Otra perla más de la reforma laboral: el cierre de empresas por el abaratamiento del proceso de deslocalización

La reforma laboral alienta la deslocalización, afirman los expertos

Los economistas alertan de que el precio de la energía es un riesgo para Asturias

23.02.2014, Oviedo, José Luis SALINAS, en La Nueva España.  

La caída del negocio por la crisis, el excesivo coste de la electricidad, la pérdida de subvenciones y, sobre todo, los cambios normativos que trajo reforma laboral son los principales factores de riesgo para el cierre o deslocalización de multinacionales en Asturias, según los especialistas. Es la opinión compartida por dos docentes de la Universidad de Oviedo: Andrea Martínez Noya, profesora de Organización de Empresas, y María González, del departamento de Sociología, que han estudiado el proceder de las empresas transnacionales.

Sobre los dos casos más recientes de cierres que se están viviendo en la región, los principales diagnósticos son los siguientes: Coca-Cola quiere clausurar la planta de Colloto en busca de más beneficios, y en Tenneco, la sentencia judicial que acaba de anular los despidos servirá, según las economistas citadas, para que los empleados ganen tiempo, pero no evitará la clausura.

"El factor desencadenante de que en estos últimos dos años algunas multinacionales hayan decidido hacer las maletas es la reforma laboral; ese cambio normativo ha facilitado el cierre de empresas porque ha abaratado el proceso de deslocalización", señala Andrea Martínez Noya. Y añade: "La reforma sido el empujón final para que estas empresas hayan visto rentable su marcha en su análisis coste-beneficio ".

La socióloga María González asegura también que la regulación laboral está jugando un papel clave en la deslocalización de las grandes compañías, y pone el acento en que los cierres no tienen tanto que ver con la crisis. "El hecho de que la situación económica esté mejorando hace que las grandes empresas quieran ahora posicionarse y busquen la mejor manera de competir rebajando costes", señaló. González matiza: "En Asturias no hay una marcha generalizada".

La docente asturiana participó en un trabajo en el que se analiza la calidad del empleo de las multinacionales y su relación con el Gobierno regional. A su entender, el Principado ha creado en Asturias un buen caldo de cultivo para la atracción de estas compañías. "Aquí se está haciendo bien las cosas; hay una buena política para conseguir que se instalen compañías y también hay medidas para que se queden; es lo que en términos anglosajones se conoce como "aftercare" (cuidados posteriores)".

Ambas investigadoras consideran que la decisión de Coca-Cola de cerrar su planta de Colloto (Siero) parece poco "razonable". En opinión de Andrea Martínez Noya, tal decisión "es contraria a las políticas sociales" de la compañía. María González puntualiza que la clausura responde a una lógica de los accionistas, "que quieren más y más beneficios". Para la socióloga asturiana, movilizaciones como el boicot que promueven los trabajadores "suelen ser bastante efectivos, sobre todo en marcas tan sensibles y que llegan directamente al consumidor final".

En la misma línea, Martínez Noya opina: "Es increíble cómo se han solidarizado todas las regiones afectadas con los empleados, la decisión de los cierres le está pasando factura a la marca". No obstante, la profesora asegura que esa crisis de la marca "será pasajera". "Coca-Cola tiene tanto poder de mercado, control de los canales de distribución y arraigo que seguirá siendo consumida y, al final, volverá a sus cuotas de mercado originales", asegura.

Historia diferente es la de Tenneco, que también pretende cesar su actividad en Gijón. La expertas aseguran que la reciente sentencia judicial que obliga a la compañía a readmitir a los trabajadores puede ser un arma de doble filo. "La sentencia no me parece esperanzadora ni para este caso ni para otros", opina Martínez Noya. Y remarca: "Al final se negociarán unas condiciones más favorables de indemnización para acogerse a la ley y se acabará cerrando la planta". María González cree que la decisión judicial "puede dificultar la atracción de otras multinacionales porque lleguen a pensar que de Asturias es difícil salir".

La mesa de esta profesión logra el compromiso del gobierno

Los diplomados en Enfermería se equiparan a los actuales graduados sin cursos ni costes

El Consejo General y Satse destacan el éxito conjunto

Redacción Médica, Madrid.

El Gobierno se ha comprometido a que, de forma inminente, el título de diplomado universitario en Enfermería tenga los mismos atributos y beneficios que el de graduado en Enfermería, según informa el Consejo General de Enfermería.

La medida supone "un hito histórico para unificar la profesión y no dar lugar a enfermeros de primera y de segunda categoría". "Sin esta modificación del Marco Español de Cualificaciones de Educación Superior (MECES) los enfermeros diplomados estaban abocados a un nivel inferior al de los enfermeros graduados en la Administración pública.

