La difusión de la gripe ya es nula

Solo el 56% de los mayores de 65 años aceptó vacunarse contra la gripe en Asturias

Grafico.- Evolución semanal de la incidencia en Asturias y en España en las temporadas 2012-13 y 2013-14 (Red Médicos Centinela).

21.04.2014 - L. FONSECA, GIJÓN, en El Comercio.

 

La vacuna de la gripe sigue perdiendo adeptos. En Asturias, durante la pasada campaña de vacunación gripal que se desarrolló entre octubre y diciembre, solo el 56% de los mayores de 65 años, principal colectivo al que va dirigido la campaña de inmunización, aceptó vacunarse. Se trata de un porcentaje incluso más bajo que el registrado en 2012, cuando ya se había observado una caída. En aquel entonces se habían vacunado contra el virus de la gripe un 57,6% de las personas mayores. El objetivo de vacunaciones como la de la gripe es alcanzar una tasa de cobertura del 65% entre la que se considera población de mayor riesgo. En esta calificación se encuentran incluidos quienes hayan cumplido los 65 años, además de los enfermos crónicos.

El balance de la última campaña concluye que fueron 192.460 las vacunas aplicadas contra la gripe. Se trata, según la Consejería de Sanidad, del 93% de las dosis que se habían distribuido entre las diferentes áreas sanitarias. Para la campaña de 2013, el Principado adquirió un total de 217.000 unidades. Sanidad informó ayer que 139.578 vacunas fueron aplicadas a personas mayores de 65 años. La tasa de cobertura se quedó en un 56%, nueve puntos por debajo de lo recomendable. No obstante, el seguimiento fue desigual entre las diferentes áreas. En algunas zonas del oriente se llegó al 65,4% y en áreas urbanas de Avilés al 61,4%. El 'pinchazo' en la vacunación a mayores hay que buscarlo más en Oviedo y en Gijón, donde el porcentaje de mayores que aceptaron vacunarse fue sensiblemente menor: entre el 52 y el 53%.

 

Sanidad aplicó 192.460 vacunas en la última campaña de la gripe

El 73% de las dosis se emplearon en personas de más de 64 años, el colectivo de población donde la epidemia tuvo menos influencia

WEB AsturSalud

 

    - La vacunación antigripal anual sigue siendo la medida más eficaz para reducir el impacto de la gripe

 

La Consejería de Sanidad aplicó 192.460 vacunas en la última campaña de la gripe, casi el 93% de las dosis que fueron distribuidas en el conjunto de la red asistencial del Principado de Asturias. De estas, 139.578 fueron aplicadas a personas mayores de 64 años que son precisamente el colectivo en el que el virus de la gripe tuvo una incidencia menor.

 

La cobertura de vacunación entre los mayores de 65 años finalizó en un 56%, con una  distribución por territorios desigual. En algunas zonas de población dispersa como el área del oriente de Asturias alcanzó el 65,4%;  en áreas más urbanas como la comarca de Avilés la se llegó al 61,4%; mientras que las áreas sanitarias IV y V, con cabecera en Oviedo y Gijón, respectivamente, el porcentaje de vacunados fue inferior, al lograse el 52,4% y el 53,2%, respectivamente.

 

Por edades, como suele ser habitual, la epidemia de la gripe tuvo una mayor incidencia en el colectivo de niños menores de cuatro años y mucho menor entre los mayores de 65, en los que se consiguió vacunar a más de la mitad de la población.

 

Según los datos que recoge  la red de médicos centinela la fase epidémica de la gripe ya  ha finalizado esta temporada. En la última semana ha tenido una incidencia muy baja y continúa descendiendo. Con un solo aislamiento gripal, la difusión ha pasado a ser nula.

 

En el transcurso de la temporada, la difusión de la gripe ha tenido un comportamiento similar al de años anteriores aunque con un pico ligeramente superior al de la temporada anterior donde fue algo más moderada que en los años precedentes. En Asturias, el virus tuvo un comportamiento similar al del resto de España aunque con incidencias ligeramente superiores, como suele ocurrir en las regiones del norte peninsular.

 

Para la próxima campaña antigripal, Sanidad adquirirá 217.000 dosis de vacuna que irán dirigidas a los mismos grupos de riesgo: mayores de 64 años, pacientes crónicos, personal sociosanitario y grupos especiales, fundamentalmente.

 

La vacunación antigripal anual de aquellas personas con alto riesgo de complicaciones y aplicada antes del inicio de la onda epidémica invernal, que se suele producir entre los meses de noviembre y marzo, sigue siendo la medida más eficaz para reducir el impacto de la gripe.

