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Deberían devolverlo de oficio y con intereses… ¿o es que la ley no es igual para todos?...

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Catalunya devolverá el euro por receta mediante transferencia a los catalanes que lo reclamen

La Generalitat recaudó 47,5 millones de euros con esta tasa. Al menos 170 personas ya reclamaron la devolución después de que el Tribunal Constitucional la declarase inconstitucional en mayo

Foto.- Boi Ruiz con Artur Mas tras prometer el cargo como conseller de sanidad.

EUROPA PRESS, Barcelona, 29/08/2014

El Gobierno catalán ha decidido reembolsar mediante transferencia bancaria la tasa del euro por receta a aquellos catalanes que la reclamen mediante un formulario que se puede cumplimentar a través de la Oficina Virtual de Trámites de la Generalitat, después de que el Tribunal Constitucional suspendiera el impuesto y lo declarara insconstitucional en mayo de este año.

Lo ha revelado el conseller de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz, que ha asegurado que "el euro por receta se devolverá", aunque ha concretado que el sistema de retorno de la tasa, que estuvo en vigor desde el 23 de junio de 2012 hasta el 15 de enero de 2013, depende de la Conselleria de Economía y Conocimiento, que se encarga de repartir las partidas entre los distintos departamentos.

Fuentes del departamento que lidera Andreu Mas-Colell consultadas han informado de que el retorno "no será inmediato, sino que se recogerán solicitudes hasta final de año y luego se verá a qué partida se carga el importe que se deba devolver".

Ruiz ha concretado que 170 catalanes ya han reclamado el retorno de la tasa desde que el TC la declaró inconstitucional, un procedimiento que debe hacerse a través de la Oficina Virtual de Trámites de la Generalitat, a través de la que los usuarios deben rellenar un formulario oficial.

En dicho formulario, que cuenta con el sello del Servicio Catalán de la Salud (CatSalud), los usuarios que hayan pagado la tasa durante su periodo de vigencia deben rellenar sus datos personales y bancarios, algo que debe hacer un representante legal en el caso de los menores, discapacitados y pacientes que hayan fallecido.

En el documento se avisa a los usuarios de que "se comprobará que estén al corriente de sus obligaciones tributarias y que no tengan ninguna deuda con la Generalitat".

La Generalitat recaudó 45,7 millones con la tasa, pero cifra el coste de suprimirla en 198

La Generalitat recaudó 45,7 millones de euros con el cobro del euro por receta desde su implantación el 23 de junio de 2012 hasta su suspensión el 15 de enero de 2013, aunque cifró en 198 millones el coste de suprimir esta tasa, dado que más allá de la recaudación directa preveía ahorros superiores a los 100 millones.

La tasa se diseñó con un tope máximo por persona para evitar penalizaciones a los enfermos crónicos, aunque los datos demuestran que el 5,5% de la población que más fármacos consume aportó hasta el 32% de lo recaudado, y ello a pesar de que hasta 125.000 personas fueron excluidas del pago del impuesto por considerarse vulnerables.

El euro por receta generó también quejas entre algunos sindicatos y usuarios de la sanidad, que organizaron campañas de protesta por lo que consideraron una barrera en el acceso a los fármacos, y hasta 40.000 pacientes, unas 6.000 recetas al mes, se negaron a pagar el euro durante el tiempo que estuvo en vigor, el 0,08% de las recetas que se prescribieron.

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Recuperar la unidad del Carlos III para enfermedades como el ébola es "técnicamente viable"

La muerte del misionero Pajares refleja la necesidad de una unidad como la del Carlos III antes de desaparecer

La recuperación urgente de la zona de aislamiento levanta peticiones para que vuelva a su antigua función

El diputado socialista José Manuel Freire entiende que "técnicamente es viable" y que "un país como España precisa una unidad de alta especialización".

 

Raúl Rejón, en eldiario.es

 

Cuando el pasado 5 de agosto el Gobierno de España decidió repatriar a Miguel Pajares, infectado por el virus del ébola, se planteó la incógnita de dónde ingresar al sacerdote enfermo y a su compañera Juliana Bohí. Hace menos de un año la respuesta habría sido automática: el hospital Carlos III, referencia nacional para patologías infecciosas y tropicales. Pero, en agosto de 2014, los planes de la Comunidad de Madrid lo habían convertido en centro de pacientes crónicos y desmantelado la unidad de infecciosos.

 

El caso de Pajares ha puesto en cuestión, si no en evidencia, la decisión de la Consejería de Sanidad. Julián Ordónez, portavoz de UGT en Sanidad, cree que este episodio "debería hacer pensar a las administraciones la importancia de la salud pública, tanto para los ciudadanos como para los profesionales". Con esto, pide que el Carlos III "vuelva a su carácter de especializado en patologías como el ébola y otras enfermedades que precisan un tratamiento específico".

 

Durante los meses previos a la publicación del decreto que consagraba la transformación del hospital, los trabajadores no se cansaron de protestar y subrayar la importancia de un centro como aquél. En la Asamblea de Madrid, el Gobierno regional explicó que esas labores pasarían al Hospital General de la Defensa que tiene un convenio con el sistema público para atender a la población general.

 

Pero se dio la circunstancia de que a la llegada del cura Pajares, el Carlos III ya no funcionaba como unidad de aislamiento mientras que el hospital militar Gómez Ulla estaba en un proceso de remodelación de sus instalaciones de Alta Seguridad para Enfermedades Infecciosas. De ahí, en parte, que se tuviera que re-acondicionar a toda prisa la planta sexta del antiguo centro de referencia. La falta de un punto claro y definido de tratamiento de brotes víricos hizo que se disparara una retahíla de rumores sobre el destino de los afectados. Incluso el Ministerio de Sanidad no dio el nombre del hospital en primera instancia: "No es lo importante" dijo la encargada de Salud Pública, Mercedes Vinuesa.

