CONTRARREFORMA NO

Una vez más, y otra, y otra, y siempre provenientes del mismo sitio

Los negocios personales detrás de las privatizaciones sanitarias

Una vez mas queda claro que se esta deteriorando y desmantelando un servicio básico como es la Sanidad Pública con la finalidad exclusiva de favorecer los negocios de algunas personas y empresas.

nuevatribuna.es

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ante las noticias de que el exSecretario General de Sanidad de Castilla La Mancha habria sido contratado para asesorar la reestructuración de plantilla del Hospital de Majadahonda por la misma empresa a la que en su anterior cargo habia concedido 36 millones € en contratos, señalan:

 

1) Una vez mas vuelven a demostrarse que los intereses en la privatización sanitaria no tienen nada que ver con las supuestas mejoras en la gestión y/o en la eficiencia, sino que solo se justifican por los intereses económicos de los privatizadores.

 

2) Además estamos ante una situación escandalosa porque se ha vulnerado de manera flagrante la Ley de incompatibilidades al haber pasado solo 8 semanas desde que dejo el cargo público.

 

Por lo tanto hay que exigir:

Un actuación rapida de la fiscalia para que imponga las sanciones correspondientes a quien vulnero la Ley

La paralización de los procesos privatizadores

La realización de una auditoria que analice de manera detallada no solo el funcionamiento y los costes de los centros privatizados, sino además las colusiones de intereses y los beneficios económicos que se hubiesen generado en los responsables de estas privatizaciones

 

Una vez mas queda claro que se esta deteriorando y desmantelando un servicio básico como es la Sanidad Pública con la finalidad exclusiva de favorecer los negocios de algunas personas y empresas.

 

Los hechos en eldiario.es: Un excargo de Sanidad de Castilla-La Mancha, asesor de la empresa a la que dio 36 millones en contratos

 

Y HOY MISMO:

El PP dará al imputado Lamela 60.000 euros para que pueda rehabilitar uno de sus edificios

En huelga indefinida contra la reducción del 46% del salario

El 95% de la lavandería hospitalaria secunda la huelga, según los convocantes

Sanidad fija unos mínimos del 50% con el argumento de que supone un riesgo para la salud

El sindicato CC OO, convocante de los paros, considera los mínimos "abusivos"

Foto.- Sábanas y otro material sin limpiar en la Lavandería Hospitalaria Central de Mejorada del Campo.

Susana González Vejo / Agencias, Madrid, en El País.

Los trabajadores de la lavandería central hospitalaria del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), que protagonizaron un encierro contra la rebaja del 46% del sueldo, están llamados a secundar desde hoy una huelga indefinida en protesta por la entrada en vigor de la gestión privada del recinto y por la rebaja de sus condiciones laborales. Para la huelga, Sanidad ha fijado unos servicios mínimos del 50% de la plantilla habitual con el argumento de que supone un riesgo para la salud pública. CC OO los considera "abusivos".

La huelga está teniendo un seguimiento de un 95% en el turno de mañana, según ha informado Francisco Ronco, portavoz de los trabajadores. La Consejería de Sanidad no va a ofrecer datos de seguimiento al tratarse de un servicio externalizado que depende de una concesionaria. Por su parte, la empresa adjudicataria ha informado de que no tiene datos en este momento, pero sí puede asegurar que los servicios mínimos se están cumpliendo perfectamente.

De acuerdo con Ronco, la huelga ha comenzado a las ocho de la mañana y se han cumplidos los servicios mínimos, que les han sido repartidos una hora antes y por burofax. El portavoz ha asegurado que los convocantes de la huelga están "muy contentos" por el seguimiento y que esperan que "el turno de tarde sea igual". "Los testimonios de la gente son muy emocionantes", ha asegurado, en referencia a los trabajadores que no han acudido a su puesto de trabajo al creer que sus reivindicaciones son "lo justo para Madrid y los madrileños". Además, Ronco ha indicado que van a "aguantar a lo que se pueda" y que harán una "caja de resistencia" para mantener la huelga todos los días que puedan. "No se puede llamar salario digno a 640 euros brutos al mes", ha manifestado.

