EN APOYO DEL JUEZ BALTASAR GARZON
Garzón, la última víctima del franquismo
La decisión del Supremo de sentar en el banquillo al juez de la Audiencia nacional por investigar los crímenes de la dictadura puede derivar en una importante contestación social. Las asociaciones de víctimas tienen recogidas alrededor de 20.000 firmas de apoyo y saldrán a la calle en protesta por la decisión del magistrado Luciano Varela, cuyo auto de procesamiento contra Garzón certifica la ruptura de la izquierda judicial.
NUEVATRIBUNA.ES / ISABEL G. CABALLERO
Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España:
"Si este juicio se produce sería el primer caso que conociéramos de que un juez, que intenta conseguir verdad, justicia y reparación para más de 100.000 desaparecidos, es procesado".
Cayo Lara, coordinador general de IU:
"Sentar en el banquillo a Garzón es una afrenta a las víctimas, a los familiares y a las asociaciones en defensa de la memoria histórica de nuestro país". "España es un país de paradojas, donde hay muchos chorizos acusados de corrupción paseándose por la calle y un juez que, por luchar contra los crímenes del franquismo, está en el banquillo".
Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CCOO:
“Es una auténtico escándalo que organizaciones que deberían estar ilegalizadas (en alusión a Falange) estén hoy a punto de sentar en el banquillo de los acusados al juez Garzón”.
Antonio Hernando, secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE:
"Garzón es uno de los jueces españoles que más ha hecho en la lucha contra el terrorismo, en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra la delincuencia organizada y en la lucha contra la corrupción".
Tomás Gómez, secretario general del PSM-PSOE:
“Es una persecución inaceptable e inasumible. Hay una campaña de acoso y derribo contra Garzón con el objetivo de amedrentar a todo el que intente esclarecer irregularidades del PP”.
Joan Josep Nuet, senador de IU:
"La derecha judicial echa una mano a la derecha política para que no se siga hablando del caso Gürtel".
SE CONFIRMAN LOS MALOS AUGURIOS
Tal y como adelantó nuevatribuna.es, el Tribunal Supremo ha dictado el auto de procesamiento contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por la apertura de la causa contra los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. Asociaciones de víctimas, sectores de la judicatura, los sindicatos mayoritarios, distintas asociaciones y varios dirigentes políticos han salido en defensa del magistrado que terminará sentado en el banquillo de los acusados para responder por un delito de prevaricación.
La noticia se hacía oficial este miércoles con un auto dictado por Luciano Varela después de que el pasado 25 de marzo, la Sala de lo penal del Alto Tribunal rechazara el recurso de Garzón alegando que el magistrado querellado por grupos de ultraderecha “actuó con la finalidad de eludir la decisión del legislador sobre el régimen de localización y exhumación de víctimas de los horrendos crímenes del franquismo sabiendo que éstos habían sido objeto de amnistía por las Cortes democráticas de España, cuya voluntad decidió conscientemente ignorar u orillar”.
La apertura del juicio oral lleva aparejada la suspensión temporal de sus funciones como magistrado, un extremo que deberá ser ratificado por el pleno del Consejo General del Poder Judicial. Todo apunta a que el órgano de gobierno de los jueces dará el visto bueno a que se juzgue a Garzón pasando así a convertirse –tal y como se comenta ya en algunos círculos- en “la última víctima del franquismo”. Esto ha sido posible porque parte de la ‘izquierda judicial’ se ha sumado al bloque conservador mientras otros sectores de la judicatura se han manifestado en contra.
150.000 DESAPARECIDOS
El procesamiento de Garzón ha puesto a las asociaciones de víctimas en pie de guerra. Estos colectivos nacidos a la luz de la Ley de Memoria Histórica fueron los que acudieron a la Audiencia Nacional para pedir la exhumación de fosas y denunciar detenciones ilegales, desapariciones forzadas y masivas, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, etc. Dichas organizaciones remitieron el 26 de marzo al Tribunal Constitucional un escrito pidiendo la suspensión cautelar del proceso contra Garzón hasta resolver su personación en el mismo, lo que fue negado por el Supremo con el fundamento de “no perturbar” y “no hacer abuso de derecho” en el proceso abierto, así como “carecer de legitimación para ser parte”.
En curso también se encuentran las recusaciones contra algunos de los magistrados del Supremo incluido su presidente Carlos Dívar. Para el abogado de los familiares de las víctimas del franquismo, Fernando Magán, el hecho de que el Supremo no haya admitido las pruebas que presentó Garzón para su defensa supone la “indefensión” del magistrado, además de “menoscabar y perjudicar” a las propias víctimas.
LA LEY DE AMNISTÍA NO AMPARA EL FRANQUISMO
En el escrito al que hacemos referencia figura la estremecedora cifra de 152.237 personas desaparecidas. En su recurso, Magán también denuncia la “alarma social” en el Estado de derecho creada a raíz de este caso. En concreto habla de las “dudas sobre la lealtad a la Constitución y sobre la correcta aplicación del Derecho Internacional por prejuicios ideológicos” que acompaña con declaraciones de juristas que aprecian una “persecución orquestada” contra Garzón con una justicia “abierta al fascismo y cerrada a sus víctimas”.
También pone sobre le tapete las “dudas” sobre la independencia judicial “por razones de amistad o enemistad manifiesta” y “espíritu de revancha”, o por razones de “contaminación o interferencias desde otros poderes estatales”, poniendo “en juego” al sistema democrático y a la división de poderes. Magán desmonta asimismo la prescripción de estos delitos y la invocación hecha por Varela a la Ley de Amnistía de 1977, uno de cuyos ponentes, Jaime Sartorius, mantiene que dichas leyes no estuvieron pensadas para el franquismo, tal y como explica en un reciente artículo publicado en el diario El País.
PROTESTAS Y MOVILIZACIONES
Las asociaciones de víctimas tienen recogidas alrededor de 20.000 firmas de apoyo a Garzón. Desde la web de la Asociación de Familiares de Fusilados en el Cementerio de Ocaña, se están recogiendo las adhesiones. Una de sus responsables Carmen Díaz explica en conversación con nuevatribuna.es que se están recogiendo “4-5 firmas por minuto”. Lo que se pretende es remitirlas al Supremo y al CGPJ acompañadas del escrito donde se denuncia la “persecución” a Garzón.
Estos colectivos saldrán a la calle en protesta por la decisión del Supremo que provocará “un movimiento ciudadano importante”. El asunto, a juicio de Carmen Díaz, “está removiendo muchas conciencias porque nos jugamos mucho, nos estamos jugando el Estado de Derecho”, afirma.
Por otro lado, se prepara una protesta a las puertas de la Audiencia Nacional, así como el acto convocado por CCOO y UGT el próximo martes día 13 del que también se ha informado en estas mismas páginas.
