Buen proyecto que deseamos llegue a buen puerto

Oviedo puja por fondos europeos para fabricar tejidos humanos junto al HUCA

El proyecto, con apoyo de la Universidad y de grandes empresas, "está bastante claro", según los encargados de repartir el dinero

Foto.- Cristina Pontón, Ana Taboada, Javier Collado, Fernando Fernández-Kelly y el alcalde, Wenceslao López, ayer en el Vivero de Ciencias de la Salud, antes de reunirse.

 

Marta Pérez, en La Nueva España

 

Crear una fábrica de tejidos humanos al servicio de la salud en un vivero de empresas junto al nuevo hospital. El gobierno municipal desveló ayer en qué consiste la "incubadora" de alta tecnología que opta a una inversión de 1,2 millones de euros de fondos europeos y en la que también se han involucrado la Universidad de Oviedo y entidades privadas de la región como Química del Nalón o el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega. Ayer se reunieron para avanzar en el proyecto y aprovecharon para mostrar las instalaciones que acogerían este laboratorio de nanotecnología y biotecnología a los responsables de gestionar el reparto del dinero, la Fundación Incyde. Su director general, Javier Collado, dio como prácticamente seguro que la inversión recalará en Oviedo.

 

"La competencia no va a ser muy grande, la operación en Oviedo está muy avanzada y aunque estudiaremos todos los proyectos, lo de Oviedo está bastante claro. Creemos que el Ayuntamiento le puede dar bastante sostenibilidad al proyecto y cuando se informó a Bruselas de que había una serie de incubadoras de alta tecnología en España, se les habló de este proyecto y están trabajando en la instalación de esa incubadora en Oviedo", manifestó en tono optimista. En cualquier caso, la convocatoria será oficial dentro de tres meses y la decisión definitiva se conocerá a principios de año. "Es una gran oportunidad para atraer los fondos comunitario disponibles para la innovación y la tecnología. Es el futuro", manifestó.

 

Por su parte, el alcalde de Oviedo, Wenceslao López, explicó que, después de tres meses de trabajo -incluso con la colaboración del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)- el proyecto "está avanzado". Además de la fábrica de tejidos humanos, la incubadora incluiría la creación de fármacos "dirigidos por nanotecnología y otras actividades complementarias", en palabras de López. "Crear en Oviedo este espacio con esta alta tecnología sería un comienzo interesante, además en un entorno próximo al hospital", añadió el regidor ovetense, que estuvo arropado en la reunión por sus socios de gobierno, la vicealcaldesa Ana Taboada y el edil de Economía Rubén Rosón (Somos), así como la portavoz de IU, Cristina Pontón. El presidente de la Cámara de Comercio, Fernando Fernández-Kelly, también acudió a la reunión de ayer.

 

"Esto no será solo una infraestructura de ladrillo, habrá tecnología punta a nivel mundial", añadió Collado en su visita. Según expuso, las "incubadoras" siguen el modelo de países como Israel: crear un gran consorcio para disponer de alta tecnología y ponerla en manos de nuevos emprendedores. En el caso de Oviedo, si todo sale adelante, también está previsto transferir esta tecnología a pequeñas y medianas empresas.

 

Oviedo aspira a crear una fábrica de ingeniería de tejidos humanos

El Consistorio trabaja con la Cámara de Comercio, la Universidad y empresas de referencia para lograr una incubadora impulsada por la Fundación Incyde

 

IDOYA REY, OVIEDO, en El Comercio

 

Si todo sale bien, Oviedo podría tener a finales del próximo año una fábrica de ingeniería de tejidos humanos. Es la propuesta que el Ayuntamiento ha perfilado junto a la Cámara de Comercio, la Universidad de Oviedo y diferentes empresas de referencia de la región para optar a una de las doce incubadoras en terapias avanzadas de la salud que la Fundación Incyde pondrá en marcha con fondos europeos. El gobierno local presentó ayer este proyecto, en el que llevan seis meses trabajando, al director general de la fundación, Javier Collado, que espera que la convocatoria esté resuelta en «dos o tres meses».

