¿Reactivando unas aspiraciones abandonadas desde hace 6 años?
Los técnicos sanitarios reclaman subidas de entre 300 y 500 euros al mes
El colectivo exige la actualización de categorías, sueldos y cotizaciones fijada en 2006 en la ley básica del funcionariado
Elena Fernández-Pello, en La Nueva España
La Plataforma de Afectados por el incumplimiento del EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) ha decidido impulsar sus reivindicaciones, constituyendo un grupo de trabajo y llegando hasta la Junta General del Principado para dar a conocer el menoscabo que la paralización de la Ley Básica aprobada en 2007 está causando en los derechos laborales de técnicos y técnicos superiores sanitarios. Su aplicación, entre otras cosas, supondría un incremento en los salarios de entre 300 y 500 euros mensuales brutos.
Gonzalo Hidalgo, delegado sindical de Usipa y portavoz de la Plataforma de Afectados, explicaba ayer, tras una asamblea celebrada en el hospital Monte Naranco y a la que asistieron trabajadores públicos de distintos ámbitos -no solo el sanitario-, que entre los acuerdos adoptados está el de organizar grupos de trabajo para desarrollar una estrategia para que la Administración regional aplique la legislación aprobada hace diez años. Los grupos de trabajo reunirán información sobre plantillas orgánicas y los costes de la aplicación de la Ley. Una vez recabados todos esos datos emprenderán una ronda de contactos con los grupos parlamentarios asturianos para impulsar la apertura de una mesa de negociación. A la asamblea de ayer asistieron representantes de los sindicatos CSI, CSIF y Usipa. Los convocantes indicaron que también habían invitado a asistir a los grupos políticos de la Junta General. Solo acudió a la convocatoria el diputado de Podemos, Andrés Fernández Vilanova. "Existe una Ley básica desde 2006, que el Principado se comprometió a tener desarrollada en enero de 2015. Han pasado diez años de su aprobación y seguimos igual", denunciaba ayer el portavoz de la Plataforma. La normativa, que solo se ha desarrollado hasta ahora en la comunidad gallega, según Hidalgo, obliga a reordenar las categorías profesionales. El grupo C1, del que forman parte los técnicos superiores debería integrarse en el grupo B, que es nuevo y está por hacer; los técnicos pasarían del grupo C2 al C1, algo ahora imposible porque ese grupo sigue ocupado por quienes deberían estar en el B. Esa reordenación de categorías, tal y como la resume el delegado de Usipa, se traduce a efectos de "cotización, de cobrar el paro o jubilarse". "El desarrollo de la Ley afecta a muchas familias y trabajadores", según Hidalgo, que sostiene que "la Administración está estafando a estos dos colectivos".
A falta de datos actualizados, la Plataforma estima que esos cambios afectan a un cuatro por ciento de los empleados públicos de la sanidad asturiana y que las subidas salariales pueden suponer entre 300 y 500 euros mensuales brutos por trabajador.
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