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Decreto 25/2014, de 5 de febrero, por el que se nombra como Director General de Planificación, Ordenación e Innovación Sanitarias a don Mario Juan Margolles Martins.
Decenas de mociones contra la ley del aborto salen con apoyo del PP
Concejales populares suscriben o se abstienen en declaraciones contra la reforma en numerosos municipios. Calatayud, Xàbia, Lepe o San Bartolomé de Tirajana censuran la nueva norma
María R. Sahuquillo / Francesco Manetto, en El País.
Cada vez es más patente que el anteproyecto de ley del aborto es foco de incomodidad y división en el Partido Popular. Desde los escalones más elevados —con voces críticas de barones como el de Extremadura, José Antonio Monago, o el gallego Alberto Núñez Feijóo— a los más cercanos a la ciudadanía. El apoyo o la abstención de concejales del PP está permitiendo aprobar en decenas de Ayuntamientos españoles mociones de rechazo a la nueva ley. Calatayud (Zaragoza), Lepe (Huelva), San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) o Xàbia (Valencia) han pedido ya, a iniciativa de los partidos de la oposición, la retirada de la nueva norma que, si sale adelante tras los trámites parlamentarios, permitirá abortar solo en casos de violación o riesgo grave para la salud física o psicológica de la mujer.
Las mociones municipales en un asunto como este, que se discute en el Parlamento y donde los Ayuntamientos tienen poca mano, son más simbólicas que otra cosa. Sin embargo, suponen un buen termómetro para definir cuán escoradas están las posturas en el espinoso debate de la interrupción del embarazo. En aquellos municipios donde se ha decidido dar libertad de voto, muchos populares han apoyado las mociones contra la reforma; o han preferido no situarse en contra y que salgan adelante. Es el caso de Calatayud (21.000 habitantes), gobernado por el PP, que a iniciativa del PSOE ha pedido la retirada del anteproyecto con el respaldo de tres concejalas populares y la abstención de los otros seis ediles. Su alcalde, José Manuel Aranda, que se abstuvo, prefiere no abundar en el tema. A través de una portavoz, este médico de 53 años se remite a lo que dijo en el pleno, donde apuntó que aunque no está de acuerdo con la ley actual, de 2010, el anteproyecto es “manifiestamente mejorable” y debería ir a las cortes “mucho más consensuado”.
La estrategia de la oposición —sobre todo del PSOE— de trasladar el debate de la ley del aborto a los estamentos provinciales y municipales para dejar claro su frontal rechazo, y tratar de visibilizar la división que genera, está dando frutos. También el pleno del Consistorio de Lepe (PP) aprobó el día 31 una moción de IULV-CA contra la reforma y en defensa del derecho a decidir de la mujer. En este municipio de 27.400 habitantes, la declaración tuvo el respaldo de dos ediles populares. Tres la rechazaron y siete, incluido el alcalde, se abstuvieron en la votación, en la que había libertad de voto, según anunció el portavoz del equipo de Gobierno, Jesús Toronjo. El resultado, que supone una nueva crítica al anteproyecto de ley impulsado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha levantado una buena polvareda. La semana pasada, el presidente del PP de Huelva y exalcalde del municipio, Manuel Andrés González, insistió en que el aborto es un asunto “moral e ideológico” en el que se respeta “la opinión de todos los militantes”. González argumentó que lo ocurrido en Lepe es “un síntoma de esa libertad absoluta que existe entre todos los militantes”.
Desde la dirección del PP minimizan este foco de división interna al recordar que es habitual que los Ayuntamientos debatan temas que, en principio, no son de su competencia y sostienen que la “inmensa mayoría” de las mociones que se votan en los Consistorios populares apoyan la reforma. No obstante, varios dirigentes admiten abiertamente que es bueno que se abra ahora una etapa de trámite y reflexión en todas las instituciones, dirigida a buscar “mayor consenso”. También reconocen que será complicado porque hay puntos, como la polémica supresión del supuesto de aborto por malformación fetal, que tienen difícil solución.
