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También hoy: Consejo de política fiscal y financiera (CPFF)… si nos suspenden hoy da igual, ya que desde el gobierno central más daño ya no nos pueden hacer, la incertidumbre la estimularon bastante.

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Los planes de ajuste de las autonomías, a examen

Las comunidades afrontan el encuentro con optimismo, convencidas de que superarán la prueba y no tendrán que ser intervenidas

17.05.12 - EFE | MADRID

Los planes de ajuste autonómicos para acogerse a las ayudas estatales y pagar a los proveedores, así como cumplir con el objetivo de déficit previsto por la ley de Estabilidad Presupuestaria del 1,5% de su PIB, serán sometidos hoy a examen en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Las comunidades afrontan el encuentro con un relativo optimismo, convencidas de que superarán la prueba y no tendrán que ser intervenidas, a pesar de que el Gobierno ha advertido de que no se dudara en hacerlo si las cuentas no cuadran.

Ayer, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro les pidió que acudan a la reunión sin "recelos" ni "rechazos", dispuestas a hacer una "radiografía" de su situación financiera. Para el ministro, la convocatoria es importante porque será clarificadora sobre las cuentas de las regiones y "abre el futuro del Estado de las autonomías".

La intención política del Gobierno es mostrar que este es factible, que se hizo para entenderse y "no para que haya agravios comparativos". Tras valorar la "madurez" política de algunos dirigentes de autonomías que no son del PP y sus planes de ajuste, dejó claro que el Ejecutivo aplicará la Ley de Estabilidad "sin pestañear y con todo rigor" en caso de incumplimiento.

En palabras similares se expresó el secretario de Estado de Administraciones Púbicas, Antonio Beteta, para quien los planes presentados, "en general, son satisfactorios", aunque no se pronunció sobre si será necesario intervenir a alguna. "Hasta el último minuto -indicó- vamos a pedir aclaraciones y concreciones" si consideran que los datos aportados no son suficientes.

Plazo en caso de rechazo

De la seguridad con la que dicen afrontar la reunión las autonomías son muestra las declaraciones de José Manuel Vela, consejero de Hacienda de la Comunidad Valenciana, una de las más endeudadas, quien, seguro de que sus cuentas no serán intervenidas, dice que la reunión de esta tarde marcará "un antes y después" en la historia de las finanzas públicas regionales en España.

Si algún plan es rechazado, la comunidad en cuestión tendrá dos semanas para enmendar las cuentas y volver a presentarlas en un CPFF que se celebrará en unas dos semanas.

El gran examen autonómico

El Consejo de Política Fiscal analiza hoy las propuestas de reequilibrio de las comunidades

Las que suspendan podrán «recuperar» en 15 días

Oviedo / Madrid, J. A. O. / Agencias

El Consejo de Política Fiscal y Financiera celebra esta tarde en Madrid una reunión crucial, marcada por la crítica situación económica española y por las amenazas de intervención lanzadas desde el Ministerio de Hacienda a aquellas comunidades que no cumplan los compromisos de estabilidad. Las autoridades europeas tendrán puestos los ojos en lo que ocurra a partir de las cuatro en Madrid. El presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, ha advertido de que los objetivos de reducción del déficit de España dependen de que las autonomías «hagan sus deberes» y espera «resultados» de la reunión de hoy.

Además del Principado, por la inestabilidad política derivada de un Gobierno en funciones, están o han estado bajo la lupa Valencia, Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha y Murcia. Aunque todas las comunidades confían en que los planes de ajuste remitidos al Gobierno sean aprobados hoy, Hacienda tiene previsto convocar dentro de unos quince días una nueva reunión del Consejo, en la que podrán «recuperar» aquellas regiones que no obtengan esta tarde la luz verde a sus propuestas de reequilibrio y a las que, en consecuencia, se les exigirán más medidas de ajuste.

De esta forma, el socialista Javier Fernández, que se perfila como próximo presidente del Principado, merced al acuerdo de legislatura con UPyD, dispondrá de un par de semanas para retocar los documentos enviados por el Ejecutivo en funciones de Cascos, en el caso de que, como ha advertido Montoro, no sean aprobados en primera instancia.

De acuerdo con la ley de Estabilidad Presupuestaria, los planes de ajuste de cada comunidad se harán públicos en el seno del Consejo de Política Fiscal y Económica, donde, previo debate, también serán aprobados o rechazados por los responsables de las comunidades autónomas y del Gobierno central.

Las negociaciones entre Hacienda y la mayoría de los gobiernos autonómicos han sido permanentes desde que el Gobierno exigió los planes de saneamiento. El intercambio de documentos se extendió hasta ayer mismo, cuando Hacienda se dirigió al Principado para reclamar aclaraciones sobre la documentación enviada.

Montoro aseguró ayer que el Consejo «reforzará» el papel de las autonomías y servirá para «disipar las dudas sobre su comportamiento para el cumplimiento del objetivo de déficit». El Ministro valoró la «madurez política» de «algunos dirigentes que no son del PP y que han emprendido sus planes de ajuste con independencia del color político», pero alertó de que aplicará la ley de Estabilidad «sin pestañear y con todo rigor» en caso de incumplimientos.

El ministro de Hacienda subrayó que el Estado debe «vigilar» la evolución del cumplimiento de déficit de las comunidades y «construir juntos un futuro inmediato, que es el del euro y el de Europa». Además, dejó entrever su oposición a la posibilidad de que se emitan «hispanobonos».

Ahora los asturianos nos merecemos que se pongan a gobernar cuanto antes y que si tienen que renunciar a las vacaciones lo hagan sin titubeos…

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El PSOE gobernará en Asturias tras llegar a un acuerdo con UPyD

Rosa Díez confirma el pacto de legislatura para dar a Asturias "un gobierno estable"

D. ORIHUELA, en La Nueva España

El PSOE gobernará en Asturias tras alcanzar un acuerdo de legistatura con UPyD según ha anunciado la portavoz nacional de Unión, Progreso y Democracia, Rosa Díez, que ha ofrecido una rueda de prensa esta tarde, junto al diputado de UPyD en Asturias, Ignacio Prendes, en el Hotel de la Reconquista de Oviedo.

