ACTUALIDAD

Hasta que Toxo y Méndez lo comuniquen en la rueda de prensa de hoy sobre las 13.15 horas, no hay nada definitivo aún

Gana fuerza la convocatoria de huelga general

Los sindicatos deciden este viernes si convocan un paro general contra la reforma laboral. De confirmarse se trataría de la primera huelga del Gobierno Rajoy convocada cien días después de su toma de posesión. 

nuevatribuna.es

Los máximos órganos de dirección de CCOO y UGT entre congresos se reunirán este viernes para decidir si convocan huelga general contra la reforma laboral previsiblemente para el próximo 29 de marzo, coincidiendo con la fecha en la que los sindicatos nacionalistas han convocado un paro general en País Vasco y Navarra en rechazo a la reforma.

Los sindicatos consideran la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP de manera unilateral como "la más regresiva" para los derechos de los trabajadores y desde su puesta en marcha han ido combatiéndola en las calles con manifestaciones, concentraciones y otros actos de protesta. La idea que siempre han tenido las centrales sindicales era la de caminar hacia una escalada de movilizaciones, acompasándola al ánimo de la población. Aunque en ningún momento descartaron convocar una huelga general, su intención siempre ha sido la de parar la reforma antes de tener que llegar a esa decisión.

Para ello, además de las movilizaciones en las calles, los sindicatos se han dirigido en numerosas ocasiones al Gobierno para pedirles que abriera un escenario de negociación donde echar por tierra aquellos aspectos de la reforma más lesivos para los trabajadores. Enviaron dos cartas al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para pedírselo, incluyendo en la última de ellas sus alternativas a la reforma laboral, como la creación de un contrato para empresas de menos de 25 trabajadores con una indemnización creciente de cinco días por trimestre. Los sindicatos dieron de plazo al Ejecutivo hasta este jueves, día en que la reforma se ha convalidado en el Congreso, para darles una respuesta y anunciaron la convocatoria de sus órganos de dirección para el día siguiente a fin de definir los siguientes pasos a seguir.

Entre tanto, varias federaciones regionales de ambos sindicatos, entre ellas Madrid y Euskadi, daban por hecho que de esta reunión de los órganos confederales de dirección iba a salir la convocatoria de una huelga general y todo apunta a que ésta se celebrará finalmente el 29 de marzo.

Desde el momento en que se conoció el contenido de la reforma laboral, que CCOO y UGT han criticado por su dureza y en la que aprecian incluso elementos de inconstitucionalidad, la pregunta de cuándo habrá huelga general ha sobrevolado en cada rueda de prensa que han celebrado.

El pasado 14 de febrero Toxo y Méndez admitían en TVE que la reforma laboral merecía una huelga general de manera inmediata, pero entendían que la respuesta sindical tenía que adaptarse el ánimo de los trabajadores. Desde que hicieron aquellas declaraciones, hace casi un mes, los sindicatos han podido comprobar en las calles si son o no capaces de movilizar a los trabajadores contra la reforma laboral. El primer ’test’ lo efectuaron el pasado 19 de febrero, celebrando manifestaciones en las principales ciudades españolas con un notable éxito de participación. El 29 de febrero volvieron a salir a la calle, pero esta vez en el marco de una jornada de acción europea.

En principio, volverán a hacerlo el próximo domingo, 11 de marzo, y está por ver si entre esa fecha y la de la huelga general habrá más. Hay quien no lo descarta y hay quien incluso piensa que habrá varias huelgas generales en España en los próximos tiempos, como Dámaso Casado, de UGT Euskadi.

MÉNDEZ DICE QUE EL GOBIERNO TODAVÍA TIENE UNA OPORTUNIDAD PARA CORREGIR LA REFORMA

Cándido Méndez ha dicho este jueves que el Gobierno "todavía tiene una oportunidad" para negociar y corregir "en profundidad" la norma que "se ha impuesto a la tremenda y sin diálogo social" y ha advertido de que si no es así los representantes de los trabajadores tendrán que utilizar "los instrumentos que la Constitución pone a su servicio" en defensa de sus derechos.

El líder de UGT ha explicado que este sindicato decidirá este viernes en la reunión de su Comité Federal las medidas para reclamar cambios en una reforma laboral que, entre otras cosas, tendrá "un efecto muy duro" en los trabajadores de la administración pública, "sobre todo en las comunidades autónomas, donde se impone un recorte mayor". Méndez ha recordado que la reforma laboral "autoriza por primera vez" acometer Expedientes de Regulación de Empleo para el personal laboral de la administración, un total de 850.000 trabajadores. La mayoría de ellos, ha detallado, corresponden a empleos de servicios públicos, muchos de ellos ejercidos por las mujeres, por lo que supone "un peligro claro" que puede hacer que aumente el desempleo femenino si los ayuntamientos y las comunidades autónomas no trabajan "con sensatez".