 

Otra cosa es, dijo, cuando entre en marcha el proyecto, aunque según sus cálculos lo razonable sería que estuviera dispuesto para funcionar dentro de un año. Las posibilidades de Oviedo son altas. Primero porque el proyecto está avanzado y cuenta con el apoyo del INCAR, del CSIC, la Universidad de Oviedo, el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega y Química del Nalón. Y también porque en la propuesta enviada por el Incyde a Bruselas para conseguir los fondos europeos que financiarán las doce incubadoras, figura Asturias como una de esas sedes. «La competencia no va a ser muy grande. Creo que Oviedo tiene bastante avanzado el proyecto. Están trabajando mucho», valoró Collado.

 

El Ayuntamiento tiene hasta ubicación para esa incubadora. De llegar a buen puerto, toda la tecnología para la fábrica de tejidos humanos se instalará en el Vivero de Ciencias de la Salud, edificio que ayer visitaron las partes implicadas en el proyecto. «Estamos aquí porque hace seis meses se planteó la posibilidad crear un proyecto para lograr una incubadora de alta tecnología. Trabajamos con la Cámara de Comercio, con la Universidad de Oviedo y con empresas que trabajan en el sector de la alta tecnología como el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega y Química del Nalón», explicó el alcalde, Wenceslao López. Apostando por la biotecnología y la nanotecnología, la candidatura ovetense ha optado por ese proyecto para desarrollar una fábrica de terapias avanzadas en tejidos humanos y fármacos. «Acabamos de pasar de la idea al proyecto. Es una experiencia muy importante en un marco como el que tenemos en el Vivero, próximo al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)», afirmó López.

 

El proyecto estaría cofinanciado por los fondos FEDER en su convocatoria entre 2014-2020 que aportaría 700.000 euros, el Ayuntamiento asumiría otros 120.000 euros y el sector privado, 60.000 euros más. «Hablaríamos de un proyecto de aproximadamente 900.000 euros que supondría la creación en Oviedo y en Asturias de esta nueva incubadora, muy importante para potenciar este tipo de investigación», incidió el alcalde. Porque, según destacó Collado, la incubadora es algo que va mucho más allá de un vivero. «Tiene que ser una referencia en la región que no solo implique al consorcio de empresas sino que sirva para el estudio y la investigación y que transfiera la tecnología de la que dispondrá a pequeñas y medianas empresas, a start-ups que lo precisen», concluyo.

 

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Lo de a igual trabajo igual salario incluso empieza a ser cierto.

AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNION EUROPEA

El TJUE abre la puerta para que miles de interinos cobren el complemento de “carrera profesional”

 

El Auto dictado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado 21 de septiembre ( ver aquí), que declara contrario al Derecho Comunitario el Plan de evaluación de la función docente del Principado de Asturias y el incentivo que se deriva de ella, en caso de evaluación positiva, por excluir injustificadamente a los profesores interinos, abre la puerta a que miles de funcionarios interinos de larga duración del resto de sectores – sanidad, personal adscrito a las diferentes Consejerías – cobren el complemento de la llamada “carrera profesional”.

 

El Auto del TJUE desvela el monumental engendro jurídico parido por el Gobierno del Principado de Asturias con el Plan de evaluación docente, extensible a la mal llamada “carrera profesional” del resto de los empleados públicos, regulada en la Ley 5/2009, de la carrera horizontal. En palabras del TJUE: “la evaluación positiva en el Plan de evaluación no tiene ninguna repercusión en el sistema de promoción o de progresión profesional, sino que se traduce exclusivamente en un complemento salarial. Pues bien, un elemento retributivo en forma de incentivo debe, como condición de trabajo, concederse a un trabajador con contrato de duración determinada en la misma medida que a un trabajador fijo”

 

Dicho con otras palabras: el Gobierno del Principado de Asturias fabricó dos leyes – una, para la función pública docente, y otra para el resto de los funcionarios públicos – en las que pretendió camuflar, con la connivencia de los sindicatos mayoritarios, un mero incentivo económico como si se tratara de un sistema de carrera o progresión profesional.