La líder del partido magenta ha insistido en el planteamiento que ha defendido siempre sobre la "necesidad de superar bloques y evitar trincheras" lo que les ha permitido llegar a un acuerdo de legislatura con el PSOE que garantice "un Gobierno estable en el Principado".

Tras subrayar que "los ciudadanos nos mandaron un mensaje de entendimiento no dando mayorías absolutas", Díez explicó que en el acuerdo rubricado con el PSOE se incluyen algunas de sus peticiones más importantes como la creación de una comisión de investigación del "caso marea" o la puesta en marcha de los mecanismos para la modificación de la ley electoral. Díez no habló en ningún momento de su intervención de la reducción de las circunscripciones electorales pero sí apuntó que en el acuerdo se incluyen modificaciones de la Ley Electoral.

El momento, esta misma tarde, "es muy importante", explicó la líder de UPyD - que aclaró que querían dejar claro que Asturias tendrá un gobierno estable - la víspera de la celebración del Consejo de Política Fiscal y Económica, en el que se estudiará el Plan de Estabilidad Presupuestaria del Principado y tras la amenaza de Hacienda de intervenir las cuentas asturianas. "Ya nadie tiene coartada para intervenir esta comunidad", subrayó insistentemente Rosa Díez.

El voto de Ignacio Prendes, único diputado de la formación de Rosa Díez, dará la mayoría absoluta al candidato socialista a la Presidencia del Principado, Javier Fernández, que sumará a sus 17 escaños, los cinco de IU y el de Prendes.

Rosa Díez confirma un acuerdo de legislatura con el PSOE para garantizar un gobierno "estable y solvente"

RTPA

La portavoz nacional de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha confirmado este miércoles que su formación ha alcanzado acuerdo de legislatura para garantizar un gobierno "estable y solvente" para Asturias. Al respecto, ha mostrado su satisfacción por la aportación de UPyD a la política asturiana.

Así lo ha dicho durante la rueda de prensa que ha ofrecido en el Hotel de la Reconquista de Oviedo junto al diputado de UPyD en la Junta General del Principado, Ignacio Prendes, después de que su formación alcanzase un "principio de acuerdo" de legislatura con el PSOE.

Díez ha incidido en que la política está para "resolver los problemas de la gente" por encima de los intereses de las siglas. Por ello, y ante la actual coyuntura de crisis económica, ha defendido la voluntad de las partes para superar las diferencias y buscar acuerdos "de amplia base". Asimismo, ha resaltado que el acuerdo incluye el respeto de ambos partidos al pacto de estabilidad y al objetivo de déficit por que lo que entiende que ya no existen "coartadas" para amenazar al Principado con la intervención, ya que está garantizado que a partir del día 22 de mayo Asturias tendrá gobierno.

Por su parte, Prendes ha matizado que no se trata de un acuerdo de gobierno sino de legislatura y que apoyará al Ejecutivo en aquellas medidas que no se contradigan con los principios contenidos en el pacto alcanzado y con el objetivo de sacar a Asturias de la parálisis y bloqueo de los últimos meses. 

La Junta tratará de agilizar los tiempos del debate de investidura

La segunda sesión podría durar hasta siete horas si hay tres candidatos en liza para hacerse con la Presidencia

Oviedo, P. GALLEGO, en La Nueva España

El presidente de la Junta General del Principado, Pedro Sanjurjo, no quiere que el debate de investidura del que saldrá el próximo presidente del Principado se haga eterno. «Los tiempos deben ajustarse para que el debate sea más corto», explica Sanjurjo, máxime cuando aún no se ha despejado la incógnita sobre cuántos diputados presentarán su candidatura para convertirse en el nuevo jefe del Ejecutivo regional. El plazo termina el próximo lunes a las diez de la mañana, justo 24 horas antes de que, el martes, se celebre la primera sesión del debate. De momento, la candidatura del socialista Javier Fernández está asegurada y parece que también la de Francisco Álvarez-Cascos, de Foro Asturias. Queda saber si la presidenta del Partido Popular en Asturias, Mercedes Fernández, confirma o no su intención de presentarse como la tercera en discordia. El único requisito es que cada candidatura esté avalada por la firma de, al menos, cinco diputados.

La Junta de Portavoces, que tiene previsto reunirse el lunes, será quien finalmente establezca los tiempos para el debate y decida si hacen caso o no a la propuesta de Sanjurjo. Según el reglamento de la Cámara, el primer día del debate está reservado para las intervenciones iniciales de los candidatos, que sin límite de tiempo desgranarán el contenido de sus respectivos programas de Gobierno. La cita es a las diez de la mañana y, justo antes de los discursos, el último diputado en incorporarse a la Cámara, el socialista Francisco González, hará el juramento o la promesa de su nuevo cargo. El nuevo presidente del Principado se elegirá con el Parlamento al completo, cuarenta y cinco diputados. Pero es el segundo día el que más preocupa al presidente de la Junta, en cuanto al tiempo necesario para avanzar en los debates.

El reglamento indica que, en esta segunda sesión, la del miércoles 23, el portavoz de cada grupo podrá intervenir durante 45 minutos. Teniendo en cuenta que, desde los comicios del pasado 25 de marzo, en el Parlamento asturiano hay cinco grupos, esa primera intervención puede durar más de 4 horas si todos los portavoces utilizan su tiempo al máximo. Cada candidato a la Presidencia dispondrá de un máximo de media hora para responder, con lo que si son tres, se superarían ya las cinco horas y media. Las contrarréplicas -diez minutos para cada portavoz y para cada candidato- harían que el debate durase casi siete horas, algo que Sanjurjo quiere evitar.

En la reunión de la Mesa de la Cámara celebrada ayer se aprobó, por unanimidad, la continuidad de Alberto Arce Janáriz como letrado mayor de la Junta, puesto que ocupa desde 2007, por su «acreditada solvencia, profesionalidad y capacidad técnica», afirmó Sanjurjo.