Los paros están convocados por CC.OO, con la adhesión de la Asociación de Profesionales de la Lavandería y el sindicato CGT, tras la negativa de Fundosa Lavanderías Industriales (Flisa) y de Lavandería Industrial Laundry, ambas del grupo empresarial de la Fundación ONCE y adjudicatarias del servicio a partir del 1 de diciembre, de mantener las condiciones laborales de los trabajadores de la Lavandería Hospitalaria Central de Mejorada del Campo.

La Comunidad aprobó el pasado 3 de octubre la concesión del servicio, que afecta a 19 hospitales, por un importe de 45,9 millones de euros. En un comunicado, el sindicato critica que la empresa adjudicataria haya decidido aplicarles el convenio de lavanderías industriales, lo que supone un "recorte" salarial del 46% de la retribución que percibían los empleados cuando estaban ligados laboralmente a la Comunidad de Madrid.

La secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO de Madrid, Rosa Cuadrado, considera "que es inadmisible que un cambio en la titularidad de la gestión en un centro de trabajo" suponga esa caída retributiva. Como ejemplo, un celador pasa a cobrar 600 euros mensuales frente a los 1.100 que cobraba, un mecánico de mantenimiento o de un conductor de camión, que percibían 1.400 euros, se quedan en 680.

Cuadrado ha criticado a la Consejería de Sanidad por emprender procesos de externalización mediante concursos públicos, eludiendo su responsabilidad "al no obligar a las empresas adjudicatarias a mantener las condiciones laborales de los trabajadores afectados por estos procesos". Sanidad justifica la medida en que supondrá un ahorro de 36 millones de euros.

Los trabajadores trataron de plantar cara antes de que el servicio pasara a la adjudicataria, pero les fue imposible. Pidieron la convocatoria de huelga con carácter de urgencia para el día 28 de noviembre, pero les fue denegada por la administración que los considera un servicio esencial, por lo que debían haberla cursado con al menos 10 días de antelación y no cinco, como planteaban.

A la entrada de la concesión, el 64% de los empleados, 117 de un total de 190, firmó el contrato laboral con Flisa, mientras que 123 trabajadores fijos estatutarios se han acogido al proceso de reordenación emprendido por Sanidad y están a la espera de un nuevo destino.

El pasado miércoles, el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, aseguró que la situación en la lavandería central es de "total y absoluta normalidad" una vez que la adjudicataria ha asumido la gestión de la instalación. También deseó que los trabajadores críticos con el proceso de privatización de la gestión desistan de su intención de hacer huelga porque entiende que "no contribuye a nada positivo". 

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Los recortes del PP que no cesan ahora empiezan a desmantelar la cartera de servicios.

Sanidad restringirá la fecundación in vitro

El ministerio prevé ahorrar 54 millones con estos recortes y otros 11 en planes de prevención de cáncer de mama y colon, y de consejo genético Excluirá a las mujeres solas y bajará de 40 a 38 la edad límite para terapias de inseminación artificial

Foto.- Banco de criopreservación de ovocitos de una clínica de Alicante.

06.12.2013 - LAURA FONSECA, GIJÓN, en El Comercio.

Los recortes sanitarios no cesan. Primero fue el copago farmacéutico en función de renta y la retirada de la gratuidad en las medicinas para los pensionistas. Más tarde llegó, de la mano de la reforma sanitaria, la desaparición de la atención universal y la entrada en vigor de más copagos sociosanitarios. El caso es que ahora parece haberle tocado el turno al catálogo de prestaciones sanitarias, un compendio amplísimo de servicios por el que se deben regir todas las comunidades y que se mantiene (o se mantenía) inalterable desde los tiempos del Insalud, hace más de una década. Bajo el argumento de unificar criterios entre los diferentes servicios de salud autonómicos, máxime en tiempos de crisis, el Ministerio de Sanidad ha decidido «poner orden» restringiendo y delimitando el acceso a determinados tratamientos y terapias. Las técnicas de reproducción asistida son las que se llevan la peor parte porque el departamento que dirige Ana Mato endurecerá los criterios de utilización.

Según recoge el 'Proyecto de orden por la que se concreta y actualiza la cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud' colgado en la web del ministerio y remitido a las comunidades autónomas, la fecundación in vitro quedará limitada solo a mujeres con pareja. Sanidad exigirá que las pacientes que se sometan a este tipo de técnicas hayan sido diagnosticadas previamente como 'estériles', entendiendo como tal «la ausencia de consecución de embarazo tras un mínimo 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de métodos anticonceptivos», reza el texto de la propuesta.