Una segmentación que aumenta. En la Comunidad Valenciana son ya una decena los municipios que han sacado adelante mociones de este tipo. Muchas respaldadas por el PP. Xàbia (33.000 habitantes) pidió la semana pasada la retirada del anteproyecto, como proponía el PSPV —que gobierna—, con el voto a favor de los tres ediles populares. El portavoz del PP de la localidad, José Luis Genovés (independiente), explica por teléfono que él es más partidario de no tocar la norma actual. “Estoy en contra de cualquier ley que sea más restrictiva que la que ya tenemos. No entiendo a qué viene tocarla y crear una alarma social al respecto”, dice. Genovés, que recalca que no es “político profesional”, cree que en un asunto “tan personal” como este no hay que tomar una posición de partido sino “la que cada uno opine en conciencia”. “No me gustaría que se pusieran barreras a cualquiera de nuestras hijas si tuviera que abortar”, dice.
En Teulada, Estivella, Cullera, Oliva o Paterna se repitió la misma dinámica. En este último municipio valenciano (65.000 habitantes) se aprobó un texto que pide la retirada de la nueva ley. Su aprobación, dice, sería una “regresión”. Seis ediles del PP apoyaron la declaración; otros siete, incluido el alcalde, se abstuvieron.
El viernes, La Oliva (Fuerteventura) y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) también aprobaron mociones de rechazo. En el último municipio (56.700 habitantes), por unanimidad. Con el apoyo en pleno de una decena de concejales populares. Todos —también el alcalde, Marco Aurelio Pérez— rehusaron hacer declaraciones sobre su postura. Algo que se repite en la mayoría de los municipios. “Yo tengo mi postura y respeto la de los demás, pero esto es muy personal y al margen de la votación prefiero no significarme”, apunta una edil valenciana que apoyó una moción de rechazo. La concejala reconoce también que en los pueblos pequeños o medianos es más fácil “votar en conciencia” porque se tiene “menos visibilidad”.
En municipios de Galicia, Asturias o Baleares también se ha rechazado, con apoyo del PP, la nueva ley: San Sadurniño, O Grove, Es Mercadal, Consell... En Cangas de Onís (Asturias), Culleredo (A Coruña) o Barro (Pontevedra), los populares han permitido con su abstención la aprobación de estas declaraciones simbólicas. En este último municipio gallego, de 3.700 habitantes, el PP se abstuvo en la votación de un texto del BNG, que pide que se mantenga la norma actual, con la que la mujer puede abortar sin tener que justificar su decisión hasta la semana 14ª de gestación y que permite después esta intervención si existe riesgo para su salud (hasta la 22ª) o malformaciones fetales muy graves (sin plazo). Su regidor, el popular José Landín Eirín, sostuvo que la actual ley funciona “perfectamente”.
No en todos los Ayuntamientos ha habido comportamientos similares. Los populares han rechazado mociones que censuraban la nueva ley en Consistorios como el de Sevilla, Teruel, Hospitalet, A Coruña o Barcelona —donde pese a su voto negativo la disposición salió gracias al apoyo de CiU—. En otros municipios, como en Molina del Segura (68.500 habitantes), el grupo popular del Ayuntamiento optó por sacar adelante su propia moción en la que pide al Gobierno “que intente conseguir el mayor consenso posible en la tramitación de la reforma”. Una tramitación, dice, “que debería cesar en caso de que ese consenso no llegue a alcanzarse”.
Informes negativos
Mañana se votará en el Congreso una proposición del PSOE que pide la retirada del anteproyecto de ley del aborto. Los diputados votarán en urna, lo que permite que el voto sea secreto. El texto, además, debe pasar, antes de iniciar su tramitación en el Parlamento, por los informes de los organismos preceptivos. Para tratar de esquivar las críticas a la falta de consenso, el Ministerio de Justicia los ha enviado también a una decena de entidades como la Organización Médica Colegial, la Agencia de Protección de Datos y colectivos especializados.