Sanjurjo quiere que el parlamento trabaje en verano

El Presidente de la Junta reducirá los periodos vacacionales

EUROPA PRESS

El presidente de la Junta General del Principado de Asturias, el socialista Pedro Sanjurjo, ha dicho este miércoles que reducirá los periodos vacacionales del parlamento asturiano este año, con el fin de que agilizar trámites y reducir tiempos una vez que se constituya el Gobierno la próxima semana, tal y como espera.

Así lo ha confirmado Sanjurjo, en declaraciones a los periodistas, tras reunirse al presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Antonio De Luis Solar.

Ante el representante de los municipios asturianos, el presidente de la Cámara se ha comprometido ha establecer un diálogo "permanente y fluido" para iniciativas legislativas que afecten a los consistorios, y a impulsar también la mayor agilidad para la tramitación del proyecto de presupuestos regionales para 2013.

Sanjurjo descarta que Asturias pueda contar a estas alturas con unas cuentas para 2012, así que seguirá en situación de prórroga presupuestaria. "No hay tiempo material", ha respondido Sanjurjo, preguntado sobre la posibilidad de que se pudiera hacer un proyecto para 2012.

Pero ha insistido en que para los municipios es muy importante contar cuanto antes de unas cuentas para 2013, algo que están esperando "todos los asturianos" para normalizar la vida política y empresarial.

Llamazares se felicita del acuerdo en Asturias

El diputado de Izquierda Unida por Asturias no considera que los discursos de IU y UPyD sean incompatibles

EUROPA PRESS

El diputado de Izquierda Unida por Asturias, Gaspar Llamazares, se ha felicitado del acuerdo de mínimos alcanzado en el Principado para permitir la investidura del socialista Javier Fernández con el voto de UPyD e IU, cuyos discursos no cree que resulten incompatibles, aunque el tiempo dirá si el pacto puede durar una legislatura.

En declaraciones a Europa Press, Llamazares ha señalado que, "después del caos provocado por la guerra de la derecha que ha convertido a Asturias en un campo de batalla", la prioridad era lograr estabilidad en el Gobierno del Principado.

"Me felicito de que haya tres fuerzas que asuman la responsabilidad de pasar página y de dotar de gobierno y de estabilidad a Asturias en las condiciones tan difíciles que tenemos", ha comentado.

Eso sí, Llamazares ha señalado que, de momento, el acuerdo se limita a la sesión de investidura y ya se verá después si hay condiciones o no para un pacto de gobierno o de legislatura. En cualquier caso, a priori no hay incompatibilidad entre los discursos de IU y UPyD. "He visto el acuerdo de mínimos y se abren varias reflexiones que nosotros no tenemos problemas en hacer, pero eso se verá luego en las medidas concretas del Gobierno", ha añadido.

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El PSOE gobernará en Asturias tras llegar a un acuerdo con UPyD

El voto de Ignacio Prendes da mayoría al bloque de PSOE e IU

D. ORIHUELA, en La Nueva España

El PSOE gobernará en Asturias tras alcanzar un principio de acuerdo con UPyD que se concretará en las próximas horas. La portavoz nacional de Unión, Progreso y Democracia, Rosa Díez y el diputado de UPyD en Asturias, Ignacio Prendes ofrecerán una rueda de prensa esta tarde a las 19:00 horas en el Hotel de la Reconquista de Oviedo.

El voto de Ignacio Prendes, único diputado de la formación de Rosa Díez, dará la mayoría absoluta al candidato socialista a la presidencia del Principado, Javier Fernández, que sumará a sus 17 escaños, los cinco de IU y el de Prendes.

En el otro lado del arco parlamentario están Foro Asturias, con 12 diputados y el PP con 10.

Si los diputados de Izquierda Unida y el diputado de UPyD votan a favor de la candidatura de Javier Fernández este será investido presidente del principado en primera votación, el próximo miércoles 23 de mayo.

PSOE y UPyD pueden rubricar hoy su acuerdo

16.05.12 - A. SUÁREZ / J. A. GARCÍA | OVIEDO, en El Comercio.

PSOE y UPyD pueden cerrar hoy el acuerdo que garantice la estabilidad del futuro gobierno asturiano. Según fuentes conocedoras de la negociación, ésta avanza hacia el acuerdo que bien podría cerrarse a lo largo de la jornada de hoy. De hecho, no se descarta que a lo largo de la tarde, los representantes de ambas organizaciones celebren una reunión en la Junta General para rubricar el principio de acuerdo que permitiría a Javier Fernández convertirse en el próximo presidente del Principado tras la sesión de investidura del próximo día 22.

El único escollo que quedaba pendiente era la reforma de la ley electoral. A juzgar por los últimos acontecimientos, los socialistas podrían redefinir este controvertido asunto que, para UPyD, es una de las líneas rojas que planteó en la negociación. La portavoz general de la formación magenta, Rosa Díez, comparecerá esta tarde, a las 19 horas, en Oviedo con Ignacio Prendes para, presumiblemente, dar cuenta del acuerdo.

“Cada minuto que pasa es más urgente un gobierno solvente y estable en Asturias. No perdemos la esperanza de que la razón se imponga”, había asegurado poco antes de las dos menos cuarto en las redes sociales el candidato de UPyD, Ignacio Prendes.

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Como Cataluña ya había rebajado por segunda vez el salario a los empleados públicos lo que hace ahora es consolidar dicha merma retributiva…

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RECORTES ADICIONALES CATALUÑA

Mas fía el grueso del ajuste catalán a las medidas de Rajoy

El presidente catalán dice ahora que los decretos de Sanidad y Educación le permitirán ahorrar buena parte de los 1.500 millones

La Generalitat congela subvenciones y reduce las transferencias a las empresas públicas

Miquel Noguer / Lluís Pellicer, Barcelona, 15 MAY 2012, en El Pais.

Las siete medidas

Estas son las medidas comprendidas en el tercer plan de choque:

■Consolidación de la rebaja del 5% del salario de los funcionarios (en 2011 se les retiró de las pagas extras). La reducción se aplicará un 3% en junio y un 2% en diciembre. Se elimina el complemento autonómico que cobran los funcionarios del Estado en Cataluña.

