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Un juez casado con una consejera del PP cambia el tribunal sobre la privatización sanitaria de Madrid
El PSM recusará al magistrado, mientras que Ignacio González aplaude su decisión.
Gerardo Martínez Tristán ha decidido que 50 magistrados del TSJ de Madrid resuelvan el asunto
PÚBLICO/AGENCIAS, Madrid.
Un magistrado, casado con la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, ha irrumpido en las demandas contra la privatización sanitaria madrileña, y ha resuelto que sean los 50 jueces de la Sala de lo Contencioso del TSJ de Madrid los que resuelvan la cuestión. El pasado 10 de septiembre, una sección de 4 magistrados de esa sala ordenó paralizar la licitación del contrato de privatización de la gestión de seis hospitales madrileños.
El presidente de la Sala, Gerardo Martínez Tristán, adoptó el pasado viernes el acuerdo de que fuesen a partir de ahora los 50 magistrados que la componen los que resuelvan todas las demandas y recursos que se planteen sobre este asunto. La razón oficial: que se había producido una contradicción entre la sección tercera de la Sala - que resolvió la paralización del proceso a instancias de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) - y la Sección Octava, que más recientemente, y a sugerencia de la Fiscalía, ha resuelto en sentido opuesto ante una demanda de CC.OO. sobre la misma materia.
En el mismo acuerdo, Martínez Tristán, que es uno de los candidatos a integrarse en el próximo Consejo General del Poder Judicial, señala que para los asuntos de "despacho ordinario" de las demandas, a partir de ahora resolverá una sala formada por él, el presidente de la sección correspondiente y el ponente ya designado.
El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha anunciado que solicitará la recusación de Martínez Tristán porque está "implicado" e "involucrado" con el PP. Concretamente, Gómez ha indicado que el juez es el marido de la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Marta García, y que se trata de "una de las personas que quiere colocar el PP" en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según informa Europa Press. La información fue adelantada por el diario digital Infolibre.
Por su parte, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha asegurado este miércoles que ve "razonable" que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya acordado agrupar en una misma sala los recursos que hay encima de la mesa sobre la externalización de la gestión de los hospitales públicos madrileños de la comunidad de Madrid.
"Me parece que es lo razonable y lo que venimos diciendo desde hace tiempo porque no puede ser que estemos permanentemente con una sala diciendo una cosa y otra cosa. Es un tema de extraordinaria transcendencia. Y por lo tanto, me parece bien que se unifique todo y se resuelva todo de una vez", ha subrayado.
Así, ha señalado que algunas decisiones de los tribunales son "un exceso desde el punto de vista de su actuación", ya que es a "la Administración a la que le corresponde decidir como organizar sus servicios". Además, ha recordado que el concurso público es "una modalidad que prevé la ley de sanidad y de contratos que se está aplicado ya. "No hay razón jurídica para que eso no se pueda hacer. La decisión es respetable, pero pararlo por precaución sin especificar no es razonable", ha indicado y ha tachado de "grave" condicionar "la autonomía de las administraciones para organizar sus servicios".
En la misma línea se ha expresado también el consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, que ha considerado "absolutamente imprescindible" que una sola sala agrupe todos los recursos sobre la privatización sanitaria.
"Creemos que era una medida absolutamente imprescindible", ha apuntado el consejero para señalar que antes había dos secciones de la misma Sala que trataban esa cuestión y que se llevaba ya varios meses en los cuales se veían decisiones de "distintos órganos judiciales y además contradictorias entre sí". "Creemos que es lo mejor", ha insistido a continuación sobre la agrupación de todos los recursos en una sala, informa Europa Press.
Por otro lado, el titular de Sanidad de la Comunidad de Madrid "espera y desea" que se produzca una "resolución favorable" a los planteamientos del Gobierno regional y se pueda "continuar avanzando" en la "externalización" de los seis hospitales, una fórmula que funciona ya desde hace años en otros tres centros hospitalarios de la región.
El PSOE recusará al juez que decidió asumir todas las causas sobre privatización de hospitales en Madrid
El magistrado del TSJM Francisco Martínez Tristán está casado con una consejera del PP en Castilla-La Mancha y se presenta a vocal del Consejo General del Poder Judicial, que deberán votar los diputados y senadores.
La privatización está momentáneamente suspendida por decisión del TSJM.