Eso significa que las mujeres solas o las que tengan pareja del mismo sexo quedarán excluidas de los tratamientos de reproducción asistida que financie la sanidad pública. El ministerio también modificará la edad límite de las mujeres. Hasta ahora, todos los tratamientos, bien sean de inseminación artificial mediante el uso de semen de la pareja o de donante; de fecundación in vitro, o donación de óvulos, se ofrecían a mujeres de hasta 40 años. Sin embargo, cuando entren en vigor las actualizaciones, la edad límite estará por debajo de los 40. En el caso de la inseminación artificial será todavía más bajo, ya que la mujer no podrá pasar de los 38. La edad del hombre se mantiene en los 55. Con todos estos cambios, Sanidad confía en ahorrar 53,7 millones de euros. Los tratamientos de fecundación de la cartera común básica solo se autorizarán con fines terapéuticos o preventivos y en determinadas situaciones especiales para las que tendrá que dar el visto bueno la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida (caso de diagnóstico genético preimplantacional o selecciones de embriones).

De 739 a 5.097 euros por ciclo

El coste de este tratamiento varía en función de si se realiza a través de la forma clásica (unos 739 euros el ciclo) o mediante técnicas de micromanipulación para la inyección intracitoplasmáica de gametos (unos 3.897 euros), a los que hay que sumar los 1.200 euros que cuesta la medicación. De este modo, y teniendo en cuenta que de los 40.252 ciclos llevados a cabo en 2010 en España, el 14% de los realizados para la obtención de gametos propios y el 61,2% de los destinados a la recepción de ovocitos de donante eran para mujeres con más de 40 años, se dejarían de financiar más de 9.300 ciclos, por lo que el ahorro ascendería a 47,1 millones.

A este ahorro hay que sumar los 2,5 millones que se dejarían de pagar al limitar la inseminación artificial a mujeres menores de 38 años. En este proyecto de orden ministerial también se calcula el ahorro que se conseguirá al unificar los criterios de aplicación del diagnóstico genético preimplantacional (3,9 millones) y el lavado de semen (240.617 euros). También se ajustarán los criterios para los planes de prevención de cáncer de mama y de colon, además del de consejo genético. Ahí la contención estimada será de 11 millones de euros.

Sanidad prevé ahorrar 54 millones al limitar la reproducción asistida pública

Calcula que al excluir a los mayores de 40 años no se financiará el 25% de las inseminaciones

• Excluidas lesbianas y mujeres solas de la reproducción asistida pública

Elena G. Sevillano, Madrid, en El País.

El Ministerio de Sanidad calcula que, con las nuevas limitaciones de edad que impondrá para acceder a tratamientos de reproducción asistida, ahorrará al menos 53,8 millones de euros al año. Así lo afirma en el proyecto de orden, publicado en su página web, que concreta cómo será la cartera básica de servicios en aspectos como el de la reproducción, pero también en cribados (cáncer de mama, colorrectal…) y en genética. La prestación de reproducción asistida quedará limitada a mujeres menores de 40 años, según esta orden, muy polémica porque excluye a lesbianas y a mujeres solas de esta prestación pública.

El texto, que aún no es definitivo y tendrá que pasar por el próximo Consejo Interterritorial, señala que el “posible ahorro” que se conseguiría aplicando la nueva cartera común de servicios en técnicas de reproducción asistida sería de unos 53,8 millones. El cálculo se ha hecho basándose en los datos obtenidos del Registro de la Sociedad Española de Fertilidad para el año 2010 y extrapolándolos. Según estos cálculos, casi uno de cada cuatro tratamientos de inseminación artificial que actualmente cubre la sanidad pública dejará de prestarse cuando entre en vigor la orden. Solo en este campo el ahorro previsto es de 47,1 millones.

