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Las consecuencias de una ruptura del principio de solidaridad y cohesión territorial por concesiones a Madrid, Cataluña o cualesquiera otros… podrían ser catastróficas para Asturias, y para muchos más…

Las consecuencias de una ruptura del principio de solidaridad y cohesión territorial por concesiones a Madrid, Cataluña o cualesquiera otros… podrían ser catastróficas para Asturias, y para muchos más…

Asturias prepara un frente autonómico, político y social ante la financiación

Rechaza vincular el modelo a la capacidad fiscal de cada región y critica la coincidencia de Madrid y Cataluña en el recorte de la solidaridad

16.10.2013 - ANDRÉS SUÁREZ, OVIEDO, en El Comercio.

La reforma de la financiación autonómica se ha colado en el debate político hasta ocupar prácticamente su centro y no se moverá de ahí en los próximos meses, quizá incluso durante todo 2014. El asunto inquieta sobremanera al Gobierno central y, por consiguiente, al PP, cuyos 'barones' mantienen posturas diametralmente opuestas y muy difíciles de encajar en un discurso único. Y preocupa asimismo al Ejecutivo asturiano, temeroso de que con tantas comunidades poderosas ansiando un trozo más grande de la tarta, y con la cuestión catalana como trasfondo, el nuevo reparto le deje un agujero en el bolsillo. Con la polémica subiendo de tono, el gabinete que lidera Javier Fernández dio ayer un paso adelante, arremetió contra la posición adoptada por Madrid y Cataluña y anunció el impulso de un frente parlamentario, social y autonómico en defensa de los intereses del Principado.

No quiere el Principado perder comba en un debate que traerá cola y dos de sus caras más visibles, el propio presidente, Javier Fernández, y el consejero de Presidencia y portavoz, Guillermo Martínez, fijaron ayer la posición del Ejecutivo regional. Fue precisamente el segundo el que trasladó la voluntad del gabinete de conformar una alianza a varios niveles para defender la posición asturiana, que parte del principio de que el nuevo reparto no perjudique a nadie y que, en la medida de lo posible, las regiones puedan salir bien paradas.

Así pues, Martínez habló de la búsqueda de acuerdos en varios frentes. En el parlamentario, anunció que cuando se conozcan las fechas concretas en que el Gobierno central abrirá la negociación se convocará a los líderes de las distintas fuerzas políticas asturianas para alcanzar un «consenso». En el social, ese mismo acuerdo se perseguirá con los agentes económicos y sociales. Y en el autonómico, se buscará la sintonía con comunidades que, como Galicia o Castilla y León, presenten características demográficas y orográficas similares a Asturias y, por tanto, vayan a defender los mismos intereses.

Al Gobierno regional no le gusta cómo se han comenzado a sentar las bases del debate. No comparte, por ejemplo, las propuestas lanzadas por los gobiernos de Madrid o Cataluña en el sentido de limitar y restringir los actuales mecanismos de solidaridad. «Es llamativo que el españolismo más castizo y el independentismo catalán coincidan», ironizó Martínez.

 

El «error» de las balanzas

Tampoco convence la defensa que ambas hacen de vincular la financiación a la capacidad fiscal de cada territorio, de forma que aquellas comunidades más dinámicas y con capacidad de generar recursos por la vía de los impuestos obtengan más dinero en detrimento de las menos desarrolladas, caso de Asturias. «Es un error vincular ambas cosas», argumentó el presidente del Principado. Que, en esta línea, desligó las polémicas balanzas fiscales que el Gobierno central se ha comprometido a publicar del modelo de financiación. «No tienen ninguna relación, son cosas diferentes», opinó.

El Ejecutivo asturiano tiene claro que la forma correcta de abordar el debate pasa por determinar cuánto cuesta en cada territorio la prestación de los servicios y, a partir de ahí, habilitar los recursos necesarios. Fernández remarca que el número de habitantes no puede ser el único factor a tener en cuenta y que deben atenderse otros como el envejecimiento de la población o la orografía, «garantizando un mismo nivel de prestación de servicios públicos básicos» en el conjunto del país.

 

Javier Fernández carga contra Madrid y Cataluña por reclamar su "soberanía fiscal"

El presidente del Principado afirma que el que gana lo mismo, sea cual sea la región de residencia, "paga lo mismo fiscalmente al Estado"

16.10.2013, Oviedo, J. A. ARDURA, en La Nueva España.

 

El Principado rechaza que las balanzas fiscales sean tomadas como referencia para la reforma de la financiación autonómica, que afrontará el Gobierno central en 2014. El presidente asturiano, Javier Fernández, cargó ayer contra los ejecutivos de la Comunidad de Madrid y Cataluña por coincidir en la reivindicación "de una especie de soberanía fiscal básica" al exigir un sistema proporcional a los ingresos fiscales que genera cada territorio. El Consejo de Gobierno, reunido ayer, valoró la estrategia que adoptará el Principado en el debate sobre esta remodelación, que ya está generando posiciones encontradas entre distintas comunidades españolas.

