De indudable actualidad

La incuestionable desprotección de los datos clínicos y genéticos de la población española

Por Luisa Lores, miembro de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica

 

nuevatribuna.es

 

En estos días se han sucedido diversas noticias relacionadas con el acceso a las historias clínicas de los pacientes del sistema sanitario público por parte de las empresas privadas. La asociación de clínicas privadas defiende que este hecho no incumple la ley de protección de datos ya que “No se considerará comunicación de datos el acceso de un tercero, cuando dicho acceso sea necesario para la prestación de un servicio al responsable del tratamiento”.

 

Deberemos por tanto “negar la mayor” e impedir que las empresas sanitarias privadas que en España están vinculadas a la banca, a la industria farmacéutica, a multinacionales e incluso a fondos de capital riesgo, cuyo único objetivo declarado es el beneficio, puedan disponer de conciertos con el sistema sanitario público y con esta disculpa acceder a los datos más sensibles de la población.

 

Es asimismo enormemente preocupante que los institutos biomédicos de investigación de los hospitales del SNS están vinculados a grandes compañías farmacéuticas, beneficiarias de los ensayos clínicos realizados a nuestros pacientes, sobre todo teniendo en cuenta la escasa independencia de los comités de ética actuales, lo que además de la desprotección de datos puede suponer un grave riesgo a la salud de la población.

 

Actualmente los organismos estratégicos de investigación en Ciencias de la Salud del Instituto Carlos III (ISCIII)  poseen personalidad jurídica propia, de modo que su prioridad ya no tiene por qué ser la salud de la población sino la creación de patentes que incrementen los beneficios de las industrias vinculadas.

 

El instituto de bioinformática del ISCIII está asociado a la multinacional extranjera Applied Biosystems, cuyo nicho de negocio son los estudios genéticos de la población mundial y el responsable de citogenética molecular del Instituto, a su vez presidente de la Asociación Española de Genética humana, es el socio fundador de una empresa privada de diagnóstico genético. Mientras tanto, la Ley de la Memoria Histórica no se aplica y los familiares de niños robados durante el franquismo deben pagar de su propio bolsillo los estudios genéticos para tratar de recuperar a sus hijos y nietos, incrementando los beneficios de directivas vinculadas al PP y al Opus DEI, como ocurre con las responsables de genómica de la farmacéutica gallega Zeltia.

 

Es inadmisible que las CCAA hayan cedido la gestión de la historia clínica electrónica, la receta electrónica o la cita previa a empresas privadas, así como otros datos de interés para el negocio, como ocurre en Galicia, donde la Xunta ha cedido la gestión de todos los datos sanitarios, fiscales, afectivo-sexuales o de violencia de género a un fondo de capital riesgo, cuyo objetivo, por otra parte, no es  la atención sanitaria  de la población

 

Ante estos hechos debemos concluir que los datos más sensibles de la población española están desprotegidos, que el poder de las empresas que disponen del acceso es demasiado grande, y que, si las leyes aprobadas por el Gobierno permiten estos conflictos de interés, parece oportuno que la población cambie el gobierno y exija su derogación.