2,5 millones de ahorro en inseminación artificial

El texto estima el impacto de la medida de esta forma: en 2010 se hicieron 40.252 ciclos para la obtención de gametos (tanto propios como de donante). El coste sería de 203,9 millones. Dado que el 14% de los ciclos con gametos propios y el 61,2% de ovocitos de donante se realizaron a mujeres mayores de 40 años, resulta que con los nuevos criterios, que sitúan el límite máximo en 40, la sanidad pública no hubiera financiado 9.302 ciclos. En euros, eso supondría un ahorro de 47,1 millones.

El texto recoge los ahorros que se conseguirán en otros tratamientos. En inseminación artificial (IA), por ejemplo, afirma que “si se hubiera aplicado el criterio de edad que recoge el proyecto de norma de forma que la IA con semen de la pareja solo se aplicara a menores de 38 años, se hubiera ahorrado un gasto estimado de unos 2.538.305 euros”. Los nuevos criterios indican que si se realiza la IA con semen de la pareja la edad de la mujer ha de ser menor de 38 años; en el caso del semen de donante, de 40 años.

En el caso del diagnóstico genético preimplantacional (estudio del ADN de embriones para evitar las enfermedades hereditarias), en 2010 se hicieron 2.743 ciclos. Uno de cada cuatro (el 26,2%) se realizaron por edad avanzada de la madre, asegura el texto. Es decir, 718 de esos ciclos no se hubieran financiado de forma pública si se aplica el límite de edad. El “ahorro” que calcula el Ministerio de Sanidad: 3,9 millones.

El proyecto de orden del ministerio señala que el ahorro global podría ser incluso superior: “Dado que además de la edad se establecen otros criterios, como es el número de ciclos máximos por técnica, ha de suponerse que el ahorro por aplicación del proyecto de norma podrá superar los 54 millones de euros”, concluye.

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Informe "El gasto sanitario en España", de CC.OO.

ENLACE CON EL INFORME INTEGRO

CCOO cuantifica los recortes en Sanidad: 53.000 trabajadores menos y 873.000 inmigrantes sin tarjeta

Un informe sobre el impacto de las medidas de Mato denuncia las "ilógicas" medidas de Mato y propone alternativas al copago y el fin de las puertas giratorias

PAULA DÍAZ, Madrid, en Público.

Remodelar los criterios de financiación, profesionalizar la gestión, mejorar la coordinación entre las distintas áreas sanitarias (Atención Primaria, Especializada, etc.), luchar contra las puertas giratorias y dotar al sistema de transparencia y normas de "buen gobierno". Estas son algunas de las propuestas que la Secretaría de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO quiere hacer al Gobierno tras haber analizado, en un informe presentado hoy, el gasto sanitario en España. 

En el documento, el sindicato denuncia el impacto que las medidas del PP, con Ana Mato al frente del Ministerio de Sanidad, está provocando en la sociedad. ¿La consecuencia más grave? El fin de la universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y el aumento de las desigualdades sociales que de ello se derivan. Además, la organización cuantifica los recortes: 53.000 trabajadores sanitarios menos en dos años —cuyas consecuencias se dejan ver ya, por ejemplo, en la imposibilidad de reducir las listas de espera— y 873.000 inmigrantes sin papeles y, por lo tanto, sin tarjeta. 

Aunque el SNS presenta "lagunas anteriores a la crisis", lo urgente ahora es, según el coordinador del informe, Fernando Puig-Samper, "buscar medidas que permitan hacer lo mismo con recursos limitados", asumió, criticando el tijeretazo en el sector, que pasará de recibir un 9,3% del PIB a sólo un 5,4% en 2016, según las previsiones del Ejecutivo de Mariano Rajoy. "El reto será gestionar bien los recursos disponibles, sobre todo, cuando el sistema va a tener impulsores de gasto", añadió el experto. Especialmente, cuando factores como el envejecimiento de la población, el aumento del desempleo y el incremento de enfermedades crónicas están provocando un aumento en la demanda de asistencia sanitaria.

"Todo ello requiere más recursos, más inversión porque cuando se deteriora la asistencia sanitaria, se incrementan las desigualdades sociales", denunció el también responsable de política sanitaria de la Secretaría de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO. "El sistema público se basa en la igualdad; cuando esto falla, falla el sistema de redistribución social", agregó.

