Lo lógico ahora sería que se vieran en la obligación de devolver lo ilegalmente recaudado y que los responsables de la implantación de la medida asumieran las debidas responsabilidades dimitiendo

ADEMAS EL EFECTO RECAUDATORIO PERSEGUIDO, TAL Y COMO SE HABÍA ADVERTIDO DESDE MULTITUD DE AMBITOS, NO SE PRODUJO… (VER NOTICIA ANTERIOR AL RESPECTO)

El Constitucional se pronuncia en contra del euro por receta de Cataluña

07.05.2014, Madrid, en La Nueva España.

 

El Tribunal Constitucional dictaminó ayer que es inconstitucional el pago de un euro por receta aplicado en Cataluña porque vulneró las competencias estatales en materia de sanidad y, además, resultó "gravoso" para los ciudadanos que se vieron obligados a pagar esa tasa para adquirir medicamentos con recetas.

 

Ésta es la primera sentencia del Constitucional sobre esta cuestión que generó una gran polémica hace dos años en plena crisis económica. También la Comunidad de Madrid adoptó una medida similar, que, al igual que la de Cataluña, fue suspendida de forma cautelar por el tribunal a los pocos meses de ponerse en vigor.

 

Las farmacias catalanas dejaron de cobrar el euro por receta en enero de 2013, cuando la Generalitat -que había recaudado 45,7 millones desde su implantación en junio de 2012- recibió la notificación de la suspensión cautelar de la tasa adoptada por el Tribunal Constitucional tras admitir el recurso del Gobierno contra esta medida.

 

Aunque la decisión tomada ayer por el Constitucional sólo se refiere al euro por receta en Cataluña, es seguro que la misma resolución se produzca en el recurso pendiente sobre la aplicación también de esta medida en Madrid, ya que ambas iniciativas han corrido la misma suerte en el citado tribunal.

 

El Tribunal Constitucional declara ilegal el euro por receta de Cataluña

Considera que el gravamen altera el modelo sanitario.

Se espera que la decisión también se repita en el caso de Madrid

07.05.14 - CRISTIAN REINO | MADRID, en El Comercio.

 

La Generalitat catalana no podrá aplicar una de las tasas más impopulares que creó durante los años de recortes generalizados. El pleno del Tribunal Constitucional declaró ayer contrario a la Carta Magna el euro por receta que el Gobierno catalán impuso como gravamen para cada medicamento expedido con prescripción médica. Se espera que la decisión se repita para la Comunidad de Madrid, que también adoptó el euro por receta, medida que fue recurrida por el Gobierno central. El argumento del Ejecutivo fue de defensa competencial y alegó que las autonomías no pueden fijar precios de productos sanitarios.

El Constitucional ha dado la razón al Gobierno y en su sentencia señala que «el régimen de sostenimiento económico, en lo que respecta a la sanidad, forma parte de la competencia básica del Estado». Recuerda además que la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas establece que el Estado «garantizará en todo el territorio español el nivel mínimo de los servicios públicos», entre los que se encuentra la sanidad, y que el Sistema Nacional de Salud es «único» y que su financiación se hace con cargo al Fondo de Garantía de Servicios Públicos, un mecanismo que busca asegurar que todas las comunidades autónomas reciben los mismos recursos por habitante. «El euro por receta altera el modelo y penaliza a los catalanes, pues el pago de la tasa es una condición para la dispensación de fármacos», remata la resolución.

El Ejecutivo catalán justificó ayer el gravamen como «consecuencia de un contexto de imposición de recortes por parte del Gobierno central», quien a su juicio se «burla de quienes padecen los ajustes». «Estamos administrando las cosas en este contexto, la Generalitat hace esfuerzos para no tener que acometer tantos recortes», afirmó el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs.

La medida -que no se aplicaba desde hace más de un año, ya que el Constitucional la suspendió de manera cautelar- solo estuvo en vigor entre junio de 2012 y enero de 2013, periodo en el que el Gobierno catalán recaudó unos 47 millones de euros. Según los cálculos del Ejecutivo autonómico, la tasa estaba diseñada para reportar de manera directa a las arcas catalanas unos 100 millones anuales y además beneficiaría indirectamente al sistema público de salud, ya que estaba previsto que actuase de forma disuasoria y por tanto debía fomentar un consumo más sostenible de medicinas. La tasa fue pergeñada para que se abonara por cada receta expedida por el Servicio Catalán de la Salud y siempre que fuera retirada en una farmacia de la comunidad de Cataluña. El pago del euro, además, no se estableció para todos los casos ni para todos los fármacos.

Los cálculos del Gobierno catalán estimaban que cada ciudadano pagaría una media de 13 euros al año por la tasa. La iniciativa estaba enmarcada en la política de ajustes presupuestarios que lleva a cabo el Gobierno catalán desde que en 2010 CiU llegó al Palau de la Generalitat.

 

La FADSP ante la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Euro por receta

 

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública se congratula de la sentencia del Tribunal Constitucional que declara ilegal el euro por receta cobrado en Cataluña.

 

Entendemos que por los mismos motivos sucederá igualmente con el cobrado en la Comunidad de Madrid.

 

La FADSP ya había señalado que estas tasas vulneraban claramente la legislación vigente y penalizaban a las personas mas enfermas y con menos ingresos dificultando su acceso a las prestaciones farmacéuticas, en muchos casos medicaciones imprescindibles para su vida.

 

Ahora razonablemente  habría que exigir:

 

     1) El reintegro de las cantidades indebidamente percibidas por las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña, con los intereses pertinentes.

 

     2) La dimisión de los responsables de la puesta en marcha de estas tasas ilegales, especialmente en el caso del presidente de la Comunidad de Madrid (el consejero de Sanidad ya dimitió por otros motivos) por su empecinamiento en poner en marcha esta tasa  cuando el TC ya la había suspendido cautelarmente en Cataluña.

 

De todas maneras habría que hacer una reflexión sobre como pagaran estos responsables políticos los daños causados. No estaría de más que la fiscalia los llevara a los tribunales porque si hubieran incurrido en prevaricación.

 

 Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP)