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León derivará a sus pacientes de cadera al hospital de Mieres

León derivará a sus pacientes de cadera al hospital de Mieres

 

El Comercio. 04.04.10 - J. VIVAS | MIERES.

 El Álvarez Buylla es pionero en Asturias en realizar intervenciones de la articulación con una técnica de cirugía mínima invasiva

El hospital Álvarez Buylla, en Mieres, recibirá dentro de muy poco pacientes derivados del complejo hospitalario de León para que puedan someterse a una intervención de cadera revolucionaria. Será posible gracias a un acuerdo entre la Consejería de Salud del Principado y el Gobierno castellano-leonés.

Se trata de la artroscopia de cadera, una operación en la que el hospital mierense es pionera, y que permite realizar diagnósticos y tratamientos de lesiones en la cadera a través de un procedimiento de cirugía mínima invasiva. De este modo, lo que se hace es introducir una lente milimétrica que, conectada a una fuente de luz por medio de una fibra óptica, se conecta a una cámara y un monitor. Así, permite ver de forma aumentada las estructuras de la articulación.

Es una intervención que, como destaca el jefe de Traumatología del centro mierense, Albertino Fernández Amigo, «antes sólo podía hacerse con cirugía abierta, por lo que tenía muchas más complicaciones».

Aun así, la intervención es complicada, «dura como unas cuatro horas y hay muy pocos especialistas que la realicen, ya que se considera de alta tecnología». De hecho, el doctor Amigo es el único facultativo del centro que la realiza. «Tengo otras dos personas conmigo que están aprendiendo a trabajar con el instrumental y que pronto la practicarán», explica.

Por otro lado, la artroscopia de cadera lleva realizándose en Mieres desde hace un año y medio, un periodo en el que ya se han hecho unas treinta intervenciones. «Es una técnica que lleva muy poco tiempo en España, a diferencia de la artroscopia de rodilla, que lleva haciéndose durante treinta años. La diferencia aquí es que el instrumental específico tiene que ser mucho más largo para llegar hasta la cadera. Además, esta zona es muy cerrada, con lo aumenta la complicación de la intervención con respecto a la rodilla». De hecho, el procedimiento es tan nuevo, que el Álvarez Buylla tiene que alquilar el instrumental cada vez que tiene que desarrollarla.

Por otro lado y, para difundir esta práctica, el doctor Amigo organizó hace unas semanas en el Colegio de Médicos unas jornadas a las que asistieron más de 70 especialistas en Traumatología de Asturias y que contó con la presencia de varios expertos de otras regiones del país.

4 de cada 10 gijoneses que cobran la renta básica están exonerados de entrar en el mercado laboral debido a su mucha edad o poca salud

4 de cada 10 gijoneses que cobran la renta básica están exonerados de entrar en el mercado laboral debido a su mucha edad o poca salud

 

Salario social de por vida

El Comercio. 04.04.10 - CHELO TUYA ctuya@elcomerciodigital.com |

Un grupo de usuarios habituales del parque de Puerta de la Villa, que cumplen con el perfil para solicitar el salario social básico. ::  JOSÉ SIMAL

El 41,6% de las nóminas aprobadas en Gijón de salario social -la prestación a la que tienen derecho todos los asturianos con ingresos mensuales inferiores a los 532,1 euros- llevan como protagonista a una persona exonerada de entrar en el mercado laboral. De un total de 1.725 gijoneses que sobreviven gracias a la renta básica, son 718 a los que su mucha edad o su poca salud les ha convertido en asalariados de por vida de esta paga cuya cuantía oscila entre los 436,41 euros, en el caso de que el beneficiario viva solo, o los 756,08, si son más de 6 en la familia.

 

Así figura en el balance que de la aplicación del salario social en Gijón ha realizado la Fundación Municipal de Servicios Sociales. La entidad la preside la concejala socialista Esperanza Fernández Puerta, quien defiende como «imprescindible» esta renta básica «con la que se garantizan unos ingresos mínimos a un grupo de personas que, de otra forma, no tendrían ninguno. Carecen de medios para vivir».

