Muy oportuno ahora que ya han tomando posesión los nuevos Consejeros de Sanidad de las CC.AA., a excepción de Asturias, ya que aquí pasa lo que pasa

La sanidad después de las elecciones autonómicas y municipales

Por Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP)

 

En Acta Sanitaria

 

Las elecciones del 24 de mayo han supuesto importantes cambios en los gobiernos de muchas Comunidades Autónomas (CCAA) y ayuntamientos, cuyas características generales han sido la necesidad de acuerdos para la constitución de los gobiernos, acabando con las mayorías absolutas que se han convertido en excepcionales y, a su vez, un giro en la mayoría de los casos hacia gobiernos progresistas y/o de izquierdas.

 

¿Qué repercusiones tendrán estos cambios para la Sanidad?. Por supuesto aún resulta un poco pronto para saberlo con certeza; pero es evidente que el mayor impacto lo tendrán los cambios autonómicos porque la Sanidad es una competencia transferida a las CCAA y se han producido cambios en los gobiernos de siete de ellas (Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla la Mancha, Extremadura, Navarra y Valencia) y todos ellos en el mismo sentido, es decir hacia gobiernos progresistas y con acuerdos de gobierno o de investidura que incluyen aspectos sanitarios muy relevantes.

 

Estos acuerdos contienen en general cuatro cuestiones bastante positivas:

• Una, garantizar la atención sanitaria a las personas excluidas por el RDL 16/2012, es decir inmigrantes irregulares y los españoles que hayan tenido estancias en el extranjero superiores a 90 días y no tengan cobertura en otro país. Asimismo, comprometerse con el acceso de todas las personas a las prestaciones farmacéuticas, de manera que no haya personas que no retiran los medicamentos prescritos por motivos económicos (en el País Vasco ya hay un sistema en funcionamiento).
• Dos, paralizar las privatizaciones y recuperar lo privatizado, la paralización es relativamente fácil porque se trata de dejar la utilización sistemática de los centros privados cuando existe una alternativa en el sistema sanitario público; la recuperación es más compleja y va a ser la verdadera prueba de fuego de los acuerdos de investidura. El caso de Alcañiz en Aragón es el que plantea menos problemas: simplemente hay que decidir no realizar la adjudicación del concurso, Más complicado es el caso de Toledo y Valdecilla, donde se adjudicó el concurso. Y más aún los de los centros sanitarios de Baleares y Valencia que llevan años en funcionamiento (si bien conviene recordar que en esta última el contrato de Alzira acaba en 2018). Se trata pues de una cuestión que va a poner en evidencia la voluntad política real del cambio en el modelo sanitario. Complementariamente, varias CCAA han anunciado la elaboración de legislación que blinde el papel de la provisión sanitaria pública, y por supuesto habrá que ver en que términos se produce esta nueva regulación.
• Tres, aumentar los recursos de la Sanidad Pública, recuperando personal, servicios y prestaciones, lo que supone un esfuerzo económico para recuperar los presupuestos y las inversiones en la Sanidad Pública de los tremendos recortes que se han sufrido desde 2009; entre otras cosas, porque es imprescindible para poder asumir las derivaciones que se hacen al sector privado y la utilización intensiva de los recursos públicos. Aquí el margen de maniobra está limitado por el actual modelo de financiación autonómica, aunque es obvio que hay muchas opciones en las distintas CCAA (por ejemplo en Valencia el gasto sanitario público es el 40,2% del gasto total de la Comunidad cuando el promedio de las CCAA esta en el 46,1%, y la que mayor porcentaje dedica se sitúa en el 58,8%), pero también es obvio que las CCAA no gobernadas por el PP, que ahora son mayoría, podrían presionar para mejorar la financiación y conseguir una financiación finalista para la Sanidad.
• Y cuatro, establecer mecanismos de participación y control de ciudadanos y profesionales sobre el funcionamiento y la gestión del sistema sanitario público, algo que viene siendo prometido desde la Ley General de Sanidad (1986) y sobre lo que prácticamente no se han realizado avances significativos.

 

Lógicamente, cada una de las CCAA tiene sus peculiaridades y muchos aspectos concretos en los que se han comprometido cambios importantes que deben tenerse en cuenta.

 

Papel de los ayuntamientos

El papel de los ayuntamientos es más reducido: primero, porque la nueva legislación sobre Administraciones Locales ha limitado mucho sus competencias y su capacidad de actuación en los temas sociales y sanitarios y, además, porque, con excepción de las grandes ciudades, su presupuesto es pequeño, a veces tienen grandes deudas y su margen de maniobra es escaso.

En todo caso es evidente que se pueden hacer muchas cosas, algunas muy importantes, porque la situación de proximidad de las administraciones locales facilita su actuación. Sólo a titulo de ejemplo, pueden favorecer la atención sanitaria de las personas excluidas, ayudar a que se siga teniendo acceso a medicamentos necesarios, luchar contra las privatizaciones, canalizar y favorecer las reivindicaciones sanitarias, etc. Sobre ello hay un amplia experiencia y muy positiva en toda la geografía del país.

 

Panorama positivo

Obviamente, el nuevo panorama supone cambios muy favorables para la Sanidad Pública, también en aquellas CCAA donde continúan los gobiernos conservadores porque van a ver limitada sus actuaciones por la ausencia de mayorías absolutas (por ejemplo en Madrid hay un compromiso del nuevo gobierno de no realizar más privatizaciones que ya veremos en qué queda). Aun así, hay muchos aspectos de la política sanitaria que no se pueden solventar en las CCAA y para los que es necesario un cambio en el gobierno central. Por suerte, noviembre no está tan lejos y todo parece indicar que es bastante probable que se consiga una alternativa potente por la Sanidad Pública.

 

Castilla-La Mancha, Murcia, Aragón, Cantabria y Extremadura ya tienen nuevos consejeros de Sanidad