 

El presidente asturiano sostiene que se trata de un error vincular los recursos financieros de las autonomías a su capacidad tributaria y reavivar el debate de las balanzas fiscales ante la reforma que el Gobierno de Mariano Rajoy pretende abordar el próximo año. "Lo digo con absoluta claridad, no tienen ninguna relación con el sistema de financiación, son cosas bien diferentes", declaró ayer Javier Fernández ante la pretensión de Cataluña, donde gobiernan los nacionalistas y ahora también de la Comunidad de Madrid, con un Ejecutivo regional del PP, de que las autonomías que más recaudan sean también las que más recursos reciben del Estado. Las balanzas fiscales, argumentó el presidente del Principado, son saldos fiscales entre todos los pagos, todas las inversiones y todas las transferencias que se hacen por el Estado a una comunidad, en relación con los ingresos por impuestos que hacen los ciudadanos de esa autonomía. "Estamos hablando de transferencias como las de la Seguridad Social, que no tienen nada que ver con el sistema de financiación", detalló.

 

Fernández, que ha sido crítico con las exigencias de los nacionalistas en materia de financiación autonómica e incluso se ha mostrado partidario de revisar los conciertos con el País Vasco y Navarra, reprochó que el Gobierno de Madrid se sume ahora a los planteamientos esgrimidos históricamente por CiU en Cataluña. "Ambos dicen que como allí se generan más ingresos fiscales tienen que tener una mejor financiación autonómica. Ahí lo que están diciendo es algo así como que las comunidades autónomas tienen una especie de soberanía fiscal básica. Pero no, los que están pagando son los ciudadanos, en este caso los madrileños que, si contribuyen más, es sencillamente porque tienen más renta", declaró el presidente del Principado en una entrevista radiofónica. "Hay que dejar claro", añadió Fernández, "que al Estado, en España, paga lo mismo fiscalmente el que gana lo mismo y con la misma fuente de renta, viva en Cataluña, en Asturias, en Madrid o en Extremadura". En su opinión, el sistema de financiación debe tener una prioridad: "garantizar un idéntico, un mismo nivel de prestación de servicios públicos básicos en el conjunto del territorio". Y destacó que el coste de los servicios varía en función de factores como el envejecimiento, la orografía y la dispersión".

 

Guillermo Martínez: "Seguro que contaremos con aliados en otros gobiernos regionales"

16.10.2013, Oviedo, J. A. A., en La Nueva España.

El Gobierno asturiano mostró ayer su convencimiento de que no estará solo en la reivindicación de un sistema de financiación que respete el principio de solidaridad. "Seguro que contaremos con aliados en este debate", valoró el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Guillermo Martínez. El presidente asturiano envió el pasado viernes una carta a Mariano Rajoy solicitando la celebración de una Conferencia de Presidentes que sirva de marco a la negociación de la reforma del actual modelo. Martínez también confirmó que el Ejecutivo de Javier Fernández tratará de consolidar un frente común en Asturias antes de que se abra el proceso negociador, con el resto de partidos del Parlamento regional y con los agentes sociales. El portavoz del Ejecutivo asturiano sostiene que planteamientos como el de Madrid y Cataluña "disminuyen la cohesión territorial y social" en España.

Hoy a las 12 h., en la puerta del Instituto Nacional de Silicosis, hay convocada otra concentración de protesta…

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Las urgencias de Silicosis cierran el lunes y son trasladadas al Hospital Central

Foto.- Miembros de la Junta de Personal del HUCA y del Comité de Empresa del viejo Hospital General, concentrados para manifestar su protesta el pasado día 26, frente al INS.

11.10.2013, Oviedo / Gijón, P. Á. / A. R., en La Nueva España.

El servicio de urgencias del Instituto Nacional de Silicosis será cerrado a las ocho de la mañana de este próximo lunes, momento a partir del cual los pacientes que suelen acudir a esta unidad serán atendidos en el servicio de urgencias generales del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Los profesionales de Silicosis manifestaron sus quejas por la premura con la que han sido avisados por sus superiores. Aseguran que, a lo largo de la semana próxima, serán trasladados a las restantes dependencias del HUCA tanto los enfermos de la UVI como los hospitalizados en las plantas de neumología del edificio que abrió sus puertas en 1970 para dar respuesta a las patologías derivadas de la actividad minera. "Con menos personal, menos espacio y menos camas va a producirse un colapso", pronostican los trabajadores de Silicosis. La integración en el HUCA es el paso previo al traslado del conjunto del Hospital Central al nuevo edificio de La Cadellada.

En Gijón, el consejero de Sanidad, Faustino Blanco, subrayó que Silicosis "no se cierra". "Decir eso es un ejercicio de confusión a la ciudadanía. El Instituto Nacional de Silicosis tiene un proceso, como el resto del HUCA, para integrarse en un nuevo espacio. Un espacio donde no habrá físicamente un edificio específico para el Instituto, pero sí un espacio para esta prestación".

La Federación Langreana de Vecinos muestra su rechazo al cierre de Silicosis

11.10.2013, Langreo, E. P., en La Nueva España.

La Federación Langreana de Asociaciones de Vecinos apoya la concentración que tendrá lugar hoy, en Oviedo, contra el cierre del servicio de urgencias y de la UVI de Silicosis, y el traslado de servicios y las plantas de hospitalización de neumología al Hospital Central. El acto de protesta se celebrará a las doce del mediodía a la puerta del Instituto Nacional de Silicosis.