Algunas entidades ya han adelantado su postura. Save the Children ha rechazado elaborar el informe. El aborto, dicen, es “un tema de conciencia y una decisión individual de la mujer”. La Asociación de Mujeres Juristas Themis ha manifestado que no hará observaciones, sino que insistirá en su oposición frontal a todo el texto. Esta organización critica, además, que Justicia no le haya enviado la memoria de impacto —en la que dice que la ley será buena para la economía porque puede aumentar la natalidad—, que el ministerio solo ha mostrado a algunos de los organismos a los que pidió informe.
Voto secreto para decidir si se pide retirar la reforma del aborto
Los socialistas pretenden así facilitar que los diputados del PP que se han manifestado disconformes puedan expresarse "en libertad"
10.02.14 - EFE | MADRID.
El Pleno del Congreso se pronunciará el martes, con voto secreto, sobre la proposición del Grupo Socialista que pide la retirada del anteproyecto presentado por el Gobierno para la reforma de la legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
El debate y votación de esta iniciativa forma parte de la "ofensiva" parlamentaria que los socialistas han planteado para esta semana contra la modificación de la ley del aborto, con tres preguntas al Gobierno en el Pleno del Senado ese mismo día y otra en el Pleno del Congreso el miércoles.
Los diputados votarán la proposición no de ley citada en urna con papeleta, una vez que los socialistas formalizaran una petición en ese sentido dirigida al presidente del Congreso, Jesús Posada, el 6 de febrero pasado.
Según el artículo 85.1 del reglamento de la Cámara Baja, "la votación será pública por llamamiento o secreta cuando así lo exija este reglamento o lo soliciten dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los diputados o de los miembros de la comisión", siempre que no se trate de un procedimiento legislativo. Los socialistas pretenden así facilitar que los diputados del PP que se han manifestado disconformes con la reforma puedan expresarse "en libertad".
También el martes, Izquierda Plural pedirá la retirada del anteproyecto con una moción en el Pleno del Congreso, y Entesa preguntará al Ejecutivo por este asunto en el Pleno del Senado.
El equipamiento hospitalario está envejecido en Asturias
Un estudio recoge que más del 40 % de algunos sistemas incumplen las recomendaciones europeas
Foto.- Box en la unidad de cuidados intensivos (uci) del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).
RTPA
Asturias es la segunda comunidad, después de Canarias, con los sistemas de monitorización más antiguos. El 40 % de los equipos instalados en las cabeceras de las camas hospitalarias supera la década de vida.
El informe de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria también recoge que están envejecidas las técnicas de soporte vital, las terapias de calor aplicadas a cunas o incubadoras y, en menor medida, la maquinaria de diagnóstico por imagen.
FENIN ha aplicado una normativa europea que establece que sólo el 10 % de los equipos debe superar los 10 años. El estudio ha analizado la renovación sin tener en cuenta la dotación de nuevos hospitales como el nuevo HUCA o el Álvarez Buylla.
La patronal insta a las comunidades a planificar la renovación o, al menos, la actualización de los equipos y recomienda contratar servicios técnicos y escuchar a los profesionales sanitarios.
Casi el 30% de la tecnología hospitalaria en España supera la década y la renovación ha caído casi un 70% en los últimos cinco años.
IU y UPyD apoyan la fusión de áreas sanitarias que Blanco deberá negociar
Ambas formaciones ven con buenos ojos el proyecto de pasar de ocho a cuatro zonas «siempre que no suponga una merma de recursos»
Foto.- Ignacio Prendes (a la izquierda) conversa con el consejero Faustino Blanco, en la JGPA.
10.02.14 - LAURA FONSECA | GIJÓN, en El Comercio.