 

CC OO también analiza que "es necesario mantener una infraestructura como el Carlos III dotada para la atención de procesos infecciosos ya que no puede repetirse que se tenga que hacer un traslado masivo y de urgencia de pacientes". Se refiere a la salida de 30 enfermos crónicos que ya estaban instalados en virtud del nuevo carácter del hospital que albergó finamente al infectado de ébola.

 

Casi 20 años de trayectoria

"Desde un punto de vista técnico sería perfectamente reversible" cuenta José Manuel Freire, portavoz de Sanidad del Partido Socialista de Madrid. Freire prosigue: "La zona de aislamiento de pacientes funcionaba perfectamente desde 1995 y podría recuperarse porque todavía no se habían acometido las obras para remodelar esa planta sexta". Eso mismo opinan los trabajadores con los ha hablado eldiario.es estas jornadas.

 

De hecho, "el personal podría volver desde La Paz y la dotación material no sería un gran obstáculo", analiza el diputado regional socialista que también fue consejero de Sanidad en el País Vasco. Sin embargo, Freire reflexiona que "en términos de país, hay que tener un punto de referencia de esta disciplina, no sólo ya por cosas como el ébola sino por ejemplo, casos de tuberculosis resistente. Todo estado como España debería tener una unidad de máximo nivel pero como parte de un diseño general, más allá del límite de una comunidad autónoma".

 

A la vista de las respuestas parlamentarias del Ejecutivo madrileño, la idea no es frenar la disolucion del Carlos III sino dejar posibles tratamientos en el centro militar. Mientas tanto, la planta de aislamiento preparada en poco más de 24 horas, continúa con una paciente ingresada: Juliana Bohí, que aunque negativo en las pruebas diagnósticas de ébola, sigue en observación en una unidad recuperada pero sólo para una prórroga.

 

OTRAS CUESTIONES EVIDENCIADAS POR EL EBOLA: “…que el derecho a la salud tiene varias velocidades”

Ébola, o las dos caras del derecho a la salud

 

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Cataluña y Madrid no se aclaran sobre si los menores extranjeros han de pagar la sanidad pública

Louela Aparece tuvo que firmar un compromiso de pago para que atendiesen a su hijo en un hospital de Barcelona, donde fue operado de urgencia

Un bebé ingresó en la UCI neonatal del Hospital Doce de Octubre en Madrid con deshidratación tras no ser atendido en un centro de salud madrileño

Los responsables sanitarios de Madrid responden que están "aclarando" las dudas sobre las condiciones de atención a inmigrantes

El real decreto sanitario 16/2012 garantiza la atención a los menores de 18 años "en las mismas condiciones que los españoles"

Foto.- Louela Aparece Bautista junto a su bebé, cuando lo operaron debido a una hernia.

Laura Olías, en eldiario.es

 

El bebé de Louela Aparece Bautista, una mujer filipina con residencia legal en España, tenía poco más de un mes cuando pasó por quirófano de urgencia, en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, el pasado marzo. El intestino del pequeño Philip John corría peligro debido a una hernia, con riesgo de perforación. Antes de que atendiesen al bebé, la familia tuvo que firmar un compromiso de pago en el hospital, una demanda ilegal en la atención en urgencias. Además, el caso cuenta con un agravante: los menores de 18 años tienen reconocida por ley la asistencia normalizada por el servicio de salud pública.

 

"Nos dijeron que como el bebé no tenía tarjeta sanitaria, teníamos que pagar la atención", cuenta Louela Aparece Bautista en una conversación telefónica. Para obtener la tarjeta sanitaria han tenido que esperar hasta conseguir el pasaporte del pequeño, que ha tardado varios meses en tramitarse. Durante ese tiempo, Philip John no ha tenido pediatra asignado de referencia. El médico que lo ha atendido durante este tiempo, en un centro de salud céntrico de Barcelona, lo ha hecho de manera informal.

 

Según cuenta la madre, en el Hospital Sant Joan de Déu les dijeron que, una vez con la tarjeta, podían intentar revocar la deuda. Es el próximo paso que dará la familia, al igual que con otro compromiso de pago que se vieron obligados a firmar en el Hospital del Mar. Cuando Philip John cumplió dos días de vida, su piel tomó un color amarillo que alertó a sus padres. Acudieron a urgencias y el coste de esa atención asciende a "50,83 euros", lee la madre en el recibo.

 

"Lo peor es que se está vinculando el derecho a la atención a menores y el derecho a la atención urgente a tener la tarjeta sanitaria", denuncia Iko, activista de la Pasucat, una plataforma catalana en defensa de la sanidad universal. La atención urgente y la suministrada a menores de edad y a embarazadas son las tres excepciones que incluyó el real decreto 16/2012, que  dejó sin tarjeta sanitaria a más de 800.000 personas, entre las que abundan los inmigrantes sin permiso de residencia. Para los niños, la norma recoge lo siguiente: "En todo caso, los extranjeros menores de dieciocho años recibirán asistencia sanitaria  en las mismas condiciones que los españoles".