 

Pero ahora el TJUE, a instancia del Juzgado de lo Contencioso – Administrativo nº 1 de Oviedo, pone de manifiesto, con toda crudeza, que no existe realmente tal “carrera profesional”, por mucho que la leyes asturianas aprobadas “ad hoc” por la Junta General la hayan querido llamar así, sino un simple complemento económico que se paga por superar unos determinados objetivos… (VER LA INFORMACION AL COMPLETO EN LA WEB DE COFPA)

 

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Blanco y en botella ¡¡pucherazo!!, lo que no entiendo es que no tenga más consecuencias para los artífices del montaje

Anuladas las elecciones del Colegio de Enfermería de Asturias

El Consejo General de Colegios basa su resolución en la "insuficiente publicidad" del proceso electoral

Foto.- Emilio Losa, principal implicado que, al parecer, podrá formar parte de la Junta de edad que dirigirá el colegio hasta las nuevas elecciones…

 

Pablo Álvarez, en La Nueva España

 

El Consejo General de Colegio de Enfermería de España ha anulado las elecciones del Colegio de Enfermería de Asturias, en virtud de las cuales había resultado reelegido Emilio Losa como presidente, cargo en el que lleva varios lustros..

 

La resolución del Consejo señala como argumentos para la anulación la "insuficiente publicidad" y la "incorrecta aplicación del calendario electoral".

 

Emilio Losa está investigado (imputado) por un presunto delito de apropiación indebida del dinero proveniente de las cuotas de los colegiados.

 

Anulada la elección de Emilio Losa como presidente del Colegio de Enfermería

El Consejo General aprecia irregularidades en la convocatoria del pasado 16 de enero y sitúa a una junta de veteranos al frente del colectivo

 

ÓSCAR PANDIELLO, en El Comercio

 

Las últimas elecciones a la presidencia del Colegio de Enfermería de Asturias no tienen validez legal. Así lo ha decidido el Consejo General de Enfermería, órgano estatal que aúna todos los colegios territoriales y que considera que los comicios del pasado 16 de enero adolecieron de «insuficiente publicidad, incorrecta aplicación del calendario electoral» y de una falta de visibilidad general «en los plazos de presentación de candidaturas».

 

Esta resolución da la razón a la Asociación Asturiana de Enfermería, que aglutina al sector crítico con la gestión de Emilio Losa, que suma casi tres décadas como presidencia y actualmente está siendo investigado por un presunto delito de apropiación indebida. «Confirma que la convocatoria fue extraña, ilegítima y de espaldas a los colegiados», sintetiza Marcos Lastra, presidente de la asociación. Según apunta, la convocatoria fue colocada en el tablón de anuncios del Colegio el día 24 de diciembre y retirada el 31, los dos únicos momentos en los que un notario dio fe de que se estaba publicitando. «¿Y el resto de días? Además de que coincidió con varias fechas festivas, el anuncio no se visibilizó ni en la web, ni el boletín ni en la prensa ni en ninguna parte», denuncia el enfermero.

 

De cara a la futura gobernabilidad del Colegio, y antes de que se ponga fecha a unas nuevas elecciones, la institución será comandada por una Junta de Edad, esto es, un comité gestor formado por los colegiados más veteranos. Sin embargo, la vía de actuación no es excesivamente clara en los estatutos, «así que estamos expectantes a ver de qué manera se conforma, sobre todo teniendo en cuenta que el propio Losa participará en la junta». Asimismo, el cierre de las sedes colegiales en Gijón y Avilés, clausuradas en junio, queda en el limbo tras la decisión del consejo. «Hay que intentar que para las próximas elecciones haya una participación masiva para limpiar la institución después de todos estos años», sintetiza Lastra.

 

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Con 20 días naturales, a contar a partir de mañana, para presentar solicitudes

Consejería de Sanidad

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SESPA)

 

Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Gerencia del Área Sanitaria II del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se efectúa convocatoria pública para la cobertura temporal de una plaza vacante de Facultativo Especialista de Área de Anestesiología y Reanimación en el Área Sanitaria II del Servicio de Salud del Principado de Asturias. 

