Al margen de las cuentas en sí, de las que tendrá que dar explicaciones Cascos, si fuéramos Valencia, Murcia o esto no pasaba.
El Principado dice que su plan es válido y ve «fines políticos» en la decisión de Montoro
El difícil arranque de la legislatura
Reacciones al golpe de mano del Gobierno central
El socialista Javier Fernández reclama «prudencia» ante la decisión de Hacienda de poner la región bajo tutela y exige al Ejecutivo que explique en la Junta su proyecto
Foto: Ultimo Consejo de política fiscal y financiera...
Oviedo, P. GALLEGO / F. VALLINA, en La Nueva España
Casi cinco horas y media -desde las cinco menos cuarto de la tarde hasta las diez y diez de la noche- tardó ayer el Gobierno del Principado, de Foro Asturias, en responder a la decisión del Ministerio de Hacienda de iniciar los trámites para intervenir Asturias a causa de la inestabilidad política regional. La réplica del Ejecutivo que preside, en funciones, Francisco Álvarez-Cascos fue asegurar que el plan económico financiero (PEF) presentado a Hacienda cumple con la ley de Estabilidad Presupuestaria. Y que no comprendía las «filtraciones efectuadas desde el Ministerio» -aunque la noticia llegó en una nota oficial de Hacienda-, «salvo que con ellas se persigan fines políticos ajenos a la estabilidad presupuestaria y a la corrección del déficit».
La consejería de Hacienda y Sector Público, capitaneada por Ramón del Riego, explica en una nota que «las medidas de contención ya adoptadas» y la «no aprobación de la ley de Endeudamiento» -aunque esta proposición no se tramitó gracias a la negativa de la oposición, al haberla presentado el Ejecutivo con la Junta ya disuelta por la convocatoria de elecciones- garantizan que, a finales de 2012, el déficit del Principado equivaldrá al «0,99 por ciento del PIB», muy por debajo del límite impuesto por el Gobierno central, el 1,5 por ciento. Así, consideran que han cumplido con sus «obligaciones», y que la situación de «en funciones» que motiva los informes encargados por el Ministerio de Hacienda «desaparecerá la semana del 21 de mayo, con el debate, votación e investidura del nuevo Gobierno».
En la oposición, el secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Javier Fernández, diputado del que ahora es el grupo parlamentario con mayor representación en la Junta, pedía ayer «máxima prudencia» ante la decisión del Ministerio de dejar en manos de la Abogacía del Estado la posibilidad de que el Principado sea la primera comunidad que resulte intervenida. «El Ministerio debe dar mayores explicaciones acerca de las circunstancias que han motivado tal pronunciamiento», exigió Fernández. «Es necesario conocer más datos», insistió, «y que Hacienda ofrezca todas las explicaciones y cifras que maneja para hacer las aseveraciones que realiza, que sin duda generan alarma y perjuicio para la región».
A pesar de sus llamadas a la calma, el líder de los socialistas asturianos destacó que, ya tras la presentación del plan económico financiero, él había advertido que no había «tal plan». «El Gobierno de Álvarez-Cascos se limitó al ajuste automático causado por la prórroga y la imposibilidad de endeudamiento», aseveró. «El mismo Gobierno ha reconocido que no ha podido poner en marcha otras medidas de ajuste adecuadas por encontrarse en funciones», añadió, y es a esta literalidad a la que, a juicio de Javier Fernández, «se remite el ministro Montoro en esta advertencia que hace a la Hacienda pública asturiana».
«Dada la incertidumbre generada, resulta absolutamente indispensable que las fuerzas políticas con representación parlamentaria conozcan el plan de manera inmediata y en su totalidad», exige Fernández, «para tratar de obtener una idea objetiva de cuál es la situación real». «Será en ese momento, y también a la espera de que se produzcan las necesarias precisiones del Ministerio, cuando pueda emitirse un juicio que ahora debe estar basado en la prudencia», añadió.