 

Por su parte, "el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) se ha comprometido a aclarar las instrucciones dirigidas a sus centros sanitarios", indica Iko, satisfecho con las consecuencias de la presión del colectivo. Tras una reunión con la Pasucat, los responsables de Sanidad redactaron una circular que ha podido ver eldiario.es, que recuerda las tres excepciones y exige la asistencia a estos grupos aunque no tengan tarjeta sanitaria. No obstante, una mención del texto a "la situación de vulnerabilidad" de niños y embarazadas inquieta a la plataforma, desde donde creen que puede contribuir a alargar la confusión.

 

En respuesta a este medio sobre las irregularidades, fuentes del CatSalut se limitan a afirmar que la cobertura pública a "los menores inmigrantes está garantizada y, por lo tanto, no hay un protocolo específico de atención". Sin embargo, más casos alertan de que esta información no está tan clara en la atención directa a los pacientes.

 

También en Barcelona, Sara Swamson, de nacionalidad sueca, vive en España desde hace 12 años y dirige un negocio junto a su pareja, Soledad, en la ciudad catalana. Su hijo Love nació el 27 de enero y a día de hoy sigue sin tarjeta sanitaria y sin pediatra asignado. "Nos pedían el pasaporte y no lo hemos conseguido hasta pasados seis meses", cuenta a este diario. El 27 de julio, las madres llevaron a Love a las urgencias del Hospital del Mar, con más de 39 grados de fiebre, donde se repitió la advertencia de facturación. "Nos dijeron que nos enviarán la factura a casa", continúa Sara.

 

Irregularidades tras dos años de decreto

Aun sin tarjeta sanitaria, estos tres supuestos deberán recibir una asistencia gratuita, algo que "no se cumple en muchos casos", denuncia Iko. En la Pasucat han registrado toda clase de irregularidades, a través de un buzón de incidencias: desde la falta de asignación de un médico por no tener cierta documentación hasta la facturación en urgencias.

 

Sus quejas remitidas al Sindic de Greuges (el defensor del pueblo de Cataluña) dieron lugar a una actuación de oficio de la institución. "Estamos investigando si los hospitales y centros de salud están cumpliendo lo que recoge el real decreto sanitario", responde un portavoz del Sindic. Además, hay otra investigación abierta a propósito de la atención a embarazadas, afirma un portavoz del Síndic.

 

"Queremos que se informe de manera clara de que todos los menores tienen derecho a ser atendidos sin condición alguna", reitera el miembro de la Pasucat. Iko recuerda lo contradictorio de la desatención a niños en Cataluña, una región que ha regulado para ampliar la cobertura sanitaria a los inmigrantes sin permiso de residencia. Aquellos sin recursos suficientes que lleven más de tres meses empadronados en algún municipio de la comunidad podrán acceder a la red pública. "Lo paradójico es que se estén incumpliendo los mínimos de una ley más restrictiva", critica el activista.

 

Pero la desatención no es exclusiva de Cataluña. En Madrid, la asociación Yo Sí, Sanidad Universal es una de las encargadas de recopilar los casos de exclusión. Así, el pasado abril una pareja de nacionalidad boliviana en situación irregular llevó a su hija con 19 días de vida a las urgencias del Hospital Doce de Octubre. La doctora que atendió al bebé relata a eldiario.es que "llegó con un 25% de deshidratación y desnutrición. La leche de la madre no era suficiente para la niña". La pequeña ingresó en la UCI del centro. "Los padres fueron a pedir cita para la revisión de los 7 días, en el centro de salud de Paseo Imperial, pero no la atendieron por no tener tarjeta sanitaria", prosigue.

 

Fuentes de la Consejería de Sanidad afirman que "están revisando el caso" y que están trabajando "para aclarar las posibles dudas que pueda plantear el real decreto 16/2012". En cualquier caso, la portavoz apunta que "el protocolo de la Comunidad de Madrid es atender a todos los menores de 18 años como si tuviesen tarjeta".

 

La médica que asistió a la niña recuerda el riesgo de la desatención en estas edades: "En el estado en el que ingresó la bebé puede haber secuelas en el aprendizaje, en el lenguaje y en las destrezas manuales finas, por ejemplo", explica. Sara Swamson, como madre, insiste emocionada la necesidad de frenar esta situación: "Yo he tenido suerte de tener un hijo sano, pero ¿qué pasaría si no fuese así? No tenemos ni un especialista responsable de nuestro bebé".

 

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El gasto de farmacia crece un 2,43% en la primera mitad del año y llega a 126,5 millones de euros

L. FONSECA |  GIJÓN. 29 julio 2014

El ’efecto ahorro’ del nuevo copago farmacéutico, el que en julio de 2012 retiró la gratuidad a los pensionistas e incrementó los tramos de financiación del resto de usuarios, parece haberse disipado dos años después...

En la primera mitad de 2014, el gasto de farmacia creció en Asturias un 2,43% hasta llegar a 126,5 millones de euros. Así las cosas, entre enero y junio, el Principado gastó en medicinas casi 3 millones de euros más (en concreto, 2.997.855 euros) con respecto al primer semestre de 2013. En el resto del país, el comportamiento fue similar, puesto que la factura también creció. Lo hizo en un 1,89%. La comunidades desembolsaron en conjunto 4.689 millones de euros frente a los 4.602 del año anterior.

El volumen de prescripciones, por contra, disminuyó. En estos seis primeros meses se emitieron en Asturias 11.337.107 recetas, un 0,57 menos de las tramitadas en 2013. El gasto medio por usuario está en 11,16 euros, un 3% más. Este aumento está relacionado con los nuevos tramos de copago más elevados.