El líder de UGT ha subrayado también que aunque no se conocen los presupuestos del Estado, sí sus objetivos de recortar en 2012 y 2013 "no menos de 55 millones de euros", algo "muy duro" y ha añadido: "Estamos convencidos de que es imposible que lo tolere la sociedad española".

Los efectos negativos de la reforma laboral para las mujeres, según Méndez, se basan en que éstas sufren de partida una situación peor, ya que en España, con el "triste récord" de tener el desempleo femenino más alto de Europa, la brecha salarial entre hombres y mujeres ronda el 22 por ciento, y ellas tienen cuatro de cada cinco contratos a tiempo parcial.

La reforma laboral supondrá una "vuelta atrás" especial para las mujeres que, según Cándido Méndez, el Gobierno central intentará paliar presentado como "alternativas" medidas en materia de igualdad que "no serán siquiera paliativas".

Los sindicatos deciden si habrá huelga general contra la reforma

Tomarán la palabra los secretarios generales de CC OO y UGT, Toxo y Méndez, que ofrecerán una rueda de prensa sobre las 13.15 horas

09.03.12 - 09:00 - EUROPA PRESS

Los máximos órganos de dirección de CC OO y UGT entre congresos se reunirán hoy para decidir si convocan huelga general contra la reforma laboral previsiblemente para el próximo 29 de marzo, coincidiendo con la fecha en la que los sindicatos nacionalistas han convocado un paro general en País Vasco y Navarra en rechazo a la reforma.

A las 9.30 horas, CC OO reunirá a su Consejo Confederal en la sede sindical de la madrileña calle de Lope de Vega, mientras que UGT ha convocado a su Comité Confederal en el edificio el sindicato que tiene en la Avenida de América, donde se encuentra la sede de UGT-Madrid. Posteriormente, tras la reunión de ambos órganos, los miembros del Consejo Confederal de CC OO se trasladarán a la sede de UGT-Madrid para encontrarse con los integrantes del Comité Confederal de UGT.

En este encuentro, tomarán la palabra los secretarios generales de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, que posteriormente, en torno a las 13.15 horas, ofrecerán una rueda de prensa para informar de las decisiones adoptadas. Los sindicatos consideran la reformalaboral aprobada por el Gobierno del PP de manera unilateral como "la más regresiva" para los derechos de los trabajadores y desde su puesta en marcha han ido combatiéndola en las calles con manifestaciones, concentraciones y otros actos de protesta.

Petición de diálogo al Gobierno, sin éxito

La idea que siempre han tenido las centrales sindicales era la de caminar hacia una escalada de movilizaciones, acompasándola al ánimo de la población. Aunque en ningún momento descartaron convocar una huelga general, su intención siempre ha sido la de parar la reforma antes de tener que llegar a esa decisión. Para ello, además de las movilizaciones en las calles, los sindicatos se han dirigido en numerosas ocasiones al Gobierno para pedirles que abriera un escenario de negociación donde echar por tierra aquellos aspectos de la reforma más lesivos para los trabajadores.

Enviaron dos cartas al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para pedírselo, incluyendo en la última de ellas sus alternativas a la reforma laboral, como la creación de un contrato para empresas de menos de 25 trabajadores con una indemnización creciente de cinco días por trimestre. Los sindicatos dieron de plazo al Ejecutivo hasta ayer, día en que la reforma se convalidó en el Congreso, para darles una respuesta y anunciaron la convocatoria de sus órganos de dirección para este viernes a fin de definir los siguientes pasos a seguir.

Entre tanto, varias federaciones regionales de ambos sindicatos, entre ellas Madrid y Euskadi, daban por hecho que de esta reunión de los órganos confederales de dirección iba a salir la convocatoria de una huelga general y todo apunta a que ésta se celebrará finalmente el 29 de marzo.

Nunca han descartado la huelga

Desde el momento en que se conoció el contenido de la reforma laboral, que CC OO y UGT han criticado por su dureza y en la que aprecian incluso elementos de inconstitucionalidad, la pregunta de cuándo habrá huelga general ha sobrevolado en cada rueda de prensa que han celebrado. El pasado 14 de febrero Toxo y Méndez admitían en TVE que la reforma laboral merecía una huelga general de manera inmediata, pero entendían que la respuesta sindical tenía que adaptarse el ánimo de los trabajadores.

Desde que hicieron aquellas declaraciones, hace casi un mes, los sindicatos han podido comprobar en las calles si son o no capaces de movilizar a los trabajadores contra la reforma laboral. El primer ’test’ lo efectuaron el pasado 19 de febrero, celebrando manifestaciones en las principales ciudades españolas con un notable éxito de participación. El 29 de febrero volvieron a salir a la calle, pero esta vez en el marco de una jornada de acción europea.

En principio, volverán a hacerlo el próximo domingo, 11 de marzo, y está por ver si entre esa fecha y la de la huelga general habrá más. Hay quien no lo descarta y hay quien incluso piensa que habrá varias huelgas generales en España en los próximos tiempos, como Dámaso Casado, de UGT Euskadi.

VER NOTICIA ANTERIOR RELACIONADA

A un lado PP, CIU, UPN y Foro, y en el otro todos los demás

El Congreso convalida la reforma laboral con el apoyo de PP, CiU, UPN y FAC

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS)

El Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto de reforma laboral que garantiza mayor flexibilidad a la hora de fijar salarios y jornadas y que crea un nuevo contrato indefinido para empresas de menos de 50 trabajadores que contraten a menores de 30 años, con el apoyo de 197 diputados del PP, CiU, UPN y FAC.

Tanto PSOE, Izquierda Plural, PNV, UPyD y el resto del Grupo Mixto, hasta un total de 142 diputados, han rechazado el decreto, que además abarata y facilita el despido y que acaba con la ultra-actividad (prórroga automática) de los convenios colectivos.

Una vez convalidado el Real Decreto, los grupos han aceptado por unanimidad su tramitación como proyecto de Ley. A partir de ahora, se abrirá un primer plazo de enmiendas a la totalidad, que debería ir acompañada de un texto alternativo, y parciales.

Los socialistas ya tienen anunciada su propia propuesta alternativa que, según han avanzado, se basará en la reforma realizada en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y contra la que se convocó una huelga general, y en el acuerdo alcanzado por los agentes sociales a finales de enero en relación con la moderación salarial y la negociación colectiva.

Una vez se vea qué cambios acepta el Gobierno, que ya ha avanzado que no modificará el eje central de la reforma, los socialistas decidirán si presentan un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), una opción que la Izquierda Plural quiere adoptar ya contra el propio decreto ley, pero que requiere reunir al menos 50 diputados.

Además, tanto CiU como los partidos catalanes de izquierdas (PSC,ICV-EUiA, ERC y SI) han presentado sendas solicitudes ante el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña para que estudie si la reforma invade competencias en materia de autoridad laboral.

BÁÑEZ LLAMA AL DIÁLOGO SOCIAL Y CON LOS GRUPOS.

Durante su intervención en el debate para la convalidación del real decreto, Báñez La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha apostado por "el diálogo social, el diálogo permanente y el diálogo hasta el final" y  ha reiterado hasta en tres ocasiones que la reforma laboral se ha gestado con la participación de los agentes sociales (¿…?). Tampoco ha dejado pasar la oportunidad para dejar clara la constitucionalidad de la norma.

Asimismo, la ministra de Empleo pidió al PSOE que "abandone las movilizaciones y las pancartas" y que sea "leal" como, según aseguró, lo fue el PP ante la reforma laboral del Gobierno socialista en 2010, que provocó la última huelga general.

En este sentido, le instó a la bancada socialista a realizar "propuestas concretas" durante la tramitación parlamentaria de la reforma y recordó que los 'populares' presentaron hasta 71 enmiendas a la suya. "Construyan, colaboren y ayuden", les espetó.

Y es que los sindicatos han convocado durante las últimas semanas todo un calendario de movilizaciones contra la reforma, y aún debaten si convocan una huelga general, algo que podrían desvelar mañana, tras la reunión de sus órganos directivos.

Las centrales han elaborado además un documento de alternativas a la reforma laboral que han remitido al Gobierno para abrir un proceso de diálogo (reiterado en dos cartas enviadas al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy) y que, hasta este momento, no ha recibido respuesta.

VER NOTICIA ANTERIOR DIRECTAMENTE RELACIONADA

Como diríamos en mi pueblo: “ o aquí pagamos todos o no paga ni dios”

El PSOE plantea por primera vez en el Congreso la revisión de los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede

Se trata de un texto presentado como enmienda a una iniciativa del BNG en el que los socialistas reclaman que se establezca un tratamiento fiscal de las distintas confesiones religiosas, igual que el del resto de instituciones que asegure el pago de impuestos en igualdad de condiciones.

nuevatribuna.es

El PSOE ha presentado en el Congreso, por primera vez de forma expresa, una iniciativa pidiendo la revisión de los acuerdos de 1979 entre el Estado y la Santa Sede, que justifica concretamente en "el objetivo de asegurar y defender la laicidad del Estado español".

Se trata de un texto presentado como enmienda a una iniciativa del BNG en el que los socialistas reclaman dicha revisión como "elemento consustancial" a la idea de libertad e igualdad y como condición 'sine qua non' para una convivencia armónica en España, teniendo como objetivo la revisión de los diferentes elementos que lo articulan: legales, educativos, económicos y sobre presencia religiosa en las fuerzas armadas.

LIBERTAD DE CONCIENCIA

Además, el PSOE quiere que el Gobierno impulse una Ley de libertad de conciencia y religiosa que evite privilegios y discriminaciones por razón de convicciones y creencias, y que garantice a su vez la neutralidad religiosa en los espacios públicos y actos públicos, para que no exista confusión entre lo público y lo religioso, superando el marco definido por la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980.