 

"No podemos consentir que se cierre un centro sanitario tan importante para la salud, especialmente de la gente de las cuencas mineras", resalta la plataforma que integra a los colectivos del concejo langreano. La federación respalda la convocatoria de la concentración realizada por trabajadores del servicio de Silicosis. El personal de urgencias del Instituto Nacional de Silicosis asegura que el traslado de este servicio y su integración en el de urgencias del Hospital Central es una "imprudencia temeraria" dado el pico invernal de pacientes respiratorios. Este personal sanitario, en un comunicado firmado por los trabajadores, rechaza la integración en el servicio de urgencias del Hospital Central. Asegura que el motivo del traslado es "puramente económico" y califica de "absurdo" plantearse un cambio de ubicación "a unos pocos meses del traslado definitivo al nuevo HUCA".

Blanco afirma que el Gobierno pretende potenciar el Instituto de Silicosis, "no cerrarlo"

OVIEDO, 10 Oct. (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad del Gobierno asturiano, Faustino Blanco, ha negado este jueves que el Ejecutivo al que pertenece pretenda cerrar el Instituto de Silicosis. Todo lo contrario, ha señalado que pretende "potenciarlo", hasta convertirlo en un centro internacional.

 

Blanco ha respondido así a las críticas de Foro Asturias al respecto de este asunto. Ha comparecido en rueda de prensa este jueves en la Casa del Pueblo de Gijón, junto al secretario general de los socialistas gijoneses, Santiago Martínez Argüelles, y el diputado José María Pérez.

 

"Niego la mayor, el Instituto de Silicosis no se cierra", ha recalcado el consejero, que acusa a Foro de pretender confundir a la ciudadanía, "porque lo que pretende hacer el Gobierno con silicosis es potenciarlo, no cerrarlo, y aspirar a que se convierta en un centro internacional".

 

También ha reafirmado la voluntad de su Administración de acabar con las listas de espero a finales del presente año. No obstante, ha matizado que "en este asunto no debe uno aislarse de lo que está pasando en este país con las listas de espera, que son alarmantes". "Aún así Asturias es de las comunidades que menos listas de espera registra, por detrás de Navarra o País Vasco", ha apuntado.

 

"El problema de las listas de espera se abordará de manera estructural, de forma que a finales de este años 2013 la lista de espera de más de seis meses esté aproximadamente en cero", ha zanjado.

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En Asturias estamos bastante mejor que el resto (y sin huelgas de tres meses)… aunque nunca debe de servir de escusa y mucho menos de consuelo.

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La ministra Ana Mato admite que hay que adoptar medidas contra las listas de espera

10.10.13 - E. C. | GIJÓN, en El Comercio.

Los tiempos de espera para operarse y pasar consulta en la sanidad pública evolucionan a peor. Ayer, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, admitió que hay que adoptar medidas para reducir las demoras para someterse a una intervención quirúrgica no urgente en el Sistema Nacional de Salud (SNS) que, según los últimos datos publicados, pasaba de 76 a 100 días en el último semestre de 2012. En Asturias, según cifras del Servicio de Salud (Sespa) del pasado mes de septiembre, son 19.134 las personas que aguardaban por una cirugía programada, mientras que la demora media se situaba en 82 días.

 

«Sabemos la situación, sabemos que hay que solucionar los problemas que causan y sabemos cuáles son las medidas que adoptar», afirmaba durante su intervención en el Congreso de los Diputados, donde respondía a una interpelación del portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso de los Diputados, José Martínez Olmos, quien le tendía su mano al ofrecerle un plan de choque que reduzca este «importantísimo incremento», estimado en un 30%.

 

4 euros por pensionista

Mato aseguró que los pensionistas están pagando una medida de 4 euros al mes por retirar sus medicinas de las farmacias, después de la entrada en vigor del copago farmacéutico que establecía que estas personas tuvieran que abonar entre 8 euros y 18 euros por los fármacos.

 

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Todos los grupos de la oposición pactan un texto para pedir al Gobierno que retire la propuesta de los expertos de Báñez…

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El PP se queda solo con “su” reforma de las pensiones

Foto.- Los ministros del PP, durante la sesión de Control al Gobierno esta mañana.

EUROPA PRESS

Todos los grupos de la oposición en el Congreso han pactado este miércoles un texto común pidiendo al Gobierno la retirada de la reforma de las pensiones con el objetivo de poder negociar, aunque el PP ha avanzado ya que en ningún caso retirará la propuesta, si bien ha reiterado que hay "margen" para alcanzar acuerdos a partir del proyecto de ley presentado por el Ministerio de Empleo.

El Pleno del Congreso debatía este miércoles sendas mociones de PSOE y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) sobre las pensiones, consecuencia de una interpelación a la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Sin embargo, finalmente lo que se votará este jueves será un texto acordado por los proponentes con UPyD, CiU, PNV y la mayor parte de formaciones del Grupo Mixto, entre ellas ERC, BNG y Compromís. En dicho texto, se rechaza el proyecto de ley del Gobierno porque "acaba con el derecho de las pensiones a la revalorización, condena a la pérdida continuada de poder adquisitivo y vulnera la Constitución".

Así, la oposición pide al Ejecutivo que retire la norma, revalorice las pensiones en función del IPC el próximo año (y no un 0,25% como está recogido en los Presupuestos) y abra un proceso de concertación social con sindicatos y patronal, y también con los partidos políticos en el Pacto de Toledo.

Además, el texto exige que se separen los problemas coyunturales de los estructurales. Para afrontar los primeros, se plantea usar "de forma ordenada" el fondo de reserva de las pensiones, mientras que para los segundos se recoge una batería de medidas, entre ellas reestructurar los ingresos del sistema y completarlos con la imposición general, incrementar progresivamente las bases de cotización, incluyendo todos los conceptos hoy excluidos; derivar las medidas sociales que hoy paga la Seguridad Social hacia los Presupuestos y culminar la unificación de los regímenes de cotización.

