En la sesión del parlamento regional de este viernes pasado
El Presidente reconoce que el abuso de los nombramientos "a dedo" fue un error
UPyD pregunta a Fernández si apoya "un modelo de Administración pública ocupada por los partidos"
Oviedo, M. P., en La Nueva España.
La catarata de resoluciones judiciales contrarias a los métodos de provisión de puestos de altos funcionarios en la administración asturiana forzó ayer al presidente del Principado, Javier Fernández, a reconocer ante el pleno de la Junta que su gobierno tomó una decisión errónea al optar por la libre designación para nombrar a 144 jefes de servicio. Este modo de proceder es incorrecto, asume Fernández, "a la vista de la decisión judicial" en la que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) acaba de anular los nombramientos. La política de provisión de puestos en la administración fue el argumento que escogió ayer el diputado de Unión, Progreso y Democracia, Ignacio Prendes, para estrechar la vigilancia sobre su "socio preferente" y reclamar al jefe del Ejecutivo regional atención sobre el cumplimiento de uno de los pilares que sostienen el pacto de legislatura suscrito entre UPyD y el PSOE, la reforma de la ley de Función Pública.
La sentencia del pasado lunes no era ni mucho menos la primera con los mismos argumentos. "Llovía sobre muy mojado", lamentó Prendes. El parlamentario magenta cuestionó al presidente "si comparte un modelo de administración pública ocupada por el aparato de los partidos" y Fernández se justificó argumentando que "siempre ha sido difícil delimitar lo administrativo de lo político en la administración pública" y mantuvo que en la Relación de Puestos de Trabajo recién tumbada por la justicia "no había ningún afán de manipular ni de convertir la administración en un elemento clientelar del PSOE". El presidente aprovechó su turno de réplica para desgranar el contenido del propósito de reforma de la ley de Función Pública que su gobierno tiene en marcha, para explicar cómo pretende trasladar a los hechos aquel propósito de enmienda que había formulado de palabra.
En el proyecto que ya había anunciado el Ejecutivo, "la libre designación quedará circunscrita a las secretarías de despacho y conductores de consejeros y viceconsejeros y a aquellos puestos de director de centros y establecimientos que requieran una especial confianza y responsabilidad". En cifras, los puestos de libre designación pasarán de los actuales 417 a 157 y en el nuevo número se incluye "el máximo de puestos directivos permitidos por la actual estructura, 72". Los planes del gobierno rebajarán los puestos de libre designación en un 62,35 por ciento para que los cargos "a dedo" sean el 0,78 por ciento de la estructura administrativa.
El Principado propone reducir de 417 a 157 los puestos a cubrir por libre designación
AGENCIAS | OVIEDO, en El Comercio.
El Principado reformará la Ley de Función Pública para reducir de 417 a 157 los puestos a los que será posible optar bajo la fórmula de la libre designación. «Supondrá una reducción del 62,35% y significan el 0,78% de los trabajos de la Administración autonómica», indicó ayer el presidente autonómico Javier Fernández. Según expuso, el propósito es que la libre designación quede limitada a las secretarías de despacho de consejeros y viceconsejeros, conductores y directores de centros que requieran una especial confianza.
Fernández esbozó esta solución después de que dos sentencias consecutivas reprocharan el excesivo uso de la libre designación realizado por el Ejecutivo de Vicente Álvarez Areces y también por el actual equipo de Gobierno.
En la Junta General el diputado de UPyD Ignacio Prendes preguntó ayer al presidente asturiano si consideraba que fue correcta la última decisión de proveer por sistema de libre designación los 144 puestos de jefatura de servicios en la Administración autonómica, a lo que respondió que «a la vista de la decisión judicial, no».
«Es difícil delimitar la raya de lo puramente administrativo y lo político en la Administración pública», indicó Fernández, quien considera que la distinción «ha sido un problema de siempre». En todo caso, el jefe del Ejecutivo regional garantizó que en el planteamiento tumbado por los tribunales «no había ningún afán de manipulación ni de convertir la administración un elemento clientelar del PSOE».
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