 

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"Elementary, my dear Watson", que diría Sherlock Holmes

«El PP no da fechas para abrir el Stephen Hawking»

M. V., en El Comercio.

La diputada socialista Nuria Devesa considera que la visita de la popular Carmen Maniega a las obras del Centro Stephen Hawking de Langreo es «un intento de lavarse la cara» ante los ciudadanos. Y le recrimina que no haya ofrecido un compromiso de apertura. «Es así porque sabe que el compromiso del Ejecutivo nacional es cero con este centro langreano», añadió.

El PSOE exige al PP plazos para abrir el complejo de discapacidad de Barros

"No hay compromiso del Gobierno con el centro", afirma la diputada Nuria Devesa

Langreo, E. PELÁEZ, en La Nueva España.

El PSOE criticó que la visita de la diputada nacional del PP Carmen Rodríguez Maniega al centro de referencia estatal para personas con graves discapacidades neurológicas Stephen Hawking de Langreo no viniese acompañada de un compromiso para su puesta en funcionamiento. La portavoz de Bienestar Social y Vivienda del grupo parlamentario socialista, la langreana Nuria Devesa, aseguró que la parlamentaria popular "va a hacerse la foto a las obras del centro de Barros, pero no nos dice cuándo se va a abrir el centro. La puesta en marcha del equipamiento está en manos del Gobierno de Mariano Rajoy, pero la señora Maniega no asume ningún compromiso, porque sabe perfectamente que el compromiso del Ejecutivo de la nación, el de su signo político, es cero".

La diputada socialista considera que por parte del Gobierno central "no hay voluntad real de impulsarlo y rematar lo poco que queda pendiente". Por eso, indicó Devesa, "dejó caducar el convenio suscrito por las tres administraciones, lo dejó sin presupuesto y paralizó su financiación". El PSOE exige al Ejecutivo nacional "un compromiso serio y con plazos" para las instalaciones ubicadas en Barros. Reclama asimismo que el equipamiento sea una prioridad para el PP, en lo que, señaló, tienen que trabajar los diputados populares. "Queda muy bonito hacerse la foto en las obras pero el verdadero trabajo que tienen que hacer es reclamar y presionar al Gobierno para que impulse la apertura del centro", añadió la portavoz de Bienestar Social del grupo socialista en la Junta General.

Devesa hizo hincapié en que la formación que lidera Mariano Rajoy "votó en contra de otras iniciativas del PSOE que se debatieron en el Congreso". "Y ahora la señora Maniega viene a contarnos que van a llevar una propuesta para diseñar un plan de gestión". Para la diputada del PSOE si la proposición no de ley que presentará en el parlamento "se dirige al Gobierno de España, que es del PP, ¿por qué no han hecho ya lo que tenían que hacer desde el Ejecutivo central?".

Considera además Devesa que "no hay nada nuevo en las supuestas garantías que dice ofrecer sobre que el centro será de referencia estatal". Subrayó que para el PSOE el proyecto ha sido una prioridad mientras que la llegada del PP ha supuesto su "parálisis".

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Se mantiene la previsión de que entrará plenamente en servicio a finales de junio en todo su recorrido

RED DE COMUNICACIONES DEL ENTORNO DIRECTO DE NUESTRO HOSPITAL EN EL AREA VIII…

Fomento desviará la circulación de los túneles de Riaño por el antiguo trazado a finales de mayo

La Consejería, que prevé abrir la autovía antes de que concluya junio, trasvasará primero el tráfico para rematar la calzada en sentido Langreo

20.04.2014, Langreo, E. PELÁEZ, en La Nueva España.

La Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente trasladará en la segunda quincena del próximo mes el tráfico de la carretera de los túneles de Riaño a la calzada en sentido Avilés. De esta forma, quedarán libres los carriles en sentido Langreo de la futura autovía, que son utilizados ahora por los conductores mientras se ejecutan los trabajos en la otra calzada, que coincide en su mayor parte con el trazado de la antigua AS-17.

Este desvío permitirá concluir de forma definitiva las obras en esos carriles. Sólo resta en la calzada en sentido Langreo la última capa de pavimento y la señalización definitiva. Esas obras comenzarán, según confirmó la Consejería de Fomento, en la segunda quincena del próximo mes. El Principado calcula que la autovía de Riaño entrará en servicio a finales de junio en todo su recorrido. Se podrá circular entre Riaño y San Miguel de la Barreda (Siero) por doble calzada. Ahora los conductores ya pueden utilizar un tramo de autovía dentro del recorrido sierense de la infraestructura mientras los trabajos que ejecuta Fomento se centran en el área langreana.