Finalmente, los grupos parlamentarios han incluido en la moción las peticiones al Gobierno de que adopte políticas activas que permitan el incremento del empleo y, así, de los cotizantes; y también que impulse políticas de apoyo a las familias para fomentar la natalidad, la conciliación y la corresponsabilidad, de manera que se puedan afrontar los retos demográficos de futuro.

 

El no de la mayoría absoluta

Sin embargo, la diputada del PP, Carolina España, ya ha avanzado que "no se va a retirar el proyecto de ley" aunque ha invitado al resto de partidos a "realizar enmiendas constructivas" para garantizar la sostenibilidad de las pensiones, incluyendo en esa negociación "todo", tanto los ingresos como los gastos del sistema. No obstante, ha recordado que también la oposición que debe tener "voluntad política" para llegar a acuerdos. "Estamos abiertos al diálogo, a la negociación. Tenemos tiempo, pero hay que enfrentarse a la realidad porque lo contrario sería una irresponsabilidad. No hace falta retirar este proyecto para debatir sus propuestas en profundidad. Hay margen", ha añadido, afirmando que algunos puntos de la moción transaccionada son "positivos".

La diputada del PP ha negado que no haya habido diálogo con los agentes sociales y ha rechazado las acusaciones de inconstitucionalidad apelando a la reforma de la Constitución que obliga a la sostenibilidad de las cuentas públicas en todos los organismos. Gerardo Camps, por su parte, ha reprochado a la oposición que dé por hecho el rechazo del PP a su propuesta sin habérsela siquiera mostrado, y ha afirmado que, aunque es preferible aprobar los cambios con acuerdo "si no es posible, un Gobierno responsable debe tomar las decisiones que crea que defienden mejor el interés general". "Con crisis o sin crisis debemos continuar con las reformas constantes en el sistema. Hoy, no en diez o quince años, porque la demografía tiene leyes inexorables y cerrar los ojos a la realidad no evitará sus consecuencias", ha añadido.

La socialista Magdalena Álvarez ha calificado la reforma como la de "demolición de las pensiones" y ha avisado de que el texto del Gobierno "vulnera la Constitución", que obliga a los poderes públicos a garantizar unas pensiones "adecuadas y suficientes". Además, ha recordado a los conservadores que "marear y reunirse mil veces para nada" no es negociar y ha calificado de "engañabobos" decir que suben las pensiones cuando el incremento es del 0,25%.

 

La secta del Gobierno

"Están condenando a los pensionistas y sus familias a la pobreza. Han hecho descarrilar el sistema público de pensiones poniendo en las vías un pedazo de viga muy gorda: la reforma laboral, que ha propiciado más paro y cotizaciones más bajas", ha añadido. Su compañero Valeriano Gómez ha criticado la "hipocresía política" de que el PP use ahora los mismos argumentos que rechazaba cuando estaba en la oposición y se aprobó la anterior reforma de la Seguridad Social para garantizar la sostenibilidad del sistema ante la demografía.

Por su parte, Joan Coscubiela (IU-ICV-CHA) ha afirmado que el "pensionazo" provocará un "recorte en las pensiones futuras y una pérdida de poder adquisitivo a los actuales pensionistas" y ha acusado al Gobierno de usar "falacias y mentiras" para justificarla, tales como que el gasto en jubilación es insostenible pese a ser inferior a la media de la UE o que los problemas demográficos son inminentes aunque sus efectos no se notarán aún en décadas. "La solución no es cobrar menos, sino aportar más ingresos", ha dicho.

Su compañero Gaspar Llamazares ha dicho que el Gobierno actúa como una "secta" con un lenguaje propio en el que se llama factor de revalorización a un "factor de devaluación", y todo bajo el mandato de la Troika e inducido por las aseguradoras privadas, que quieren "un trozo del pastel".

Álvaro Anchuelo (UPyD) ha dicho que el Gobierno ofrece diálogo cuando el resultado de la negociación está "predeterminado" y le ha pedido que diga "la verdad" a los ciudadanos sobre las consecuencias "a corto, medio y largo plazo" de la reforma. "Contra toda evidencia cuando vemos la noche ante nuestros ojos nos dicen que estamos viendo el día", ha añadido en referencia a la afirmación de que se garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas. Por CiU, Carles Campuzano ha subrayado la importancia del acuerdo en reformas que deben perdurar en el tiempo y ha instado al Ejecutivo a volver al Pacto de Toledo y a la concertación social, destacando el rechazo "unánime" que ha suscitado el proyecto de ley. Además, ha asegurado que existe espacio para el acuerdo en el marco de la última reforma, que ya preconizaba la creación de un factor de sostenibilidad, pero retirando el "arbitrario" índice de revalorización.

Emilio Olabarria, del PNV, ve "obvio" que hay problemas con la sosteniblidad de las pensiones aunque ha recordado que una reforma "injusta" no les darán solución. "Están solos con ustedes mismos, y para reformas de esta naturaleza el valor del consenso no es baladí. Recuperen el consenso, no jueguen con esto" ha pedido, rechazando que el proyecto de ley plantea una "reforma regresiva e inconstitucional" que conlleva "un recorte" de las cuantías.