Esos medios garantizados llegan en Gijón a 1.725, de los que 718 están exonerados para trabajar. Estos últimos conforman un colectivo que va en aumento, ya que en 2009 se sumaron 124 personas, una cifra que se convierte en el 44,3% de los casos analizados en la Fundación el año pasado, que fueron 280 en total.

De ese grupo de gijoneses que tienen garantizado el salario social de por vida, casi un 15% lo llevan percibiendo desde el momento en el que la paga mínima se aprobó en Asturias: en diciembre de 2005. Al año siguiente, un 39,8% se incorporó al capítulo de nóminas indefinidas.

Sobre el perfil de los 718 exonerados de trabajar, que suponen 4 de cada 10 nóminas de esta paga mínima firmadas en Gijón, la concejala tiene claro que «en su mayoría, se trata de personas que, por su edad, más de 55 años, ya quedan fuera del circuito laboral», aunque también hay un alto porcentaje de asalariados «que no entrarán en programas de inserción laboral debido a sus problemas de salud: hablamos tanto de toxicomanías como de enfermedades mentales».

Es decir, jóvenes de entre 18 y 35 años, un segmento que en 2009 incorporó a 17 personas, lo que en porcentaje se convierte en el 13,71% de todas las propuestas de exoneración, 124, que la Fundación realizó el año pasado.

En esa tarea realizada en los últimos 12 meses se apoya la presidenta del ente municipal para recalcar que «la mayoría de los que no realizan el Programa Personalizado de Incorporación Social (PPIS), o que las responsables de las Unidades de Trabajo Social (RUTS) proponen para su exoneración de ese programa, son personas mayores de 55 años. En 2009 fueron 73 propuestas, el 58,87% del total de exoneraciones».

El 41,13% restante tienen como protagonista a jóvenes de entre 18 y 25 años (4 casos); de entre 26 y 35 (13); o ya adultos de entre 36 y 45 años (15); y de entre 46 y 55 años (19).

Explica Fernández que los jóvenes exonerados «tienen problemas de salud, que les imposibilita para trabajar o para realizar programas de formación», incluido el colectivo cuyas toxicomanías crónicas «les dejan fuera de la red, pero no por ello no tienen que contar con apoyo social».

El resto de rasgos que conforman la fotografía del asalariado de por vida a la renta básica no dista mucho, por no decir en nada, del perfil del perceptor tipo del salario social. La radiografía de la persona exonerada de trabajar muestra, como ocurre con el resto de gijoneses que cobran la renta básica, que, además de haber cumplido ya los 56 años (en el 58,87% de los casos), y de haber nacido en Gijón (en el 87,90% de los expedientes) se trata de una mujer (en el 65,32% de los casos) que vive en La Calzada (el 26,61%) o en los barrios de Pumarín o Nuevo Gijón (18,55%).

Una familia de siete

En un análisis más profundo se observa que, sentimentalmente hablando, esta perceptora de salario social a la que ya no la obligarán a buscar trabajo está sola, pues el 40,32% de las nóminas corresponden a personas solteras y el 20,16% a divorciadas. Sólo 1,5 de las nóminas la firma una persona casada.

Y no sólo vive sin compañía amorosa, sino que también carece de familia, puesto que de los 124 casos que en 2009 se propuso para no firmar el PPIS, en 84 sólo figura un nombre como beneficiario de la paga. Es decir, el 67,74% de los casos.

En este aspecto, las nóminas exoneradas de trabajar sí se diferencian de las que reciben personas inscritas en programas para volver a la red laboral. De los 156 PPIS firmados en 2009, sólo el 29,4% correspondía a personas solas, el porcentaje mayoritario, casi el 39%, identifica a familias de dos miembros, y el 17,31%, a las que llegan a tres.

Eso no ocurre entre los perceptores del salario social de por vida, ya que entre ellos el único grupo que suma dos dígitos en la estadística es el referente a las familias de dos miembros, de los que en 2009 se registraron 27 casos, lo que en porcentaje roza el 22% del total de expedientes.