Junto a la apertura del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), es el proyecto sanitario estrella del Principado. La fusión de áreas -que en la práctica supondrá reducir la carga burocrática y pasar del actual mapa sanitario compuesto de ocho zonas a otro de cuatro- sigue estando en los planes estratégicos del consejero de Sanidad Faustino Blanco. La reciente prórroga presupuestaria y el evidente alejamiento con los que hasta ahora ejercían como 'socios puntuales' de gobierno (IU y UPyD) no parece que vayan a hacer mella en este proyecto que requiere de la aprobación de una ley en la Junta General y que obligará al PSOE a esforzarse en la negociación parlamentaria.
Para poder modificar el mapa sanitario, que data del año 1992, el Gobierno regional debe aprobar una nueva normativa que regule el Servicio de Salud del Principado (Sespa). La posibilidad de hacerlo por la vía del decreto, una alternativa que se llegó a valorar (sobre todo tras la prórroga), ha quedado descartada debido a que la separación de Asturias en ocho áreas sanitarias está regulado actualmente por ley, por lo que su modificación debe realizarse también mediante una norma del mismo rango.
No es la primera vez que un Gobierno regional muestra su disposición a modificar el mapa sanitario, aunque nunca hasta ahora se había llegado tan lejos. El primer intento se remonta a 2006, cuando el entonces director general de Salud Pública, Ángel López, de IU, habló públicamente de ello, lo que le valió un importante rapapolvo por parte de los socialistas, con quienes entonces gobernaban en coalición. El proyecto se frenó en seco, aunque la coalición lo considera en gran parte de su autoría.
La pretensión del actual Ejecutivo socialista, como ya lo avanzó en varias ocasiones el propio Blanco, es pasar de ocho a cuatro áreas. Asturias se divide en ocho espacios sanitarios geográficos: Jarrio (I), Cangas del Narcea (II), Avilés (III), Oviedo (IV), Gijón (V), Arriondas (VI), Mieres (VII) y Langreo (VIII). La idea es pasar a una distribución de cuatro zonas en la que las cuencas quedarían fusionadas, Gijón, Avilés y Oviedo seguirían siendo cabecera de distrito al que se le uniría las áreas más cercanas. En el caso de Avilés sería Jarrio; en el de Oviedo, Cangas del Narcea, y en el de Gijón, Arriondas.
Consultados por EL COMERCIO, tanto IU como UPyD mostraron su disposición a apoyar la iniciativa de reducir el número de áreas sanitarias «siempre y cuando no suponga una merma de recursos». Así lo aseguró el diputado de UPyD, Ignacio Prendes, quien, no obstante, prefiere no adelantar acontecimientos «hasta que nos presenten el proyecto». Prendes señaló que su formación «es partidaria de la reordenación, ya que el actual mapa sanitario, que data del año 92, ha quedado obsoleto». Eso sí, el parlamentario aclaró que «no apoyaremos nada que tenga que ver con cierre de hospitales o reducir recursos».
Hoy, comparecencia
En el mismo sentido se pronunció Noemí Martín, de IU, quien recordó que el proyecto de modificar el mapa sanitario forma parte del programa de la coalición «desde hace años». Al igual que UPyD, Izquierda Unida adelanta que el apoyo está condicionado a que «no haya ni recortes, ni reducción de recursos ni pérdida de empleo». En cualquier caso, indicó que «la reordenación del mapa sanitario busca una gestión más eficiente y la posibilidad de que los hospitales y los centros sanitarios trabajen en red».
Precisamente, el consejero de Sanidad comparecerá hoy en la Junta para informar sobre la destitución de Celia Gómez como gerente del Sespa y avanzará también alguna novedad en materia de planificación sanitaria, con el proyecto de fusión de áreas como telón de fondo.
