Con la estrategia habitual: primero se lanza una propuesta absolutamente inaceptable y luego, cuando se rebaja el listón un poco, se espera a que se acepte como lo menos malo
Báñez se reúne el lunes con los agentes sociales para abordar la reforma de las pensiones
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, se reunirá el próximo lúnes, 2 de septiembre, con sindicatos y empresarios para abordar el desarrollo del factor de sostenibilidad de las pensiones, según ha anunciado este viernes la vicepresidenta del Gobierno.
nuevatribuna.es
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que el Ministerio de Empleo está "ultimando" una propuesta que servirá de base para el diálogo con los agentes sociales y que el objetivo del Gobierno es conseguir el "máximo consenso político y social" en la puesta en marcha de esta medida.
Sáenz de Santamaría ha indicado que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, informará el lunes "detalladamente" de los términos de la propuesta del Gobierno y, al ser preguntada por si se tendrá o no en cuenta el informe de propuestas que hicieron en su día los expertos, la vicepresidenta se ha limitado a señalar que el informe de estos 'sabios' tiene un "peso importante". "Por eso ha sido reclamado por el Gobierno", ha añadido.
Báñez ha informado este viernes al Consejo de Ministros del procedimiento y calendario que se seguirá para la aprobación del factor de sostenibilidad.
Tras el informe que se le encargó a los expertos, esta materia se abordó en el Pacto de Toledo, y ahora el Gobierno, previa negociación con los agentes sociales, diseñará un proyecto de ley que tiene intención de enviar al Congreso de los Diputados en el mes de septiembre.
El comité de expertos que nombró el Gobierno, compuesto por doce 'sabios', emitió a principios de junio un informe sobre el factor de sostenibilidad de las pensiones en cumplimiento del encargo realizado por el Ejecutivo.
El informe, que recibió el apoyo de la mayor parte de los miembros del comité, apuntaba a una doble fórmula para afrontar los riesgos demográficos y los económicos del sistema de pensiones. Por un lado, los 'sabios' proponían el llamado factor de equidad intergeneracional (FEI), ligado a la esperanza de vida y sólo aplicable a los futuros pensionistas, y el factor de revalorización anual (FRA), que no estaría ligado al IPC, sino a la evolución de los ingresos y gastos del sistema, y que afectaría tanto a los futuros pensionistas como a los actuales.
Los sindicatos expresaron en su momento su rechazo a las propuestas de los expertos y recordaron que en la reforma de pensiones pactada en 2011 ya se tomaron iniciativas que garantizaban la sostenibilidad de las pensiones, entre ellas el aumento progresivo de la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años.
Las centrales entienden que los problemas económicos que actualmente tiene la Seguridad Social, derivados de la destrucción de empleo y la caída de cotizantes, deben solventarse con medidas coyunturales y no con reformas de carácter estructural, como la planteada por los expertos.
El Gobierno quiere retrasar la reforma que rebajará las pensiones futuras
El «factor de sostenibilidad» no funcionaría hasta 2019
Las prestaciones asturianas suponen ya más de 300 millones al mes
31.08.2013, Oviedo, Agencias, en La Nueva España.
El Gobierno iniciará el lunes las conversaciones con los agentes sociales sobre la nueva reforma de las pensiones y pondrá sobre la mesa el diseño del llamado «factor de sostenibilidad» o «factor de equidad intergeneracional», el mecanismo que se aplicará a las pensiones futuras para vincular su cuantía a la esperanza de vida de los españoles. La utilización de ese factor puede suponer descensos significativos en las nuevas prestaciones, pero el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere dilatar su entrada en vigor. Según informaciones atribuidas al Ministerio de Empleo, el propósito del Gobierno es que la nueva reforma se aplique desde 2019 y no a partir de 2014, como recomendó el equipo de expertos al que se encargó un informe sobre el sistema público.
España ha sido emplazada por la Comisión Europea a abordar la nueva reforma de las pensiones. Es una de las condiciones que van unidas a la concesión de un plazo extra de dos años para reducir el déficit público al 3%. El informe que el Gobierno encargó a una comisión de expertos plantea dos cuestiones capitales: de una parte, un cambio en el cálculo de las nuevas pensiones que acompasaría su cuantía con la esperanza de vida; de otra, una nueva forma de revalorización anual de las prestaciones, ligada a la situación económica del sistema (ingresos y gastos) y desvinculada de la evolución de los precios.
Los expertos han planteado que el citado factor funcione de modo que los pensionistas reciban en el futuro, a lo largo de toda su jubilación, la misma prestación, con independencia de la generación a la que pertenezcan. Un ejemplo: si dos personas se retiran en las mismas condiciones de cotización en 2014 y en 2030, la pensión de esta última se calculará sobre la hipótesis de que viviría dos años y unos meses más que la primera; como en el conjunto de sus vidas de jubilados ambos deben cobrar lo mismo, sobre la pensión inicial del segundo se aplicará una rebaja del 10%.
Empezaría a ocurrir de ese modo a partir del próximo año si el Gobierno siguiera las recomendaciones del grupo de expertos y, también, las que han deslizado en alguna ocasión dirigentes de la Comisión Europea y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero el Gobierno está meditando no seguir el informe al pie de la letra. Los expertos sugieren que el factor de equidad intergeneracional se ponga en marcha dentro de período 2014-2019, si bien sugieren vivamente que se haga cuanto antes. El Ministerio de Empleo sopesa ahora que ese procedimiento no entre en vigor hasta 2019, al final de la siguiente legislatura. El Gobierno considera que las recomendaciones de los expertos son «de máximos», tanto en los plazos como en el diseño de los «mecanismos de sostenibilidad». La anterior reforma de las pensiones, impulsada en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, también contemplaba la implantación de un procedimiento para adecuar las pensiones a la esperanza de vida, pero para funcionar a partir de 2027.
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, confirmó ayer que los contactos de Empleo con la patronal y los sindicatos comenzarán el lunes. Y añadió que el Ministerio de Fátima Báñez está «ultimando» una propuesta que servirá de base para el diálogo y que el objetivo del Gobierno es conseguir el «máximo consenso político y social».
Las conversaciones coinciden mientras las cuentas de la Seguridad Social siguen dando señales de dificultad. El sistema tuvo un saldo positivo de 4.208,53 millones de euros en el primer semestre, pero tal superávit se produjo gracias a los 13.842,18 millones de euros en transferencias recibidas del Estado, cifra que supera en 6.530,49 millones de euros la registrada en el mismo periodo de 2012.
Los ingresos por cotizaciones sociales sumaron hasta julio un total de 57.706,23 millones de euros, un 3,61% menos que en el mismo periodo del año anterior. El Ministerio de Empleo achacó este recorte al descenso de las cotizaciones de los ocupados en un 2,35% y a la bajada de las de los desempleados en un 14,22%.
Al mismo tiempo, el conjunto de las prestaciones totalizaron 67.611,29 millones de euros. La mayor partida, la de las pensiones, supuso 61.678,16 millones, un 4,75% más interanual.
Otros datos oficiales recientes muestran que la nómina de las pensiones ya supone en Asturias más de 300 millones de euros al mes, con un aumento del 3,3% en relación a 2012. Según un indicador elaborado por la Seguridad Social, la región registra el mayor gasto en prestaciones por habitante.
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