Hace un mes concluyó la instalación de las vigas del último viaducto de la carretera. Esta estructura, la más pequeña de todas las construidas en el tramo, tiene una longitud de 15 metros y se ha ejecutado para salvar un regato que vierte al arroyo El Cayu. El trabajo pendiente en esa calzada se centra en la estabilización de los dos principales desmontes pendientes. Además, se están rematando las instalaciones de los dos túneles de la antigua carretera y las obras de drenaje transversal. Antes de un mes se tiene que acometer el drenaje longitudinal, el cerramiento de la vía y la instalación de pantallas de protección acústica. También se trabaja actualmente en la zona del enlace de Riaño.

En el último trimestre del pasado año se derribaron dos puentes que habían sido puestos en servicio en mayo de 1976, en una inauguración que estuvo presidida por los Reyes de España. Estas estructuras han sido sustituidas por otras dos.

Las obras en el tramo sierense de la futura autovía concluyeron el pasado verano. El recorrido tiene una longitud de 4,7 kilómetros, de los que 2,5 están en servicio con doble calzada desde el pasado 7 de agosto. El resto no está abierto a la circulación por "motivos de seguridad" a la hora de canalizar el tráfico de una calzada a otra. El trayecto desde Riaño a San Miguel de la Barreda tiene una longitud total de 8 kilómetros.

Los conductores circulan actualmente por el paso subterráneo de El Cadaval, que dispone ya, según indicó Infraestructuras, de la "iluminación nocturna, de seguridad y de emergencia al 100%". Esta estructura, que con 1.179 metros es el segundo túnel más largo de la red autonómica de carreteras tras el del Rañadoiro, tiene tres galerías de escape (dos peatonales y otra para vehículos) para posibles situaciones de emergencia. Ya se ha instalado el alumbrado exterior y la ventilación además del sistema de protección de incendios y los grupos de emergencia.

La carretera de los túneles soportaba en 2009, cuando se iniciaron las obras de desdoblamiento, un tráfico diario de alrededor de 16.000 vehículos. La circulación ha disminuido durante la ejecución de las obras en una vía donde se ha limitado la velocidad en parte del recorrido a 40 kilómetros por hora. Además, durante un amplio periodo de tiempo se instalaron en la vía badenes para que los conductores redujesen la velocidad en la zona en la que se estaban acometiendo los trabajos.

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“Jefes” en la pública e “intereses” en la privada si va a seguir siendo posible para unos pocos, ese es el resultado ¡¡qué cosas!!

 

El Gobierno retira la ley de exclusividad del personal sanitario

Constata que carece de apoyo parlamentario para su aprobación

Foto.- Ignacio Prendes y Faustino Blanco en los pasillos de la Junta General del Principado.

RTPA

El Gobierno regional ha decidido retirar el proyecto de ley para regular la renuncia a la dedicación exclusiva del personal sanitario, fundamentalmente médicos, al constatar que carece de apoyo parlamentario para su aprobación.

Según ha informado la Consejería de Sanidad, el Ejecutivo ha adoptado esta decisión tras constatar que UPyD ha decidido presentar una enmienda de totalidad a la ley que se suma a la ya registrada por el grupo parlamentario de Foro y a la oposición mostrada por el PP.

La Consejería asegura que su propuesta se ajusta "en todos sus términos" a lo acordado tanto con IU -que mantiene su apoyo al texto- como con UPyD -que rompió su pacto de legislatura con el PSOE- por lo que considera que la decisión de este partido "parece responder a intereses no explícitos".

Además, Sanidad reitera la necesidad de regular la renuncia a la dedicación exclusiva por parte del personal del Servicio de Salud (SESPA) como forma de solventar las disfuncionalidades que acarrea "la ocupación de un puesto de trabajo en el sector público con el ejercicio de otra actividad en determinados cargos".

Según Sanidad, el texto pretendía hacer compatible el derecho de los profesionales a elegir libremente su modo de vinculación a la sanidad pública y "el de los ciudadanos a disponer de una atención sanitaria de calidad".

El proyecto afectaba únicamente a los responsables que voluntariamente quisieran acceder a cargos en los que han de tener una dedicación más completa, "ajena a posibles conflictos de intereses, tal como ocurre en todas las empresas cuyo principal activo es el conocimiento".