VER NOTICIA ANTERIOR DIRECTAMENTE RELACIONADA
VER NOTICIA DEL PASADO AÑO CUANDO MAS SE DEBATIO SOBRE ESTA CUESTION…
VER EL REAL DECRETO DE LA ENTONCES MINISTRA LEIRE PAJIN VIGENTE: Real Decreto 1039/2011, de 15 de julio, por el que se establecen los criterios marco para garantizar un tiempo máximo de acceso a las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud.
El PP exige una norma que regule los tiempos máximos de espera en la sanidad asturiana
Foto.- Victoria Delgado, diputada del PP en la Junta General del Principado de Asturias.
09.02.14 - EUROPA PRESS | | OVIEDO.
La diputada del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Victoria Delgado, ha anunciado este domingo que su grupo parlamentario defenderá una iniciativa que obligue al Ejecutivo asturiano del socialista Javier Fernández a elaborar una norma para establecer el tiempo máximo de espera para que un asturiano reciba asistencia sanitaria.
El objetivo, ha indicado, es acabar con las "desmesuradas e injustificables" listas de espera actuales de la sanidad asturiana, "que llegan incluso al año de demora".
Delgado, a través de unas declaraciones distribuidas por el PP, ha señalado el "rotundo fracaso" socialista en la gestión de las listas de espera, "con demoras estructurales, sistemáticas y progresivas que constituyen uno de los males endémicos del sistema de salud asturiano y suponen la principal queja de los usuarios".
La parlamentaria popular destacó que no se pueden aceptar las "tardanzas injustificadas en la atención de los servicios sanitarios", y añadió que los asturianos "se sienten impotentes por una atención médica que no llega, con el evidente perjuicio para su salud".
MAQUILLAJE
Ha acusado a la Consejería de Sanidad de "maquillar" los datos para intentar ocultar una evidencia "que ha sido confirmada por gran parte de los profesionales de la sanidad y por los usuarios perjudicados por estas abusivas desatenciones".
En este sentido, señaló que la gestión socialista de la Sanidad está generando "desconfianza, desconcierto y descrédito entre los asturianos", y subrayó que el objetivo del PP es que los ciudadanos puedan recuperar la confianza en el sistema público de salud.
La proposición no de ley que ha presentado el PP en el Parlamento regional reclama al Ejecutivo del PSOE que presente antes de que acabe la actual legislatura autonómica una norma que establezca con claridad los tiempos de espera máximos para recibir las distintas prestaciones sanitarias, para que los asturianos conozcan con precisión cuál va a ser el plazo de su atención en hospitales o centros de salud.
"Queremos dotar de seguridad jurídica a los asturianos en sus relaciones con la Sanidad, y que el Gobierno de Javier Fernández se comprometa con los ciudadanos en un servicio prioritario y básico", ha subrayado Delgado.
Con esta medida, ha dicho, además de lograr una atención sanitaria de mayor calidad, se daría oportunidad a los asturianos a exigir responsabilidades por el mal funcionamiento del servicio de salud del Principado.
El PP quiere regular el tiempo máximo de espera en la sanidad pública
La diputada Victoria Delgado asegura que las tardanzas son "injustificadas"
10.02.2014, Oviedo, La Nueva España.
El PP defenderá en la Junta una propuesta que obligue al Gobierno de Javier Fernández a establecer unos tiempos máximos de espera en la asistencia sanitaria pública, con el objetivo, según informa el partido, de "acabar con las desmesuradas e injustificables listas de espera, que incluso llegan a un año de demora".
La diputada y portavoz popular en la Junta, Victoria Delgado, considera que no se pueden aceptar "las tardanzas injustificadas en la atención de los servicios sanitarios", ante las que los asturianos "se sienten impotentes, con el evidente perjuicio para la salud".
Doscientos setenta asturianos llevan más de seis meses esperando una intervención quirúrgica en los hospitales públicos asturianos, según los datos del mes de enero hechos públicos el pasado viernes por la Consejería de Sanidad. El número total de personas que esperan por una intervención es de 18.605.