"La enfermería ha logrado vencer la amenaza de la creación de una profesión a dos velocidades, segregada en dos castas, con unos diplomados cuyo título universitario tendría menos valor que el de graduado, que es el que adquieren los actuales estudiantes", indica el Consejo General.

La Mesa Estatal de la Profesión Enfermera, conformada por el Consejo General de Enfermería y el Sindicato de Enfermería-Satse, "se ha volcado en impedir que prosperase una situación injusta y perjudicial para los profesionales", ya que hasta el momento si un diplomado universitario en Enfermería quería obtener el título de graduado en Enfermería debía costearse un curso por el que  han llegado a pedir hasta 6.000 euros. Además, de forma estéril debía pasar de nuevo por las aulas y perder su tiempo en adquirir unos conocimientos que ya posee, pues las competencias profesionales de los diplomados en Enfermería, según han manifestado instituciones como la Conferencia Nacional de Directores de Centros Universitarios de Enfermería, son las mismas que las que obtienen los nuevos graduados en Enfermería.

Tras mantener la Mesa Estatal reuniones al más alto nivel, con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se ha comprometido a aprobar de forma inminente un Real Decreto por el que se modificará el Marco Español de Cualificaciones de Educación Superior (Meces), al objeto de que el título de Diplomado Universitario en Enfermería sea adscrito en el nivel 2 (Grado) con los mismos efectos y derechos, que el actual título de Grado en Enfermería y todo ello sin ningún tipo de curso ni coste para los enfermeros.

"Así, la profesión no sufrirá una fractura irreparable y se unifica desde el punto de vista académico y profesional, sin distinciones entre diplomados y graduados. Todo ello sin obligar a nadie a realizar un curso y  mucho menos pagado de su bolsillo en un momento tan duro para la economía de unos profesionales castigados por el desempleo.

Discriminación frente a otras profesiones sanitarias

Sin embargo, con la equiparación de títulos sin coste adicional y ni cursos se mitiga un problema grave que se cernía sobre la profesión, pero hay otros frentes abiertos. A diferencia de lo que ha ocurrido con los responsables universitarios de otras profesiones sanitarias (médicos, odontólogos, farmacéuticos…), los decanos de Enfermería han mostrado una pasividad que ha dado lugar a otro agravio de los enfermeros con otros profesionales sanitarios. Medicina, Veterinaria, Odontología o Farmacia han logrado que su título de Grado quede adscrito al nivel 3 de máster universitario, sin hacer ningún esfuerzo académico adicional ni económico. Esto implica que para estas profesiones, se modifica la normativa vigente para que, con los mismos créditos que cursan actualmente, reciban el título de nivel de máster, que les da acceso directo a la tesis doctoral, sin tener que cursar un máster (habitualmente de entre 60 y 120 créditos ECTS) que tienen que cursar, por ejemplo, los graduados en Enfermería.

La Mesa de la Profesión recuerda que “no vamos a consentir bajo ningún concepto que nada ni nadie abuse de la profesión enfermera, de su dignidad como profesión o de sus magníficos profesionales”.

La portavoz del PSOE en el Congreso en una conferencia en la villa naveta invitada por la Agrupación Socialista Local

Rodríguez elogia la lucha de Asturias contra la ley del aborto

23.02.14 - JOSÉ CEZÓN | NAVA, en El Comercio.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, elogió ayer en Nava el papel de las mujeres asturianas frente a la polémica reforma de la Ley del Aborto que está impulsando el Gobierno de Mariano Rajoy. «Asturias, como en otras ocasiones, se ha colocado a la cabeza de la reivindicación», aplaudió la diputada, quien destacó que las mujeres de la región fueron las protagonistas del primer gran acto de protesta en Madrid. «Con una iniciativa muy local, como era el Tren por la Libertad, fueron capaces de movilizar a toda España», subrayó.

Rodríguez, quien ofreció una conferencia en la villa naveta invitada por la Agrupación Socialista Local, añadió que el polémico anteproyecto «no es una medida aislada en contra de la libertad y de la igualdad de las mujeres». Y apuntó la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, «que es mayor que la que sufrían hace dos años por la precarización en el mercado de trabajo». La reforma laboral conllevó, según sus datos, que la mujer cobre un 16% menos de media por hora trabajada y que se multipliquen por cuatro los contratos a tiempo parcial. «En Asturias, ocho de cada diez trabajadores a tiempo parcial son mujeres», dijo. En este contexto llegaría «una contrarreforma de la ley del aborto, que las mujeres de hoy en día no estamos dispuestas a tolerar».

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Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y el Instituto Nacional de Silicosis (INS)

“El Hospital Universitario Central de Asturias, a través de los medios técnicos del Instituto Nacional de Silicosis, se compromete a elaborar todos aquellos informes de valoración sobre patología profesional de origen cardiorrespiratorio, tanto para determinar la contingencia como para la graduación de la repercusión funcional, solicitados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social”.