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Al igual que en otros muchos temas, con este gobierno vamos de lo más avanzado y positivo hacia todo lo contrario…

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Investigadores piden a Rajoy que no "rompa" la ley antitabaco

 

08.10.2013, La Nueva España

 

Unos cuarenta investigadores, expertos en tabaquismo, publicaban ayer una carta en la que advierten al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que "romper" la actual ley antitabaco por Eurovegas "sería una iniciativa insensata y con consecuencias negativas a largo plazo en la salud y la economía de España". "Estimado presidente Rajoy, apueste por la salud" es el título de la misiva que recoge la pub de divulgación científica "Materia" y que redacta Amanda Amos, catedrática del Centro para las Ciencias de la Salud Pública de la Universidad de Edimburgo (Reino Unido), junto con otros treinta y seis académicos. "Ninguno de nosotros vive en España, pero reconocemos el enorme esfuerzo realizado por España en los últimos años para conseguir una legislación de control del tabaquismo que incluye todos los lugares públicos", indican. Los investigadores afirman que la ley actual española es una de las "más avanzadas del mundo".

 

En España no sólo son las presiones de la industria tabaquera para descafeinar la legislación…

Nuevas advertencias antitabaco en las cajetillas

08.10.13, El Comercio

El pleno de la Eurocámara vota hoy la norma que aumentará la talla de las advertencias sanitarias en los paquetes de tabaco y prohibirá los mentolados y los cigarrillos de sabores. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido a los parlamentarios que no cedan a las presiones de la industria tabaquera para descafeinar la legislación, cuyo objetivo es evitar que los jóvenes empiecen a fumar. «La industria del tabaco está de nuevo haciendo un esfuerzo extraordinario para evitar que se regulen sus productos, precisamente porque la regulación funciona muy bien para reducir el gran daño causado por los productos del tabaco», señala la directora general de la OMS, Margaret Chan, en un comunicado: «Pido a los parlamentarios de la UE que se mantengan firmes ante estas presiones».

 

Expertos antitabaco alertan a Rajoy de lo insensato que sería cambiar la ley

Un total de 37 investigadores le escriben una carta para oponerse a realizar un cambio regresivo en la normativa por las "consecuencias negativas" que tendría para la salud y la economía

07.10.13 - REDACCIÓN | MADRID, en El Comercio.

Un total de 37 expertos de todo el mundo en control del tabaquismo han escrito una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que le alertan de las "consecuencias negativas" que tendría la iniciativa de reformar la Ley Antitabaco con el objetivo de que finalmente saliera adelante el Proyecto Eurovegas y se pudiera fumar en sus salas.

 

Estimado presidente Rajoy:

 

Escribimos esta carta en apoyo a la ley de control del tabaquismo actualmente vigente en España. Somos investigadores académicos en el campo del control del tabaquismo. Ninguno de nosotros vive en España pero reconocemos el enorme esfuerzo realizado por España en los últimos años para conseguir una legislación de control del tabaquismo que incluye todos los lugares públicos.

 

España fue uno de los primeros países europeos que implementó una ley de control de tabaquismo que incluía la mayoría de lugares públicos en el año 2006. La ley inicial tenía excepciones importantes en bares, pubs, tabernas y restaurantes. En el año 2011, la ley pasó a ser una ley total y sin excepciones, de acuerdo con el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, firmado y ratificado por España. Según el artículo 8 de este Convenio internacional, España tiene la obligación de proteger a la ciudadanía del humo del tabaco.

 

"España tiene la obligación de proteger a la ciudadanía del humo del tabaco".

 

La ley española de control del tabaquismo es esencial por varias razones. Primero, la legislación actual ha representado un gran avance en la protección de todas las personas de los efectos de la exposición al humo ambiental del tabaco, sin distinción geográfica o de lugar de trabajo. Estudios científicos españoles han demostrado la reducción en exposición al humo ambiental del tabaco y también, de forma consecuente, la reducción en la incidencia de enfermedades cardiovasculares y respiratorias.

 

Segundo, la legislación actual es esencial para el turismo. Los ambientes libres de humo en el interior de los casinos, restaurantes, bares y otros lugares de entretenimiento contribuyen a la calidad de vida y la satisfacción de las personas que visitan España. Sólo una minoría de adultos fuman y los no fumadores no quieren respirar aire contaminado por humo del tabaco. Los turistas no vienen buscando humo cuando viajan a España. Tercero, la ley actual española de control del tabaquismo es una de las leyes más avanzadas del mundo. El éxito del modelo español ha sido reconocido por la comunidad de salud pública internacional como un ejemplo de buena práctica, y también ha ayudado a otros países a mejorar sus leyes.

 

Tenemos el deber científico de avisarle de que un cambio regresivo en la ley actual sería una iniciativa insensata y con consecuencias negativas a largo plazo en la salud y la economía de España, y para el control global del tabaquismo. Le animamos a que apueste por la salud y mantenga la actual ley española de control del tabaquismo.