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Nuevos recortes propuestos al debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este próximo jueves 31 de julio…

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Hacienda discute nuevos recortes con las autonomías para cumplir el déficit (la noticia hace 5 días en El País)

El copago en las urgencias es una de las medidas que se debatirá en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (el próximo 31 de julio)…

La FADSP rechaza unas medidas que deterioraran la Sanidad Pública y la harán más inequitativa y menos accesible

Ante el conocimiento público de las 255 medidas que el Ministerio de Hacienda envía a las CCAA para poner en marcha nuevos recortes en la Sanidad Pública, desde la FADSP tenemos que señalar:

1) Como ya denunciamos en su día cuando se anuncio la “rebaja de impuestos” por el Gobierno, menos impuestos conllevan inevitablemente un empeoramiento, en cantidad y calidad de los servicios  públicos porque estos precisan para su mantenimiento de una recaudación suficiente y progresiva, circunstancias estas ninguna de las cuales se dan en la propuesta fiscal del Gobierno.

2) Si entramos en las medidas concretas que se proponen estas son básicamente de 2 tipos:

          · Nuevos recortes sobre los trabajadores sanitarios, suspendiendo las contrataciones de interinos, aumentando las horas de trabajo y disminuyendo los salarios, de unos profesionales que hace tiempo están al límite (recuérdese hay ahora 53.000 trabajadores menos en la Sanidad Pública) y que han visto muy reducidos ya sus salarios mediante congelaciones y bajadas salariales.

          · Nuevos copagos para los usuarios de la Sanidad Pública, como el aumento de los copagos en farmacia, o el establecimiento de copagos por consultas, hospitalización o urgencias. Estos copagos suponen un obstáculo fundamental para el acceso a prestaciones necesarias para las personas más enfermas y con menos recursos, tal y como se ha objetivado con los copagos farmacéuticos establecidos por el RD Ley 16/2012 (un 14,76% de la población no retira medicamentos prescritos por motivos económicos, el 20% de los pensionistas y el 23% de los parados).

3) En resumen rechazamos estas propuestas porque deterioraran mas una Sanidad Pública ya muy castigada por los recortes e impondrán barreras al acceso a las prestaciones sanitarias necesarias para los más pobres y los más enfermos, un verdadero “impuesto sobre la enfermedad”.

FEDERACION DE ASOCIACIONES PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA

22 de julio de 2014

Los médicos están en contra de más copagos

Las vocalías de la Organización Médica Colegial lo consideran “intolerable e injusto”

Redacción Médica. Madrid.

Los representantes de las nueve Vocalías de la Organización Médica Colegial (OMC) han celebrado una reunión en la que, aunque pendientes de la decisión de la corporación, se han pronunciado conjuntamente sobre las medidas de copago sanitario, recogidas en un documento del Ministerio de Hacienda, que serán analizadas por los consejeros autonómicos de Hacienda, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocado el 31 de julio.

Los nueve vocales han valorado las 75 medidas que afectan especialmente al sector sanitario, algunas de las cuales entienden que son “razonables y justificadas”; otras  “discutibles”, pero todos han coincidido en el rechazo total al copago asistencial que entienden que “no debe llevarse a cabo en ningún caso” porque lo consideran “intolerable e injusto” por lo que supone de aumento de la  “desigualdad y exclusión en el cuidado de la salud” de las personas más desfavorecidas, lo que puede generar daños irreparables para sus vidas.

Sobre el copago por prestaciones, han estimado que “no se puede seguir agraviando a los social y sanitariamente más débiles y necesitados” y abogan por ajustarlo a un porcentaje bajo de la renta de cada ciudadano además de blindar determinados procesos y los medicamentos relacionados y fundamentales para mantener la vida.

Consideran que esta posición en contra del copago asistencial “no es incompatible con la protección del Sistema Nacional de Salud, ni con las medidas oportunas ante el mal uso del mismo”.

En la reunión han concurrido los portavoces de las todas las Vocalías que representan y agrupan a los colegiados con la misma modalidad y forma de ejercicio profesional. Los representantes de las distintas vocalías son:  Josep Fumadó de Médicos de Atención Primaria Rural; Vicente Matas, de Médicos de Atención Primaria Urbana; Javier Font, de Médicos de Hospitales; Antonio Fernández -Pro, de Médicos de Administraciones Públicas; Fernando Rivas, de Médicos con Empleo Precario; Mónica Terán, de Médicos en Formación y/o Postgrado; José María Nieto, de Medicina Privada por cuenta ajena;  Manuel Carmona, de Medicina Privada por cuenta propia, y Ángel Oso, de Médicos Jubilados.

ALGUNAS,… SOLO ALGUNAS, SON DEBATIBLES…

El dilema de las hospitalizaciones eternas

Los gobiernos central y regional buscan acuerdos que permitan a los mayores pasar en residencias sus periodos de convalecencia y así reducir costes sanitarios

26.07.2014, La Nueva España.

¿Obligar al enfermo a pagar una parte del coste de su estancia en el hospital? ¿Remitir al paciente de edad avanzada y en fase de convalecencia a una residencia de mayores en la que pueda proseguir su recuperación bajo los cuidados de personal especializado? Estas dos preguntas resumen posibles soluciones que están sobre la mesa, pero que no acaban de plasmarse en medidas concretas pese a que, debido al progresivo envejecimiento de la población, la búsqueda de salidas viables se hace cada día más acuciante.

El debate está vivo. El próximo jueves, el Consejo de Política Fiscal y Financiera debatirá una propuesta que habla de considerar los tratamientos hospitalarios de larga estancia como socio-sanitarios y que el usuario participe en el pago de los mismos "según su capacidad económica". El tiempo lo dirá, pero a priori no parece probable que en el año previo a las elecciones autonómicas y generales ningún político se atreva a defender un copago hospitalario.