PDF de la disposición

Ninguno de los sindicatos tuvo arte ni parte en el precedente jurídico, pero ahora, por lo menos, intentan resolver la cuestión con carácter general

Con carácter inmediato

UGT, CCOO, FSES y CSIF piden convocar el Ámbito de Negociación de SNS y revisar el Estatuto Marco

Foto.- Víctor Aznar (Satse), Francisco Miralles (CESM), Antonio Cabrera (CCOO), Gracia Álvarez (UGT) y Fernando Molina (CSI-F).

 

Acta Sanitaria

 

Los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CCOO), Federación de Sindicatos de Sanidad y Educación (FSES) y Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han exigido “convocar el Ámbito de Negociación del Sistema Nacional de Salud (SNS) para revisar el Estatuto Marco”.

 

Según pone de manifiesto la Federación de Servicios Públicos (FSP) de la primera de estas organizaciones sindicales, las “más representativas” en el mencionado Ámbito de Negociación del SNS remitieron una carta al secretario de Estado de Sanidad y Consumo, José Javier Castrodeza, en la que piden convocar el citado órgano “inmediatamente”.

 

El objetivo es “corregir la excesiva precariedad del empleo público en el sector sanitario”, continúa este órgano de UGT, que considera “fundamental” revisar esta norma “y cumplir las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre sucesivos contratos de duración determinada en el sector de la Sanidad pública”… (leer más)

 

El Ámbito quiere convertir a los 170.000 eventuales en indefinidos no fijos

Los sindicatos instan a Sanidad revisar el Estatuto Marco e incluir una nueva categoría laboral para los sanitarios

 

Los cinco sindicatos que componen el Ámbito de Negociación (UGT, CCOO, CESM, Satse y CSI-F) reclaman convertir a los 170.000 profesionales eventuales que actualmente trabajan en la sanidad española en personal laboral indefinido no fijo.

 

Y así se lo han hecho a través de una carta al secretario general de Sanidad, Javier Castrodeza, a quien le instan a revisar el Estatuto Marco y corregir la “excesiva precariedad” del empleo público en el sector sanitario, a través de la creación de una “nueva situación administrativa”, similar a la existente en la relación laboral, “como es la de laboral indefinido no fijo”, para los funcionarios.

 

En su opinión, es fundamental revisar esta norma y cumplir las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre sucesivos contratos de duración determinada en el sector de la sanidad pública. De hecho, los sindicatos ya habían alertado “reiteradamente” de la situación actual de precariedad en el empleo sanitario público y el abuso que se estaba cometiendo en la concatenación de contratos en las distintas Administraciones Públicas.

 

Y es que, consideran que es “inadmisible” que se mantenga a cerca de 170.000 profesionales del sector sanitario en la precariedad y sea la Administración quien lo fomente. “Contenidos de estas sentencias son de aplicación en todos los sectores de empleo público y por tanto de aplicación en el SNS”, han recalcado.

 

Por ello, han exigido la modificación el Estatuto Marco… (leer más)

 

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¿Reactivando unas aspiraciones abandonadas desde hace 6 años?

Los técnicos sanitarios reclaman subidas de entre 300 y 500 euros al mes

El colectivo exige la actualización de categorías, sueldos y cotizaciones fijada en 2006 en la ley básica del funcionariado

 

Elena Fernández-Pello, en La Nueva España

 

La Plataforma de Afectados por el incumplimiento del EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) ha decidido impulsar sus reivindicaciones, constituyendo un grupo de trabajo y llegando hasta la Junta General del Principado para dar a conocer el menoscabo que la paralización de la Ley Básica aprobada en 2007 está causando en los derechos laborales de técnicos y técnicos superiores sanitarios. Su aplicación, entre otras cosas, supondría un incremento en los salarios de entre 300 y 500 euros mensuales brutos.