Esta exclusividad facilita, a juicio de la Consejería, la protección de los intereses de la ciudadanía en los servicios públicos que financia, al tiempo que se preserva mejor la propiedad intelectual desarrollada por la formación, la promoción del conocimiento clínico dentro de la organización, el fomento de la investigación aplicada y el despliegue tecnológico.

El Gobierno elaboró la ley tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional que todo el conjunto del personal facultativo del Sespa percibiera de forma obligatoria un complemento por prestar una dedicación profesional en exclusiva.

Por su parte, el diputado de UPyD en la Junta General, Ignacio Prendes, ha acusado hoy al consejero de Sanidad, Faustino Blanco, de tratar de "cubrir su incapacidad" para gestionar su departamento "atacando" al partido más pequeño de la Cámara y acusándole de la retirada del proyecto de ley.

El parlamentario magenta  ha subrayado que UPyD "nunca" dio su apoyo a dicha iniciativa, que tampoco figuraba en el pacto de legislatura suscrito entre el PSOE y su partido, roto posteriormente por la formación de Prendes.

"¿Cómo puede ser que a un partido tan pequeño y que camina hacia la banalidad tal y como nos dijo el presidente Fernández se le responsabilice de la retirada de un proyecto de ley de un gobierno que ha decidido tener como socio preferente al PP?", se ha preguntado.

"Es una mala ley y Blanco lo sabe. Lo que debería hacer es acomodarse a lo que dice el Tribunal Constitucional y aprobar una regulación acorde con lo que se está haciendo en otros sitios", ha añadido.

El Principado retira la ley de exclusividad médica y reprocha a UPyD su falta de palabra

La oposición tumba la norma porque niega la compatibilidad con la actividad privada a todos los facultativos que ocupen jefaturas intermedias en el Sespa

20.04.2014, Oviedo, P. Á., en La Nueva España.

La Consejería de Sanidad anunció ayer la retirada de la ley con la que pretendía regular el derecho de los médicos de la sanidad pública a ejercer también en el sector privado. La propuesta del Gobierno regional se topó en la Junta General del Principado con la oposición de Foro y del PP -ya esperada-, a los que se sumó UPyD, que con su voto da al "no" los 23 diputados que configuran una mayoría. Es en este último partido en el que Sanidad centra sus críticas. En su comunicado, la Consejería subraya que había llevado a la Cámara "una propuesta que se ajusta en todos sus términos a lo acordado con IU y UPyD". Por consiguiente, agrega, la decisión de Ignacio Prendes "parece responder a intereses no explícitos, al no poderse justificar en el contenido de este proyecto de ley".

Tanto el PP como Foro se manifestaron en todo momento contrarios a la regulación impulsada por Sanidad por considerarla excesivamente restrictiva. Lo mismo sostenían el Colegio de Médicos y el Sindicato Médico (SIMPA). La propuesta excluía de la compatibilidad entre pública y privada a quienes desempeñaran cualquier tipo de jefatura intermedia en el Servicio de Salud (Sespa): unos 260 facultativos sobre un total de más de 3.000, según Sanidad. UPyD argumentó su rechazo señalando que debe ser en el marco de regulación del sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios donde se determine qué plazas llevan aparejada la dedicación exclusiva obligatoria. Prendes añade que para regular la exclusividad no es necesaria una ley sino que basta una norma de carácter reglamentario.

El Principado acusa a UPyD de tumbar la ley de exclusividad en Sanidad "por intereses no explícitos"

La consejería de Sanidad retira el proyecto de ley después que la formación magenta no diera su apoyo a un texto "que se ajusta en todos sus términos a lo acordado con IU y UPyD"

19.04.14 - EUROPA PRESS | OVIEDO | El Comercio.

La Consejería de Sanidad del Principado de Asturias ha decidido retirar la tramitación parlamentaria en la Junta General de la ley destinada a ordenar la renuncia a la dedicación exclusiva y regular la dedicación de los mandos intermedios en el Servicio de Salud "porque carece del suficiente apoyo parlamentario para su aprobación".

Sanidad ha tomado esta determinación, según indican desde el Gobierno autonómico, "después de constatar que UPyD, formación política que se había comprometido a respaldar esta legislación, haya decidido presentar una enmienda de totalidad a la ley". "La Consejería presentó una propuesta que se ajusta en todos sus términos a lo acordado con IU y UPyD, por lo tanto la decisión de este último grupo político parece responder a intereses no explícitos, al no poderse justificar en el contenido de este proyecto de ley", dicen desde el Ejecutivo del socialista Javier Fernández.