■Restructuración de las empresas públicas. Rebaja en las transferencias.

■Reducción no lineal de las subvenciones y congelación de nueva convocatoria de ayudas.

■Ralentización y reprogramación de inversiones.

■Venta del patrimonio público. Posibilidad que las autopistas públicas catalanas pasen a manos privadas.

■Aplicación de las medidas de los Decretos de sanidad, educación y universidades del Gobierno central.

■Encargo a Economía para elaborar un estudio para maximizar las tasas y los tributos propios.

El Gobierno catalán ha explicado este mediodía cómo piensa acometer el tijeretazo para ahorrar los 1.500 millones de euros en su nuevo plan de ajuste. Artur Mas, presidente catalán, ha explicado en una comparecencia pública, las medidas de este nuevo programa, sin desglosar las partidas, que incluye los siguientes puntos: la consolidación de la reducción del 5% en los complementos de los funcionarios anunciada ya en noviembre; el ajuste en determinadas empresas públicas a las que reducirá las transferencias; la lentificación o reprogramación de obras públicas; la venta de patrimonio, la congelación de nuevas convocatorias de subvenciones y nuevas tasas en la FP superior. La mayor parte de estas medidas estaban ya anunciadas e incluso presupuestadas, pero Mas ha incidido en ellas para transmitir confianza. Cataluña también aplicará los decretos de Sanidad y Educación impulsados por el Gobierno de Mariano Rajoy, aunque se planteaba recurrirlos.

El programa satisface en buena medida las reivindicaciones del Partido Popular que desde hace semanas exigía a la Generalitat que recortara en empresas públicas y redujera los 500 millones en "subvenciones opacas" antes de volver a incrementar el copago sanitario.

Las únicas medidas no anunciadas hasta ahora son la instauración de una tasa a los estudiantes de ciclos formativos de grado superior; la reducción de subvenciones y la reducción de transferencias a las empresas públicas, que ya se había iniciado en 2011 y ahora se acelerará. Con todo, el Ejecutivo de CiU no ha cuantificado ninguna de estas partidas.

El Gobierno catalán ha entrado en una contradicción al anunciar que la mayor parte del ajuste vendrá del cumplimiento de los decretos de Sanidad y Educación del Gobierno central. Hace tres semanas el Gobierno catalán aseguró que las medidas de estos decretos se quedaban cortas y que solo permitían ahorrar 150 millones de euros en lugar de los 1.500 que calculaba el Gobierno central. Hoy el discurso ha cambiado. Artur Mas ha dicho que ahora "toma la palabra" del Ejecutivo de Mariano Rajoy y que espera un ahorro muy superior. El consejero de Economía, Andreu Mas-Colell confía, eso sí, en que el Gobierno central tome nuevas medidas porque siguen existiendo serias dudas de que las actuales permitan el ahorro previsto.

Con vistas al año que viene, Mas ha abierto la puerta a una subida de impuestos. El presidente ha encargado a Mas-Colell una propuesta para "maximizar" tasas, precios públicos e impuestos propios. Dentro de estos podría estar el impuesto de sucesiones, que el tripartito redujo y el Gobierno de CiU prácticamente eliminó el año pasado. Ahora se plantean dar marcha atrás, aunque Mas ha sido muy crítico al respecto.

Con todo y pese a que el plan contentará al Ministerio de Economía, Mas ha mostrado su enorme fastidio por tener que presentar un tercer plan de ajuste desde que accedió al poder en 2010. "Este plan nos viene impuesto por errores de otros", ha señalado al recordar que la Generalitat ya recortó en 2011 1.800 millones de euros y se ha convertido en pionera en España de las medidas de austeridad. "Y hay que enviar este mensaje a la Unión Europea. La austeridad tiene que ser un valor pero no una obsesión", ha dicho.

Mas no ha dejado títere con cabeza: primero ha culpado al Gobierno de Zapatero por anunciarle que en 2012 Cataluña dispondría de 1.700 millones cuando, al final, esa suma no ha llegado a las arcas de la Generalitat. "O no lo calcularon o miraron hacia otro lado", ha dicho. Y luego, ha reprochado a Rajoy centrifugar el déficit a las comunidades autónomas. "Menos lecciones y más hacer los deberes", le ha afeado Mas al señalar que el Gobierno central no se aplica la misma medicina. "Por ejemplo, la Ley de la Dependencia subraya que Madrid y nosotros tenemos que invertir la misma suma en ese tema: pues bien, nosotros hemos invertido 900 millones y ellos, 200, y han recortado ayudas en centros especiales de trabajo, en programas de inmigración, ha anulado programas de guardería, en planes contra el sida, en proyectos culturales, en transporte público metropolitano y en investigación", ha subrayado.

En su defensa, el Ejecutivo catalán ha recordado que desde hace tiempo ya ha recortado una media de entre el 5% y el 10% del sueldo a los funcionarios o congelado obras públicas cuando el Gobierno central no se atreve a tocar el salario de los empleados públicos del Estado ni tampoco ha renunciado a obras del AVE ni ha extendido, como reclama, peajes en todas las autopistas españolas. Frente a este paisaje, Mas ha reivindicado el "esfuerzo gigantesco y titánico" que ha hecho desde que CiU llegó al poder en diciembre de 2010. "Nosotros nos encontramos con un déficit de 8.500 millones de déficit; en lugar del 2,4% era del 4,3%. Y en 2011, recortamos 1.850 millones y hemos reducido el déficit al 3,2% -3,7% según los cálculos de la Intervención General del Estado- pese a que pagamos 1.000 millones en intereses anuales y sin recibir el dinero de la disposición adicional tercera", ha añadido.  

Menos salario a cambio del mantenimiento del máximo volumen posible de empleo… ¡¡eso dicen!!