A su vez, solicita una reforma de la Ley Hipotecaria de 1946, reformada en 1998, sin llevar el debate al Congreso de los Diputados, que permite a la Iglesia Católica el registro de inmuebles y terrenos equiparándola a las administraciones territoriales y corporaciones de derecho público, al mismo tiempo que emitiendo sus propios certificados de dominio en ausencia de título escrito de dominio.

El PSOE cree en este sentido que hay que acabar con este privilegio "carente de justificación", al mismo tiempo que estudiar las vías para la devolución de los inmuebles y terrenos reclamados por municipios y otros potenciales titulares.

UNA RESOLUCIÓN DEL 38 CONGRESO DEL PSOE

Con esta enmienda, el PSOE traslada al Parlamento el contenido de una resolución que aprobó en su reciente 38 Congreso Federal, incluso la concreta, puesto que el texto aprobado en el cónclave sólo hace una mención al señalar que "los acuerdos de cooperación con las distintas confesiones" deben adecuarse a la no discriminación y a la neutralidad religiosa, "incluida la revisión de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979".

La petición de que se revisen los acuerdos con la Santa Sede es una enmienda 'clásica' en los Congresos del PSOE, pero nunca había salido adelante, hasta ahora. El texto se aprobó después de que el recién elegido secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, lo propusiese en su discurso de candidato frente a Carme Chacón.

Rubalcaba había planteado el asunto en condicional, advirtiendo de que el PSOE estudiaría "seriamente" pedir la revisión de los acuerdos si el Gobierno insistía en "retroceder 30 años" en derechos ciudadanos, especialmente con la reforma de la ley del aborto. Él mismo explicó después en rueda de prensa que los socialistas querían ver en qué se traducía la reforma antes de tomar iniciativas concretas.

La Iglesia Católica española vive en un paraíso fiscal

“Ilegítimo e ilegal”, denuncia Europa Laica que acusa a la Conferencia Episcopal de "mentir" por "mezclar Cáritas de forma torticera para desviar la atención de la ciudadanía".

nuevatribuna.es

Europa Laica, presidida por elexdiputado Francisco Delgado, viene denunciando, desde hace años, los privilegios fiscales, entre otros muchos (simbólicos, económicos jurídicos, políticos…), de los que disfruta la Iglesia Católica, "al recibir un trato privilegiado que el Estado le concede, consecuencia, por un lado, de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, pero también por un trato de favor político, que va mucho más allá, vulnerando principios constitucionales básicos".

La IC en España, es propietaria, a través de sus más de 40.000 instituciones (…diócesis, parroquias, órdenes y congregaciones religiosas, asociaciones, fundaciones, etc.) de un enorme patrimonio, consistente en bienes inmobiliarios rústicos y urbanos (de uso para el culto o para otros muchos menesteres), entre ellos un incalculable número de pisos alquilados a terceros, todo este patrimonio, en todos los ámbitos, está exento del impuesto de bienes inmuebles (IBI) y de otros, como obras, sociedades, etc, explican.

Europa Laica tenía calculado, en su informe anual sobre financiación de la IC que se hizo público en abril de 2011 (en estos días en revisión, de cara a la próxima Campaña sobre el IRPF) que, de los datos conocidos, los Ayuntamientos españoles dejaban de ingresar algo más de mil millones de euros, al año. Pero hay otros datos que están conociéndose estos días, que se cifran entre los 700 y los casi 3.000 millones de euros, hecho lógico dada la opacidad de la Iglesia Católica.

Por ello, "reiteramos, una vez más, nuestra exigencia de que el Estado haga un censo de inmuebles rústicos y urbanos propiedad de la Iglesia católica en España", subrayan.

También Europa Laica propone revisar qué entidades, fundaciones, etc. están exentas de este impuesto en cada ayuntamiento, no ya sólo por las exenciones que prevé la actual Ley de haciendas locales, sino -también- a través de la compleja maraña de normas y disposiciones que se han ido produciendo en estos últimos años y que restan ingresos por valor de miles de euros, a los Ayuntamientos, en estos momentos de profunda crisis y que puede estar vulnerando el principio de igualdad que exige la Constitución española.

Europa Laica denuncia que el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino, "miente y demuestra su analfabetismo social y normativo, al mezclar Cáritas, de forma torticera, para desviar la atención de la ciudadanía".

La Iglesia Católica percibe (puntual y religiosamente) para la financiación del culto, el clero, la publicidad y el proselitismo religioso, casi 250 millones/año y para asociaciones religiosas de interés social más de 100 millones de €, procedentes del IRPF de todos los contribuyentes. Europa Laica está preparando la Campaña del IRPF de 2011, para exigir que desaparezca la casilla del impreso de la renta y la asignación a la IC por esta vía. La IC recibe del Estado directamente o por la vía de las exenciones de impuestos, más de diez mil millones de €, al año.

Una iglesia sin vergüenza

Por Mercè Rivas Torres, Periodista y escritora

nuevatribuna.es

La iglesia católica española no siente ninguna vergüenza de no aportar nada a la actual situación económica. Sólo piensan en ellos, a pesar del mensaje del Evangelio. Pero la culpa no es sólo suya sino de que los diferentes partidos políticos, que han gobernado España, se lo han consentido.