El coordinador de Izquierda Unida, Jesús Iglesias, coincide con Fernández en la necesidad de que el Gobierno de Foro dé explicaciones en la Junta, y en su exigencia de explicaciones al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pero con un matiz. Para Iglesias, la decisión del Gobierno central es una «irresponsable inyección de pánico» que puede «dañar muy gravemente los intereses de Asturias», máxime cuando «no tenemos ni una sola valoración sobre el plan de ajuste presentado», razona Iglesias. «Exigimos al Ministerio que, de manera inmediata, explique las razones que motivan esta decisión, porque sin haber hecho público ni un sólo motivo esta decisión puede llevar a pensar que el Gobierno de Rajoy antepone los intereses de partido al interés general de Asturias, algo que sería intolerable», sentencia el coordinador general de IU.
Mientras que los partidos de la izquierda piden explicaciones al Gobierno central, el PP de Asturias considera que el objetivo de estabilidad presupuestaria que persigue el Ministerio es «irrenunciable». «Las cuentas públicas de las comunidades autónomas tienen que contribuir a la lucha para controlar el déficit», añaden. A su juicio, la colaboración entre la Abogacía y la Intervención General del Estado y los servicios jurídicos y financieros del Principado permitirá «corregir y modificar los elementos necesarios del plan para cumplir, hay margen hasta el próximo 17 de mayo», afirman, fecha de la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El secretario general de UGT en Asturias, Justo Rodríguez Braga, tiene claro que una intervención estatal «a pocos días de que se forme Gobierno» sería «lamentable y muy perjudicial para la región». Braga afirma que el Ejecutivo de Cascos «no ha hecho nada por Asturias, y no permite que conozcamos la situación real de la región». Aun así, ve «descabellado» que el Gobierno de Rajoy «intente una acción hostil de ese calibre antes de que se constituya el nuevo Ejecutivo asturiano». Rodríguez Braga reclama «que se imponga lo racional, que se forme un Gobierno serio y que algunos, como UPyD, se dejen de brindis al sol y comiencen a pensar en lo que en realidad preocupa a los asturianos: el paro, la reactivación de la economía o los consensos políticos y sociales».
El secretario general de Comisiones Obreras de Asturias, Antonio Pino, es rotundo: «Esto pone de manifiesto que el PP se está dando cuenta de que un Gobierno regional con Foro no es lo más adecuado ni para Asturias ni para sus intereses particulares como partido». «Se está poniendo en cuestión la trasparencia de unas cuentas que son responsabilidad del Gobierno de Cascos», añade. «Si se lleva a cabo la intervención sería algo inaudito en este país, hay que intentar solucionar las cosas por la vía política», propone Pino.
El mecanismo
Incumplimiento
La nueva ley de Estabilidad Presupuestaria establece una serie de medidas coercitivas para aquellas comunidades autónomas que no obtengan la luz verde del Consejo de Política Fiscal y Financiera a sus planes de ajuste. Esas medidas también están previstas para las regiones que incumplan los planes o que no los presenten.
Informes
El Ministerio de Hacienda ha encargado a la abogacía del Estado y a la Intervención General que estudien la aplicación de la ley a Asturias. El departamento de Montoro sostiene que, debido a su situación política, con el Gobierno en funciones, el Principado no puede garantizar la adopción de medidas para cumplir el objetivo de estabilidad.
Medidas
Las regiones que no dispongan de plan de reequilibrio y que sean intervenidas por el Estado deben suspender gastos hasta garantizar el cumplimiento de los objetivos de déficit, así como constituir un depósito en el Banco de España equivalente al 0,2% de su Producto Interior Bruto (PIB). En el caso concreto de Asturias, sería de unos 46 millones de euros. Además, Hacienda podría hacerse con las competencias autonómicas en materia de tributos.