PUBLICADO EN EL BOPA DE AYER…

La Seguridad Social encarga al Instituto de Silicosis la valoración de las patologías profesionales respiratorias

El Instituto elaborará informes técnicos relativos a esta patología

Redacción Médica, Oviedo.

El Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y el Principado de Asturias han firmado un convenio marco de colaboración para la realización en el Instituto Nacional de Silicosis (INS), centro adscrito al Hospital Universitario Central de Asturias, de informes técnicos relativos a esta patología profesional de origen respiratorio.

El convenio, publicado este sábado en el Boletín Oficial del Principado (BOPA), fue suscrito el pasado 30 de diciembre por la directora general del INSS, María Eugenia Martín, y por el consejero de Sanidad de la Comunidad, Faustino Blanco.

En virtud del convenio, el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), a través de los medios técnicos del Instituto Nacional de Silicosis, se compromete a elaborar todos los informes de valoración de esta patología profesional que le solicite el Instituto Nacional de Seguridad Social, y a remitírselos en un plazo de 15 días desde la recepción de la solicitud.

Además, con el fin de fomentar el mejor conocimiento y manejo, a la hora de valorar la incapacidad del trabajador provocada por patologías respiratorias, las instituciones que participan en el acuerdo podrán organizar conjuntamente cursos, jornadas y otras actividades formativas.

Resolución de 17 de febrero de 2014, de la Consejería de Presidencia, por la que se ordena la publicación del convenio de colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Sanidad y el Instituto Nacional de Silicosis para la realización en el Instituto Nacional de Silicosis de informes técnicos relativos a la patología profesional de origen cardiorrespiratorio de los trabajadores. 

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En España hay tres millones de personas sufren alguna de estas patologías

Los pacientes con enfermedades raras piden un fondo estatal para sus tratamientos

"Hay enfermos que tienen que empadronarse en otra comunidad para acceder al tratamiento que necesitan", dice el presidente de Feder

Foto.- Francisco padece una enfermedad rara, lipodistrofia congénita con síndrome de progeria.

21.02.14 - EDURNE MARTÍNEZ | MADRID, en El Comercio.

La Federación Española de Enfermedades Raras (Feder) ha reclamado al Ministerio de Sanidad que ponga en marcha un fondo estatal que garantice a los afectados por estas patologías que podrán acceder "en condiciones de igualdad" a los medicamentos que necesiten con independencia de la comunidad en que residan.

Se trata de una de las catorce propuestas que ha lanzado el presidente de Feder, Juan Carrión, en una jornada que se ha celebrado en la sede del Ministerio sobre estas patologías, que ha inaugurado la directora general de Salud Pública, Mercedes Vinuesa, y la de la Agencia Española de Medicamentos, Belén Crespo.

"No nos podemos poner una venda en los ojos porque todos sabemos que hay casos en los que la gente se tiene que empadronar en otra comunidad para someterse a un tratamiento o tener acceso a una consulta profesional", ha asegurado Carrión. "Tenemos que poner todos los mecanismos posibles para que estas situaciones no se den en nuestro país", ha añadido.

Pero los afectados piden también que todos los medicamentos huérfanos autorizados por Unión Europea, 85 en estos momentos, sean comercializados en España. Carrión ha recordado que aquí solo se están aplicando unos 70 de los 85 tratamientos disponibles porque aún no se han fijado las condiciones de financiación y su precio. "Es una necesidad básica que esa tramitación se agilice porque de ello dependerá que muchos pacientes y sus familias tengan una mejor calidad de vida”, ha recalcado el presidente de Feder.

Hoy en día se conocen más de 7.000 enfermedades raras. Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un 7% de la población mundial padece una de ellas, que en su mayoría son crónicas y degenerativas, y solo en España tres millones de personas sufren alguna. Son patologías que no solo influyen en las personas afectadas, ya que la discapacidad está presente en el 85% de estos pacientes, siendo el 60% de ellos dependientes, por lo que el entorno familiar también se ve muy implicado.

Tanto Mercedes Vinuesa como Belén Crespo han incidido en que se está trabajando para que el acceso a estos medicamentos sea precoz. "Queremos ganarle la batalla a la mala suerte que supone tener una enfermedad de baja prevalencia”. ha recalcado el exministro de Sanidad, Bernat Soria, que ha querido con su presencia apoyar a estos enfermos.

 

Afectados por enfermedades raras piden un fondo estatal que garantice el acceso a sus medicamentos en todas las CCAA

EUROPA PRESS, Madrid.

