El Principado exige la retirada del decreto de prescripción enfermera
Dice que «pone en peligro la seguridad del paciente» y solicita al ministerio que convoque una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema de Salud
LAURA FONSECA, en El Comercio.
El decreto de prescripción enfermera que entró en vigor la jornada Nochebuena y que impide a los enfermeros prescribir fármacos y productos que requieran de autorización médica, se ha encontrado con la frontal oposición del Principado. La Consejería asturiana de Sanidad reclamó la inmediata retirada de esta normativa al entender que «pone en peligro la seguridad del paciente».
El consejero Francisco del Busto envió ayer mismo una carta al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, en la que pide la convocatoria de un Consejo Interterritorial del Sistema de Salud para «abordar la modificación de este decreto y evitar así las graves repercusiones que su puesta en marcha está originando».
En opinión del titular asturiano de Sanidad, el decreto de prescripción enfermera «va en contra de los usuarios, compromete su accesibilidad al sistema sanitario público, pone en peligro la seguridad del paciente, genera más burocracia y supone un desprecio a la cualificación de la enfermería española».
La regulación a la que se refiere Del Busto es el decreto elaborado por el Ministerio de Sanidad y aprobado el pasado 23 de octubre, mediante el cual se regula las funciones del colectivo de enfermería en hospitales, centros de salud y resto de dispositivos. El borrador de ese decreto, en el que habían trabajado técnicos del ministerio y del Colegio General de Enfermería, incluía en su artículo 3 que los enfermeros podrían dar medicamentos sujetos a receta. Esto incluía, por ejemplo, actividades tan comunes como poner una vacuna o dar el mismo fármaco a un enfermo crónico. Sin embargo, ese punto desapareció en el último momento del texto, que ya había sido consensuado con los profesionales, lo que enfureció al Consejo General de Enfermería y con ello, a todo el colectivo. En Asturias así como en el resto de comunidades, el personal de enfermería amenaza con iniciar una huelga de 'celo', lo que según el Principado podría «conducirnos a una grave crisis del modelo organizativo asistencial con el riesgo de su paralización».
En otro orden de cosas, SOS HUCA y la Asociación de Enfermería de Asturias denunció ayer que el Colegio de Enfermería del Principado (Codepa), cuyo presidente y parte de la directiva se enfrenta a un litigio judicial por presunta apropiación indebida, aplaza para 2016 (8 de enero) la celebración de la asamblea anual que debería haber tenido lugar a lo largo de 2015, incumpliendo así los estatutos. También denuncian trabas para participar en esta asamblea a la que están convocados más de 6.000 profesionales de la región. El Colegio de Enfermería ha enviado cartas a los asociados indicando que quienes quieran a acudir a la reunión deben acreditarse con anterioridad y habilita dos únicos días para hacerlo, el lunes 4 y el martes 5, y solo en Oviedo.
El Principado exige a Sanidad que frene el decreto de restricciones a la enfermería
El Consejero advierte al Ministro en una carta de que se "pone en peligro la seguridad del paciente" y puede causar una "grave crisis asistencial"
30.12.2015, Oviedo, Marián MARTÍNEZ, en La Nueva España.
El consejero de Sanidad del Principado, Francisco Blanco del Busto, ha pedido al ministro del ramo, Alfonso Alonso, que modifique el real decreto que impide que los profesionales de enfermería puedan utilizar y dispensar medicación sin autorización médica porque "pone en peligro la seguridad del paciente" y "puede conducir a una grave crisis del modelo organizativo asistencial con el riesgo de paralización de todo el sistema sanitario". Varias comunidades autónomas, como Cantabria, Cataluña y Canarias también han solicitado su modificación. Andalucía incluso está estudiando denunciar su inconstitucionalidad.
El real decreto entró en vigor por sorpresa el pasado día 23. La falta de conocimiento por parte de las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas y de los propios profesionales ha hecho que su aplicación fuera ignorada hasta ahora. Pero su cumplimiento es de carácter general ya que, según explicaron fuentes de la Consejería de Sanidad, obviarlo puede acarrear, en caso de demanda, penas de responsabilidad patrimonial e incluso condenas de cárcel.
El real decreto de Prescripción Enfermera establece que los profesionales no pueden ni hacer curas, ni poner vacunas ni controlar la medicación de enfermos crónicos sin la autorización inmediata y expresa de un médico. Es decir, se coarta la labor que hasta ahora realizaba el personal de enfermería de manera cotidiana y en colaboración con los médicos.
El consejero de Sanidad del Principado ha enviado una carta al Ministro de Sanidad en la que indica que desde el Principado se considera que el real decreto "va en contra de los intereses de los usuarios, comprometiendo su accesibilidad al servicio sanitario público, pone en peligro la seguridad del paciente, genera más burocracia y supone un desprecio a la cualificación de la enfermería española". Y añade que, además de todo esto, "puede conducirnos a una grave crisis del modelo organizativo asistencial con el riesgo de la paralización de todo el sistema sanitario".
Francisco Blanco le indica además al ministro Alfonso Alonso que la publicación del real decreto de Prescripción Enfermera "pone fin a un proceso normativo caracterizado por la escasa participación de todos los afectados y por su sorpresivo resultado, ya que no responde a los criterios generales presentados en el Consejo Interterritorial y contraviene lo establecido en la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios".
Todas estas razones, explicadas en dos párrafos, concluyen en una solicitud: "Consideramos de máxima importancia para que los Servicios de Salud Pública asturianos sigan prestando a sus usuarios una atención de calidad, la convocatoria a la mayor brevedad posible del Consejo Interterritorial, en el que podamos abordar la modificación de este decreto y evitar las graves repercusiones que su puesta en marcha está originando".
Fuentes de la Consejería indicaron que en comunidades como Andalucía, con un estatuto que permite un mayor desarrollo normativo que en el Principado, estudian presentar una demanda de inconstitucionalidad porque "atenta contra sus leyes".
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