Raúl Rejón, en eldiario.es
La batalla por la privatización de seis hospitales públicos en Madrid se está jugando ya en los tribunales. Serán los jueces los que terminen decidiendo si la atención sanitaria de más de un millón de personas pasará a manos de empresas privadas o no. En ese contexto, el Tribunal Superior de Justicia ha dado un paso y decidido aunar todos los recursos legales contra "la Gestión por Concesión del Servicio Público de la Atención Sanitaria Especializada", propuesta por el Gobierno de la Comunidad de Ignacio González.
A la cabeza de la decisión y de la sala que ahora tomará todas las decisiones sobre el proceso privatizador está el magistrado Francisco Gerardo Martínez Tristán. Martínez Tristán está casado con la actual consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada (PP). Además, el magistrado está entre los candidatos a vocales del Consejo General de Poder Judicial que deberán votar próximamente las Cortes Generales, según el acta de la Junta Electoral de 8 de agosto. Los diputados y senadores, elegirán a los nuevos vocales al estar a punto de expirar el mandato. En las listas remitidas a la Cámara Alta y Baja está el juez Martínez.
El TSJM ha querido aclarar en un comunicado que el hecho de que hasta nueve magistrados distintos estén tramitando recursos contra la cesión a empresas de la gestión de hospitales "resulta o puede resultar contradictorio" y que la unificación se ha hecho "a sugerencia del Ministerio Fiscal", y que cualquier resolución "la adoptará la totalidad de los cincuenta Magistrados que componen la Sala". Aun así, el PSOE ha anunciado que recusará al magistrado por su "vinculación con el PP".
La licitación está ahora mismo parada cautelarmente por la decisión de dos juzgados diferentes, el nº 4 de Instrucción y el TSJM. Pero la oleada de iniciativas judiciales para tratar de frenar la privatización era un aspecto central en el discurso del consejero responsable del proceso en la región, Javier Fernández Lasquetty, en la Asamblea de Madrid el 3 de octubre: "Gracias al señor [Tomás] Gómez y a otras asociaciones afines estamos viviendo un auténtico carrusel de decisiones judiciales contradictorias entre sí que se suceden y se superponen unas a otras, lo que genera, desde luego, confusión e inseguridad jurídica. Su partido no puede pretender trasladar argumentos de oposición política a los tribunales. Los tribunales no están para decidir lo que ellos o la presión ciudadana tengan por conveniente (...), sino para verificar si se ajusta a la legalidad. Y de momento, no ha habido ninguna decisión judicial sobre el fondo del asunto".
La suspensión cautelar de la entrada de empresas en los seis hospitales madrileños ha impedido, de momento, que las contratistas adjudicadas (Ribera Salud, Sanitas e Hima San Pablo) hayan podido entrar en los centros sanitarios a partir del 1 de octubre, como tenía previsto el Ejecutivo regional.
50 jueces decidirán si se reactiva la privatización sanitaria en Madrid
El PSOE recusará al magistrado que presidirá el pleno por su relación con el PP
Martínez Tristán aspira a formar parte del Consejo del Poder Judicial
Elena G. Sevillano, Madrid, en El País
Un pleno de 50 magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tiene en su mano el éxito o el fracaso del mayor proceso de privatización de la gestión sanitaria emprendido en España. La Comunidad de Madrid (PP) abrió un concurso para entregar a empresas la gestión de seis hospitales construidos en 2008, un plan que lleva paralizado cautelarmente desde el 11 de septiembre por decisión judicial a la espera de que haya sentencia firme. Lo que parecía el golpe definitivo a las intenciones del Gobierno regional —el fallo podía demorarse entre año y medio y dos años— acaba de dar un vuelco. El presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, Gerardo Martínez Tristán, ha decidido concentrar todos los recursos en el pleno, bajo su presidencia.
La decisión, por tanto, depende ahora de los 50 magistrados que forman ese pleno, que con su voto —tienen solo uno, incluido el presidente— determinarán si se reactiva el proceso de privatización. Martínez Tristán acordó el 11 de octubre agrupar “todos los recursos existentes” al considerar que las resoluciones que ya han dictado dos secciones de la Sala (la tercera y la octava) “resultan o pueden resultar contradictorias”. La decisión afecta a los recursos ya en marcha y a los que se puedan presentar en el futuro.
