparto del déficit asimétrico y recusar al presidente del Tribunal Constitucional
WEB del P. de Asturias
El Consejo de Gobierno ha acordado solicitar al Servicio Jurídico del Principado de Asturias sendos estudios sobre la viabilidad de iniciar acciones jurídicas frente al objetivo de estabilidad presupuestaria fijado por el Gobierno central para la comunidad autónoma en este ejercicio, y de recusar al presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, en los siete litigios que el Principado mantiene abiertos ante este organismo.
Sobre el denominado déficit a la carta, el Consejo de Gobierno ha encomendado a los servicios jurídicos analizar si existen motivos que avalen el ejercicio de acciones judiciales por parte del Principado frente al objetivo de estabilidad presupuestaria, ante el posible carácter discriminatorio que para la comunidad autónoma provoca el reparto asimétrico del objetivo del déficit.
Hasta ahora, los objetivos de estabilidad presupuestaria se fijaban haciendo coincidir el objetivo global establecido para el conjunto de las comunidades autónomas con el individualizado. Sin embargo, en la revisión efectuada para 2013, durante la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, se fijaron por primera vez objetivos diferenciados.
De este modo, el Gobierno del Partido Popular ha optado por un reparto diferente para cada una de las autonomías, tomando como punto de partida el objetivo alcanzado en 2012 (salvo para Extremadura, única comunidad a la que se le permite aumentar su límite de déficit), y dejando mayor margen a las que incumplen en detrimento de las que cumplen. Es el caso de Asturias, que ha cumplido sobradamente, aun estando en desacuerdo en el fondo con la política de desmedida austeridad que impuso el Ejecutivo de Rajoy.
La imposición del déficit a la carta confirma que el Ejecutivo del PP está dispuesto a quebrar la equidad e, incluso, el sentido común, en el trato a las comunidades autónomas, por lo que Asturias considera profundamente injusta la actuación del Gobierno central, que no sólo no reconoce, sino que castiga, la política financiera responsable del Principado. Y lo hace, además, sin tener en cuenta más información que el único dato de cierre de 2012.
El Gobierno del PP no ha valorado los esfuerzos realizados por el Principado que, a lo largo de los años, ha mantenido una gestión responsable de su déficit y de su deuda, ni ha respetado el grado de cumplimiento que cada comunidad autónoma tuvo en la ejecución de las medidas recogidas en sus planes económico-financieros así como tampoco ha considerado las circunstancias coyunturales de ingresos y gastos producidas en 2012 y que no van a repetirse en 2013: la liquidación de la cuenta sanitaria, por un importe de 45,6 millones.
La indignación del Gobierno del Principado crece cuando constata que la “excepcionalidad” que no se le ha tenido en cuenta a Asturias sí ha tenido valor diferencial para Extremadura, comunidad a la que curiosamente se la ha otorgado un déficit mayor que el año anterior, al descontarle el efecto del impuesto de depósitos bancarios.
Por lo que se refiere al presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, el Consejo de Gobierno ha demandado un estudio a los servicios jurídicos con el fin de examinar si concurren elementos de juicio suficientes para recusarle, apartándole del conocimiento de los procedimientos que el Principado de Asturias tiene pendientes ante el alto tribunal.
La decisión de estudiar la posibilidad de recusarle está motivada por la recientemente conocida militancia en el Partido Popular de Pérez de los Cobos, en tanto su ideología política pudiera hacer quebrar la imparcialidad judicial necesaria para juzgar los cuatro recursos pendientes de resolución que el Principado tiene abiertos en dicha jurisdicción.
Tres son recursos que el Principado ha interpuesto contra el Estado:
- Inconstitucionalidad: Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. 2012/0891
- Inconstitucionalidad: Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. 2012/0892
- Recurso de inconstitucionalidad contra el Artículo 19 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre; BOE de 28-12-2012: impuesto sobre depósitos bancarios. 2013/0384.
Un recurso lo ha interpuesto el Estado contra el Principado
- Inconstitucionalidad: Artículo 41y disposición final 7ª Ley Principado de Asturias 3/2012 de 28 de diciembre: impuesto sobre depósitos bancarios. 2013/0307
Asimismo, existe una cuestión de inconstitucionalidad planteada en el año 2007 sobre el impuesto de grandes superficies comerciales que afectan a un total de 39 procedimientos que se encuentran suspendidos en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias pendientes de la resolución de dicha cuestión por el tribunal constitucional.
El Gobierno del Principado considera imposible que alguien que milite en un partido político pueda mantener la independencia y la imparcialidad como presidente del más alto tribunal, intérprete supremo de la Constitución. Todo ello con el agravante de que ocultó su militancia durante la sesión del Senado dedicada a escuchar a los candidatos al Tribunal Constitucional, previa al nombramiento. El Gobierno del Principado tomará las medidas oportunas una vez que conozca el resultado del informe encargado hoy a los servicios jurídicos.
El Gobierno regional busca argumentos legales para recurrir al alto tribunal contra Montoro
07.08.2013, Oviedo, Á. F., en La Nueva España.
Los servicios jurídicos del Principado trabajan en busca de los argumentos jurídicos que permitan al ejecutivo regional plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el reparto asimétrico del déficit autonómico para 2013. Si la demanda contra la decisión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sale adelante, añadirán otra solicitud: la recusación del presidente del tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, en los casos que impliquen al Principado, tras su recientemente conocida afiliación al PP.
«Es imposible que alguien que milite en un partido político pueda mantener la independencia y la imparcialidad como presidente del más alto tribunal, intérprete supremo de la Constitución», manifestó el portavoz del gobierno, Guillermo Martínez, tras la reunión semanal de los consejeros con el presidente del Principado, Javier Fernández.
Asturias logró permiso para cerrar el año con un déficit del 1,06% de su Producto Interior Bruto, frente a comunidades como Valencia, que lograron el 1,6%.
Desde la filas populares en Asturias, su presidenta, Mercedes Fernández, que dio su apoyo al ejecutivo socialista en sus negociaciones ante el Ministerio de Hacienda, advierte ahora de que, para obtener su respaldo, como ha pedido el gobierno regional, el recurso de debe reposar sobre «una base jurídica solvente y sólida», además de no caer en trampas intelectuales».
El Consejo de Gobierno aprobó también la estrategia contra incendios 2013-2016, con 39 medidas de actuación; la concesión de 2 millones de euros en ayudas para la compra de libros de texto; la firma de cuatro convenios para obras hidráulicas en Picos de Europa y la comarca del Caudal, además de un acuerdo con el colegio de abogados para la prestación del servicio de intermediación hipotecaria.
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