Por otro lado, la Agenda Social Asturiana, elaborada por el Gobierno regional, apuesta por un "impulso a la coordinación sociosanitaria" –en la práctica, una alianza entre las consejerías de Bienestar Social y Sanidad– para crear "unidades de convalecencia y cuidados continuados en las residencias públicas".

La música suena bien. La letra es más complicada. El argumento económico es irrebatible: los enfermos que requieren largas estancias en los hospitales implican un gasto que algunas estimaciones cifran en 600 euros diarios, en tanto que el coste de una residencia puede oscilar en torno a los 100 euros. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo asturiano reconocen dos dificultades no menudas: por una parte, que las residencias de mayores públicas no sólo no disponen de plazas libres, sino que acumulan una lista de espera de unos 1.500 candidatos. Por otra, que en la práctica sería necesario integrar en el hipotético pacto a las residencias privadas, lo cual ya implicaría una negociación a tres bandas sobre una cuestión que ni siquiera resulta sencilla dentro de los muros de la Administración regional.

"Es evidente que una estrategia de coordinación sociosanitaria es el futuro, pero también está claro que requiere una planificación y un consenso político y social que no son fáciles de conseguir", explicó ayer a LA NUEVA ESPAÑA Paulo González, presidente de la Asociación de Centros Geriátricos del Principado (Ascege). González mantuvo una reunión con el gerente del organismo público ERA (Establecimientos Residenciales de Ancianos), Jesús Suárez, en la que éste le comunicó la próxima salida a concurso de 140 camas en residencias privadas. "Es una buena noticia en este momento tan complicado desde el punto de vista económico", señaló el presidente de Ascege.

Llueve sobre mojado en esa comunidad que preside Mª Dolores de Cospedal… pero ¿consecuencias o responsabilidades?: ¡¡ninguna!!

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Un hospital envía una carta de pago a una paciente que falleció en urgencias

La nicaragüense Jeaneth Beltrán murió tras esperar cuatro horas a ser atendida en Toledo

Elena G. Sevillano, Madrid, en El País.

 

Jeaneth Beltrán, nicaragüense de 30 años, murió en el hospital público Virgen de la Salud de Toledo el 23 de mayo pasado. Llegó a urgencias a las seis y media de la tarde quejándose de fuertes dolores de cabeza y vómitos, pero no fue atendida por el personal médico hasta cuatro horas después, cuando empezó a convulsionar en la sala de espera. Horas más tarde a la amiga que la había acompañado le daban la noticia: a Jeaneth se le había parado el corazón. Carecía de tarjeta sanitaria porque su situación en España era irregular, pero el servicio de urgencias, cumpliendo la ley, la había admitido. Sin embargo, dos semanas después el hospital le envió una carta de pago.

 

El centro avisaba a la fallecida de que en un plazo de 20 días debía aportar fotocopia de la tarjeta sanitaria o tarjeta europea. De no hacerlo, "le pasaremos la factura a usted directamente", asegura el documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS. En la carta, el departamento de Facturación a Terceros del hospital especifica que el aviso, con fecha de 12 de junio, tiene relación con "la asistencia que le fue prestada el día 23/05/2014". Una portavoz del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) admitió ayer a última hora que esa carta fue enviada y añadió que se trata de un error y que ayer mismo los responsables del centro se habían puesto en contacto con la familia de la fallecida para pedirles disculpas.

 

El colectivo Yo Sí Sanidad Universal, uno de los más activos en la desobediencia al real decreto ley de 2012 que retiró a los inmigrantes en situación irregular el derecho a la asistencia sanitaria normalizada, ha organizado una "vigilia reivindicativa" frente al Ministerio de Sanidad el próximo jueves porque considera que Jeaneth es, junto con Alpha Pam y Soledad Torrico, "una nueva víctima" del decreto de "exclusión sanitaria" impulsado por la ministra Ana Mato. Uno de sus portavoces ha explicado a este diario que la mujer nicaragüense llevaba semanas encontrándose mal pero no acudió a urgencias --al médico de familia no podía ir al carecer de tarjeta-- por miedo a que le cobraran la asistencia. Padecía una enfermedad renal.

 

El colectivo subraya que, según el propio real decreto, no se puede facturar la atención sanitaria de urgencias a personas excluidas del nuevo modelo sanitario. "Cada vez que se hace, además de una vileza, se comete un acto ilegal", aseguran. Yo Sí Sanidad Universal ha recogido más casos de intentos de facturar la asistencia sanitaria de urgencias a inmigrantes. Distintos organismos, como la Comisión Europea, o la ONU, han alertado sobre el peligro de restringir el acceso a la asistencia sanitaria normalizada.

 

Tras el fallecimiento de Jeaneth, el hospital de Toledo difundió una nota de prensa en la que aseguró que estaba investigando cuáles habían sido las causas de la muerte de la mujer. Añadía que ese día el servicio de urgencias no estaba saturado y que ni siquiera tenía pacientes en espera de cama. Unos días más tarde el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Toledo abrió diligencias de investigación para aclarar el fallecimiento. El fiscal relató al diario ABC que actuaba de oficio al conocer por la prensa lo ocurrido en el hospital.