 

Gonzalo Hidalgo, delegado sindical de Usipa y portavoz de la Plataforma de Afectados, explicaba ayer, tras una asamblea celebrada en el hospital Monte Naranco y a la que asistieron trabajadores públicos de distintos ámbitos -no solo el sanitario-, que entre los acuerdos adoptados está el de organizar grupos de trabajo para desarrollar una estrategia para que la Administración regional aplique la legislación aprobada hace diez años. Los grupos de trabajo reunirán información sobre plantillas orgánicas y los costes de la aplicación de la Ley. Una vez recabados todos esos datos emprenderán una ronda de contactos con los grupos parlamentarios asturianos para impulsar la apertura de una mesa de negociación. A la asamblea de ayer asistieron representantes de los sindicatos CSI, CSIF y Usipa. Los convocantes indicaron que también habían invitado a asistir a los grupos políticos de la Junta General. Solo acudió a la convocatoria el diputado de Podemos, Andrés Fernández Vilanova. "Existe una Ley básica desde 2006, que el Principado se comprometió a tener desarrollada en enero de 2015. Han pasado diez años de su aprobación y seguimos igual", denunciaba ayer el portavoz de la Plataforma. La normativa, que solo se ha desarrollado hasta ahora en la comunidad gallega, según Hidalgo, obliga a reordenar las categorías profesionales. El grupo C1, del que forman parte los técnicos superiores debería integrarse en el grupo B, que es nuevo y está por hacer; los técnicos pasarían del grupo C2 al C1, algo ahora imposible porque ese grupo sigue ocupado por quienes deberían estar en el B. Esa reordenación de categorías, tal y como la resume el delegado de Usipa, se traduce a efectos de "cotización, de cobrar el paro o jubilarse". "El desarrollo de la Ley afecta a muchas familias y trabajadores", según Hidalgo, que sostiene que "la Administración está estafando a estos dos colectivos".

 

A falta de datos actualizados, la Plataforma estima que esos cambios afectan a un cuatro por ciento de los empleados públicos de la sanidad asturiana y que las subidas salariales pueden suponer entre 300 y 500 euros mensuales brutos por trabajador.

 

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Redacción Médica analiza las claves para que los sanitarios puedan reclamar justicia tras las sentencias del TJUE

TRAS LAS SENTENCIAS EUROPEAS

¿Cómo reclamar los derechos que Europa otorga a los interinos sanitarios?

 

Un fantasma recorre Europa. El pasado 14 de septiembre, dos sentencias del Tribunal de Justicia (TJUE) comunitario dieron un golpe de efecto en la lucha contra la precariedad en el empleo que se ha ido instalando gota a gota en todos los ámbitos de la sociedad desde que comenzó la crisis. Y, con especial insistencia, en el ámbito sanitario.

 

La primera de ellas se refiere a la enfermera María Elena Pérez López, que encadenó siete contratos temporales entre febrero de 2009 y junio de 2013 en el Servicio Madrileño de Salud. El TJUE dictaminó que esa concatenación es contraria al derecho comunitario y que no se pueden cubrir necesidades permanentes con trabajadores temporales.

 

La siguiente sentencia estableció que no se podía discriminar a temporales e interinos con respecto a los fijos en las indemnizaciones por despido. Se refería al caso de Ana de Diego Porras, trabajadora interina del Ministerio de Defensa durante siete años, hasta que se incorporó la persona a la que sustituyó. El TJUE dictaminó que las diferencias en indemnizaciones (establecidas en el Estatuto de los Trabajadores de 1980) discriminaban a unos empleados sobre otros.

 

El revuelo que han provocado estas sentencias no ha dejado ninguna piedra en su sitio. Todos los actores sanitarios implicados se han manifestado: desde sindicatos generalistas y de clase hasta gerentes, pasando por los responsables políticos autonómicos y nacionales. Con diferencias en la interpretación del dictamen, todos coinciden en que es un hito y marca un antes y un después.

 

170.000 posibles reclamaciones

No es para menos. Según estimaciones de UGT, las administraciones sanitarias se enfrentan a 170.000 potenciales reclamaciones. Tanto este sindicato como CCOO han celebrado la setencia y han instado inmediatamente a convocar el Ámbito de Negociación y que haya un cambio normativo que refleje estas sentencias.

