Lo sabemos, pero conviene recordarlo cada poco no sea que acabemos resignándonos

Asalto a la sanidad pública

Por Pedro Luis Angosto, en nuevatribuna.es.

09 Abril 2014.

Hasta bien adentrado el siglo XX, el cuidado de la salud de la mayoría de las personas estaba en manos del clero y de instituciones de beneficencia que almacenaban a los enfermos en naves insalubres en las que los galenos luchaban contra la muerte y la superstición sin más medios que su voluntad y la intuición clínica aprehendida de sus maestros y de la diosa experiencia. En esas condiciones, las más de las veces la batalla la ganaba la Parka, que contaba con aliados tan potentes como la ignorancia, la falta de condiciones higiénicas y la ausencia de medicinas efectivas. Una vez más fue la toma de conciencia de los trabajadores, su organización en sindicatos de clase y la amenaza que esto suponía para el viejo orden establecido lo que condicionó a los distintos gobiernos europeos para, partiendo de las sociedades de socorros mutuos, ir dando forma a un sistema de previsión de carácter general que atendiese a los trabajadores y sus familias impidiendo al mismo tiempo el trabajo a los niños, a los viejos y a las mujeres embarazadas. El 27 de febrero de 1908, haciendo caso a las recomendaciones de la Comisión de Reformas Sociales que presidía Gumersindo de Azcárate, el Gobierno Maura aprobó la constitución del Instituto Nacional de Previsión, germen de lo que muchos años después sería el Sistema Nacional de Seguridad Social, que a partir de la histórica Ley General Sanitaria de 1986 implantó en España el derecho universal de todos los ciudadanos a una asistencia médica de calidad que se prestaría en la red de hospitales públicos. A partir de ese año, todos los españoles, independientemente de sus ingresos, sus cotizaciones o cualquier otro atributo personal, quedaron protegidos por la Sanidad Pública Estatal produciéndose el mayor avance asistencial de nuestra historia, lo que se manifestó en el aumento sin precedentes de la esperanza y la calidad de vida de todos los ciudadanos y en el posicionamiento del Sistema Público Sanitario de nuestro país entre los tres primeros del mundo.

 

Es evidente que, sin ser uno de los tres países más ricos del planeta, gozar de uno de los tres sistemas de salud más eficaces del mundo es un mérito que se debe, sin ningún género de dudas a una política adecuada, al buen hacer de nuestros profesionales de la medicina, a su vocación y a la eficacia organizativa que, con todos sus defectos, lo ha caracterizado hasta hace bien poco: Según el informe de la OCDE de 2012 mientras en Estados Unidos para un sistema de salud privado que deja fuera a un tercio de la población el gasto por habitante es de 7960 dólares, en España, con un sistema universal, el gasto tan solo es de 3.067 dólares, lo que explica a las claras las enormes ventajas de nuestro sistema respecto al norteamericano, en el que todo se rige por la maximización de beneficios en detrimento de la salud general. Pero es que además, el acceso a la salud en ese país del norte de América se hace por la vía estrictamente privada, tanto vale su enfermedad, tanto paga si quiere ser tratado, o por seguros privados que tienen en cuenta sus hábitos alimenticios y sociales, su edad, su genética y otros factores que hacen que muchísimas personas tengan que hipotecar su casa para someterse a una simple operación quirúrgica de apéndice o, en caso de carecer de propiedades o de ingresos suficientes, acudir a los hospitales municipales de la Beneficencia donde se practica una medicina decimonónica.

 

Pues bien, pese a que todos los estudios nacionales e internacionales alaban y encomian el Sistema Nacional de Salud español, basado en la medicina pública, el actual Gobierno central y los autonómicos de Cataluña, Valencia y Madrid se han propuesto su desmantelamiento para dar entrada al negocio en las cosas de la salud individual y general. La Salud de todos los españoles, de no mediar respuesta adecuada y contundente de los afectados, pasará en breve a depender del nivel de ingresos que cada cual tenga, dejando la sanidad pública como elemento residual para quienes no tengan dónde caerse muertos. El plan comenzó a ejecutarse hace años en Cataluña, Valencia y Madrid, pero desde la llegada del Partido Popular al Gobierno Central forma parte esencial de la política sanitaria estatal y se manifiesta en dos planos. Por un lado, se externalizan, privatizan y arrendan servicios cada vez más amplios de la actividad hospitalaria, no porque sea más barata y eficaz, que en ningún caso lo es, todo lo contrario, sino porque da ganancias millonarias a los amigos beneficiados a costa de la salud de todos; por otra parte, y este es el procedimiento más dañino, mediante el despido de miles y miles de trabajadores sanitarios, el cierre de quirófanos, la obsolescencia tecnológica y la paralización de las inversiones en investigación, se está produciendo un colapso general en la mayoría de los centros hospitalarios del Estado, lo que se traduce en listas de espera tan disparatadas que muchas veces sobrepasan lo que el enfermo puede aguantar, obligándole a recurrir a centros privados como último recurso para intentar salvar la vida. No es eso una casualidad, ni el resultado del envejecimiento de la población, es, sencillamente, el resultado de una política sanitaria que pretende oxidar el Sistema Nacional de Salud para hacerlo odioso a quienes necesitan de él para poder seguir viviendo.

 

Sigue conservándose el Sistema Nacional de Trasplantes que tan eficazmente dirige el Dr. Matesanz porque no sería rentable su privatización, pero sobre todo porque es una forma de decir al exterior que aquí no existen los recortes sanitarios ya que continuamos teniendo el mejor sistema de trasplantes del mundo, un sistema que quieren copiar los países más desarrollados, pero no se hace por convicción sino para tapar el colapso en el que está entrando gracias a los brutales recortes perpetrados por el Gobierno Central y los autonómicos el sistema hospitalario público español, que es el que nos asiste a todos y el que ha conseguido las mayores cotas de salud y bienestar de nuestra historia. Por falta de medios humanos y materiales, los hospitales de todo el Estado español no pueden asistir al número de enfermos que ingresan diariamente, se dan plazos vitalmente imposibles para angioplastias, diálisis, quimioterapias, pruebas hemodinámicas, gastroscopias y todo tipo de pruebas e intervenciones quirúrgicas, no porque el sistema no sea capaz, que lo ha sido hasta hace muy poco, sino porque los gobiernos central y autonómicos han decidido su privatización por acoso y derribo. Ante esa situación de asalto a uno de los derechos sagrados conquistados por nuestra sociedad a lo largo de décadas y décadas, sólo cabe la insurrección cívica porque nuestro futuro y el de los que vienen detrás está en peligro y lo estará más cuando sean los negociantes y los mercaderes quienes decidan a quien se asiste y a quien no dependiendo del volumen de su cuenta corriente.