 

Firmantes:

 

Amanda Amos, catedrática del Centro para las Ciencias de la Salud Pública de la Universidad de Edimburgo (Reino Unido)

 

Joaquin Barnoya, profesor de la División de Ciencias de la Salud Pública de la Universidad Washington en San Luis (EE UU)

 

Patrick Breysse, catedrático del Departamento de Ciencias de la Salud Ambiental de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg (EE UU)

 

Simon Chapman, catedrático de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Sídney (Australia)

 

Luke Clancy, profesor del Instituto de Investigación TobaccoFree (Irlanda)

 

Joanna Cohen, directora del Instituto para el Control Global del Tabaco de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg (EE UU)

 

Vera Luiza da Costa e Silva, catedrática del Centro de Estudios sobre Tabaco y Salud de la Fundación Oswaldo Cruz (Brasil)

 

Karl Fagerström, de Fagerström Consulting AB (Suecia)

 

Geoffrey Fong, catedrático del Instituto para la Investigación del Cáncer de la Universidad de Waterloo (Canadá)

 

Silvano Gallus, profesora titular del Instituto de Investigación Farmacológica Mario Negri (Italia)

 

Anna Gilmore, catedrática del Centro para Estudios sobre el Control del Tabaco de la Universidad de Bath (Reino Unido)

 

Gary Giovino, catedrático de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Búfalo (EE UU)

 

Stan Glantz, catedrático del Centro para la Investigación del Control del Tabaco de la Universidad de California en San Francisco (EE UU)

 

Giuseppe Gorini, epidemiólogo del Instituto Científico para la Prevención del Cáncer (Italia)

 

Eliseo Guallar, catedrático del Centro Welch para la Prevención, Epidemiología e Investigación Clínica de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg (EE UU)

 

Katharine Hammond, catedrática de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California en Berkeley (EE UU)

 

Lisa Henriksen, investigadora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford (EE UU)

 

Nino Künzli, catedrático del Instituto Suizo de Salud Pública y Tropical de la Universidad de Basilea (Suiza)

 

Carlo La Vecchia, catedrático del Departamento de Epidemiología del Instituto de Investigación Farmacológica Mario Negri (Italia)

 

Johan Mackenbach, catedrático del Departamento de Salud Pública de la Universidad Erasmo de Róterdam (Países Bajos)

 

Martin McKee, catedrático de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (Reino Unido)

 

Sylvia Medina, profesora titular del Instituto Nacional de Vigilancia de la Salud Pública (Francia)

 

Hanns Moshammer, investigador de Salud Ambiental de la Universidad de Medicina de Viena (Austria)

 

Marcus Munafò, catedrático del Centro para Estudios sobre Tabaco y Alcohol de la Universidad de Bristol (Reino Unido)

 

Thomas Novotny, catedrático de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Estatal de San Diego (EE UU)

 

Laura Pérez Grau, investigadora del Instituto Suizo de Salud Pública y Tropical de la Universidad de Basilea (Suiza)

 

John P. Pierce, catedrático de Ciencias Sociales de la Universidad de California en San Diego (EE UU)

 

José Precioso, profesor de la Universidad del Miño (Portugal)

 

James Repace, de Repace Associates Inc.

 

Jon Samet, catedrático del Instituto para la Salud Global de la Universidad del Sur de California (EE UU)

 

Nick Schneider, miembro de la junta directiva de la Red de Derechos Humanos y Control del Tabaco

 

Stan Shatenstein, editor de Smoking & Tobacco Abstracts & News

 

Ernesto Sebrié, director adjunto de la Campaña por los Niños Libres de Tabaco

 

Sean Semple, profesor titular de la Universidad de Aberdeen (Reino Unido)

 

Constantine Vardavas, investigador de la Escuela de Salud Pública de Harvard (EE UU)

 

Melanie Wakefield, catedrático del Centro para la Investigación del Comportamiento en Cáncer del Consejo Contra el Cáncer de Victoria (Australia)

 

Alistair Woodward, catedrática de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda)

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“Viento en popa a toda vela…”, que nos diría en plan poético cualquier ministro actual…

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El Gobierno acelera el paso hacia la política de la beneficencia

 

Los recortes en Sanidad y Servicios Sociales, el vaciamiento de la ley de Dependencia, una reforma de la Administración local que hace desaparecer las ayudas municipales y que abre la puerta a las privatizaciones, trabas para la obtención de las rentas de inserción, traslado de responsabilidades desde las administraciones a las ONG y la vuelta al discurso de la solidaridad: siete pasos de un camino que se aleja del Estado del bienestar para volver a la política de la beneficencia.

Por Vanessa Pi, en eldiario.es

 

Los "presupuestos sociales" que defiende el Gobierno prevén un tijeretazo del 36% a los servicios sociales para 2014. Al recorte se han sumado, en los últimos meses, otras medidas y cambios legislativos que, según denuncian profesionales, asociaciones, sindicatos y usuarios, socavan los derechos sociales y dejan la caridad como única salida.

 

1. Tijeretazo presupuestario

Los Presupuestos Generales del Estado en materia de servicios sociales han pasado de los 2.848 millones de euros de 2013 a 1.809. No obstante, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se refiere a "blindaje" en las cuentas. La razón es que para 2013 se incluyeron 1.034 millones con los que se pagaron atrasos de la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales de personas con dependencia.

Aun olvidando este monto, las cuentas no salen si se tiene en cuenta que la demanda se ha disparado. A falta de datos oficiales, los expertos estiman que en los dos últimos años, la demanda de algunas prestaciones de emergencia –para hacer la compra, pagar el recibo de luz o la hipoteca– han aumentado hasta un 200%. Además, un total de 201.729 personas siguen esperando recibir la ayuda que les fue reconocida por la Ley de Dependencia.