Sanidad insiste "en la necesidad de regular la renuncia al complemento específico de dedicación exclusiva por parte del personal del Sespa como forma de solventar las disfuncionalidades que acarrea la ocupación de un puesto de trabajo en el sector público con el ejercicio de otra actividad, en determinados cargos". Y es que, desde el departamento de Faustino Blanco consideran que "la regulación es especialmente necesaria tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 6 de noviembre de 2012 que declaró inconstitucional que todo el conjunto del personal facultativo de las instituciones sanitarias del Sespa percibiera de forma obligatoria un complemento por prestar una dedicación profesional en exclusiva".

Prendes acusa al consejero de Sanidad de "cubrir su incapacidad" atacando a UPyD

El diputado magenta sostiene que "nunca" dio su apoyo a ley de exclusividad y que tampoco figuraba en el pacto de legislatura suscrito entre el PSOE y su partido

19.04.14 - EFE | OVIEDO | el Comercio.

El diputado de UPyD en la Junta General, Ignacio Prendes, ha acusado hoy al consejero de Sanidad, Faustino Blanco, de tratar de "cubrir su incapacidad" para gestionar su departamento "atacando" al partido más pequeño de la Cámara y acusándole de la retirada del proyecto de ley de exclusividad médica. Prendes se ha referido a la decisión anunciada hoy anunciada hoy por el Gobierno regional de retirar el proyecto de ley para regular la renuncia a la dedicación exclusiva del personal sanitario, fundamentalmente médicos, al constatar que carece de apoyo parlamentario para su aprobación.

El parlamentario magenta, que ha presentado una enmienda de totalidad al texto, al que también se oponen Foro y PP, ha subrayado que UPyD "nunca" dio su apoyo a dicha iniciativa, que tampoco figuraba en el pacto de legislatura suscrito entre el PSOE y su partido, roto posteriormente por la formación de Prendes. "¿Cómo puede ser que a un partido tan pequeño y que camina hacia la banalidad tal y como nos dijo el presidente Fernández se le responsabilice de la retirada de un proyecto de ley de un gobierno que ha decidido tener como socio preferente al PP?", se ha preguntado.

A su juicio, el consejero de Sanidad intenta con esta estrategia ocultar su incapacidad para negociar con los profesionales de la sanidad asturiana a la que quiere seguir manteniendo como "una excepción" en el conjunto de comunidades autónomas que en ningún caso regulan por esta vía la cuestión de la exclusividad médica. "Es una mala ley y Blanco lo sabe. Lo que debería hacer es acomodarse a lo que dice el Tribunal Constitucional y aprobar una regulación acorde con lo que se está haciendo en otros sitios", ha añadido.

Según Sanidad, el Ejecutivo ha adoptado esta decisión tras constatar que UPyD había presentado una enmienda de totalidad a la ley "que parece responder a intereses no explícitos" y que se suma a la ya registrada por Foro y a la oposición mostrada por el PP. El Gobierno elaboró la ley tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional que todo el conjunto del personal facultativo del Sespa percibiera de forma obligatoria un complemento por prestar una dedicación profesional en exclusiva.

La ley de exclusividad médica constata el "fracaso" del Gobierno, según el PP

19.04.14 - EFE | OVIEDO.

La diputada del PP Victoria Delgado ha afirmado hoy que la retirada por el Gobierno regional del proyecto de ley de regulación de exclusividad de los licenciados sanitarios supone "la constatación, una vez más, del fracaso de las políticas públicas sobre sanidad del Partido Socialista".

En un comunicado, Delgado considera que la Consejería de Sanidad "ha sido incapaz" de conciliar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la exclusividad médica "con una regulación en la que prime la libertad de decisión de los profesionales de sistema público de salud, respecto a la compatibilización o no de su profesión fuera del horario establecido".

La parlamentaria recuerda además que su grupo fue el primero en rechazar la iniciativa del Gobierno y en anunciar una enmienda de totalidad -que también han presentado Foro y UPyD- al considerar que es "una burla" a la doctrina del TC, "a favor de compatibilizar el ejercicio público y privado de la profesión médica".

"Nos congratulamos por la retirada del proyecto, por la marcha atrás del Gobierno de Javier Fernández respecto de una iniciativa en la que, desde el principio, debieron primar los intereses de todos los asturianos y de los profesionales, no el sectarismo ideológico del que siempre hace gala el consejero", concluye Delgado.

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La contradicción sólo está en su cabeza y las resoluciones judiciales son las que priman pero que se puede esperar de quienes patrocinan “DECRETAZOS ILEGALES”

 

DICE QUE LAS SENTENCIAS SON CONTRADICTORIAS (¿…?)