Tanto la UCD, como el PSOE o el PP han cedido siempre a las presiones- chantajes de la Iglesia católica. Desde la firma del primer Concordato en 1753 por Fernando VI hasta nuestros días, los supuestos representantes de Cristo en la tierra han presionado todo lo que han podido para mantener sus privilegios tanto en el mundo de la religión como de la enseñanza y de la sanidad.

A pesar que la Constitución proclama la libertad religiosa, la realidad es que las demás religiones no han recibido un trato igualitario. La religión debería ser algo que se ejerciese y se financiase desde la intimidad de las personas. Se trata de una creencia personal que no debería tener flecos en el mundo de la economía ni en el de la política, pero eso no es así.

Por eso recibimos con alivio que alguien tan poco sospechoso como el Presidente italiano Monti, por su catolicidad, haya decidido que la Iglesia en ese país pague el IBI, el impuesto de bienes inmuebles. Eso que pagamos anualmente todos los ciudadanos afortunados de poseer una vivienda.

La ley aprobada en Italia es muy moderada y sólo obliga al Vaticano a pagar el impuesto de aquellos edificios que no se dediquen al culto religioso, por lo tanto se refiere a colegios, universidades, asociaciones, conventos transformados en hoteles o pisos alquilados a empresas que nada tienen que ver con la religión y que hasta ahora han estado exentos de impuestos.

La decisión se queda corta pues debería obligar también a los centros de oración, pero por algo se empieza. Pero tampoco va a ser una tarea fácil ponerla en práctica, ya que no existe un catálogo de propiedades. El único trabajo realizado al respecto, pertenece al Partido Radical italiano, que cifra el número de inmuebles en 50 mil.

Con esta medida la Hacienda italiana espera ingresar dos mil millones de euros.

Pero en nuestro país eso es casi impensable. Cada año, el Estado financia con más de 7.000 millones de euros las actividades educativas, sociales, sanitarias y de culto de la Iglesia católica. Sólo en centros escolares, se ceden más de 3.500 millones, más otros 600 destinados a pagar a los profesores de Religión u otros docentes en centros concertados. Hay estudios que hablan de 10 mil millones.

A ello hay que añadirle los casi 250 millones que la Conferencia Episcopal obtuvo de la última declaración de la Renta, los que van a parar a las ONG católicas a través de la otra casilla del IRPF, y las exenciones que, pese a lo que dice la ley, aún mantiene la institución.

Y a pesar de estas cifras que hacen temblar a cualquier ciudadano, dicen que no son unos privilegiados. Un colegio privado laico paga IRPF sobre beneficios y la parte salarial de sus empleados, IVA sobre sus compras e IBI en caso de propiedad. Uno de la Iglesia, no.

El IBI no pagado asciende a 4´86 millones de euros. De momento Izquierda Unida ha propuesto al Congreso un recorte del 20% en subvenciones a la Iglesia de la misma forma que ha hecho con patronal, sindicatos y partidos políticos.

Pero la dirección de la Iglesia católica no debería necesitar propuestas de nadie sino hacerlo por propia voluntad. Pero ni lo hace ni lo hará por muy mal que vayan las cosas. No tienen la menor vergüenza en seguir actuando como una agencia de calificación al estilo Moody ´s o Standard and Poors que juzgan a los demás pero ellos campan a sus anchas, sin que nadie les controle.

Respuesta, en la sesión de control al gobierno, a la diputada asturiana por el PSOE Mariví Monteserín

Mato pondrá en marcha "cuanto antes" el centro "Stephen Hawking", de Langreo

Madrid, 7 mar (EFE)

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha manifestado hoy su voluntad de poner en marcha "cuanto antes" el Centro de Referencia Estatal "Stephen Hawking" de Langreo (Asturias) para personas con graves discapacidades neurológicas.

Mato respondía así en el Pleno del Congreso a una pregunta de la diputada del PSOE Virtudes Monteserín, quien ha asegurado que dicho centro es un "logro" del anterior gobierno y una prioridad para los socialistas.

La ministra ha informado de que el centro entrará en funcionamiento en cuanto las obras estén terminadas y se le dote del mobiliario "imprescindible" y del personal adecuado.

Mato ha pedido a la diputada que no reclame a un gobierno que lleva escasamente tres meses en el poder, "cuando toda la gestión y construcción del centro es responsabilidad" del ejecutivo anterior.

La titular de Sanidad ha criticado a los socialistas por no haber "escatimado ningún esfuerzo a la hora de hacerse fotografías y dar prácticamente por inaugurado el centro" y ha asegurado que nadie espere de ella "esa falta de rigor".

"Ni me voy a hacer fotografías ni voy a hacer inauguraciones en centros que no están terminados", ha advertido.

La ministra ha explicado que se ha tenido que adaptar el proyecto inicial como consecuencia de un requerimiento de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, aunque los plazos se están cumpliendo "satisfactoriamente".