 

El gerente del Sescam, Luis Carretero, afirmó que el suceso nada tenía que ver con el hecho de que la mujer fuera inmigrante. "Es un caso único en los miles de personas que se atiende cada día y, por supuesto, no tiene nada que ver con la atención a inmigrantes", aseguró a preguntas de los periodistas el 29 de mayo, según recogió Europa Press. Carretero aclaró que los servicios de urgencias de todo el país funcionan con un sistema de clasificación de pacientes. "Esos sistemas no son exactos al 100% y, a veces, una persona que tiene una enfermedad más grave se deriva a un circuito de menos gravedad porque, por desgracia, la medicina no es una ciencia exacta y las personas a veces tienen dolencias que no se manifiestan en el primer momento", señaló.

 

La familia de la fallecida pudo repatriar el cuerpo a Managua después de recibir numerosas donaciones. El traslado y el sepelio costaron 5.500 euros. Los restos llegaron el 4 de junio y la mujer fue enterrada el 5 de junio, según relata su hermana Bertha en su cuenta de Facebook.

 

Sanidad dice que fue un error enviar una factura a la fallecida en urgencias

El secretario regional del PSOE, Emiliano García-Page, ha lamentado lo que ha calificado de "actitud pesetera por encima de valores morales" de los responsables de la sanidad de Castilla-La Mancha

 

EFE, Madrid.

 

El PSOE ha denunciado hoy (por el martes pasado) que el hospital de Toledo ha mandado a la familia de Janeth, la joven fallecida el pasado mes de mayo en las urgencias del centro, una carta con la factura por la atención que recibió, mientras que el hospital ha reconocido que se envió por error y que no se le cobrará nada. El secretario regional del PSOE, Emiliano García-Page, ha lamentado lo que ha calificado de "actitud pesetera por encima de valores morales" de los responsables de la sanidad de Castilla-La Mancha.

 

Janeth, una joven nicaragüense, falleció el pasado mes de mayo en las urgencias del Hospital Virgen de la Salud de Toledo, donde había acudido, sin tarjeta sanitaria, debido a que se encontraba mal. Fuentes del hospital han confirmado a Efe que la carta se ha enviado por un error administrativo, que se han puesto en contacto telefónico con la familia, a la que han pedido disculpas y les han confirmado que no tendrán que abonar ninguna cantidad por la atención sanitaria.

 

Para García-Page, este suceso es un "síntoma de lo deteriorada que está la sanidad en Castilla-La Mancha" y eso, ha subrayado, "tiene consecuencias en la salud de la gente". "No creo que hay religión ni valor moral alguno que esto no le levante un sarpullido", ha afirmado el secretario regional de los socialistas castellanomanchegos, quien se ha preguntado "hasta dónde puede llegar la falta de sensibilidad en el trato a la salud de la gente". "Cuando se producen muertes, hay que investigarlas y no utilizar una desgracia para sacar rédito político, como desgraciadamente García-Page intenta hacer", ha apostillado Arnedo.

 

VER TAMBIEN: Una mujer muere en el hospital de Toledo tras 4 horas sin ser atendida

¿Acaso alguna vez dijo alguna verdad?...

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Las mentiras de Rajoy sobre Sanidad

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

 

Mariano Rajoy ha afirmado en la clausura del Campus FAES que la sanidad “es más universal que antes” y “ningún español queda fuera del sistema”, ni hay copago sanitario. “Hay copago farmacéutico, pero es que antes también lo había”. Y al hacer estas afirmaciones esta mintiendo de manera flagrante.

 

La Sanidad Pública es menos universal, primero porque se ha excluido a las personas que son inmigrantes irregulares, segundo porque también se ha excluido a quienes tienen ingresos superiores a 100.000€ anuales, tercero porque también se ha dejado fuera a los españoles que hagan estancias en el extranjero superiores a 90 días y por fin porque se ha pasado de un sistema sanitario que se basaba en el derecho a la salud de las personas, a otro en que pivota sobre el aseguramiento. Como resultado tenemos una Sanidad que no es universal y si excluyente.

 

Pero además se han establecido copagos en el RD Ley 16/2012 sobre farmacia, no solo los que había sino que se ha incluido a los pensionistas que antes estaban exentos, y se han incrementado en su cuantía, llegando incluso a imponerse sobre los medicamentos que se recogen en las farmacias hospitalarias. Además el RD 16/2012, que sigue en vigor, establece copagos sobre transporte sanitario, dietas, ortesis y prótesis. Los resultados son bien conocidos, mas del 20% de pensionistas y personas en paro no pueden acceder a prestaciones farmacéuticas que precisan. El resultado es un sistema que penaliza a las personas con menos ingresos y más enfermas negándoles  el acceso a medicamentos que necesitan.

 

Las mentiras aunque se repitan muchas veces no se convierten en verdades. El gobierno de Rajoy ha supuesto un importante retroceso en la Sanidad Pública mediante un conjunto de medidas de recortes, deterioro, desmantelamiento  y privatización de la Sanidad, además de obstáculos económicos para acceder a las prestaciones farmacéuticas. Todo ello impide el ejercicio en la práctica del derecho a la protección de la salud para  millones de españoles.

 

7 de julio de 2014

Madrid: la sanidad más privatizada del país…

Madrid: la sanidad más privatizada del país…

La Sanidad Pública madrileña sigue en proceso de deterioro y privatización

El resultado de las políticas del PP en Madrid ha convertido la Sanidad madrileña en la más privatizada del país quitándole ese dudoso honor a Cataluña, tal y como se recoge en el Informe sobre Privatización sanitaria de las CCAA elaborado por la FADSP.

 

Por Sergio Fernández Ruiz, Vicepresidente de la Asociación para la Defensa de la sanidad Pública de Madrid.