La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) ha reclamado este viernes al Ministerio de Sanidad que pongan en marcha un fondo estatal que garantice a los afectados por estas patologías que podrán acceder "en condiciones de igualdad" a los tratamientos que necesiten con independencia de la comunidad en que residan. Actualmente, según ha recordado el presidente de esta entidad, Juan Carrión, durante el II encuentro de expertos 'Unidos nuestros Derechos Avanzan' celebrado en la sede del Ministerio, las competencias en sanidad están transferidas a las comunidades y esto hace que se den inequidades en el acceso a los tratamientos y cuidados que necesitan estos pacientes.

"Hay casos, y no podemos ponernos una venda en los ojos, de personas que se han tenido que empadronar en otras comunidades para tener más accesibilidad a un tratamiento, o incluso a una consulta. Tenemos que poner todos los mecanismos posibles para que esto no se produzca", ha defendido.

Por ello, la propuesta de FEDER pasa por la creación de un fondo estatal adscrito al propio Ministerio que sirva para costear el precio de los tratamientos que necesitan estos pacientes, que se conocen como medicamentos huérfanos, y garantice que "cualquier persona que necesite uno de estos tratamientos pueda acceder a él" sin esperar a que su comunidad u hospital lo autorice.

Sobre todo porque, aunque son enfermedades poco frecuentes --debe haber menos de 5 casos por cada 10.000 habitantes para formar parte de este grupo de patologías--, se estima que afectan ya a entre el 6 y el 10 por ciento de la población española, según ha reconocido la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio, Mercedes Vinuesa.

Asimismo, FEDER pide que se acelere en España el acceso a los nuevos medicamentos que van surgiendo para estas patologías menos frecuentes, ya que desde el año 2000 las autoridades europeas han dado el visto bueno a 85 medicamentos huérfanos pero en España todavía hay algunos que no están disponibles.

 

MEDICAMENTOS A LA ESPERA DE UN PRECIO

El problema de este retraso es que el Ministerio debe acordar un precio con el laboratorio fabricante para su financiación pública. De hecho, FEDER denuncia que en el último año tan sólo se dio vía libre a dos medicamentos huérfanos pero hay otros 13 --de esos 85 aprobados en la UE-- que "están en el cajón" pendientes de obtener un precio.

La directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), Belén Crespo, asegura que estos medicamentos se autorizan por un procedimiento centralizado por lo que, en el momento en que Europa le da el visto bueno, obtiene también su autorización en España. Pero otra cosa es la financiación, ha añadido.

No obstante, ha asegurado que están trabajando en ver cómo hacer que estos pacientes tengan un acceso precoz a sus medicamentos "incluso cuando el fármaco no está autorizado ni tiene precio" pero está en la última fase de desarrollo clínico, siempre que los clínicos consideren que reúnen las condiciones para poder usarlos.

 

OBJETIVO 2020: TENER 200 MEDICAMENTOS HUERFANOS

En cualquier caso, añade el presidente de FEDER, el proceso debe "agilizarse", sobre todo para cumplir con el objetivo fijado a nivel europeo de que en 2020 haya al menos 200 medicamentos huérfanos autorizados. "No lo veo imposible, pero es necesario creer que estas enfermedades son realmente una prioridad sociosanitaria, y para ello debemos destinarle toda la financiación necesaria", ha reconocido Carrión.

Entre las reivindicaciones de FEDER, esta entidad también reclama que se elimine el copago para los medicamentos dispensados en oficinas de farmacia y que las enfermedades raras se consideren dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS), ya que el 80 por ciento requieren tratamiento de por vida.

También pide establecer un protocolo específico para personas sin diagnóstico, porque "son muchos los que todavía deben realizar un peregrinaje en busca de un diagnóstico", admite Carrión. Asimismo, el presidente de FEDER ha reconocido que la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras aprobada por el Ministerio en 2009 supuso un paso importante para sentar las bases de la atención integral que necesitan estos pacientes. El problema, ha añadido, es que "se necesita financiación para poder poner en marcha todo lo que la estrategia determina".

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El Gobierno ya no tiene ninguna excusa para devolver la paga extra, por lo que CSIF ha reclamado una convocatoria urgente de la Mesa General de las Administraciones Públicas, para generalizar esta devolución al conjunto de los empleados públicos de España

Primera sentencia que obliga al Estado a pagar parte de la extra de 2012 a los funcionarios

22.02.2014, Madrid, Agencias, en La Nueva España.

La Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio de Interior a devolver a un funcionario parte de la paga extra de diciembre de 2012, que fue suprimida por el Gobierno mediante un decreto ley como medida para ayudar a recortar el déficit público. La sentencia es firme y contra ella no cabe recurso. En el texto se reconoce el derecho del funcionario demandante a que le sea abonada la parte proporcional de la paga extra de diciembre devengada entre el uno de junio y el 14 de julio, así como la parte proporcional del complemento específico y demás cantidades que deberían abonarse junto con la paga extraordinaria. Es la primera sentencia de este tipo contra la Administración del Estado y es semejante a otras que ya se produjeron en varias autonomías.