"No voy perder ni un minuto para promover el acuerdo entre el Gobierno de España, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Langreo para garantizar el buen funcionamiento del mismo", ha indicado Mato.

A su juicio, se lo merecen los asturianos y también las personas que sufren daños neurológicos, lesiones medulares y esclerosis amiotrófica lateral, la dolencia del científico Stephen Hawking, que da nombre al centro.

Por su parte, la diputada ha explicado que el centro servirá de estímulo, de reactivación económica y de fuente de empleo para Langreo, un municipio minero muy castigado.

"Usted ha recibido un edificio prácticamente terminado, presupuestado y a punto de equiparse", ha asegurado Monteserín, quien ha considerado que solo falta la decisión de la ministra para ponerlo en funcionamiento.

La diputada ha considerado que "en condiciones normales, lo correcto y útil sería llegar a un acuerdo con el Gobierno de Asturias" y ha lamentado que las "malas relaciones" entre ambas administraciones hayan hecho "tanto daño en tan poco tiempo" a la comunidad y a sus ciudadanos.

VER NOTICIA ANTERIOR DIRECTAMENTE RELACIONADA

Para la derecha no hubo ni habrá núnca líneas rojas que no se puedan traspasar, por eso se da el intento de manipulación de intentar confrontar el 11-M (victimas) y el 11-M (manifestación en Madrid)

Las víctimas del 11-M, con los sindicatos

05/03/2012, Madrid, La Voz de Asturias

Los sindicatos han anunciado en el congreso de los socialistas madrileños que la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, presidida por Pilar Manjón y mayoritaria entre las víctimas del brutal atentado, estará en la cabeza de la manifestación por los derechos de los trabajadores del próximo domingo. Los sindicatos van a manifestarse en Madrid el 11 de marzo, en el noveno aniversario de los atentados, pese a las críticas de los dirigentes del PP, con la presidente de Madrid, Esperanza Aguirre, a la cabeza. La asociación de Manjón es la única que puede demostrar que todos sus miembros -cuenta con 1.035- son víctimas reconocidas por el Estado, porque su libro de socios fue auditado antes de los juicios.

11-M: la dignidad de las víctimas, la dignidad de nuestras vidas

“No tiene ninguno de aquellos oportunistas, ni la altura moral, ni la legitimidad necesaria, para acusarnos de convocar una manifestación el 11 de marzo en Madrid. No nos vamos de fiesta. No iremos alegres. Iremos por necesidad y con la dignidad que sólo las gentes del pueblo llevamos dentro”. Artículo de Javier López, secretario general de CCOO de Madrid

05.03.2012, WEB de la C.S. de CC.OO.

Los trabajadores y trabajadoras españoles hemos llenado las calles el 19 de febrero y de nuevo el 29 de febrero para rechazar la reforma laboral impuesta y los recortes sociales. Los recortes del gasto a toda costa conducen a debilitar la calidad de los servicios públicos y la protección social.

La reforma laboral entrega todo el poder al empresario acabando con el convenio colectivo y convirtiendo todos los contratos en temporales, con despido fácil, barato, incluso gratuito. El próximo 9 de marzo, las direcciones de CCOO UGT tomarán la decisión sobre la convocatoria de la huelga general.

Por eso, en una movilización creciente, hemos decidido convocar nuevas manifestaciones el próximo 11 de marzo en toda España. En domingo, para facilitar la asistencia del mayor número de personas. El día 11 porque el siguiente domingo es día 18 y el 19 es fiesta en muchos lugares de España, San José, Las Fallas en Valencia. Además, en un trimestre tan duro y largo, sin fiestas, serán muchos los ciudadanos y ciudadanas que aprovecharán esos días festivos para desplazarse o viajar.

Si la fecha elegida hubiera sido el 25 de marzo, nos toparíamos con un problema en Andalucía y Asturias, donde vivirán elecciones autonómicas y hubiéramos provocado protestas airadas de la derecha.

Es cierto que, en el caso de Madrid, ese día coincide con diversos actos conmemorativos de los asesinatos terroristas en los trenes que venían hacia Atocha. Lo hemos tomado en cuenta y, por eso, lo primero que hicimos, fue llamar a la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, que aglutina a la inmensa mayoría de las víctimas de los atentados.

Esas víctimas no veían incompatibilidad alguna en rendir homenaje, como cada año, a las víctimas, en la Estación de Atocha, a las 10,30 de la mañana y celebrar más tarde la manifestación, a las 12 de la mañana.

Esta opinión fue determinante para confirmar que la fecha de la manifestación en Madrid fuera la misma que en el resto de España.

Inmediatamente, aunque de forma previsible, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, la presidenta Esperanza Aguirre y su vicepresidente Ignacio González salieron en tromba lanzando improperios y descalificaciones contra los sindicatos. Algo también habitual. La corte de tertulianos subvencionados comenzó a corear consignas, a cual más insultantes. He escuchado a un tal Beaumont, que hizo carrera en Coalición Popular, director de un panfleto denominado El Semanal Digital, acusarnos de inmorales.