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RECORTES ANDALUCIA

El Gobierno de izquierdas baja el salario de todos los empleados públicos

El Ejecutivo autonómico aprueba medidas para cumplir con el recorte establecido por el Gobierno

La Junta no aumentará el número de alumnos por aula ni las tasas universitarias

Los consejeros se rebajan un 5% el sueldo, igual que la media de los empleados públicos

Foto: La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo.

Lourdes Lucio / Raúl Limón, Sevilla, en el País.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha presentado hoy el mayor recorte de la historia de la autonomía andaluza para cumplir con el objetivo del déficit del 1,5% del PIB en este ejercicio. La medida más llamativa es la bajada de sueldo de todas las personas que perciben una nómina de la Junta de Andalucía que verán suspendidos la percepción de los complementos que perciben hasta ahora. La decisión es temporal. Esta medida se aplicará de manera inmediata ya que en el mes de junio la paga extra de verano se verá reducida entre un 30% y un 40% de media.

Además, el Gobierno de coalición de PSOE e Izquierda Unida va a subir la presión fiscal y aumentará en un punto la tarifa autonómica del IRPF para las rentas de entre 60.000 y 120.000 euros. La inversión pública se congela y no habrá obra nueva salvo en casos excepcionales, según ha dicho Aguayo en una extensa conferencia de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno.

El Presupuesto de la Junta de Andalucía actual va a ser modificado por un montante de 3.500 millones de euros. Mil millones pertenecen a la partida de ingresos y los 2.500 restantes afectarán a los gastos, 200 menos de los anunciados inicialmente.

La máxima en la que se ha movido el Gobierno andaluz ha sido el de evitar los despidos de los empleados públicos y “preservar el sistema educativo”. En este sentido, la Junta aplicará el aumento de la jornada lectiva a los profesores, porque es norma básica de obligado cumplimiento, pero no aumentará el número de alumnos por aula, ha dicho Aguayo.

La eliminación de los pluses que perciben los funcionarios y personal laboral de la Junta de Andalucía significará una reducción del salario de hasta un 6%, mientras que los que tienen contratos de interinos esta rebaja será casi del doble. En concreto del 15% ya que también reducirán su jornada laboral en el mismo porcentaje. Habrá disminución de las horas extraordinarias.

La reducción de salarios afectará al presidente de la Junta, a los consejeros y viceconsejeros que se bajarán el sueldo en un 5%. Estos altos cargos ya “sufrieron”, en palabras de Aguayo, una bajada salarial del 15% el año pasado y desde hace dos años tienen el sueldo congelado. Los cargos elegidos por el Parlamento también seguirán este senda, pero debe ser la Cámara autonómica la que lo proponga y lo apruebe.

En cuanto a la presión fiscal, además del aumento del tramo autonómico del IRPF, la Junta prevé multiplicar la tarifa actual del impuesto de Patrimonio y por dos el de venta de hidrocarburos, salvo el gasóleo agrícola. Los actos jurídicos documentados pasarán del 1,2%al 1,5%. También aumentará la tasa fiscal sobre las máquinas tragaperras. Las previsiones de ingresos por vía impositiva son: 25 millones por IRPF, 9 millones por patrimonio, 100 millones por actos jurídicos documentados, 120 por carburantes al año y 16 millones por el juego

Respecto a los gastos corrientes, se reducen un 50% la flota de vehículos de altos cargos, se limita el cobro de dietas, se elimina la partida de protocolo para altos cargos y personal directivo de las empresas públicas, salvo la del presidente y los consejeros. La partida en publicidad también bajará un 50%.

La respuesta de los funcionarios no se ha hecho esperar. El comité ejecutivo del sindicato CSIF Andalucía ha convocado concentraciones el 29 de mayo a las 11.30 en todas las delegaciones del Gobierno autonómico para protestar "contra el recorte a los funcionarios andaluces" anunciado por la consejera de Hacienda.

Reacción de los funcionarios y del PP

El comité ejecutivo del sindicato CSIF Andalucía ha convocado concentraciones el 29 de mayo a las 11.30 horas en todas las delegaciones del Gobierno autonómico para protestar "contra el recorte a los funcionarios andaluces anunciado por la consejera de Hacienda".

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (Safja) también ha anunciado que iniciará acciones legales y  movilizaciones y manifestaciones si las nuevas medidas "pisotean los derechos de los funcionarios".

El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ha calificado de "recortazo" las medidas de ajuste de la Junta de Andalucía para reducir el presupuesto en 2.500 millones de euros y las ha considerado la "agenda oculta del bipartito".

VER LA ACTUALIZACION DEL PLAN ECONOMICO FINANCIERO DE ANDALUCIA CON VISTAS AL CPFF DE PASADO MAÑANA…

¿Con qué autoridad Merkel insiste en su nefasta política para la U.E., si ni siquiera la tiene en Alemania?...

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Fuerte derrota del partido de Merkel en el Estado de Renania del Norte-Westfalia

El SPD obtiene un 39% de los votos, un porcentaje suficiente para gobernar junto a Los Verdes

Juan Gómez, Berlín, en El País.

El Partido Social Demócrata (SPD) venció ayer en las elecciones regionales de Renania del Norte-Westfalia. Según los sondeos a pie de urna, el SPD obtuvo el 39% de los votos. Sumado al 11,5% de Los Verdes, el centro-izquierda ha obtenido una mayoría cómoda en el Estado más poblado, variopinto e industrializado de Alemania. La Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Angela Merkel encajó un revés en las urnas sin precedentes. Norbert Röttgen, Ministro de Medio Ambiente y hombre de confianza de Merkel, solo cosechó el 26,3% de los apoyos. El candidato asumió “toda la responsabilidad” y dimitió pocos minutos después de conocerse los sufragios. Respecto a las elecciones regionales celebradas hace solo dos años en ese land, el SPD ha sumado casi cinco puntos porcentuales. En 2010 la CDU ganó al SPD por una décima de punto, pero tuvo que quedarse en la oposición. Ayer, perdió casi nueve puntos.