Hacienda insta a las comunidades a no dar la extra de 2012

El secretario de Estado ha asegurado que cualquier decisión que se tome por cualquier ayuntamiento o comunidad autónoma que contravenga lo establecido en el Real Decreto, será recurrido por entender que es contrario a la ley Jueves, 17 de abril de 2014

Foto.- Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas

Redacción Médica

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, cuestionado sobre el reconocimiento judicial del pago de la paga extra de 2012 a los empleados públicos suprimida por el Gobierno, ha indicado que en un Estado de Derecho, prima "el cumplimiento de la Ley, en este caso el Real Decreto Ley" y en segundo lugar "las resoluciones judiciales", por lo que ha instado a las comunidades a no abonar dicha paga.

De ese modo, el secretario de Estado ha recordado que el Real Decreto "sigue en vigor" y, por lo tanto, no se puede abonar la paga extra y, en segundo lugar, ha indicado que "cualquier sentencia de carácter individual que se produzca en relación con cualquier reclamación de cualquier empleado público debe ser abonada".

Sin embargo, "cualquier decisión que se tome por cualquier ayuntamiento o comunidad autónoma que contravenga lo establecido en el Real Decreto, será recurrido por entender que es contrario a la ley". Así, Beteta ha insistido en que las resoluciones judiciales han sido "contradictorias".

Por ello, el Gobierno ha solicitado al Tribunal Supremo saber "qué decisiones priman. Mientras tanto, prima la ley y en consecuencia no se pueden adoptar decisiones de carácter general que afecten al reconocimiento de esos 44 días", ha zanjado.

 

Nuevo sistema de financiación

Sobre el nuevo sistema de financiación autonómica y local, Beteta ha asegurado que Hacienda trabaja "en el horizonte de tenerlo concluido en este 2014". Beteta ha participado en Alicante junto al conseller de Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, en la presentación del segundo plan de Simplificación y Reducción de Cargas Administrativas 2013-2015.

Además, el secretario de Estado ha remarcado, a preguntas de los medios, que el Gobierno valenciano "siempre tendrá la ayuda" del Ejecutivo central para que la Comunitat Valenciana se ajuste "al escenario de cumplimiento presupuestario".

Cuestionado sobre la posibilidad de métodos compensatorios para las comunidades incumplidoras con el déficit, ha señalado que lo que se debe hacer es "trabajar en un plan económico y financiero", en "la búsqueda de la máxima eficacia" y "también el apoyo para atender los compromisos y financiación de los servicios públicos".

 

El CPFF se encargará de abordarlo

Beteta ha apuntado que el Consejo de Política Fiscal y Financiera tratará este verano el nuevo sistema de financiación porque el actual "no nos gusta" y sus resultados "son muy dispares", de manera que este órgano, "partiendo de los informes de las 17 comunidades autónomas", tratará "la situación que hay y qué medidas cabe tomar".

Sin embargo, el secretario de Estado, al ser preguntado por si el Gobierno de Mariano Rajoy reconoce la deuda histórica con la Comunidad Valenciana, ha insistido en que el Ejecutivo central lo que hace es "estudiar" y "cuando los pongamos en común todos, tomaremos las medidas".

Antonio Beteta ha reconocido la voluntad del Gobierno de España de que "en el mes de junio esté ultimada la reforma fiscal" en la que se "estudiarán" los nuevos impuestos que se han de compartir "con comunidades autónomas y ayuntamientos" para financiar "los servicios públicos".

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Informe sobre cronicidad del 1 de Abril de 2014

De la WEB Astursalud

El Consejo Asesor de Sanidad emite informe sobre el manejo de las enfermedades crónicas en Asturias

Directrices plan integral enfermedades crónicas y atención a dichos pacientes…

Noticia de hace cuatro días pero de plena actualidad

El TC avala la ley navarra para la asistencia sanitaria a 'sin papeles'

El Alto Tribunal levanta la suspensión de la Ley de Asistencia Sanitaria Gratuita en la comunidad al entender que no está demostrado que atender a extranjeros y personas en situación irregular suponga un perjuicio económico

EFE, Madrid.

El Tribunal Constitucional ha dado la razón a Navarra y ha levantado parcialmente la suspensión sobre la Ley de Asistencia Sanitaria Gratuita en esta comunidad, que reconoce a los residentes en la comunidad foral, incluidos extranjeros y residentes en situación irregular, el derecho a la asistencia sanitaria gratuita pública.

