El Principado no recurrirá la sentencia que lo desautoriza en la exclusión de Adepas

Una resolución del TSJA que cuestiona la política social de Esther Díaz

El consejero de Presidencia culpa a "la mesa de contratación" y la oposición acusa a Bienestar de hacer interpretaciones legales erráticas

Lne. 24.07.2014 | 01:54 F. TORRE / L. S. NAVEROS / P. RUBIERA

 El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, aseguró ayer que el Gobierno regional no tiene previsto recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que obliga a integrar a la Asociación Pro Ayuda a Deficientes Psíquicos de Asturias (Adepas) en el acuerdo marco para centros de acogida del Principado de Asturias y que "habrá que esperar a que sea firme" para ejecutarla.

El Consejero restó calado político a la polémica surgida en torno a la asociación de Noreña, destacando que su marginación se debió a "una decisión de la mesa de contratación", y matizando que la sentencia del TSJA sólo da "parcialmente" la razón a Adepas.

La decisión de apartar a Adepas, un conflicto que se prolongó durante varios meses y colocó a la asociación en una situación que hizo peligrar su futuro, propició la reprobación en la Junta de Esther Díaz. La Consejera se encontraba ayer fuera de Asturias.

En el seno de la asociación, la decisión de Bienestar de no recurrir la sentencia fue acogida con gran satisfacción, aunque el colectivo prefiere esperar a que se reúna su junta directiva antes de hacer una valoración. En todo caso, los abogados del bufete ovetense Valdés-Hevia, que defiende a Adepas, ya están analizando los posibles escenarios que tendrán que afrontar, toda vez que, tal y como informó LA NUEVA ESPAÑA en su edición de ayer, su intención es la de solicitar la ejecución de la sentencia a la mayor brevedad posible.

Adepas tendrá que esperar a que el fallo sea firme, teniendo en cuenta además que el mes de agosto no es hábil, lo que da a la Consejería unas semanas para organizar el proceso. En la asociación se prevén, en principio, dos escenarios: que el Principado pueda integrar a Adepas en el acuerdo marco de manera directa y sin perjuicio a terceros, lo que supuestamente debería ir acompañado de una ampliación de las partidas económicas destinadas a este convenio, o que se reinicie todo el proceso de contratación, lo que podría tener implicaciones para otros colectivos.

Según los abogados, ambos escenarios son viables jurídicamente, aunque, por norma general, lo que se suele hacer en casos como éste, en los que la participación en el convenio no es a través de una concurrencia competitiva, es tender a una solución que no implique retrotraer todo el proceso de contratación al inicio. Es decir, integrar directamente a Adepas en el acuerdo marco sin implicar al resto de colectivos.

Bienestar deberá aclarar qué pasará con el convenio a tres bandas que firmó con el colectivo y con el Ayuntamiento de Noreña, que, entre otras cosas, obligó a Adepas a ceder su sede noreñense al Consistorio. Un convenio que tiene asignada una partida económica que podría ser la que, sumada a la del acuerdo marco, permitiera la integración de Adepas sin perjudicar al resto de grupos.

La junta directiva de la asociación se reunirá con sus abogados para decidir los pasos a seguir. El colectivo tiene muy claro que en ningún caso van a renunciar a sus derechos, que pasan, en primer lugar, por su integración en el acuerdo marco, y, en última instancia, por reclamar las cantidades que han dejado de percibir por su exclusión del mismo.

"Nos parece muy importante que la posición política que mantuvimos en la Junta haya sido avalada por el TSJA, lo que demuestra que en esta materia, como siempre hemos dicho, hay varias interpretaciones jurídicas y la Consejería opta siempre por la menos beneficiosa para las entidades que prestan servicios a los colectivos sociales más vulnerables", declaró ayer Noemí Martín, diputada de IU.

"Estaba claro que iba a producirse este resultado jurídico. Como dije en la Cámara, lo que hizo Bienestar no tenía mucho sentido ni desde el punto de vista político ni jurídico", subrayó Victoria Delgado, diputada del PP.

El Grupo Popular y Foro impulsaron en la Junta la reprobación de Esther Díaz, que salió adelante con sus votos y la abstención de IU y UPyD.

"La sentencia debería tener consecuencias en el ámbito de la Consejería porque es suficientemente clara y grave. Bien la Consejera, que sostuvo contumazmente que no era posible otra interpretación legal, o los altos cargos del departamento que la condujeron a este callejón sin salida, en éste y en otros tantos asuntos, deberían asumir las responsabilidades oportunas", indicó Ignacio Prendes, diputado de UPyD.

La reforma de la ley de Servicios Sociales matiza el papel de lo privado

Bienestar presentará a las asociaciones un anteproyecto que elimina el artículo que equipara a entidades públicas y privadas

Lne. 24.07.2014 | 01:54 P. R.

 La Consejería de Bienestar Social presentará mañana a las asociaciones del llamado tercer sector el anteproyecto de ley que modifica parcialmente la ley de Servicios Sociales del Principado. El texto suprime el artículo más polémico del borrador inicial, que equiparaba a entidades públicas y privadas a la hora de poder optar a conciertos en materia de discapacidad, infancia y colectivos en riesgo de exclusión social.

El nuevo texto habla de "régimen de concierto social" como diferenciado de la modalidad contractual de "concierto que regula la normativa de contratación del servicio público". Y cita a las "entidades de iniciativa social" como aquellas que podrán suscribir conciertos sociales, siempre que cuenten con la oportuna acreditación, habilitación administrativa y recursos suficientes para garantizar el cumplimiento del servicio.

El propio anteproyecto define a las entidades de iniciativa social como "aquellas que sean sin ánimo de lucro, y que realicen actividades de servicios sociales, siempre que sobre dichas entidades no ostente el dominio efectivo una entidad mercantil que opere con ánimo de lucro".

La reforma de la ley de Servicios Sociales, solicitada reiteradamente por los grupos de oposición en la Junta, responde a una directiva europea de enero de este año, que reconocía la especifidad de los servicios sociales a la hora de contratar y la necesidad de excluirlos de la ley de Contratos hasta un límite económico.