Por ello, en el sindicato no se explican la "ilógica" medida de retirar la tarjeta sanitaria a las personas sin permiso de residencia ni la de "expulsar a los españoles con rentas superiores a 100.000 euros  anuales, que 'son cuatro y el del tambor'", ironizó Puig-Samper. "No tiene lógica ni económicamente, ni socialmente", añadió. "El Real Decreto de abril de 2012 limita la asistencia sanitaria para inmigrantes sin papeles a las embarazadas, menores de 18 años y urgencias", recordó. "Eso supone que personas con enfermedades contagiosas, dolencias graves, o incluso leves que podían ser tratadas en un centro de salud tengan que esperar a agravarlas para tratarlas en el hospital de mala manera", lamentó. ¿Traducción? "Es llevar la asistencia de bajo coste a una de alto coste", especificó el autor del informe, incidiendo en la "ilógica" del Ministerio en cuanto a sus motivos económicos.

Otras de las medidas de Mato denunciadas por CCOO fue la de los copagos farmacéuticos. Y no por no estar de acuerdo con ellos, sino por la desigual distribución de los mismos. "Los tramos son inexplicables: no contemplan rentas muy bajas que pueden estar en situación de colectivos que han sido excluidos del copago en farmacia y el salto de 18.000 a 100.000 euros tampoco se explica", ejemplificó Puig-Samper. De hecho, el informe plasma en un simple esquema una propuesta de mejora de esta medida (en la ilustración).

Por otro lado, Puig-Samper lamentó la "falta de evaluación" por parte del Ministerio del impacto sociosanitario —"y no sólo económico— de otras medidas como el medicamentazo de Mato o el nuevo copago en farmacia hospitalaria. "¿Por qué no introducir aquí límites mensuales que eviten que los pacientes crónicos y plurimedicados tengan un nivel de gasto importante, especialmente, si tienen rentas bajas?", se preguntó. Además, recordó que los mayores que ahora sí tienen que pagar por sus medicamentos recetados están reduciendo el consumo de los mismos y, aunque reconoció que era pronto para evaluar el impacto de esta cuestión, asumió que ya se ven los efectos de la medida.

"¿Alguien de Sanidad ha evaluado qué ocurre, en otros países, por ejemplo, cuando se dejan de financiar medicamentos como los anticonceptivos de última generación?", cuestionó de nuevo el autor del informe. Y se respondió: "A lo mejor sí, pero nosotros no lo conocemos y aquí encontramos otro de los principales problemas del sistema: la falta de transparencia". 

 

Financiación estancada en la pública, ascendente en la privada

Por otro lado, y, sin querer entrar en la polémica sobre la privatización de hospitales en Madrid, Puig-Samper denunció el estancamiento presupuestario que se había producido en la sanidad pública mientras en la privada continúa en ascenso. "Nuestra estructura de gasto sanitario es similar a la de otros países: el 73% corresponde a gasto público y el resto a gasto privado", detalló. Así fue, según el informe de CCOO, en 2011, cuando el gasto en Sanidad ascendió a 98.860 millones de euros.

"El incremento en gasto sanitario público fue superior al privado. Hasta 2009. Desde 2010 ya no es así", sentenció el coordinador del estudio. "El gasto privado ha mantenido el ritmo mientras que el público ha empezado a tener signos negativos", agregó. Y recordó también que hay servicios privados que dependen de todos: "Gran parte de los servicios hospitalarios privados dependen de la financiación pública".

"Según los datos de 2011, este desplazamiento de dinero de financiación pública pero provisión privada se elevaba a 22.855 millones de euros, casi una tercera parte del total del gasto sanitario. La mayor parte de este desplazamiento de la financiación pública a la provisión privada (12.421 millones) se da en el concepto de 'minoristas y otros proveedores de productos médicos', que incluye farmacias, ópticas, ayudas auditivas, otros accesorios médicos u otras ventas de productos farmacéuticos o médicos", reza también el informe.

Por último, el responsable de política sanitaria de la Secretaría de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO que dirige Carlos Bravo, también hizo un alegato contra las puertas giratorias que, lejos de servir para transmitir conocimientos, como en EEUU, por ejemplo, "se convierten en connivencias de transmisión de intereses personales". Para que eso no ocurra el sindicato propone dos soluciones: regular mejor el sistema de incompatibilidades y regular los lobbys para que no tengan tanta influencia sobre los poderes públicos.