 

El presidente de CSIF, Fernando Molina, afirma que la normativa “se equiparará con Europa y la Administración no podrá cometer tropelías”. No obstante, cree que esta “retrasará hasta donde pueda” su aplicación. El camino para reconocer los derechos de tantos sanitarios no va a ser fácil, pero “con muchas sentencias favorables”, acabará cumpliendo.

 

En la situación abunda el secretario de Sanidad de CCOO, Antonio Cabrera: “El Gobierno sabe que va a perder” los litigios en este ámbito. “Lo más fácil es llegar a un acuerdo para modificar la normativa”… (leer más)

 

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Jarro de agua fría desde el T. Constitucional, aunque se veía venir

Corrobora la medida cautelar ejercida en mayo en este sentido

El Constitucional anula las 35 horas de jornada de funcionarios de salud de Castilla-La Mancha

Acta Sanitaria

 

Tras la decisión, en mayo, del Pleno del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, contra el artículo 1 de la Ley de Castilla-La Mancha 7/2015, por la que se modificó la jornada laboral de trabajadores públicos, entre ellos los de Sanidad, pasando de 37,5 horas semanales a 35, medida que quedó suspendida cautelarmente, esta instancia ha decidido, finalmente, anularla “porque es contraria a la ley estatal”.

 

Según expone el Pleno del Tribunal, la mencionada norma es “inconstitucional”, ya que resulta “incompatible” con la Ley 2/2012, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, “con la que, en el ejercicio de su competencia exclusiva en materia de legislación laboral y de regulación básica de los derechos y deberes del personal del sector público, el Estado ha establecido que la duración de la jornada mínima de trabajo de los funcionarios debe ser de 37 horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual”.

“La resolución, de la que ha sido ponente el Magistrado Juan José González Rivas, cuenta con el voto particular del Magistrado Fernando Valdés Dal-Ré, al que se han adherido la Vicepresidenta del Tribunal, Adela Asua, y el Magistrado Juan Antonio Xiol”, continúa el Tribunal Supremo, que agrega en su sentencia que “la ley recurrida, en cuanto fija la duración de la jornada laboral de los funcionarios autonómicos, está estableciendo las condiciones concretas de trabajo de dicho personal, por lo que está amparada por la competencia exclusiva que la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha tiene para determinar la organización interna de sus instituciones”.

En este sentido, esta instancia judicial señala que, según tiene establecida su doctrina, el ejercicio por parte de las comunidades autónomas de sus competencias exclusivas “no puede desconocer las normas que el Estado haya podido aprobar en virtud de los títulos competenciales estatales”. “En este caso, el Estado tiene la competencia para establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios y para aprobar la legislación laboral, y ambas amparan la aprobación de la disposición adicional septuagésimo primera de la Ley 2/2012, en la que se prevé que la jornada general de trabajo del personal del sector público no podrá ser inferior a 37 horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual”, explica.

La ley estatal “admite una norma autonómica que iguale o amplíe la duración de dichas jornadas laborales y también que señale los criterios de organización y distribución del tiempo de trabajo que finalmente se establezcan”, prosigue el Tribunal Constitucional, que subraya que, “sin embargo, resulta incompatible con aquella norma estatal una norma autonómica que determine una duración de la jornada de trabajo que sea inferior”.

 

Discrepancias

Por último, el Pleno del Tribunal insiste en que con la decisión referida “discrepan los Magistrados Valdés, Asua y Xiol, que se remiten al voto particular que formularon respecto de la sentencia, que declaró la constitucionalidad de la disposición adicional septuagésimo primera de la Ley 2/2012, de Presupuestos Generales del Estado para 2012”.

“La sentencia que resuelve el presente recurso se basa enteramente en la contradicción del precepto autonómico recurrido con la citada norma estatal que no puede ser considerada norma básica del régimen estatutario de los funcionarios públicos ex art. 149.1.18 CE, ni respeta los límites fijados por la jurisprudencia constitucional en relación con los límites de las leyes de presupuestos, derivados del art. 134.2 CE”, concluyen los Magistrados contrarios al fallo.

 

Las controvertidas ‘horas Cospedal’ regresan a Castilla-La Macha por encargo de Rajoy

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