El PSOE anunció ayer que va a recusar a Martínez Tristán porque considera que su relación con el Partido Popular le resta imparcialidad. Esta formación recordó que el magistrado está casado con una consejera del Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada, actual titular de Fomento en este Ejecutivo y anteriormente alto cargo de la Comunidad de Madrid. Martínez Tristán también es, según subrayó ayer el PSOE, uno de los 55 candidatos entre los que el Congreso deberá elegir a los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces. Según fuentes próximas al CGPJ, se trata de un magistrado “muy conservador”.
La sección tercera, en su auto de septiembre pasado, ordenó la suspensión cautelar del proceso de privatización de la gestión de los hospitales. Explicitó que se debía mantener la prestación sanitaria tal y como está hasta que haya sentencia, lo que podía suponer entre año y medio y dos años. Sin entrar en el fondo del asunto, apuntaba a irregularidades en el concurso de adjudicación. Estimaba así el recurso de la asociación de médicos AFEM, una de las más activas en la marea blanca contra la privatización sanitaria, que había denunciado, entre otras cosas, que el Gobierno regional cambió las condiciones del concurso y redujo a casi una décima parte la garantía que deben depositar las empresas concesionarias (de 233 a 28 millones). La sección tercera afirmó en el auto que el cambio “supone una modificación sustancial de las condiciones” que “podría haber limitado el principio de libre concurrencia competitiva”.
La decisión de Martínez Tristán se produjo el 11 de octubre. No la podría haber tomado de no existir un auto fechado dos días antes en el que la sección octava de la misma Sala inadmite el recurso de Comisiones Obreras contra el proceso de privatización. Fue el propio tribunal, presidido por Inés Huerta Garicano, el que planteó la inadmisibilidad y finalmente acordó rechazar el recurso del sindicato, del que afirma que “ha errado el planteamiento procesal”.
Huerta Garicano es candidata a una vacante en la sala tercera del Tribunal Supremo y, según fuentes jurídicas, cuenta con el apoyo de los vocales conservadores. Expertos jurídicos consultados por este diario se han mostrado extrañados por la decisión del presidente de la sala. En primer lugar, señalan que la avocación a pleno (trasladar la competencia para resolver en un asunto desde un órgano jerárquicamente inferior a otro superior, en este caso, el pleno) es algo “inusual” en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por otro lado, consideran que las resoluciones de la sección tercera —la que ordenó paralizar el proceso hasta que haya sentencia— y la octava no son exactamente contradictorias.
Miguel Ángel Muga, abogado de AFEM, dijo ayer estar “sorprendido” porque se haya tomado la medida ahora, “justo cuando la sección tercera tenía que resolver los recursos de reposición que habían presentado la Comunidad de Madrid y las empresas concesionarias”, y no al principio de los procesos judiciales. “No nos parece adecuado, pero confiamos en lo que decidan los magistrados”, añadió. Muga considera que, en casos como este, en los que hay varios recursos con el mismo objeto tramitados por distintas secciones, “estos pueden acumularse, es decir, tramitarse todos juntos en la sección correspondiente, o debería tramitarse solo el primero y dejar en suspenso los demás hasta que se dicte sentencia”.
El acuerdo de Martínez Tristán se adopta en base al artículo 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), según el cual “podrán ser llamados, para formar Sala, todos los magistrados que la componen, aunque la ley no lo exija, cuando el presidente, o la mayoría de aquellos, lo estime necesario para la administración de justicia”.
“Lo lógico sería que, por apariencia de conflicto de interés, o por conflicto de interés potencial, el presidente de la Sala se abstuviera de este asunto. No tanto por ser marido de quien es, que también, sino por depender de los votos del PP para sus aspiraciones profesionales”, señaló el portavoz de Sanidad del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire. “La Justicia no puede estar al servicio de un partido político”, afirmó el secretario general del PSOE de Madrid, Tomás Gómez.
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, consideró una “medida absolutamente imprescindible” la decisión de agrupar los recursos, en declaraciones remitidas por escrito a los medios. El presidente madrileño, Ignacio González, afirmó en la Asamblea de Madrid que la medida es “razonable”, que espera que “se resuelva todo de una vez” y señaló que algunas decisiones de los tribunales son “un exceso desde el punto de vista de su actuación”, ya que es a “la Administración a la que le corresponde decidir como organizar sus servicios”, informa EP.
VER EL ACUERDO DICTADO POR MARTINEZ TRISTAN
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