Hasta las elecciones de 2005 y durante casi cuatro décadas, Renania del Norte-Westfalia fue un land eminentemente socialdemócrata. Aún así, el inusitado varapalo sufrido por la CDU de Röttgen también es un revés para Merkel. A poco más de un año de los comicios generales de 2013, Röttgen intentó que las elecciones del domingo se centraran en la política de austeridad que la CDU propone para Alemania y para el resto de Europa.

Para consternación de muchos dirigentes federales, el candidato democristiano vinculó su elección con “la política que la canciller está proponiendo” para la Unión Europea. Röttgen fue obligado a retractarse y Merkel puso inmediatamente la distancia con su correligionario político, pero la sombra de la austeridad sobrevoló de todos modos la recta final de la campaña. La derrota de Renania del Norte-Westfalia debilita a la CDU, que encabeza aún todas las encuestas federales de intención de voto, pero también debilitan a Merkel dentro de su propio partido.

Los problemas con las cuentas públicas desencadenaron un adelanto electoral en Renania del Norte-Westfalia. La ganadora de ayer, la socialdemócrata Hannelore Kraft, tuvo que convocar elecciones tras fracasar en su intento de sacar adelante los presupuestos que proponía su Gobierno de minoría junto con Los Verdes. No se habían cumplido ni dos años desde que desbancaron en Dusseldorf a una coalición de centro-derecha análoga a la de Merkel en Berlín. Tanto la CDU como sus socios liberales han acusado a Kraft de no ajustar los gastos suficientemente. Los más de 13 millones de votantes convocados a las urnas han expresado otra opinión. Con ello, el tándem SPD-Verdes ha obtenido un espaldarazo muy significativo para 2013 y, también para negociar con Merkel el precio de su apoyo parlamentario al pacto fiscal europeo. El Gobierno necesita una mayoría de dos tercios en el Bundestag (Cámara baja) para aprobar el pacto que Merkel y Nicolas Sarkozy, el presidente francés saliente, impusieron a sus socios europeos a finales del año pasado.

Los liberales celebraban ayer el 8,4% obtenido como si hubieran ganado ellos. Los votantes les han expulsado de cinco parlamentos regionales desde que formaron Gobierno con Merkel en 2009. Ahora, esperan que los resultados en las regionales de ayer en Renania del Norte-Westfalia y en las de Schleswig-Holstein, la semana pasada, supongan un punto de inflexión. Lideró la campaña el ex secretario general del partido, Christian Lindner, que ha atraído una considerable atención mediática como posible “salvador” del maltratado partido.

Los del domingo fueron los cuartos comicios regionales consecutivos en los que el partido de Los Piratas logra superar (con un 7,7%) el 5% necesario para entrar en los Parlamentos alemanes. El de Dusseldorf es uno de los más importantes del país. Se confirma, si quedaba alguna duda, que el joven partido fundado en 2006 es una fuerza política a tener en cuenta, al menos durante los cinco años que quedan para las próximas regionales renanas. El partido, que se define como “transversal”, atrae a muchos votantes jóvenes con sus propuestas de educación gratuita, Internet sin barreras o reforma de la protección de los derechos de autor. Obtuvieron su primer gran éxito en las regionales de Berlín, a finales de 2011, con un programa electoral de izquierda. Sus dirigentes repiten que no tienen “aún” posturas concretas en muchos asuntos internacionales o financieros cruciales, como el de la crisis de la deuda.

Los Piratas han atraído parte de los votos descontentos que acaparaba el partido Die Linke (La Izquierda). El domingo se quedaron fuera del land de Düsseldorf. También ha contribuido a esto el perfil izquierdista de Hannelore Kraft, que ha logrado distanciar su imagen de las políticas de recortes que el SPD aplicó durante el mandato del canciller Gerhard Schröder (1998-2005).

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Al margen de las cuentas en sí, de las que tendrá que dar explicaciones Cascos, si fuéramos Valencia, Murcia o … esto no pasaba.

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El Principado dice que su plan es válido y ve «fines políticos» en la decisión de Montoro

El difícil arranque de la legislatura

Reacciones al golpe de mano del Gobierno central

El socialista Javier Fernández reclama «prudencia» ante la decisión de Hacienda de poner la región bajo tutela y exige al Ejecutivo que explique en la Junta su proyecto

Foto: Ultimo Consejo de política fiscal y financiera...

Oviedo, P. GALLEGO / F. VALLINA, en La Nueva España
Casi cinco horas y media -desde las cinco menos cuarto de la tarde hasta las diez y diez de la noche- tardó ayer el Gobierno del Principado, de Foro Asturias, en responder a la decisión del Ministerio de Hacienda de iniciar los trámites para intervenir Asturias a causa de la inestabilidad política regional. La réplica del Ejecutivo que preside, en funciones, Francisco Álvarez-Cascos fue asegurar que el plan económico financiero (PEF) presentado a Hacienda cumple con la ley de Estabilidad Presupuestaria. Y que no comprendía las «filtraciones efectuadas desde el Ministerio» -aunque la noticia llegó en una nota oficial de Hacienda-, «salvo que con ellas se persigan fines políticos ajenos a la estabilidad presupuestaria y a la corrección del déficit».

La consejería de Hacienda y Sector Público, capitaneada por Ramón del Riego, explica en una nota que «las medidas de contención ya adoptadas» y la «no aprobación de la ley de Endeudamiento» -aunque esta proposición no se tramitó gracias a la negativa de la oposición, al haberla presentado el Ejecutivo con la Junta ya disuelta por la convocatoria de elecciones- garantizan que, a finales de 2012, el déficit del Principado equivaldrá al «0,99 por ciento del PIB», muy por debajo del límite impuesto por el Gobierno central, el 1,5 por ciento. Así, consideran que han cumplido con sus «obligaciones», y que la situación de «en funciones» que motiva los informes encargados por el Ministerio de Hacienda «desaparecerá la semana del 21 de mayo, con el debate, votación e investidura del nuevo Gobierno».