Eso no significa que este colectivo de rentistas de la paga mínima no beneficie también a otras personas. No sólo están las familias de dos miembros ya citadas, sino que el año pasado se aprobaron hasta siete expedientes de madres titulares de una familia monoparental, con dos hijos, incluso hubo dos casos, en los que el titular de la renta básica tiene tras de sí a toda una familia: en un expediente, de su ingreso se benefician cinco personas más y en otro, seis.

Es decir, una familia de siete miembros, grupo que, sin embargo, no aparece entre los firmantes del programa de formación en 2009, puesto que las familias más numerosas registradas han sido de seis miembros, dato que figura en tres expedientes.

459.23 euros

Esos tres expedientes, así como el de la familia de siete también mencionado, comparten idéntico ingreso, pues las cuantías del salario social para 2010 marcan un máximo de 756,08 euros para aquellas unidades familiares con seis o más miembros. Y eso, en el caso de que entre ellos haya alguna persona menor de 25 años o mayor de 64, o con una minusvalía superior al 45% o un grado de dependencia reconocida.

Si entre los siete no hay ninguno que cumpla los requisitos citados, la nómina se rebaja a los 720,08 euros al mes. No obstante, Esperanza Fernández tiene contrastado que «la mayoría de las pagas son de módulos especiales», es decir, que tienen un incremento por contar entre sus miembros con algunas de las características citadas: juventud, ancianidad, discapacidad o minusvalía.

Tanto es así que la paga más habitual, la que recibe una persona que vive sola, asciende a 458,23 euros, en lugar de la cuantía mínima, cifrada en 436,41 euros. «Por lo que ya comenté, la mayoría o son mayores, o tienen alguna enfermedad, con lo que les convierte en beneficiarios del módulo especial».

Ante las críticas que desde la oposición, personificada en Gijón y en Asturias en el Partido Popular -tanto en el Ayuntamiento como en el Principado los grupos PSOE e IU cogobiernan- sobre el coste del salario social, Esperanza Fernández Puerta insiste rotunda en que «es una prestación absolutamente imprescindible, que ayuda a muchas personas que, como ocurría antes, no tenían ningún otro ingreso. Además, no sólo ayuda a estos colectivos de los que hablamos, que ya están exonerados para trabajar, sino que suponen un apoyo para familias que, en un momento de crisis o por algún contratiempo, se encuentran sin ingresos de forma temporal. El salario social nos beneficia a todos».

3.338 beneficiarios

De hecho, con las 1.725 nóminas que, a fecha 31 de diciembre, estaban aprobadas en Gijón, se beneficiaban 3.338 personas, más del doble de la que lo hacían hace tres años, en el primer año completo de existencia del salario social, 2006, cuando se firmaron en Gijón 610 nóminas.

La presidenta de la Fundación Municipal de Servicios Sociales se muestra «relativamente» optimista respecto a la evolución de las peticiones este año, «después del pico que tuvimos en 2009, debido a la crisis económica mundial». Aunque no cuenta con datos informatizados aún, sí coincide su percepción con las cifras que ya maneja el Principado, que muestran una baja del 9% en las peticiones sobre el año pasado. La concejala socialista asegura que, lo importante, «es que las administraciones estemos preparadas para dar una solución y, con el salario social, lo estamos».

El 41,6% de las nóminas aprobadas en Gijón de salario social -la prestación a la que tienen derecho todos los asturianos con ingresos mensuales inferiores a los 532,1 euros- llevan como protagonista a una persona exonerada de entrar en el mercado laboral. De un total de 1.725 gijoneses que sobreviven gracias a la renta básica, son 718 a los que su mucha edad o su poca salud les ha convertido en asalariados de por vida de esta paga cuya cuantía oscila entre los 436,41 euros, en el caso de que el beneficiario viva solo, o los 756,08, si son más de 6 en la familia.

ENCUESTA DE SALUD

ENCUESTA DE SALUD

 

La Atención Primaria de Asturias aprueba con nota

La zona central muestra un mayor descontento con los horarios.

La Voz de Asturias. 04/04/2010 J. CUEVAS

Un grupo de pacientes espera su turno para consulta en un centro de salud de Oviedo.