Delgado acusa a la Consejería de maquillar los datos y asegura que la gestión en Sanidad está generando "desconfianza, desconcierto y descrédito entre los asturianos". Y añade: "Queremos dotar de seguridad jurídica a los asturianos en sus relaciones con la sanidad, y que el Gobierno se comprometa con los ciudadanos en un servicio prioritario básico".
VER SECCION EN “EL PAIS” CON INFORMACION SOBRE TODO ESTO EN EL ESPECTRO NACIONAL…
De cancerbero a gerente del Sespa
Tácito Suárez lleva a gala haberse 'fogueado' como gestor en sus 8 años en Arriondas
Foto.- El nuevo gerente del Sespa, Tácito Suárez, a la derecha, junto al consejero de Sanidad, Faustino Blanco en la rueda de prensa del pasado 20 de enero para presentar el traslado al HUCA.
09.02.2014 - LAURA FONSECA, GIJÓN, en El Comercio.
Ha pasado de las trincheras sanitarias a coger oficial y públicamente los mandos. De la noche a la mañana, tras la sorpresiva destitución de Celia Gómez, quien fuera durante año y medio gerente del Servicio de Salud del Principado, Tácito Virgilio Suárez se ha convertido en el 'número dos' de la sanidad asturiana. Siempre a la sombra del consejero era difícil saber dónde acababa el brazo ejecutor de Faustino Blanco y dónde comenzaba el suyo como jefe de Gabinete, un cargo que desempeñó desde el inicio de la legislatura de Javier Fernández (PSOE) y al que accedió de la mano del que fuera su mentor: el exgerente del Sespa, Juan Ortiz. El pasado 28 de enero, el Consejo de Gobierno hizo pública su designación al frente del Servicio de Salud, aunque Tácito ya había sido nombrado 'vía nota de prensa' una semana antes, nada más trascender el relevo de Celia Gómez.
Médico de profesión, aunque ejerció casi siempre como gestor, lleva a gala haberse 'fogueado' como gerente en sus ocho años en el hospital de Arriondas. Sus sucesores no han tenido tanta suerte, mostrando un nivel de supervivencia bastante menor. Desde su marcha, en 2008, por las tierras del Grande Covián han pasado ya tres responsables. Tácito Virgilio -dos nombres con marcada personalidad, tanto, que pocos conocen sus dos apellidos: Suárez González- se ha ganado en este último año y medio fama de duro estratega. Al él, junto al propio consejero y al director general de Salud Pública, Julio Bruno, le acusan de forman 'un triunvirato' y de constituir el ala dura de Sanidad. El Simpa le hace responsable de buena parte de la férrea estrategia que la Administración mantuvo durante la huelga médica de 2012, que se prolongó bastante más de lo que muchos, incluidos los propios convocantes, habrían deseado: 96 días. Precisamente, este fue uno de los 'reproches' que Tácito Suárez hizo a los médicos en la primera reunión que mantuvo con el Simpa el pasado miércoles y donde se esforzó en 'lavar' culpas sobre su responsabilidad en la duración del conflicto.
'Conexión Andalucía'
Elegante hasta el detalle, aunque huye de las corbatas, suele irradiar estilo y humor inglés. Sus allegados le atribuyen una 'inteligencia fina', en la que deja poco margen a la improvisación. De marcado perfil político, aunque ahora se afanen en presentarle como un técnico, es un amante de la música (toca la guitarra) y un gran deportista. Hace algunos años una lesión de espalda le alejó de una de sus grandes aficiones: la hípica. Tácito, nombre que significa 'el que calla', tiene plaza como médico adjunto al servicio de Urgencias del Hospital Valle del Nalón, donde llegó a ser director médico entre 1988 y 1995, años en los que el propio consejero Blanco, primero, y más tarde Juan Ortiz fueron gerentes del Sespa en los tiempos pretransferenciales.
