Meridianamente claro
Sobre las pensiones… no nos cuente milongas, Sra. Ministra
Santos Ruesga (*) formó parte del Comité de Expertos para la reforma de las pensiones, siendo el único de los integrantes que votó en contra del informe.
nuevatribuna.es
El pasado lunes 2 de septiembre de 2013, la Ministra de Empleo y Seguridad Social presentó a los interlocutores sociales, sindicatos y empresarios, su propuesta para una nueva reforma del sistema público de pensiones. En esencia, la propuesta de la Ministra emana del contenido del informe que el pasado mes de junio presentó el Comité de Expertos nombrado por el actual Gobierno, consistente en la aplicación de dos “factores de sostenibilidad” para el cálculo de la cuantía de las pensiones.
Desde el punto de vista de la comunicación, la Ministra parece intentar repetir el viejo juego de diferenciar su propuesta frente a aquella otra, del Comité de Expertos, señalando la suya como “moderada” frente a la otra, se entiende que radical, y se deduce que se refiere a moderación en cuanto a la cuantía del bocado que tal tipo de propuestas van a lanzar a la cuantía y la revalorización de las pensiones. El mensaje a la opinión pública parece querer plasmar que el Gobierno ha escuchado las críticas y clamores adversos a la propuesta del citado comité y, magnánimamente, han decidido moderar sus actuaciones en la reforma que llevarán a cabo en el sistema de pensiones.
Una vez más esta señora ofende a los ciudadanos considerándonos lelos e iletrados. La propuesta de la Ministra no se mueve ni una línea del contenido básico de la que hace unos meses difundió el referido Comité de Expertos. Los dos indicadores presentados el pasado lunes son exactamente los diseñados por el citado Comité.
El primero, que ahora denomina Factor de Sostenibilidad a secas, es exactamente el que el grupo de expertos denominó “Factor de Equidad Intergeneracional” (FREI), para ser aplicado sobre las nuevas pensiones de jubilación; el matiz diferencial entre una y otra propuesta es que la oficial propone la entrada en vigor de dicho factor en el año 2019 y la de los expertos sugerían que fuera de inmediato en 2014. La diferencia no es sustancial y en cualquier caso las fechas están lejanas del año 2027 que a tal fin en propuso la Ley 27/2011 “sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social”.
Esta nueva fecha para la entrada en funcionamiento de este factor permitiría a la Ministra, a su juicio, mostrar su cara amable, frente a los exigentes Expertos, al retrasar un mecanismo que reducirá la cuantía de las pensiones para los jubilados cuando entran en el sistema público, en una proporción equivalente al aumento de la esperanza de vida a los 67 años desde el año 2019 hasta año en que se jubile una persona. Dado que el avance en la esperanza de vida es una cifra reducida para cada año, la cuantía del ahorro no realizado (supuesto de que entrara en vigor en el 2014) es reducida. La Ministra juega con fuegos de artificio.
El segundo componente de la reforma anunciada el pasado 3 de septiembre crea un Índice de Revalorización de las Pensiones que es exactamente lo que los expertos denominaron Factor de Revalorización Anual (FRA), mero cambio de epítetos. La fórmula presentada por la Ministra se encuentra en el epígrafe 4 del Informe referido y explicada en el Anexo al mismo, epígrafe “A3.5 El Factor de Revalorización Anual y la tasa de inflación”. No hay cambios. El matiz en ese caso estriba en que los expertos recomendaban que ante la eventualidad de que la aplicación de la fórmula a la revalorización de todas las pensiones pudiera resultar algún año en un efecto de disminución nominal del valor de la pensión se pusiera un suelo al resultado de dicha aplicación, de tal modo que como máximo las pensiones se quedarán nominalmente como estaban (seguir ganando lo mismo de un año para otro, para entendernos), aunque solo para los pensionistas actuales. A su criterio: “El sistema no puede llevar a reducir nominalmente sus pensiones porque implicaría cambiarles drásticamente las reglas de juego a personas que, por su edad, ya no tienen tiempo ni capacidad de reacción para adaptarse a las nuevas circunstancias”; aunque no para los pensionistas que entrarán al sistema a partir de la puesta en vigor del FRA. Habría que añadir que reducir las pensiones en su valor nominal probablemente resultaría inconstitucional. Y, lo que es más importante, todos los presentes en ese Comité entendíamos que resultaría políticamente impresentable (los que estaban a favor de la propuesta y el que estaba en contra) sacar a la calle una proposición para revalorizar las pensiones que en algún año significara su descenso.
Así parece haberlo entendido a Ministra y generosamente mueve ese suelo hasta una revalorización mínima del 0,25 por ciento, aunque no ha aclarado si es solo para los pensionistas actuales o afectará también a los futuros. Por otro lado, de las opciones que ofrecían los expertos para la puesta en marcha de este factor, o bien el 2014 o bien el 2019, la Ministra opta por la inmediatez, tratando de cumplir así con las exigencias comunitarias en materia de objetivos de déficit público. No olvidemos que es este factor o índice el que tendrá mayor impacto cuantitativo en cuanto a los gastos del sistema de pensiones, dado que las reducciones subsecuentes que se producirán en la revalorización anual de la cuantía de las pensiones (con respecto al criterio actual de aplicar la variación del IPC, según la Ley General de la SS), son notablemente más cuantiosas, a corto plazo, que el ahorro derivado de la aplicación del Factor de Sostenibilidad, que se aplicará solo a nuevos entrantes en el sistema y, por tanto tardará unos cuantos años en afectar a todos los pensionistas.