Foto:JOSE VALLINA

El servicio que prestan los profesionales de Atención Primaria es bueno o muy bueno. Más de 8 de cada 10 asturianos consideran que las consultas en el primer nivel asistencial son las que cumplen su función de una manera más efectiva, según los nuevos datos desgranados de la última Encuesta de Salud. Un 83,2% de los usuarios encuestados calificó al menos como buena la atención recibida en estos equipamientos.

Por contra, el servicio menos valorado es el de las urgencias hospitalarias, donde el porcentaje que lo puntúa como bueno o muy bueno desciende hasta el 68,9%, mientras que un 6% de los usuarios considera que la atención que se ofrece en ellos es mala o muy mala.

Los resultados de la Encuesta de Salud se han desgranado a lo largo de los últimos meses. El trabajo actualiza el que se llevó a cabo en el año 2002 y sirve además para comprobar que, según la opinión de los asturianos, los servicios sanitarios han mejorado en este espacio de tiempo.

Así, si en la encuesta anterior el 70% de la población les concedía un aprobado, en la actual este grupo crece hasta el 83,2%. Del mismo modos, los que conceden un suspenso al servicio público de salud han disminuido. En el 2002 suponían el 5% de la población --una de cada 20 personas--. Ahora el porcentaje desciende hasta el 3,5% --prácticamente una de cada 30--.

HORARIOS POCO POPULARES Respecto a la accesibilidad de los horarios en los consultorios y centros de salud, la encuesta realizada desde la Dirección General de Salud Pública revela que menos de la mitad de la población asturiana los considera bastante adecuados o muy adecuados. En el otro extremo, un 13,5% de los usuarios los ven poco o nada adecuados.

La encuesta releva además el perfil del usuario crítico con el sistema sanitario asturiano. Por lo general, los pacientes disconformes son residentes en el área central o las cuencas. Son usuarios jóvenes y con un nivel elevado de estudios.

En la zona rural, el grado de satisfacción aumenta, un fenómeno que también se detecta a medida que aumenta la edad de los encuestados (y por tanto el número de ocasiones en el que se acude a estos equipamientos). En el apartado de la accesibilidad de horarios, las personas de clases sociales más desfavorecidas también muestran un mayor grado de disconformidad.

Los datos recabados están siendo desglosados ahora por este departamento en forma de breves balances de resultados

Los datos recabados están siendo desglosados ahora por este departamento en forma de breves balances de resultados

 

 

El 70% de los asturianos considera que la sanidad pública funciona bien o muy bien, según una encuesta realizada en 2008

Foto de la Noticia Foto: EHEALTH

OVIEDO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 70 por ciento de los asturianos considera que la sanidad pública en el Principado de Asturias funciona bien o muy bien, según datos recogidos en la última Encuesta de Salud, elaborada por la Dirección General de Salud Pública y realizada en 2008. Los datos recabados están siendo desglosados ahora por este departamento en forma de breves balances de resultados, según informó el Principado de Asturias a través de una nota de prensa.

A la vista de este último informe, el Ejecutivo concluye que ha aumentado el porcentaje de asturianos satisfechos con la sanidad pública respecto a la encuesta anterior, correspondiente al año 2002, cuando un 67 por ciento de los encuestados consideraban que la sanidad pública funcionaba bien o muy bien. (LEER MAS)

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Trabajo les perdonaría cerca de 3.000 millones como último recurso para salvar la reforma laboral - A cambio, se encarecería la contratación temporal

El Gobierno abre la puerta a rebajar las cotizaciones a las empresas

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El Pais. LUCÍA ABELLÁN - Madrid -

La reforma laboral está a punto de entrar en una fase decisiva y los tabúes planteados al inicio de la negociación comienzan a caer. El Gobierno está dispuesto a rebajar las cotizaciones sociales un punto o algo más si eso garantiza la firma de un acuerdo más amplio. Se trataría de una medida "casi simbólica", según fuentes del Ejecutivo, un guiño a la patronal en su principal demanda ante la mesa de diálogo social. Hasta ahora, el Ministerio de Trabajo había rechazado esa posibilidad, pues la salud de las cuentas públicas no permite grandes alegrías.