Ahora resulta que quienes ocultaron la verdad sobre la autoría de los atentados, quienes durante años intentaron desacreditar a los jueces y a la policía, quienes inventaron y publicaron supuestas pruebas, los creadores de la teoría de la conspiración, quienes alentaron y subvencionaron un asociación de víctimas minoritaria, pero muy útil para sus fines propagandísticos, negando el pan y la sal a la Asociación 11-M presidida por Pilar Manjón, los que atacaron a Pilar sin pudor alguno, quienes organizan un rancio homenaje institucional de cara a la galería, vienen a dar lecciones de moralidad a quienes el día 11 de marzo convocamos una manifestación para reivindicar la dignidad de la vida y la decencia del trabajo, la protección a las personas paradas, cuando, en plena crisis, se ven amenazados.

En un gesto propagandístico Esperanza Aguirre traslada su acto al lunes 12, para no coincidir con la manifestación, aún a sabiendas de que la manifestación culminará en la Puerta de Alcalá, en lugar de en Sol, precisamente para evitar cualquier coincidencia con quienes a las 9 de la mañana hubieran decidido acudir a Sol.

Decisión presidencial hipócrita, si tenemos en cuenta que el día 11 no se suspenderán los partidos del Rayo, el Madrid, o el Atleti. No se suspenderán conciertos como el de la Oreja de Van Gogh. No se suspenderá la Feria de la Caza, ni la del Calzado, ni la de animales de compañía, por poner ejemplos.

No es intención, ni de CCOO, ni de UGT, entorpecer en las conmemoraciones del 11-M. Es más, realizaremos, como cada año, nuestro homenaje en la Estación de Atocha con la Asociación 11-M y con la Unión de Actores.

Y luego pacifica, libre y democráticamente, acudiremos a la manifestación de trabajadores y trabajadoras. Por cierto, las víctimas del 11-M no eran altos cargos políticos, ni asesores personales, ni tertulianos a sueldo de los políticos, ni banqueros, ni grandes empresarios. Eran trabajadores y trabajadoras y estudiantes, hijos e hijas de trabajadores y trabajadoras. No pocos de ellos, afiliados, o hijos de afiliados, a algún sindicato, como Pilar Manjón.

No tienen, por tanto, ninguno de aquellos oportunistas, ni la altura moral, ni la legitimidad necesaria, para acusarnos de convocar una manifestación el 11 de marzo en Madrid. No nos vamos de fiesta. No iremos alegres. Iremos por necesidad y con la dignidad que sólo las gentes del pueblo llevamos dentro. Un poco de dignidad, por favor. Un minuto de dignidad, de nuevo, por favor.

VER NOTICIA ANTERIOR DIRECTAMENTE RELACIONADA

A pesar de todos los intentos de la derecha conservadora para que no fuera así

Islandia juzga a su ex primer ministro por gestión negligente

Geir H. Haarde está acusado de desoír las advertencias sobre el colapso bancario del país durante la crisis

EFE / COPENHAGUE

El ex primer ministro islandés Geir H. Haarde afronta desde hoy un juicio por su presunta actuación negligente en el colapso bancario sufrido por su país en octubre de 2008 y en el que se arriesga a una pena de dos años de cárcel.

El conservador Haarde, de 61 años y primer ministro entre 2006 y 2009, está acusado de violar la ley sobre la responsabilidad de los ministros y de desoír las advertencias que recibió en su momento acerca de una inminente crisis de los principales bancos islandeses.

En las vistas previas celebradas el año pasado, así como en otras declaraciones públicas, Haarde ha insistido en su inocencia y en calificar de "farsa" el juicio, que considera un proceso "político".

La celebración del juicio estuvo en el aire hasta que el jueves pasado, el Althingi (Parlamento islandés) tumbó por 33 votos contra 27 una propuesta del líder conservador, Bjarni Benediktsson, para volver a votar de nuevo si Haarde debía de ser procesado.

El Althingi había dado luz verde en septiembre de 2010 a que Haarde fuese llevado a los tribunales, siguiendo el consejo de la comisión parlamentaria de investigación, aunque no hizo lo mismo con otros tres exministros de su gabinete, dos socialdemócratas.

El Gobierno de izquierda, al mando desde 2009, había tratado de impedir que la moción de Benediktsson fuera discutida, presentando una contrapropuesta hace un mes, pero varios diputados rompieron entonces la disciplina de partido y votaron con la oposición.

Benediktsson justificó su derrota por las supuestas presiones a sus propios diputados del Gobierno, que no se podía permitir un revés que evidenciaría más aún su frágil mayoría, reducida al mínimo tras el abandono de varios parlamentarios en los últimos meses, aunque en esta votación contó con el apoyo del opositor Movimiento de Izquierda Verde.