 

nuevatribuna.es

Después de quince meses de lucha incesante en defensa de una Sanidad Pública por parte de los profesionales y diferentes organizaciones en la Comunidad de Madrid, el Gobierno Regional renuncia a seguir con su plan privatizador de seis hospitales semi-públicos y los centros de salud, a la vez que se anunciaba la dimisión del consejero Javier Fernández Lasquetty.

A esta retirada de la Comunidad de Madrid ha seguido la supresión del euro por receta por parte del Tribunal Constitucional que ya había paralizado su aplicación.

El nuevo consejero planteaba que quería recuperar el dialogo con los profesionales y que no pretendía ninguna privatización, lo que por cierto ya había dicho también Lasquetty, sin embargo pronto se ha visto las limitaciones practicas de este discurso, porque han continuado las privatizaciones, y se les ha sumado la represión de quienes se movilizan contra ellas, como los cesados directores de centros de salud y las amenazas en los centros sanitarios a los que informan a los pacintes.

La extracción periférica de sangre se ha cedido a la Cruz Roja mediante un convenio especial con la Consejería de Sanidad. Esta privatización, que no figuraba en el “Plan de Sostenibilidad” supone un notable encarecimiento de los costes de la extracción y además poner en manos privadas una donación altruista como es la sangre, para ser explotada con criterios económicos. Se han realizado importantes movilizaciones en su contra y hay una campaña de boicot a las donaciones periféricas que han disminuido de una manera significativa, incrementandose por el contrario las que se realizan en los centros hospitalarios que continúan bajo control público.

LAS DERIVACIONES 

El mecanismo más utilizado para favorecer la privatización silente es la sistemática derivación desde los centros de llamada (“lógicamente privados”) de las citaciones en consultas externas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas a los centros privados.

A pesar de las declaraciones de la Consejería de Sanidad en sentido contrario y de su supuesto interés en que todo el mundo se atienda en el sistema público, la realidad es que se constatan 2 actuaciones confluentes: por un lado la ya señalada derivación a los centros privados (en noviembre de 2013 se detectó que se producían derivaciones para intervenciones quirúrgicas en el 58,7% de los casos y para pruebas diagnósticas en el 67,4%), y por el otro se disminuye el rendimiento de los centros públicos infrautilizando sus recursos (por poner un ejemplo el número de resonancias magnéticas por equipo por los centros públicos es del 36% menos por equipo que en los centros privados, lo que hace que un 17,4% de estas pruebas se deriven a la privada sin necesidad ya que con un rendimiento similar todas podrían ser atendidas en centros públicos).

También es conocido que con frecuencia la calidad de las exploraciones que se realizan en el sector privado es muy baja y obliga a repeticiones innecesarias lo que aumenta el coste y las molestias para la ciudadanía.

No obstante una gran parte de la ciudadanía se niega a estas derivaciones, de manera que por ejemplo en diciembre de 2013 la mayoría de los pacientes en lista de espera quirúrgica se habían negado a ser derivados a centros privados. Este movimiento es creciente y ha ido en aumento en los últimos meses. Poniendo en evidencia que no es un problemas de recursos y ni siquiera económico sino que la Consejería de Sanidad tiene fondos para derivaciones a centros privados a la vez que los niega a los centros públicos para hacer una utilización intensiva de los centros propios que le saldría menos costos (por lo tanto no es una cuestión de eficiencia sino de deterioro intencionado del sistema público).

A la vez se mantiene la disminución de personal, aproximadamente 7.500 trabajadores en la Sanidad Pública madrileña desde 2009, disminución que continua de una manera menos agresiva (algunas amortizaciones de plazas de jubilaciones, vacantes, etc), pero además se intenta encubrirlas mediante supuestas ofertas de empleo que en realidad no suponen plazas nuevas en el sistema sanitario, porque ya están siendo desempeñadas por personal eventual y/o interino y que no permiten recuperar el empleo perdido

El resultado de estas políticas es que Madrid se ha convertido en la Sanidad mas privatizada del país quitándole ese dudoso honor a Cataluña, tal y como se recoge en el Informe sobre Privatización sanitaria de las CCAA elaborado por la FADSP. Analizando la situación de Madrid y la media de las 17 CCAA en aspectos relativos a la privatización de financiación, aseguramiento y provisión sanitaria, en todos ellos la Comunidad de Madrid supera la media: porcentaje de población cubierta por Mutuas (5,78% Madrid versus 4,54%); gasto en seguros privados en €/hab/año (244 % Madrid versus 115,94); gasto sanitario de bolsillo en €/hab/año (452 Madrid versus 376,88); porcentaje de camas privadas sobre el total (33,17% Madrid versus 26,96%); porcentaje de alta tecnología en centros privados (31% Madrid versus 24,47%); y porcentaje de gasto sanitario público destinado a conciertos (8,50% versus 7,61%).

Esta situación es el resultado de los procesos privatizadores sistemáticos llevados a cabo por el Gobierno de la Comunidad desde que se produjeron las transferencias y que ha provocado una importante transformación y deterioro de la Sanidad Pública madrileña.

LISTAS DE ESPERA 

La lista de espera quirúrgica se ha incrementado notablemente, en diciembre de 2013 había 72.695 personas en la misma (un aumento del 51,55% desde septiembre de 2004), con una peculiaridad y es que el 50,20% de ellos son personas que han rechazado su derivación a un centro privado, y que por ello esperan mas tiempo. También se ha incrementado el tiempo de espera, de manera  que la espera oficial paso de 11 días a 16,1 (recuérdese que es un dato manipulado porque solo se computa desde que ha sido visto por el anestesista), y había 6.244 pacientes que esperaban mas de 181 días (413 mas de 365 días).