El juez entiende que el decreto ley que suprimió la paga extra y que entró en vigor el 15 de julio no afecta a la parte devengada entre el 1 de junio y el 14 de julio, fecha hasta la que los funcionarios mantenían el derecho a percibir las dos pagas extra en 2012. El magistrado también explica que, aunque la paga se cobra de forma acumulada al vencimiento de los seis meses durante los que se devenga, no hay ningún impedimento para que en determinadas circunstancias se produzca una liquidación parcial.

Un tribunal obliga al Estado a devolver parte de la paga extra a los funcionarios

Es la primera sentencia en firme contra la Administración General del Estado (AGE)

El juez censura la retroactividad del decreto porque viola el principio de seguridad jurídica

• Un juez obliga por primera vez a devolver la paga extra de 2012 a un funcionario

J. SÉRVULO GONZÁLEZ, Madrid, en El País.

El Juzgado Central de lo contencioso administrativo número 4 de Madrid ha dictado una resolución por la que obliga al Ministerio del Interior a devolver la parte proporcional de la paga extraordinaria suprimida en diciembre de 2012 en el decreto de recortes del Gobierno de aquel año. El tribunal ordena al ministerio a que "le sea abonada la parte proporcional de la paga extraordinaria correspondiente al periodo comprendido desde el 1 de junio hasta el 14 de julio de 2012, así como la parte proporcional del complemento específico y demás cantidades que deberían abonarse junto con la paga extraordinaria".

Se trata de la primera sentencia en contra de la Administración General del Estado (AGE). Hasta ahora los tribunales se habían pronunciado a favor de los empleados públicos de administraciones locales o regionales. Pero hasta la fecha ninguna de las decisiones judiciales afectaba a los funcionarios de los ministerios, según reconocen en el sindicado CSIF.

En julio de 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy decidió suprimir la paga de Navidad a todos los funcionarios y empleados públicos de todas las administraciones para ahorrar entorno a 5.000 millones de euros. El compromiso pasaba por restituir la cantidad correspondiente a la paga extra a partir de 2015, mediante su ingreso en los planes de pensiones de los funcionarios. Pero la complejidad del sistema de empleo público, donde conviven funcionarios, interinos, laborales y eventuales, complica la aplicación de la norma.

La resolución dictada el pasado 30 de enero por el juzgado central del contencioso administrativo número cuatro de Madrid da la razón a un funcionario del cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias —identificado bajo el nombre de Manuel— dependiente del Ministerio del Interior. El funcionario solicitó en septiembre de 2012 el cobro de la parte proporcional de la paga extra antes de la entrada en vigor del decreto de recortes del Gobierno, el 14 de julio de ese año. Pero la dirección del centro penitenciario donde estaba destinado (Lugo Matorroso) lo rechazó. El funcionario recurrió ante el contencioso administrativo, que ahora ahora resuelve que el ministerio del Interior le pague las cantidades correspondientes a la parte proporcional.

El argumento jurídico principal del tribunal es que "la paga extraordinaria es un concepto retributivo fraccionable".

La resolución judicial censura "la aplicación retroactiva del Real Decreto porque contravendría los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima". Además, el tribunal contencioso administrativo, que remarca que la sentencia es firma y no admite recurso, rechaza la cuestión de inconstitucionalidad porque "el decreto 20/2012 —la norma que incluía la supresión de la extra— no puede afectar al derecho consolidado de percepción de la paga extraordinaria devengada parcialmente hasta la fecha en que el mismo entró en vigor".

"La sentencia supone el colofón de una cadena de pronunciamientos judiciales a lo largo y ancho del Estado y tiene una gran relevancia desde el punto de vista jurídico", señala este sindicato, uno de los más representativos de las Administraciones Públicas. "De entrada, los criterios de la sentencia serían aplicables al conjunto de funcionarios de Interior, es decir, Policías, Guardias Civiles, Funcionarios de Prisiones y administrativos, entre otros. Y desde luego, al resto de los funcionarios de la Administración General del Estado", añade.

CSIF considera que "el Gobierno ya no tiene ninguna excusa para devolver la paga extra, por lo que ha reclamado una convocatoria urgente de la Mesa General de las Administraciones Públicas, para generalizar esta devolución al conjunto de los empleados públicos de España":

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Cierto, en el marco de la relatividad: en toda España van mal y la de Asturias es la que “menos mal” va

Javier Fernández: «Tenemos las mejores listas de espera del país»

El presidente del Principado sale en defensa del consejero, mientras el PP habla de 'guirigay' sanitario

22.02.14 - LAURA FONSECA | OVIEDO, en El Comercio.