El Ejecutivo presentará su propuesta definitiva el 12 de abril

Sindicatos y CEOE quieren separar este proceso del pacto de Zurbano

Los negociadores del Ejecutivo dedicarán la próxima semana a pergeñar un boceto de reforma que entregarán a los agentes sociales el 12 de abril, casi tres semanas después de la última reunión tripartita. Es poco probable que ese documento incluya ya la rebaja de cuotas, pues se trata de un último recurso para salvar el diálogo en caso de que sea necesario. El Ministerio de Trabajo ha dado de plazo hasta finales de abril.

Cada punto de cotización aporta unos 2.500 millones de euros, cantidad equivalente al presupuesto asignado al Ministerio de Industria para todo el año. Es difícil que los guardianes de las cuentas públicas renuncien a una cantidad tan jugosa; lo más probable es que el Ejecutivo intente compensar de otra manera esa pérdida de ingresos. Por ejemplo, elevando la cotización al desempleo de los contratos temporales, una de las medidas contempladas para desincentivar el eventual y hacer más atractivo el fijo. También podría introducirse otra cotización para sufragar despidos como alternativa a la indemnización que actualmente abonan las empresas, según informó ayer La Vanguardia. La fórmula, no obstante, está poco definida.

La duda reside en qué parte de la cotización a la Seguridad Social podría asumir esa rebaja. Una fuente cercana a la negociación considera que en contingencias comunes -la cuota más voluminosa, con un 28,3% sobre la base reguladora- hay poco margen. Es más probable que se ofrezca en desempleo para contratos fijos o en la aportación que hacen las empresas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En este apartado, no obstante, el ministerio acaba de hacer un gesto con rebajas para las empresas que reduzcan la siniestralidad.

Aunque el Ejecutivo esté dispuesto a dar un paso adicional, eso no significa que la CEOE acepte. La anterior ronda de diálogo social, que se saldó con un fracaso en julio, encalló precisamente en ese punto. Entonces, la oferta gubernamental consistía en rebajar un punto de forma coyuntural y medio de forma permanente a las empresas, pero a cuenta del fondo de excedentes de las mutuas. Los empresarios, que piden una rebaja de cinco puntos (unos 12.500 millones) pueden considerar insuficiente la propuesta.

Además, la rebaja de cuotas amenaza con soliviantar a los sindicatos, reacios a premiar a las empresas a costa de adelgazar la caja común. España es uno de los países donde más pesan las cotizaciones sociales sobre los ingresos públicos. El Estado obtiene más por las cuotas de empresas y trabajadores que por todas las figuras tributarias. Perdonar dinero a las empresas requeriría, por tanto, un aumento de los ingresos fiscales.

Pese a que la CEOE pide rebajas prácticamente en todas las reuniones sobre reforma laboral, hasta ahora no se han debatido. No es la única idea que se ha soslayado en el proceso iniciado a principios de febrero. Las reuniones celebradas hasta ahora, a un ritmo de dos por semana, han evitado los asuntos más espinosos y se han centrado en lo que concita mayor acuerdo.

Todas las partes asumen que no será difícil alcanzar pactos en tres materias: bonificaciones, empleo juvenil y modelo alemán de reducción de jornada. Los negociadores coinciden a grandes rasgos en reordenar las políticas de incentivos al empleo, que destinan cada año 3.000 millones de euros a bonificar contratos de colectivos muy diversos. El objetivo es convertir a los jóvenes, que soportan un paro del 40%, en los principales destinatarios de esas ayudas. También está bastante avanzado el marco que permite al empresario reducir la carga de trabajo y el sueldo del empleado en momentos de crisis si renuncia a despedirlo. A cambio, el Estado complementa el salario pero se ahorra la prestación por desempleo, una de las principales sangrías del Presupuesto.

La urgencia por frenar la oleada de desempleo -roza ya el 19%- ha llevado a los sindicatos, en especial Comisiones Obreras, a pedir al Ejecutivo que vaya aplicando estas medidas sin necesidad de esperar al acuerdo final, que se demorará. Es poco probable que acepte.