Delegados
En último término, y en el caso de que todo lo anterior no surta efecto, la ley establece que el Ministerio de Hacienda tiene potestad para enviar a la comunidad autónoma intervenida una delegación de expertos. Tras realizar una valoración de la situación financiera, estos especialistas aportarán una serie de medidas y recomendaciones que serán de obligado cumplimiento para las autoridades autonómicas.
El Principado dice que cumple y ve intereses «políticos»
13.05.12 - E. ARENAS | GIJÓN, en El Comercio.
El anuncio del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de encargar a la Intervención del Estado que estudie la posibilidad de poner bajo tutela las cuentas de la región por «la situación de parálisis política» que vive el Principado dejó ayer helados a políticos y agentes sociales de la región. El Gobierno regional en funciones reaccionó con contundencia al asegurar que el plan Económico y Financiero del Principado «cumple con la Ley de Estabilidad Presupuestaria» e insinuar que la decisión de Hacienda «persigue fines políticos ajenos a la estabilidad presupuestaria».
Las reacciones en el resto de los grupos políticos tampoco se hicieron esperar. El Partido Popular defendió como «irrenunciable» el objetivo de estabilidad presupuestaria del gobierno y pidió colaboración a todas las partes porque «aún queda margen hasta el jueves para corregir el plan de ajuste y alcanzar el objetivo del déficit». El PSOE pidió explicaciones al ministerio de Hacienda e IU dijo que Cristóbal Montoro «debe presentar la dimisión».
A través de un comunicado el Gobierno en funciones se defendió de las acusaciones del Ejecutivo central. «Las medidas de contención ya adoptadas y la no aprobación de la Ley de Endeudamiento garantizan a finales de 2012 un déficit del 0,99% del PIB, inferior al límite del 1,5%», aseguró.
El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA) y candidato del PSOE a la presidencia, Javier Fernández, pidió que el Ministerio de Hacienda explique las circunstancias que han motivado la decisión y reclamó «conocer el plan remitido por el gobierno asturiano de Foro al Ministerio de Hacienda».
Izquierda Unida consideró el anuncio como una «intolerable irresponsabilidad que genera pánico y que perjudica gravemente los intereses de Asturias» y en el terreno de los agentes sociales el secretario general de Comisiones Obreras de Asturias (CC OO), Antonio Pino, también alertó sobre la gravedad del asunto. Dijo que lo más preocupante es desconocer la situación económica del Principado y pidió que «se forme un Gobierno regional estable de forma urgente».
También por medio de un comunicado, el PP asturiano protestó porque «desconocemos formalmente el plan de ajuste del gasto presentado por el Gobierno del Principado ante el Ministerio de Hacienda, del que sólo sabemos a través del resumen entregado a los medios de comunicación». Para el PP, que pidió colaboración entre la Abogacía y la Intervención General del Estado y los servicios jurídicos y financieros de la Administración del Principado para corregir y modificar los elementos necesarios del Plan Económico y Financiero, «un Gobierno en funciones no es precisamente el escenario más idóneo para dar estabilidad».
Izquierda Unida reaccionó con con dureza frente al anuncio de Hacienda. El diputado nacional Gaspar Llamazares dijo que «la amenaza de Montoro de la intervención de Asturias por motivos políticos es una muestra más del caos de la derecha». El coordinador general de Asturias de IU, Jesús Iglesias, calificó, por su parte, de «intolerable irresponsabilidad» la decisión del ministerio de Hacienda, especialmente porque «se ha tomado sin dar ni un solo argumento, motivo o valoración del plan de ajuste». Para Jesús Iglesias, «el daño de este anuncio para Asturias puede ser irreparable porque genera pánico y perjudica gravemente al principado».
Jesús Iglesias señaló también que «la decisión es de tal irresponsabilidad que obliga a asumir responsabilidades políticas porque hacer este anuncio sin explicar las causas puede llevar a pensar que el Gobierno de Rajoy antepone los intereses de su partido a los intereses generales del país, lo cual es sencillamente intolerable».
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