Entre quienes pretendían inicialmente echar abajo el proceso contra Haarde figuraban el ministro del Interior, el "rojiverde" Ögmundur Jónasson, a quien la primera ministra, la socialdemócrata Jóhanna Sigurdadóttir, sugirió hace semanas que dimitiese.

Haarde también cuenta con el respaldo del obispo de Islandia, Karl Sigurbjörnsson, quien en su sermón de Año Nuevo calificó el juicio de "desgracia" para el país.

Y el apoyo popular al proceso parece haber disminuido: hace un año dos de cada tres islandeses se mostraban a favor, pero los últimos sondeos reflejan un empate entre partidarios y opositores.

VER ARTICULO ANTERIOR RELACIONADO

La víspera del inicio de la campaña electoral en Asturias, en la sesión de control al gobierno, la Ministra podrá contestar

El PSOE emplaza a Mato a anunciar la apertura del centro de enfermedades neurológicas Stephen Hawking

MADRID/OVIEDO, 4 Mar. (EUROPA PRESS)

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, tendrá el próximo miércoles, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, la oportunidad de anunciar cuándo piensa poner en marcha el centro de atención de enfermedades neurológicas Stephen Hawking en Langreo (Asturias).

La cuestión se la planteará la diputada socialista Mariví Monteserín en la sesión de control al Gobierno que tendrá lugar la víspera de que arranque la campaña electoral para las elecciones autonómicas de Asturias, convocadas para el 25 de marzo.

Precisamente, está pendiente que el Ministerio de Sanidad anuncie cuándo pretende culminar las obras y proceder a la apertura de dicho centro estatal, al mismo tiempo que debe decidir si tiene previsto crear un instrumento público, conformado por la administración central y dicha comunidad autónoma, que se encargue de su gestión, o bien sea gestionado por la propia Administración central.

No se trata de la primera pregunta al Gobierno sobre el tema puesto que, en el mes de enero, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, registró una batería de preguntas en el Congreso con el objetivo de que el Gobierno diera cuenta de sus planes acerca de la apertura y futura gestión del centro.

CONSEJO INTERTERRITORIAL DE SALUD

Igualmente, Mato responderá a una pregunta del presidente de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso, el diputado 'popular' Mario Mingo, sobre qué valoración hace el Ejecutivo de los acuerdos alcanzados con las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado el pasado 29 de febrero.

Entre otros avances, algunos consejeros anunciaron que dicha reunión sirvió para colocar "la primera piedra" del Pacto por la Sanidad, al haber definido las líneas estratégicas de las reformas que el Ministerio de Sanidad va a acometer de la mano de las comunidades autónomas, además de haberse definido la "hoja de ruta" para la retirada de las prótesis mamarias PIP.

VER NOTICIA ANTERIOR DIRECTAMENTE RELACIONADA

Dice que las reformas están encaminadas a crear empleo y bienestar y asegurar, a largo plazo, el futuro del gasto en educación, sanidad y pensiones lo cual ya sabemos todos lo que significa: ¡¡preparémonos!!

Rajoy: «No se ha actuado caprichosamente con las reformas»

El presidente del Gobierno mantiene su compromiso de ajustar el déficit a los compromisos europeos

04.03.12 - CECILIA CUERDO | JAÉN, en El Comercio.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha vuelto a defender hoy que el España cumplirá los objetivos de déficit marcados por la UE , una tarea que no será incompatible con mantener los compromisos adoptados en su programa electoral para no recortar en materias como sanidad o educación. Así, justificó las reformas emprendidas en las últimas semanas porque, dijo, “no se ha actuado caprichosamente y no lo haremos nunca”.

Durante un multitudinario mitin celebrado en Andújar (Jaén), Rajoy insistió en que aunque las reformas tarden en dar sus frutos “sabemos que es lo que necesita el país”. “Prometimos un plan, lo hicimos y lo estamos llevando a cabo”, abundó, para a continuación mostrarse convencido de que se trata de reformas “justas y equitativas” encaminadas a crear empleo y bienestar y asegurar, a largo plazo, el futuro del gasto en educación, sanidad y pensiones.

En este punto, ha asegurado que la obligación de un gobernante es coger el toro por los cuernos y explicar el por qué de las decisiones. "Nadie podrá decirnos que no gobernamos y no lo explicamos", espetó antes de enumerar todas las reformas realizadas en estos dos meses y pregonar que la gran reforma será la del sector público, que se concretará en los próximos meses.

Ya en clave andaluza, Mariano Rajoy invitó a los andaluces a sumarse al cambio ante la convicción de que "nada puede ofrecer quien lleva gobernando toda la vida". No se trata de un debate ideológico, explicó tras recordar que ha sido un gobierno conservador quien ha mantenido las pensiones y ha recortado los salarios de los directivos privados, sino un gobierno que esté a la altura de las circunstancias. "Es saludable estar de vez en cuando en la oposición para regenerarse", advirtió, para concluir que "en estos momentos, Andalucia necesita al PP y a Javier Arenas".

VER NOTICIA ANTERIOR RELACIONADA