El Gobierno intentará, no obstante, satisfacer otra petición, esta vez de todas las partes: que el acuerdo del diálogo social se separe -en el tiempo y en las formas- del pacto político de Zurbano, que la ministra de Economía, Elena Salgado, trata de cerrar con los grupos parlamentarios. Ninguno de los dos está, de momento, garantizado, pero, en caso de producirse, se pretende que la opinión pública los perciba como procesos separados.

 

Exculpa al patrón de la empresa vizcaína en la que enfermó el 60% de la plantilla

La Inspección multa por seis casos de silicosis a subcontratas de prevención

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Exculpa al patrón de la empresa vizcaína en la que enfermó el 60% de la plantilla

El Pías. PEDRO GOROSPE - Bilbao –

Empleado de una marmolería puliendo la encimera de una cocina.- FRANCISCO BONILLA

 Los servicios de prevención contratados por las pequeñas y medianas empresas van a empezar a pagar por sus errores. Si hasta ahora lo habitual eran las sanciones directas a los empresarios por incumplir la Ley de Prevención de Riesgos, la Inspección de Trabajo se ha vuelto exigente también con las subcontratas de prevención a las que recurren, sobre todo, las pymes.

"Enviamos una alerta para revisar las marmolerías en toda España", dice CC OO

Los fabricantes de las encimeras no dieron a tiempo la información

Es el caso de una marmolería de Vizcaya de once empleados, de los que seis sufren de silicosis, entre ellos, un familiar directo del patrón. Había contratado dos servicios ajenos de prevención de manera consecutiva en el tiempo, pero ninguna de las empresas que tenían que vigilar por la salud de los empleados consideró un riesgo el polvo de sílice que se levantaba al cortar las encimeras de cocinas, y baños, o las piezas para el suelo o paredes. "La inhalación masiva o continuada de sílice cristalina puede causar fibrosis pulmonar y neumoconiosis como la silicosis", cita el informe del Ministerio de Trabajo, que ya publicó un protocolo de actuación médica en 2001 y medidas precisas de prevención. Los silicatos en altas concentraciones están presentes en productos de aglomerado de cuarzo de varias marcas comerciales. En el caso de la marmolería afectada las más utilizadas fueron Silestone y Caesarstone.

La Inspección de Trabajo cree que las dos empresas responsables de la prevención de riesgos de la marmolería, Mutualia S. L. que hizo el primer informe en 2000, y Malga Servicios Empresariales S. L. desde 2006, no adoptaron ninguna medida pese a que en 2003 Mutualia ya detectó en algunos análisis médicos a los trabajadores "patrones respiratorios obstructivos y restrictivos".

La Inspección ha iniciado el procedimiento sancionador contra Malga, pero no contra Mutualia, al entender que pese a que no evaluar el riesgo fue una infracción grave, en su caso ha prescrito.

"Hemos enviado una alerta sanitaria a toda España a la vista de este informe", dijo ayer el responsable de Salud Laboral de CC OO, Jesús Uzkudun. "Aplaudimos a la Inspección de Trabajo por su decisión ya que no es la primera vez que los servicios de prevención dejaban a las pymes a los pies de los caballos", precisó el sindicalista.

Pero la Inspección de Trabajo no culpa solo a las empresas de prevención. También responsabiliza a las empresas fabricantes y distribuidoras de las encimeras. Tras establecer la relación de causalidad entre las diferentes enfermedades profesionales producidas y la omisión de las medidas de prevención, precisa que "en el origen de la inexistencia de medidas de prevención adecuadas se halla la falta de información sobre el producto fundamentalmente utilizado (aglomerados de cuarzo)".

En consecuencia concluye que Cosentino S. A. la empresa que tiene registrada la marca Silestone, infringió el artículo 41 de la Ley de Prevención, sobre la seguridad del producto, al informar genéricamente sobre los riesgos desde 2005, pero de manera precisa sólo a partir de 2009. Lo mismo concluye de Levantina y Asociados, que importan Caesarstone, marca registrada por una empresa israelí, por ofrecer una deficiente información del producto. También precisa el Ministerio de Trabajo que estas infracciones no llevan incorporada una sanción.