El Alto Tribunal permite que se ponga en práctica las prestaciones de asistencia gratuita por la sanidad pública navarra a cualquiera que demuestre ser residente en la citada comunidad foral, aunque mantiene la suspensión en cuanto a las prestaciones farmacéuticas.

En su resolución, el Constitucional sostiene que "el derecho a la salud y el derecho a la integridad física de las personas afectadas por las medidas impugnadas, así como la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad, poseen una importancia singular en el marco constitucional, que no puede verse desvirtuada por la mera consideración de un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado".

El Alto Tribunal considera que el abogado del Estado no ha demostrado suficientemente que "el impacto económico" de la prestación de asistencia gratuita por la sanidad pública navarra a un colectivo que incluye a extranjeros o inmigrantes irregulares "comporte una desviación presupuestaria que pudiera considerarse como un perjuicio económico".

El TC rechaza también que, como alegaba la Abogacía del Estado, el derecho a la salud quede igualmente garantizado en virtud de las "diferentes medidas desarrolladas por los poderes públicos".

Según afirma el auto del Constitucional, tampoco queda acreditado que "dicha asistencia sanitaria se preste en los mismos términos que la otorgada" por la ley foral impugnada.

El Gobierno central recurrió esta norma ante el Constitucional en noviembre de 2013 en su apartado uno, que reconoce ese derecho a todas las personas con residencia en Navarra, sin excepción, y en su apartado dos, que define en términos amplios lo que se entiende por "residencia". El Ejecutivo de Mariano Rajoy consideró que la ley foral de Navarra invadía sus competencias y en su recurso solicitó al Alto Tribunal la suspensión de la norma de modo cautelar en tanto no se resolvía el fondo del asunto, suspensión que el TC adoptó de manera temporal por un plazo que se ha cumplido ahora.

Ya en diciembre de 2012 el Constitucional dio también la razón al País Vasco y levantó la suspensión cautelar de varios de los artículos del decreto vasco que regulaban la atención sanitaria a inmigrantes, aunque mantuvo la suspensión para el copago farmacéutico.

Auto del TC sobre la ley navarra de asistencia sanitaria gratuita

A dos años del fin de la universalidad de nuestro Sistema Nacional de Salud en el famoso y vergonzoso Decreto 16/2012.

Una sanidad más cara y excluyente

La reforma sanitaria del Gobierno de Rajoy cumple dos años

Los ciudadanos han pasado de beneficiarios a asegurados

• El ciudadano paga 250 millones más por los fármacos
• Las comunidades se resisten a aplicar el copago hospitalario

María R. Sahuquillo / Elena G. Sevillano, Madrid, en El País.

La reforma sanitaria se vendió a la ciudadanía más que como una necesidad; casi como una imposición. De no tomar medidas “urgentes”, el sistema público no iba a aguantar la creciente presión presupuestaria. La sanidad estaba en grave riesgo: era “insostenible”. El Gobierno de Mariano Rajoy presentó el real decreto 16/2012 como la fórmula magistral que iba a salvar el sistema del colapso. Dos años después, lo que ha conseguido la reforma es alterar de raíz su esencia: el ciudadano ha pasado de beneficiario de un derecho a asegurado en un servicio. Por el camino también se ha perdido la vocación de universalidad que había guiado las últimas normativas sanitarias, que intentaron ir reduciendo los colectivos excluidos del sistema. Desde que se aprobó la reforma Mato, el 20 de abril de 2012, los inmigrantes en situación irregular han perdido su derecho a ser tratados en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos. Adiós a la universalidad; hola a la desigualdad.

La exclusión de la asistencia, en forma de pérdida de la tarjeta sanitaria, no solo afecta a los extranjeros sin papeles. Las sucesivas modificaciones de la norma han provocado que también se quede fuera otro colectivo, el de los familiares de inmigrantes que pidieron la residencia por reagrupación familiar y la obtuvieron después de la aprobación del decretazo. Son sobre todo personas mayores, los padres de trabajadores que emigraron a España para trabajar, regularizaron su situación y después trajeron a sus familias. También los ciudadanos españoles pueden quedarse sin derecho a la atención sanitaria desde el 1 de enero de 2013: los parados de larga duración que hayan agotado la prestación o el subsidio por desempleo y residan fuera de España más de 90 días en un año pierden la tarjeta. También está el caso de los rentistas: personas que nunca han cotizado y tienen ingresos superiores a los 100.000 euros. Pese a que con sus impuestos sufragan la sanidad pública, tampoco ellos tienen tarjeta.