En la oposición, el secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Javier Fernández, diputado del que ahora es el grupo parlamentario con mayor representación en la Junta, pedía ayer «máxima prudencia» ante la decisión del Ministerio de dejar en manos de la Abogacía del Estado la posibilidad de que el Principado sea la primera comunidad que resulte intervenida. «El Ministerio debe dar mayores explicaciones acerca de las circunstancias que han motivado tal pronunciamiento», exigió Fernández. «Es necesario conocer más datos», insistió, «y que Hacienda ofrezca todas las explicaciones y cifras que maneja para hacer las aseveraciones que realiza, que sin duda generan alarma y perjuicio para la región».

A pesar de sus llamadas a la calma, el líder de los socialistas asturianos destacó que, ya tras la presentación del plan económico financiero, él había advertido que no había «tal plan». «El Gobierno de Álvarez-Cascos se limitó al ajuste automático causado por la prórroga y la imposibilidad de endeudamiento», aseveró. «El mismo Gobierno ha reconocido que no ha podido poner en marcha otras medidas de ajuste adecuadas por encontrarse en funciones», añadió, y es a esta literalidad a la que, a juicio de Javier Fernández, «se remite el ministro Montoro en esta advertencia que hace a la Hacienda pública asturiana».

«Dada la incertidumbre generada, resulta absolutamente indispensable que las fuerzas políticas con representación parlamentaria conozcan el plan de manera inmediata y en su totalidad», exige Fernández, «para tratar de obtener una idea objetiva de cuál es la situación real». «Será en ese momento, y también a la espera de que se produzcan las necesarias precisiones del Ministerio, cuando pueda emitirse un juicio que ahora debe estar basado en la prudencia», añadió.

El coordinador de Izquierda Unida, Jesús Iglesias, coincide con Fernández en la necesidad de que el Gobierno de Foro dé explicaciones en la Junta, y en su exigencia de explicaciones al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pero con un matiz. Para Iglesias, la decisión del Gobierno central es una «irresponsable inyección de pánico» que puede «dañar muy gravemente los intereses de Asturias», máxime cuando «no tenemos ni una sola valoración sobre el plan de ajuste presentado», razona Iglesias. «Exigimos al Ministerio que, de manera inmediata, explique las razones que motivan esta decisión, porque sin haber hecho público ni un sólo motivo esta decisión puede llevar a pensar que el Gobierno de Rajoy antepone los intereses de partido al interés general de Asturias, algo que sería intolerable», sentencia el coordinador general de IU.

Mientras que los partidos de la izquierda piden explicaciones al Gobierno central, el PP de Asturias considera que el objetivo de estabilidad presupuestaria que persigue el Ministerio es «irrenunciable». «Las cuentas públicas de las comunidades autónomas tienen que contribuir a la lucha para controlar el déficit», añaden. A su juicio, la colaboración entre la Abogacía y la Intervención General del Estado y los servicios jurídicos y financieros del Principado permitirá «corregir y modificar los elementos necesarios del plan para cumplir, hay margen hasta el próximo 17 de mayo», afirman, fecha de la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El secretario general de UGT en Asturias, Justo Rodríguez Braga, tiene claro que una intervención estatal «a pocos días de que se forme Gobierno» sería «lamentable y muy perjudicial para la región». Braga afirma que el Ejecutivo de Cascos «no ha hecho nada por Asturias, y no permite que conozcamos la situación real de la región». Aun así, ve «descabellado» que el Gobierno de Rajoy «intente una acción hostil de ese calibre antes de que se constituya el nuevo Ejecutivo asturiano». Rodríguez Braga reclama «que se imponga lo racional, que se forme un Gobierno serio y que algunos, como UPyD, se dejen de brindis al sol y comiencen a pensar en lo que en realidad preocupa a los asturianos: el paro, la reactivación de la economía o los consensos políticos y sociales».

El secretario general de Comisiones Obreras de Asturias, Antonio Pino, es rotundo: «Esto pone de manifiesto que el PP se está dando cuenta de que un Gobierno regional con Foro no es lo más adecuado ni para Asturias ni para sus intereses particulares como partido». «Se está poniendo en cuestión la trasparencia de unas cuentas que son responsabilidad del Gobierno de Cascos», añade. «Si se lleva a cabo la intervención sería algo inaudito en este país, hay que intentar solucionar las cosas por la vía política», propone Pino.

El mecanismo

Incumplimiento

La nueva ley de Estabilidad Presupuestaria establece una serie de medidas coercitivas para aquellas comunidades autónomas que no obtengan la luz verde del Consejo de Política Fiscal y Financiera a sus planes de ajuste. Esas medidas también están previstas para las regiones que incumplan los planes o que no los presenten.

Informes

El Ministerio de Hacienda ha encargado a la abogacía del Estado y a la Intervención General que estudien la aplicación de la ley a Asturias. El departamento de Montoro sostiene que, debido a su situación política, con el Gobierno en funciones, el Principado no puede garantizar la adopción de medidas para cumplir el objetivo de estabilidad.

Medidas

Las regiones que no dispongan de plan de reequilibrio y que sean intervenidas por el Estado deben suspender gastos hasta garantizar el cumplimiento de los objetivos de déficit, así como constituir un depósito en el Banco de España equivalente al 0,2% de su Producto Interior Bruto (PIB). En el caso concreto de Asturias, sería de unos 46 millones de euros. Además, Hacienda podría hacerse con las competencias autonómicas en materia de tributos.

Delegados

En último término, y en el caso de que todo lo anterior no surta efecto, la ley establece que el Ministerio de Hacienda tiene potestad para enviar a la comunidad autónoma intervenida una delegación de expertos. Tras realizar una valoración de la situación financiera, estos especialistas aportarán una serie de medidas y recomendaciones que serán de obligado cumplimiento para las autoridades autonómicas.

El Principado dice que cumple y ve intereses «políticos»

13.05.12 - E. ARENAS | GIJÓN, en El Comercio.

El anuncio del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de encargar a la Intervención del Estado que estudie la posibilidad de poner bajo tutela las cuentas de la región por «la situación de parálisis política» que vive el Principado dejó ayer helados a políticos y agentes sociales de la región. El Gobierno regional en funciones reaccionó con contundencia al asegurar que el plan Económico y Financiero del Principado «cumple con la Ley de Estabilidad Presupuestaria» e insinuar que la decisión de Hacienda «persigue fines políticos ajenos a la estabilidad presupuestaria».