Las demoras sanitarias han vuelto a colarse en el debate parlamentario y han sido protagonistas de un nuevo enfrentamiento entre el PSOE y el PP. En esta ocasión, entre sus máximos responsables regionales: el presidente del Principado, el socialista Javier Fernández, y la presidenta del Partido Popular, la diputada Mercedes Fernández. El jefe del Ejecutivo regional compareció ayer en la Junta General para responder a varias preguntas de la oposición. Una de ellas, sobre las listas de espera en el Servicio de Salud del Principado (Sespa) y, en particular, acerca de las elevadas demoras que estos días vienen denunciando los propios pacientes, varios de cuyos casos fueron revelados por EL COMERCIO. El presidente del Principado negó que la sanidad asturiana estuviese sumida en una situación de caos, como indicó el PP, que estuvo muy crítico con la gestión de Faustino Blanco. Javier Fernández salió en defensa del consejero de Sanidad duramente criticado estas semanas a cuenta de los abultados tiempos para operarse o acudir a consulta en la sanidad pública. Fernández llegó a asegurar que «tenemos las mejores listas de espera del país», e indicó, en respuesta al PP, que las demoras de más de seis meses existentes en los hospitales del Sespa son también las más bajas, en cuanto a volumen de enfermos, del conjunto de la sanidad española. En este sentido, apuntó que «Asturias pasó de 2.641 pacientes con demoras de más de 180 días a situarse en 270» el pasado mes de enero.

No sólo «tenemos las mejores listas de espera del país», según el presidente del Principado, sino que, además, los tiempos de demora de la sanidad asturiana «se publican de forma mensual», algo que subrayó «no se hace en la mayoría de las comunidades autónomas. Así es difícil poder establecer una comparación», precisó.

Las palabras de Javier Fernández refuerzan lo dicho, también en Junta General, por el consejero de Sanidad. Faustino Blanco lleva varios días sacando pecho ante las demoras a las que se enfrentan los pacientes en Asturias y afeando los tiempos de espera que sufren pacientes de comunidades autónomas gobernadas por el PP. Así, habló de 4.000 enfermos quirúrgicos con más de 180 días de demora para operarse en Castilla-la Mancha, 3.000 en Castilla y León o, incluso, «los más de 5.000 que hay en Valencia».

Ayer, la diputada del PP evitó contestar a estas acusaciones y se centró en lo que «ocurre en Asturias». Mercedes Fernández insistió en culpar al consejero de Sanidad de «maquillar las listas de espera». Ya el día anterior, la diputada popular Victoria Delgado llegó a responsabilizar a Blanco de aplicar «trolas» para cuadrar los tiempos de espera y para hacer desaparecer de un plumazo los pacientes con más de medio año para una intervención, en referencia al balance que presentó a finales de 2013.

Además del «maquillaje en las cifras de las listas de espera», la presidenta del PP se refirió a «la pobre y errática» gestión del consejero Faustino Blanco. Mercedes Fernández afirmó que la sucesión de destituciones y relevos en Sanidad, donde desde el inicio de legislatura han dejado el cargo seis directivos, «da cuenta de que existe un 'guirigay' en la sanidad asturiana». Asimismo, la diputada popular hizo hincapié en la «falta de entendimiento» con los profesionales sanitarios, lo que derivó en la huelga médica de 2012.

Nuevo HUCA

En su turno de réplica, Javier Fernández le recordó a la presidenta del PP que «muchos de los problemas que atañen a la sanidad pública asturiana han sido generados por directrices marcadas por el Gobierno Central». Señaló, en este sentido, que «si estas premisas se hubieran seguido en su totalidad, la sanidad asturiana no atendería a determinados colectivos», como los inmigrantes o los jóvenes asturianos que hayan tenido que emigrar por motivos laborales.

El jefe del Ejecutivo regional también habló del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias y solicitó al PP que deje de lado las «descalificaciones» que realiza en cuanto a la gestión del consejero y que se sume a apoyar y cooperar en el «desafío» que constituye el traslado al nuevo HUCA.

Para finalizar, el socialista añadió que la sanidad asturiana está mejor valorada que la de otras comunidades gobernadas por el PP y que, cuando se producen conflictos, en Asturias se llega a acuerdos mientras que en las comunidades 'populares' se termina en los tribunales.

Casos que en el proyecto de Decreto de tiempos máximos se regulan en el mismo sentido en que aquí se aplicó…

«El Sespa me sacó del listado por negarme a ir a otro hospital»

Mercedes Fernández Álvarez espera desde 2013 por una prótesis de rodilla. Le ofrecieron ir a Cruz Roja y al decir que prefería Cabueñes, «me quitaron»

22.02.14 - L. FONSECA | GIJÓN, en El Comercio.