 

2. Destrucción de la Ley de Dependencia

"Están dejando vacíos de contenidos reales los servicios para echar a la gente y para que el que pueda que contrate a un seguro privado, pero como la mayoría no podemos, quedamos en manos de la caridad". Así interpreta José Luis Gómez-Ocaña, presidente de la Plataforma de la Dependencia en Castilla-La Mancha, la marcha atrás de la única ley estatal que reconoce y garantiza un derecho subjetivo en materia de servicios sociales.

Hace poco más de un año el Gobierno retrasó la entrada de los dependientes moderados en el sistema, eliminó su obligación de pagar la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras y amplió hasta dos años el plazo que tienen las autonomías para dar las ayudas ya reconocidas sin tener que asumir la retroactividad con que nació la ley. Para el año que viene, con una lista de espera crónica, el Gobierno ha presupuestado exactamente la misma cantidad que en 2013: 1.087 millones de euros que repartirá entre las comunidades autónomas en función del número de dependientes a los que atiendan.

"¿Sabes lo que es estar valorado y no tener la atención que te corresponde por ley?", añade otra miembro de la Plataforma. Para Gómez-Ocaña, hay gato encerrado. "No es lógico el hachazo a la dependencia, con lo poco que significa respecto a todo el dinero que se maneja", prosigue.

Maestro de escuela de Toledo, lleva años luchando porque sus dos hijos, de 10 y 17 años, ambos con una enfermedad rara hereditaria, grandes dependientes, sobrevivan. Han ido superando los retrasos en el pago de las ayudas del Gobierno de María Dolores de Cospedal, pero la salud de Nacho, el menor, ha empeorado hace unas semanas. La esperanza de Gómez-Ocaña es que aguante lo suficiente para poder beneficiarse de un tratamiento pionero que se empezará a aplicar en Gran Bretaña en 2014.

 

3. Desmantelamiento de los servicios sociales

A los recortes que se soportan desde 2011 se suma ahora el Proyecto de Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local, en trámite parlamentario. El texto prevé eliminar las competencias municipales en "la prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción social", cediéndolas a las autonomías. En la práctica esto supone que los ayuntamientos solo garantizarán unos servicios mínimos de información y orientación y alguna prestación económica de emergencia y de carácter puntual.

La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) ha elaborado un decálogo donde se denuncia que este traspaso de competencias supondrá la eliminación de los servicios sociales municipales, teniendo en cuenta el estado de las arcas autonómicas. El documento, firmado por asociaciones de personas mayores, profesionales, sindicatos y las principales organizaciones empresariales del sector, alerta de que al menos 200.000 familias se quedarán sin asistencia. Además, calculan la pérdida de 65.000 puestos de trabajo.

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) denuncia que peligra la continuidad de la ayuda a domicilio. Esta organización calcula que unas 600.000 personas se benefician de ella en toda España, en su mayoría a través de los servicios sociales municipales (del total, sólo 121.000 se conceden por la vía alternativa de la Ley de Dependencia).

Al margen de esta reforma, el pasado enero la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, anunció a los consejeros del ramo de que iba a dejar de financiar los servicios sociales municipales mediante el llamado Plan Concertado. En los presupuestos de 2014 aún no se recoge este recorte. El Gobierno ha mantenido su aportación; 32 millones de euros que no se estiran lo suficiente como para ayudar, ni con carácter de urgencia, a los más de ocho millones de familias que acuden a los servicios sociales municipales porque no pueden comprar comida, pagar las medicinas, el recibo de la luz, el agua o el alquiler de su vivienda.

Para la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, "el panorama es absolutamente demoledor". Los servicios sociales son "el último recurso para un número cada vez mayor de personas y familias", recuerda en un comunicado.

 

4. Vía libre a la privatización

La reforma de la Administración Local también abre la puerta a que los servicios sociales sean de "gestión indirecta". Muchas prestaciones, como la ayuda a domicilio, ya llevan años prestándose a través de empresas subcontratadas. La novedad que implica la reforma es que los ayuntamientos también podrán delegar el servicio mínimo de asesoramiento que quede en sus manos, y que hasta ahora imparte personal propio, en una entidad privada.

El ayuntamiento de Galapagar (PP), en Madrid, ya se ha adelantado a la aprobación del Proyecto de Ley. El pasado 4 de abril aprobó la externalización de todos sus servicios sociales, argumentando que el objetivo es "abaratar los costes" y mejorar la atención. La medida ha sido criticada por vecinos, oposición, profesionales y sindicatos, que han protagonizado varios actos de protesta en los últimos meses. También el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de Madrid, se ha pronunciado defendiendo los servicios sociales como "imprescindibles" y denunciando que "su privatización busca siempre un beneficio económico".

 

5. Rentas Mínimas inaccesibles

Escudadas por la crisis, muchas autonomías han endurecido las leyes que garantizan las rentas mínimas, las pagas que se dan a aquellas familias sin ningún tipo de recursos, de unos 500 euros, dependiendo de la autonomía. Por ejemplo, en Madrid, la espera ya es de 12 meses. Estas ayudas se solicitan cuando la familia quizá ya lleva meses sin ningún ingreso.

Según la Alianza en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales de Madrid, el año pasado aumentó un 76% el número de solicitudes para obtener esta ayuda, mientras que el número de familias beneficiarias sólo se incrementó en un 22%. Esta plataforma, integrada por sindicatos, educadores y trabajadores sociales, psicólogos, Confederación de consumidores CECU, EAPN y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, entre otros, denuncia que las trabas para beneficiarse son cada vez mayores.