Lo mismo sucede con las demoras de citas con los especialistas y con las pruebas diagnósticas, que se han incrementado debido a los tremendos recortes de personal que ha sufrido el sistema sanitario público.

Pero también se han incrementado las demás esperas, de manera relevante en Atención Primaria: para la cita del medico general un 45,7% superaban las 48 horas (máximo 7 días), lo que también sucedía en el 37% de los casos de las citas  en consultas de enfermería (máximo 11 días) y en el 31% para técnicas (máximo 10 días).

En el caso de los Servicios de Salud Mental la presión para reducir las listas de espera está produciendo un deterioro de la calidad de la atención. La demora es especialmente grave en la  listas de espera de psicología clínica de adultos e infanto-juvenil, que en muchos centros sobrepasa los 7  meses. La respuesta de la Consejería para reducir las listas de espera en Salud Mental ha sido incrementar el numero de primeras consultas en todos los centros, lo que en un contexto de aumento de demanda y con Centros de Salud Mental con plantillas congeladas o reducidas desde el año 2007 supone reducir de forma drástica  el  tiempo disponible para el seguimiento adecuado de los pacientes, ya que las siguientes citas  que las citas se demoran como mínimo un  mes en el mejor de los casos.

La Consejería de Sanidad ha puesto en marcha lo que denomina “Observatorio de resultados del Servicio Madrileño de Salud” y que ha vendido como un ejercicio de “transparencia informativa”, pero na análisis de la información puesta a disposición del publico en la web de la Consejería evidencia que la información esta muy sesgada o no aparece y es bastante antigua.

Se ofrecen datos de 2012, cuando los datos de 2013 existen y están en manos de la Consejería y probablemente se ocultan porque son peores que los de 2012.No aparecen cuestiones claves de los centros sanitarios. En hospitales: número de camas y plantillas,  y en los centros de salud las plantillas y las TSI asignadas por profesional

Las demoras en las consultas de atención primaria y para técnicas en los centros de salud no aparecen. En hospitales la demora en la primera consulta se mide solo en el mes de diciembre de cada año con lo que es muy fácil de manipular, no apareciendo demoras para segunda consulta (las mayores existentes) ni para pruebas diagnósticas.

Por otro lado los resultados son más que cuestionables y claramente “maquillados”. Por poner solo un ejemplo discrepan notablemente de los recogidos en el Barómetro Sanitario de 2012, que los resultados de la opinión de la población son los siguientes comparando a Madrid con la media de las CCAA: Índice de satisfacción (6,47 versus 6,57); el sistema sanitario funciona bien o bastante bien (70,13% versus 70,65%); empeoro la atención sanitaria en AP (29,16% versus 25,18%); empeoro la atención sanitaria en consultas de atención especializada (22,86% versus 22,05%); y empeoro la atención sanitaria en hospitalización (25,03% versus 21,09%).

Datos que en Madrid como en el resto del país han empeorado desde 2010 tal y que obviamente son incongruentes con los reflejados en la publicación oficial de la Consejería de Sanidad, aunque es habitual que la información que facilita la Comunidad de Madrid este convenientemente “maquillada” y sea poco fiable.

EXCLUSIONES DE LA COBERTURA SANITARIA 

Como resultado de la aprobación del RD Ley 16/2012 se ha producido la exclusión de la cobertura sanitaria de los inmigrantes no regularizados, así como de aquellos ciudadanos que tengan una estancia fuera del país superior a 90 días. Hasta ahora los principales problemas documentados tienen que ver con los inmigrantes irregulares y se sabe que a pesar de algunas instrucciones de la Consejería de Sanidad para asegurar la atención por ejemplo a las personas con enfermedades infecto- contagiosas, de han producido numerosos casos de desatención y problemas de acceso a las prestaciones sanitarias incluso para grupos y situaciones que estaban explícitamente  cubiertos por el RDL (embarazadas, urgencias, niños, etc). Por supuesto no se conoce el numero de personas afectadas y solo se tiene constancia de las denuncias. En términos generales la mayoría de los profesionales del sistema sanitario procuran seguir prestando asistencia a este grupo de población, pero este esfuerzo tiene muchas limitaciones (no se pueden hacer pruebas diagnósticas, derivaciones a los especialistas, etc).

El grupo de personas con estancias en el extranjero mayores de 90 días es aún menos conocido porque se trata de población generalmente joven (van al extranjero empujados por el paro) y difícil de detectar, incluso para la Administración, por lo que resulta muy complicado el conocer cuales es la incidencia que tiene esta exclusión sobre su salud.

Desgraciadamente la información sanitaria es casi inexistente en nuestro país de manera que resulta muy difícil conocer los resultados en salud de la política de recortes y privatizaciones. Los últimos datos disponibles en la web del Ministerio de Sanidad y en la de la Consejería de Sanidad son de 2011, cuando es bien conocido que los mayores recortes se hicieron a partir de 2012.

En todo caso, de acuerdo con las estadísticas del INE sabemos que la tasa bruta de mortalidad se ha incrementado en un 2,61% desde 2009 en la Comunidad de Madrid y lleva ya, como sucede en el resto del país, dos años consecutivos de aumento.

Esta es la situación a pesar de las declaraciones triunfalistas y demagógicas de la Consejería, una Sanidad cada vez más excluyente, deteriorada y privatizada que no responde a las necesidades de salud de la población.