Mercedes Fernández Álvarez se siente «una paciente fantasma». Lleva desde marzo de 2013 aguardando por una operación de prótesis de rodilla, pero hace poco se enteró de que no figuraba en la lista de espera oficial, «esas de las que tanto habla el consejero y, en las que, según él, no hay enfermos que lleven esperando más de medio año», recrimina. Mercedes, gijonesa de 59 años, acumula una demora de casi un año, «pero conozco a otro chaval que pasa ya de los 500 días», dice.

Esta trabajadora de Liberbank, ahora afectada por un ERE, entró en lista de espera en el Hospital de Cabueñes en marzo de 2013. Le tienen que implantar una prótesis en su maltrecha rodilla derecha. La suya no es una cirugía de rutina, dice. Mercedes sufre artritis desde niña, una dolencia que con el paso de los años se le complicó con una osteoartrosis generalizada. Sus articulaciones «están muy limitadas», explica. Cosas tan sencillas como doblar la mano o el brazo se le hacen cuesta arriba, lo que unido a la rigidez de su otra pierna, la izquierda, da cuenta de que «no soy un caso sencillo».

Por eso, cuando en agosto la llamaron de Cabueñes para proponerle operarla en Cruz Roja, «dije que no. Pero no me negué por capricho, no tengo nada contra ese hospital, del que me han hablado muy bien, pero mi situación particular requiere de una rehabilitación específica, especial». Tras su negativa, y ante el temor de que «me podían sacar de la lista de espera», llamó a Cabueñes para preguntar. «Me dijeron que estuviera tranquila, que seguía en la lista».

Pero no fue así. El pasado 14 de febrero, en una segunda cita que tuvo con la Inspección Médica, la inspectora quiso interesarse por la demora de Mercedes, que le parecía «excesiva». En Cabueñes «le dijeron que ya no estaba en lista de espera, que como me había negado a ir a Cruz Roja que me habían quitado». La explicación dada por el hospital cabreó a Mercedes «pero también a la inspectora, a la que nadie había informado de este cambio de situación». Mercedes se dirigió ese mismo día a Cabueñes, donde logró tras mucho insistir y protestar que «alguien de Atención al Paciente me explicara, por vez primera en meses, que no estaba en lista de espera oficial sino en lista de espera no programable». ¿Qué supone eso? «Pues que me llamarán cuando haya un hueco», lo que releva que en Sanidad «hay una lista oculta».

Mercedes se siente «engañada». «No te dicen la verdad de lo que pasa y encima te dejan tirada como un mueble», asegura. «Parecemos pacientes invisibles, fantasmas», comenta indignada. En su opinión, la normativa sobre tiempos máximos de espera que anunció días atrás el consejero «ya se está aplicando. A mi me han quitado de la lista por negarme a ir a otro hospital».

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Primera reacción, y probablemente única entre los sindicatos, a las declaraciones del Gerente del SESPA

El Sindicato Médico no descarta otro conflicto si persiste "este sistema de capataces"

Tácito Suárez se reunió ayer con los directores médicos para pedirles "más producción en quirófanos, consultas y pruebas diagnósticas"

22.02.2014, Oviedo / Gijón, P. ÁLVAREZ / A. RUBIERA, en La Nueva España.

El primer pronunciamiento programático del nuevo gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa), Tácito Virgilio Suárez, en el que reclamaba un mayor aprovechamiento de los quirófanos y de los tiempos para consultas y pruebas diagnósticas, no ha gustado a los médicos. "Este sistema de trabajo que tenemos en marcha, basado en el nombramiento de capataces, ha generado un desencanto absoluto entre una serie de profesionales, y un estado de gran crispación en otros, con lo cual una nueva vuelta de tuerca podría ser el detonante de algo", declaró ayer a este periódico Antonio Matador, secretario general del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA).

¿Habla Matador de una nueva huelga, similar a la impulsada por el sindicato en el último trimestre de 2012? "No descartamos nada", se limitó a responder el máximo responsable de la organización.

Tácito Suárez enunció su petición de una mayor productividad anteayer, con motivo de la firma de los contratos-programa con los gerentes de las ocho áreas sanitarias de la región. En el breve tiempo que lleva en el cargo, el director del Sespa se ha hecho eco en diversos ámbitos de una definición que parece agradarle mucho: a los directores médicos los denomina "directores o jefes de producción". Ayer mismo mantuvo una reunión con ellos en la que los instó a "incrementar la producción de nuestros hospitales y de nuestros centros: incrementar la producción de los quirófanos, las consultas y las pruebas diagnósticas, porque entendemos que tenemos capacidad para ello".