Las reacciones en el resto de los grupos políticos tampoco se hicieron esperar. El Partido Popular defendió como «irrenunciable» el objetivo de estabilidad presupuestaria del gobierno y pidió colaboración a todas las partes porque «aún queda margen hasta el jueves para corregir el plan de ajuste y alcanzar el objetivo del déficit». El PSOE pidió explicaciones al ministerio de Hacienda e IU dijo que Cristóbal Montoro «debe presentar la dimisión».

A través de un comunicado el Gobierno en funciones se defendió de las acusaciones del Ejecutivo central. «Las medidas de contención ya adoptadas y la no aprobación de la Ley de Endeudamiento garantizan a finales de 2012 un déficit del 0,99% del PIB, inferior al límite del 1,5%», aseguró.

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA) y candidato del PSOE a la presidencia, Javier Fernández, pidió que el Ministerio de Hacienda explique las circunstancias que han motivado la decisión y reclamó «conocer el plan remitido por el gobierno asturiano de Foro al Ministerio de Hacienda».

Izquierda Unida consideró el anuncio como una «intolerable irresponsabilidad que genera pánico y que perjudica gravemente los intereses de Asturias» y en el terreno de los agentes sociales el secretario general de Comisiones Obreras de Asturias (CC OO), Antonio Pino, también alertó sobre la gravedad del asunto. Dijo que lo más preocupante es desconocer la situación económica del Principado y pidió que «se forme un Gobierno regional estable de forma urgente».

También por medio de un comunicado, el PP asturiano protestó porque «desconocemos formalmente el plan de ajuste del gasto presentado por el Gobierno del Principado ante el Ministerio de Hacienda, del que sólo sabemos a través del resumen entregado a los medios de comunicación». Para el PP, que pidió colaboración entre la Abogacía y la Intervención General del Estado y los servicios jurídicos y financieros de la Administración del Principado para corregir y modificar los elementos necesarios del Plan Económico y Financiero, «un Gobierno en funciones no es precisamente el escenario más idóneo para dar estabilidad».

Izquierda Unida reaccionó con con dureza frente al anuncio de Hacienda. El diputado nacional Gaspar Llamazares dijo que «la amenaza de Montoro de la intervención de Asturias por motivos políticos es una muestra más del caos de la derecha». El coordinador general de Asturias de IU, Jesús Iglesias, calificó, por su parte, de «intolerable irresponsabilidad» la decisión del ministerio de Hacienda, especialmente porque «se ha tomado sin dar ni un solo argumento, motivo o valoración del plan de ajuste». Para Jesús Iglesias, «el daño de este anuncio para Asturias puede ser irreparable porque genera pánico y perjudica gravemente al principado».

Jesús Iglesias señaló también que «la decisión es de tal irresponsabilidad que obliga a asumir responsabilidades políticas porque hacer este anuncio sin explicar las causas puede llevar a pensar que el Gobierno de Rajoy antepone los intereses de su partido a los intereses generales del país, lo cual es sencillamente intolerable».

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Jesús Sérvulo González, MADRID, en El Pais.

Dos semanas después de entrar en vigor la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que permite al Gobierno la intervención de las comunidades autónomas manirrotas, el Ministerio de Hacienda amenaza con tomar el control de las cuentas públicas de Asturias si no presenta su plan de ajuste en breve.

El próximo jueves, día 17, el departamento que dirige Cristóbal Montoro ha convocado un Consejo de Política Fiscal y Financiera —el órgano de interlocución del Gobierno con los consejeros de Economía regionales— para examinar los planes de ajuste de todas las comunidades. Montoro se reunió este sábado con técnicos del ministerio para revisar los proyectos regionales. “Dentro de los planes presentados preocupa especialmente el de Asturias, porque la situación del Gobierno en funciones existente en esa comunidad impide que se adopten compromisos en materia de ingresos y gastos que garanticen el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria”, alertó Hacienda en una nota de prensa.

La nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria exige a las comunidades que incumplieron el objetivo de déficit el año pasado la aprobación de un plan económico financiero. La desviación presupuestaria del Principado de Asturias en 2011 fue de 3,64%, por encima de la media autonómica y casi dos puntos y medio por encima de la meta fijada por Bruselas.

Pero la inestabilidad política en el Principado, con dificultades para formar Gobierno, ha retrasado la elaboración de dicho plan de ajuste. Los responsables del Gobierno asturiano no han podido aplicar los ajustes en sanidad y educación previstos por el Gobierno, entre otras medidas.

Por ese motivo, “Hacienda ha encargado a la Abogacía del Estado y a la Intervención General que estudie la aplicación de la Ley de Estabilidad en Asturias”. El Gobierno advierte de que en caso de no presentar el plan económico financiero aplicará “las medidas correctivas y coercitivas” contenidas en la nueva ley, que pueden desembocar en último extremo en “la tutela de las cuentas de la región por la Administración General del Estado”.

Ante la posibilidad de que Asturias no llegue al Consejo de Política Fiscal con el plan, Hacienda ya ha dado los primeros pasos para iniciar la intervención. Ha pedido un informe a la Abogacía del Estado y a la Intervención General. La ley establece un protocolo antes de la intervención. Así, si en el plazo de 15 días desde que se constate el incumplimiento podrá obligar al Gobierno asturiano a que establezca un depósito del 0,2% del PIB regional. Si a los seis meses de su constitución no se ha solucionado el problema, un grupo de emisarios de Hacienda se presentará en el Principado para hacer las recomendaciones y tomar el control de las cuentas públicas.

Hacienda aseguró ayer que aún negocia con las comunidades autónomas algunos aspectos de los planes de ajuste. Señala en un comunicado que ha requerido precisiones sobre la aplicación de las nuevas medidas de Educación y Sanidad a algunas comunidades, sin precisar a cuáles. Aunque no ha devuelto ninguno de los planes presentados por las autonomías, Hacienda ha hecho precisiones a casi todas.