Con la destitución de la hasta ahora gerente, Blanco jugó un fuerte envite que pone fin a lo que se dio en llamar la 'conexión Andalucía'. Dicha denominación, también acuñada como 'la Ruta de la Plata', guarda relación con el fichaje de Celia Gómez, que llegó a Asturias procedente de la comunidad andaluza, y también de Enrique González, exviceconsejero de Sanidad en Andalucía y que hasta noviembre pasado ejerció como director general de Innovación en la Consejería de Sanidad del Principado. Muchos son los retos que Tácito Suárez tiene por delante. A él le ha tocado hacerse con las riendas al final de la legislatura. No lo tiene fácil, ya que además de cargar con los efectos colaterales del conflicto médico que se cerró en falso, deberá ahora convencer a los facultativos de las bondades del nuevo modelo de jornada cuya aplicación hace aguas en la mayor parte de las áreas sanitarias. De momento, ha ofrecido diálogo a los médicos, dando un giro de 180 grados hasta ahora no permitido.
'Reaparecen' 270 enfermos con demoras de más de 6 meses en las listas de Sanidad
La consejería, que en 2013 dio por erradicadas las esperas de 180 días, atribuye su vuelta al aplazamiento de cirugías por causa de la gripe
09.02.2014 - L. FONSECA, OVIEDO, en El Comercio.
Las demoras quirúrgicas de más de seis meses que la Consejería de Sanidad había dado por erradicadas en 2013 (dato que fue puesto en entredicho por médicos y enfermos) han 'reaparecido'. Y lo han hecho en la figura de 270 pacientes, sobre todo de traumatología, que a finales de enero acumulaban demoras por encima de los 180 días. Así lo reconoce la propia consejería en su último balance de tiempos quirúrgicos, el correspondiente al mes de enero, que eleva la lista de espera general en Asturias a 18.605 personas. La mayor parte de los pacientes que llevan aguardando más de medio año por una intervención son del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). En concreto, son 165 enfermos. Otros 63 aguardan para ser operados en Cabueñes, en Gijón; 20 en el Valle del Nalón; 15 en el San Agustín, en Avilés, y 7 en Cangas del Narcea.
Sanidad culpa a la gripe de la reaparición de las demoras de más de medio año. Explica la Administración sanitaria que «el incremento está vinculado a razones estacionales. Se trata de una época del año en la que habitualmente aumenta la hospitalización debido a la incidencia de la gripe, lo que obliga a reducir la cirugía programada que comprende aquellas intervenciones que se pueden demorar sin poner en riesgo la salud de los pacientes».
La supuesta erradicación de los tiempos de demora por encima de los 180 días fue duramente criticada desde diferentes ámbitos, incluidos los propios pacientes. El pasado 31 de enero, EL COMERCIO se hacía eco del caso de Irene Cedeira, una gijonesa de 34 años, que llevaba en lista de espera desde julio de 2012 para ser intervenida de un cálculo renal en el HUCA. En total, año y medio, una situación que contradecía, y mucho, los presuntos logros que en materia de lista de espera anunció a finales de año el departamento de Faustino Blanco.
El Defensor del Paciente también puso en duda el balance de listas de espera de la Consejería asturiana de Sanidad, a la que acusó de «maquillar los tiempos de demora quirúrgicos» con el fin de presentar unos resultados más positivos «pero irreales». El Sindicato Médico (Simpa) se unió a las voces discordantes y días atrás llegó a cifrar en 1.600 el volumen de personas que en Asturias acumulaban más de seis meses de demora para ser intervenidas: 1.200 en el HUCA y 400 en Cabueñes. La acusación no fue respondida por Sanidad, que optó por guardar silencio.
A esta polémica se uniría también un colectivo de 80 facultativos del HUCA que a través de una carta publicada en EL COMERCIO acusaron al consejero de Sanidad de «falsear» los datos sobre demoras asistenciales en la sanidad pública.