Pero este discurso no parece ser del gusto del Sindicato Médico, que se queja de la aplicación del acuerdo con la Administración sanitaria que puso fin a la citada huelga. "El desastre en lo que va de legislatura es monumental. Los médicos no tenemos ningún problema: hemos trabajado lo que nos han programado. El problema es que la programación es un desastre. Se basa en capataces, no en el diálogo, y además los capataces, en muchos casos, no saben", subrayó Matador. A juicio del SIMPA, la organización de la actividad sanitaria debe pivotar sobre "el diálogo con los profesionales y los pactos con los diferentes servicios, que son los que saben cómo hacer las cosas".

Uno de los problemas de la sanidad pública asturiana radica en el aumento de las demoras en las pruebas diagnósticas -resonancias, escáneres, ecografías...- desde que la Consejería de Sanidad decidió suprimir las horas extraordinarias. "No sabemos exactamente qué quieren decir cuando hablan de aumentar la producción. En hacer una resonancia se tarda lo que se tarda, y como no metamos a dos pacientes de cada vez no sabemos qué podemos hacer", señalaron fuentes del área de radiodiagnóstico.

En Gijón, el personal de quirófano del Hospital de Cabueñes acogía entre críticas el velado "reproche" que -a su juicio- esconde el planteamiento de incrementar el rendimiento. "Operar lleva un tiempo, pero antes está la preparación del paciente, la sedación, la monitorización, y sin eso no hay cirugía que se pueda hacer. En la actualidad ya son muchísimas las ocasiones en que los enfermos salen de quirófano más tarde de las tres, así que nadie entiende muy bien cómo piensan incrementar esos rendimientos", apuntaban desde la junta de personal del área sanitaria gijonesa.

Los médicos amenazan con iniciar otro conflicto sanitario

El Simpa tilda de «nueva vuelta de tuerca» el plan antidemoras del Servicio de Salud que obligará a los facultativos a operar más

22.02.14 - L. FONSECA | OVIEDO, en El Comercio.

Vuelven a sonar 'tambores de guerra' en la sanidad asturiana. El anuncio del nuevo gerente del Servicio de Salud (Sespa), Tácito Virgilio Suárez, de incrementar la productividad en los hospitales a base de que los médicos tengan que operar más y realizar más consultas y pruebas diagnósticas fue recibido como una nueva afrenta. Así, y cuando aún colean los efectos de la última huelga sanitaria -la vivida a finales de 2012 y que se prolongó durante más de tres meses-, los facultativos vuelven a hablar de conflicto. Antonio Matador, secretario general del Simpa, calificó ayer de «brindis al sol» la pretensión del nuevo responsable sanitario de aumentar la productividad en los hospitales sin recurrir a horas extra ni incrementar plantilla o derivaciones. Matador salía así al paso de lo dicho por Tácito Suárez, que habló de un plan de choque contra las listas de espera que pasa por «mejorar el tiempo de trabajo» en los hospitales. Indicó literalmente el gerente que «los quirófanos tienen que empezar antes y terminar después». Dejó bien claro Suárez que el bautizado como 'plan estructural contra la demanda insatisfecha' (las populares listas de espera) saldrá adelante sin que a la Administración sanitaria le reporte gasto adicional alguno. Se trata de «hacer más operaciones, más consultas y más pruebas diagnósticas, aprovechando mejor el tiempo que tenemos, que nos sobra», señaló. Las palabras del 'número dos' de la sanidad asturiana recuerdan a lo que años atrás dijo otro consejero de Sanidad, Ramón Quirós, cuando animó al personal sanitario a «hacer más, pero con menos».

El guante lanzado por el nuevo gerente del Sespa no fue bien recibido por el ala médica. Aunque el secretario general del Simpa reconoció no conocer el plan de choque al que se refirió Tácito Suárez, aventuró que «sin aumento de personal, sin incremento de jornada y sin más derivaciones es imposible reducir las actuales demoras». Matador sí cree que existe margen para «mejorar la nefasta organización sanitaria», pero duda de que «pueda salir adelante sin contar con la colaboración de los profesionales». El Simpa considera que «el eufemístico aumento de productividad» al que se refirió Tácito Suárez «es una nueva vuelta de tuerca que no vamos a aceptar». El facultativo invitó al gerente del Sespa a que «vaya a los anestesistas, a los radiólogos o a los cientos de médicos que no pueden atender a los pacientes en tiempo y forma porque están saturadísimos, y les diga que trabajan poco y que tendrán que hacer más actividad».

Matador confirmó que el Sindicato Médico está realizando un estudio pormenorizado sobre «las demoras reales». Según este sindicato, que ha contactado con servicios quirúrgicos y de citaciones, en la sanidad asturiana «hay hasta 5.000 pacientes con demoras de más de seis meses, y no 270 como dice la consejería». Su cálculo se refiere tanto a personas pendientes de una operación quirúrgica como de consultas y pruebas diagnósticas.

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