Es de agradecer no obstante, el cambio de nombre del FRA, en versión de los expertos, por Índice de Revalorización, puesto que así se pone de manifiesto su verdadera dimensión económica (y política): no es un mecanismo para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones a largo plazo sino un instrumento para reducir el déficit público a corto plazo, acorde con la política económica del actual gobierno (en concordancia con las autoridades comunitarias), según la cual alcanzar un déficit inferior al 3% del PIB nos llevará de forma inmediata e inexorable al paraíso (no sabemos a cuál y sobre todo a quienes).
La pregunta que hoy se hacen los nueve millones de pensionistas y quizás con más intensidad los casi ocho que irán entrando en los próximos 15-20 años, es ¿cuál será el resultado de esta reforma?, contenida en las propuestas que realizó la Ministra el pasado lunes.
La respuesta, con mayor o menor precisión, es que el valor real de las pensiones tenderá a disminuir, particularmente en los años de depresión, sin que se vaya a recuperar la pérdida de valor adquisitivo en la fase de recuperación. Y, de manera clara, la tasa de sustitución de la pensión (la relación porcentual entre la cuantía de esta y la del salario que se cobraba antes de pasar a la situación de pensionista) disminuirá gradualmente por el efecto conjunto de la aplicación de ambos instrumentos. Efecto a sumar a la reducción derivada de la aplicación de la Ley 27/2011, actualmente en desarrollo, estimada en términos agregados en una cuantía de entre 2,5 y 3 por ciento de PIB, a la altura del año 2050.
Es posible hacer las cosas de otra forma. Claro que sí. Insisto en lo que ya llegué a plantear hace unos meses en el citado Comité de Expertos y que sirvió de argumentario a mi explicación de voto en contra del informe aprobado por la mayoría.
Entonces y ahora insistía, e insisto de nuevo, en que el ajuste del sistema de pensiones debiera plantearse, primero, con mayor tranquilidad, observando los efectos sobre la sostenibilidad financiera derivados de la aplicación de la Ley 27/2011, dado que los problemas previstos por razones demográficas no alcanzarían su cenit hasta los años treinta de este siglo (momento en el que empezarían a incorporarse al sistema de pensiones las generaciones del “baby boom”, de finales de los sesenta y setenta del pasado siglo). Y, en segundo lugar, considero que una segunda reforma, como la que se está proponiendo, debiera pivotar no en el recorte adicional de las pensiones medias sino en otras actuaciones que fundamentalmente supusieran un aumento de los recursos destinados al pago de tales pensiones (que necesariamente significará una mayor aportación de los activos, en un contexto de un mayor número de pensionistas con respecto al total de la población) con el objetivo de asegurar la “suficiencia” de las mismas. Creo que el sistema de reparto que lleva funcionando ya tres décadas ha funcionado razonablemente bien, con reformas de por medio para solventar los problemas que han ido apareciendo, y puede seguir haciéndolo, asegurando un mecanismo de solidaridad entre los activos y los pasivos y, especialmente, a favor de los activos que menos recursos han tenido a lo largo de su vida activa.
El recurso a los fondos complementarios de pensiones, como aditamento a unas pensiones públicas decrecientes, no deja de ser una ironía en un país con un elevado nivel de desempleo, niveles salariales en descenso y ascenso intenso de las desigualdades en la distribución de la renta. Ahorrarán para una pensión complementaria los que puedan, que en la sociedad española no son tantos. Y, en todo caso los que puedan ahorrar una cuantía razonable para prever su contingencia de vejez, obviamente pueden acudir a cualquier mecanismo de ahorro, que no necesariamente pasan por los fondos de pensiones. Pero esto es harina de otro costal. De lo que aquí se trata, entiendo, es de asegurar una pensión pública suficiente, y recalco lo de suficiente.
Pero en esta tesitura de incertidumbres hacia la cuantía futura de la pensión pública sí hay ganadores; el miedo a reducidas pensiones futuras –y su evidencia con el transcurrir del tiempo- irá a alimentar fondos privados de pensiones con recursos de una clase media poco experimentada en la inversión financiera. Y aquí aparece un claro ganador: las entidades gestoras de los fondos privados, que cobrando jugosas comisiones (las más altas de Europa según la OCDE) verán crecer una línea de negocio, hasta la fecha muy poco desarrollada en España. Y es desde ahí, en el espacio de los ganadores con este tipo de reformas, desde donde se presiona, a través de los diversos medios que sistemáticamente difunden la nueva del futuro crack del sistema público de pensiones (ya lo hicieron con otros sesudos informes en los años noventa, cosechando un severo fiasco, entre otras cosas por no contemplar los cambios demográficos y económicos que implicaron las migraciones en España). Todo ello en favor de sucesivas reformas que carguen de forma continuada sobre la cuantía real de las pensiones públicas.
No es sólo una forma de hacer frente a la coyuntura, para reducir el déficit; detrás de este tipo de reformas hay un discurso ideológico sustentado en un cierto grupo de poder económico (y político) que redundará en una sociedad más desigual aún y, de forma particular, con desigualdades creciente en el nivel de vida de los pensionistas, colectivo de especial e intensa vulnerabilidad económica. De nuevo… el recurso al mercado como sustentador de un futuro resplandeciente.
(*).-Santos Ruesga es Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid y socio fundador de “Economistas Frente a la Crisis”.
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