"Se trata de vericuetos administrativos, como la solicitud de documentación extra que en principio no era necesaria", explican desde la organización. Ante esta situación, ¿cómo sobrevivir, entonces, a la espera? Quedan entonces las ayudas de emergencia, puntuales, que pueden conceder los ayuntamientos. Pero tampoco el dinero llega y las familias buscan salidas fuera de la red pública. Una muestra es que Cáritas casi ha triplicado el número de personas atendidas en los últimos años.

 

6. Desvío de responsabilidades

Cuando Ana Mato anunció que los inmigrantes sin papeles dejarían de tener tarjeta sanitaria y, por tanto, atención médica (salvo en determinados casos) negó que estas personas fueran a quedar desatendidas. Para ello, aseguró, se firmarían acuerdos con las ONG. Pero las ONG no están de acuerdo con la idea que ellas deban asumir el papel que el Estado está dejando de ejercer.

"No tenemos que sustituir al Gobierno, somos complementarios", explican desde EAPN-España, una red de ONG que luchan contra la pobreza y la exclusión social, entre las que se encuentran Cáritas, Cruz Roja o CEAR. Su presidente, Carlos Susías, recuerda que "la pobreza y la exclusión no caen del cielo, son consecuencia de decisiones políticas". Por eso exigen que el Gobierno asuma su responsabilidad de crear planes integrales y herramientas para fomentar la inclusión social. EAPN-España rechaza la vuelta a la beneficencia y la caridad. Según explican, estos conceptos muestran la tolerancia: "Como hay pobres, vamos a darles de comer". Para ellos, la clave está en luchar por que no haya pobres, algo que no se combate con el parche de la beneficencia.

 

7. La solidaridad del vecino

El paso " del Estado del Bienestar a una sociedad participativa" que defendió el rey de Holanda hace unas semanas muestra la tendencia que también vive España. Las llamadas a la solidaridad para sustituir lo que hasta ahora el Estado paga con las arcas públicas están a la orden del día.

El último debate al respecto, muy visible en las redes sociales, lo ha protagonizado el programa de TVE ’Entre Todos’, que empezó a emitirse el 26 de agosto, en la sobremesa. El programa, que la cadena pública define en su web como "una red social de cooperación", muestra a familias necesitadas y abre una línea telefónica para que otras personas les hagan donaciones económicas o les presten otro tipo de ayuda. El formato ha provocado una discusión entre quienes consideran que publicitar la caridad excusa la evasión de la Administración Pública y aquellos que defienden que es la solución más pragmática para quien no tiene nada.

Hoy empieza la campaña que se desarrollará, inicialmente, hasta el próximo 22 de noviembre…

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En España no existe regulación alguna para la venta de este producto aunque la OMS desaconseja su utilización…

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Los médicos alertan sobre el peligro del cigarrillo electrónico

Los profesionales aseguran que puede causar cambios en los pulmones a corto plazo muy parecidos a los del tabaco

05.10.2013, EP/Madrid

El cigarrillo electrónico puede causar cambios en los pulmones a corto plazo muy parecidos a los del tabaco, según indican desde el Área de Tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).

A juicio de los expertos, cada vez hay más personas que usan el cigarrillo electrónico "como método para el abandono o sustitutorio del tabaco". Sin embargo, exponen que los profesionales sanitarios "no lo recomiendan, ni lo aprueban ante la falta de pruebas y evidencia científica que demuestren que son eficaces y seguros a largo plazo".

Tal son las dudas que genera, que señalan que éste "contiene sustancias idénticas a las que lleva el cigarrillo convencional", además de que sus efectos a largo plazo "son desconocidos". De cualquier forma, "posiblemente sean potencialmente adversos y merecedores de una profunda investigación".

Así lo asegura el director de este departamento de la Separ, el doctor Segismundo Solano, que añade que los sanitarios "aún desconocen todos los efectos de la inhalación de los ingredientes de estos cigarrillos". A ello hay que añadir que requieren una fuerte aspiración, por lo que los usuarios diarios "pueden realizar un promedio de 120 a 150 inhalaciones durante meses y años", manifiesta.

 

Estudios muestras sus perjuicios para la salud

Ahondando en las investigaciones realizadas, el neumólogo muestra datos de un estudio que evaluó el impacto del uso de este cigarillo en la función pulmonar, durante 10 minutos, en pacientes no fumadores y en fumadores sanos o con patología con obstrucción crónica de la vía aérea.

Así, se comprobó que el cigarrillo electrónico "aumentaba de forma inmediata la resistencia de la vía aérea y disminuía su poder conductor del aire a través de la misma", asegura Solano. Además, el efecto fue mayor en el grupo de no fumadores y fumadores sanos.

Por su parte, la revista especializada 'American Jornal of Preventive Medicine' ha publicado este año un trabajo realizado en Reino Unido, Australia, Canadá y Estados Unidos que determina que los jóvenes "son los que más consumen y más conocimiento tienen sobre estos nuevos dispositivos", declara.

En concreto, confirma que el 79,8 por ciento informó que utilizaba el cigarrillo electrónico porque lo consideraban menos perjudicial que los cigarrillos tradicionales. Además, el 75,4 por ciento afirmó que los utilizaba como ayuda para reducir el consumo del tabaco, mientras que el 85,1 por ciento lo hizo para abandonar el hábito.

Actualmente no existe regulación alguna para la venta de este producto en España, salvo para menores de edad. Sin embargo, en otros países, como Australia y Canadá, se ha prohibido su venta completamente.

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