A quien exculpa la Inspección es a la empresa, que, a su entender actuó de buena fe y tomando las medidas adecuadas en cada momento. "Concurren en el presente caso excepcionales circunstancias que a nuestro juicio exoneran de responsabilidad jurídica al empresario directo en materia sancionadora administrativa y de recargo de prestaciones, y que están relacionadas con el nivel de incumplimiento de sus obligaciones por las distintas fabricantes, importadoras y Servicios de Prevención Ajenos mencionados", ci

Primera unidad de atención infantil

Primera unidad de atención infantil

La Voz de Asturias. 02/04/2010 M. ALVAREZ

La Consejería de Bienestar Social ha abierto ya la primera unidad de atención infantil temprana de la comarca del Caudal.

Un servicio muy demandado en la comarca ya que, hasta ahora, las familias de la zona tenían que desplazarse al vecino concejo de Langreo para recibir este tipo de atención infantil. Este nuevo centro está ubicado en unos locales integrados en la estación de autobuses de Mieres. En la adecuación y equipamiento de este espacio se invirtieron casi 32.000 euros. Esta unidad que se acaba de poner en marcha presta servicio ya a 26 niños, de los que 23 ya acudían al centro localizado en la cuenca vecina.

ATENCION A LAS FAMILIAS La instalación cuenta con un equipo profesional formado por una coordinadora y psicóloga, un fisioterapeuta, una estimuladora y un logopeda. Ofrece distintos servicios encaminados a desarrollar medidas personalizadas para atender al niño con trastornos en su desarrollo o con riesgo de padecerlos, así como a su familia. Los destinatarios de este servicio son menores con edades comprendidas entre los 0 y los 3 años y, en algunos casos, la atención llega incluso hasta el momento en el que son escolarizados. Se trata de niños con algún tipo de discapacidad y en el 90% de los casos son derivados a esta unidad desde los servicios de pediatría o desde los hospitales. Con la puesta en marcha de este centro en Mieres, la consejería de Bienestar Social cuenta ya con 11 unidades de estas características en Asturias.

El director general de Mayores y Discapacidad, Alejandro Suárez, destacó la labor que se está realizando en la ampliación de la red de servicios públicos que den respuesta a las demandas de las personas con discapacidad. "El objetivo es que puedan recibir la atención que necesitan sin tener que realizar grandes desplazamientos", señaló el representante autonómico. El Ayuntamiento de Mieres incidió en la importancia de contar con este nuevo servicio del que carecía toda la comarca.

Mieres abre una unidad de atención temprana para menores de 3 años

 

 

La agresión, una reacción cada vez más común

La agresión, una reacción cada vez más común

 

La Nueva España.

Falta de comunicación

Un 65 por ciento de las personas que consultan al Defensor del Paciente asegura haberse sentido maltratado por los médicos a la hora de recibir información sobre sus dolencias, lo que en algunos casos, especialmente en los más graves, acaba derivando en agresiones verbales y físicas, cada vez más frecuentes.

Ataque en urgencias

El pasado mes de febrero se juzgó en Oviedo un caso de agresión física sucedida en el servicio de urgencias del Hospital Central de Oviedo. Una mujer propinó una torta a una auxiliar de clínica en un arrebato porque no la atendían con la celeridad que ella consideraba necesaria. El fiscal consideró los hechos, que se produjeron el día de Navidad de 2007, como un delito de atentado y pidió para ella una pena de dos años de prisión.

Prevención

Los expertos recomiendan que, para evitar llegar a estos extremos, se entrene de la mejor forma posible al personal sanitario para poder dar respuesta a situaciones delicadas, una «asignatura pendiente» en la que en muchos países ya se está empezando a trabajar.

Vigilancia

El Defensor del Paciente, por su parte, considera necesario que se instalen cámaras de vigilancia en los servicios sanitarios para evitar que se produzcan estas situaciones violentas y para que, en el caso de que se llegue a ellas, quede constancia del comportamiento de cada uno, porque «los médicos suelen estar en situación de superioridad».