Pese a todas estas excepciones, y a que las organizaciones y los servicios sociales de las autonomías han informado de centenares de casos de desatención, Mato sigue empeñada en asegurar que la sanidad pública española nunca había sido tan universal como ahora.

El proceso de aprobación de la reforma fue visto y no visto. El cambio era de tal calado que hubiera requerido una nueva ley, pero no fue así, como recuerda Conxita Tarruella, portavoz de Sanidad de CiU: “Pedimos en el Congreso que se hiciera a través de un proyecto de ley, para que pudiera debatirse y pactarse, y se negaron alegando la urgencia...”, recuerda. En 2012 se empezaba a sentir de lleno el impacto de los recortes en el sistema nacional de salud, con las plantillas de personal menguando, cada vez menos medios y un inaudito aumento de las listas de espera. Sobrevolaba entonces la amenaza velada de la implantación de un pago por visita médica. Sanidad nunca anunció públicamente que pensara aplicarla, aunque ahora insinúa que su reforma lo ha evitado.

Lo que sí hizo el rescate “urgente” de la maltrecha sanidad pública española fue derribar otro tabú, el del copago farmacéutico. La reforma del sistema del pago de medicinas tenía reservada una sorpresa para los pensionistas, que jamás habían puesto un euro de su bolsillo —sí de sus impuestos— al recoger la medicación en la botica. Los trabajadores en activo ya copagaban, pero por primera vez los jubilados empezaron —en julio de 2012— a desembolsar el 10% del precio de sus medicamentos (con topes de 8, 18 o 60 euros mensuales en función de la renta). Para el resto de ciudadanos, el porcentaje de pago por los fármacos se estableció por los ingresos: el 40% para quienes ganan hasta 18.000 euros al año, el 50% los que tienen unos ingresos entre 18.000 y 100.000, y el 60% quienes ganen más de esa cifra.

Un escalón amplísimo que el Ministerio anunció hace meses que modularía. Aún no lo ha hecho. “La idea es establecer algún tramo más para que la aportación sea más equitativa, estamos a la espera de que las comunidades autónomas, a las que hemos preguntado, nos envíen sus propuestas sobre qué patrón establecer”, dice Agustín Rivero, director general de Cartera Básica de Servicios del Ministerio de Sanidad. “Ellos están más cerca de la población y ven los problemas que pueden surgir, pero aún no nos han dado información suficiente”, añade.

La desigualdad entre comunidades que ha generado la reforma es una de las cosas que más preocupa a José Martínez Olmos, portavoz del PSOE. Cada una ha respondido a su manera a los retos normativos que han planteado los cambios que se dictaban en Madrid. Unas atienden a los inmigrantes irregulares; otras, no. Unas devuelven al momento lo cobrado de más a los pensionistas; otras obligan a esperar meses. Y lo peor, señala, “es que desde el punto de vista de la economía, la reforma no ha servido para hacer más sostenible el sistema”.

Rivero, sin embargo, asegura que el balance es “positivo”. Explica que hace unos días acudió a Bruselas a dar cuenta del resultado de las medidas y que la respuesta fue satisfactoria. “Lo primero era sostener el sistema, considerado como un buen sistema, luego garantizar que sea universal, público y gratuito para los que residan en España; y luego mantener la calidad, la eficiencia y la accesibilidad de los grupos más vulnerables”, dice. “Hemos logrado un ahorro importante. Sobre todo en el área farmacéutica, donde se ha reducido unos 3.000 millones de euros”, dice. Y recuerda que gracias a los cambios ahora hay un millón de personas, sobre todo parados sin prestación, que ya no pagan por sus fármacos.

Los efectos del decreto aún no se han desplegado del todo. Queda por determinar lo que se conoce como cartera básica y suplementaria, es decir, las prestaciones comunes y gratuitas y las que en el futuro puedan considerarse extra, al arbitrio de cada región. Gaspar Llamazares, portavoz de IU, llama al decretazo “bomba de fragmentación”. Dice que ha tenido efectos a corto plazo, pero que los de largo aún están por ver. Si el Gobierno ha aflojado ahora es por las elecciones europeas, señala. Por el camino, algunos copagos previstos se han abandonado, teóricamente porque el ahorro esperado —aunque no han dado cifras— ya se ha logrado. Otros, como el de la farmacia hospitalaria, cuentan con la activa oposición de gobiernos autonómicos del PP. El Constitucional deberá decidir sobre los recursos de Andalucía o Asturias. Al decretazo aún le queda mucho camino por recorrer.