EN LA WEB DE LA C.S. DE CC.OO.:

El gasto sanitario que representaba el 7,2 % del PIB en 2007 descenderá al 5,4 % en 2016, según los objetivos del Gobierno

•La demanda de atención sanitaria aumenta al tiempo que se recorta el gasto público en sanidad

•La sanidad pública pierde 53.000 empleos en dos años

•"Dejar sin tarjeta sanitaria a más de 800.000 inmigrantes es una medida injusta y antieconómica"

Reducción de la actividad sanitaria, incremento de las listas de espera, ruptura de la universalidad en la atención sanitaria, exclusión de prestaciones y medicamentos de la financiación pública y destrucción de empleo, son algunos de los efectos de los recortes sobre el gasto público sanitario en los últimos años, según pone de manifiesto el informe "El gasto sanitario en España", que hoy han presentado en rueda de prensa Carlos Bravo, responsable de la Secretaría de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, y el responsable de política sanitaria de la misma, Fernando Puig-Samper.

El sistema sanitario público ha sufrido un considerable recorte en los dos últimos años y de representar el 7,2% del PIB en 2007, como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno, pasará  a suponer el 5,4% del PIB, según explicó el secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, quien subrayó que así se producirá un retroceso de una década.

Consecuencia del menor gasto en sanidad, se ha producido un descenso en la actividad sanitaria, ya que con un número muy inferior de profesionales – se han perdido 53.000 puestos de trabajo en dos años, alrededor del 10% de los efectivos - se tiene que atender una mayor demanda por el envejecimiento de la población y del incremento de personas desempleadas, que precisan de una mayor atención que la población con empleo, lo que ha provocado “un aumento de las listas de espera, que se han llegado a duplicar”, según Fernando Puis-Samper.

Otras de las medidas criticadas por los responsables de CCOO ha sido la exclusión de la atención sanitaria de los inmigrantes, unos 873.000, sin permiso de residencia, que ha significado la ruptura de la universalidad de la atención sanitaria.  La exclusión, que ha sido calificada de “injusta y antieconómica” por Carlos Bravo, y de “barbaridad” por Fernando Puig-Samper, supone desviar los pacientes de los ambulatorios a los hospitales, una vez se ha agravado la dolencia, con el consiguiente aumento del coste del tratamiento y de las lista de espera. “No tiene lógica económica ni social”, remachó este último.

En opinión de los responsables de CCOO,  “la sanidad requiere mejoras en aspectos nucleares, con o sin crisis”, que tienen que ser fruto de la negociación y el acuerdo, nunca de la imposición, y que tengan en cuenta la sostenibilidad, equidad, racionalidad,  suficiencia y el protagonismo de los profesionales, además de normas del “buen gobierno” como la transparencia en la gestión y rendición de cuentas, y otras que regulen las incompatibilidades, que se exponen en el informe “El gasto sanitario en España.

La tasa de infecciones en España es sensiblemente superior a la media europea y con esta política esa diferencia no va a disminuir, sino todo lo contrario.

España recorta en prevención y no logra bajar los contagios de VIH

Científicos y ONG alertan de que los fondos son insuficientes para evitar nuevas transmisiones

Foto.- Protesta de las ONG del VIH y sida frente al Ministerio de Sanidad en el aniversario del Real Decreto-Ley de exclusión sanitaria

Elena G. Sevillano / Jaime Prats, en El País.

La sociedad científica Seisida y las ONG dedicadas a la prevención del VIH coinciden: si España no consigue reducir su tasa de nuevas infecciones hasta equipararla a la media europea es porque los “drásticos” recortes presupuestarios han dejado los programas de prevención y control de VIH y sida en una situación muy precaria. Las actividades de lucha contra esta enfermedad han perdido en apenas cinco años entre un 50% y un 70% del presupuesto que tenían asignado, según cálculos de este diario. “La ausencia de un nuevo Plan Estratégico para el VIH confirma que para este Gobierno la salud de la ciudadanía es una cuestión de segundo orden”, lamentaron ayer las ONG.

 

El dinero que se emplea en prevención y lucha contra el sida procede básicamente de tres conceptos. Los Presupuestos Generales del Estado incluyen una partida que en 2011 contaba con 4,4 millones, en 2012 bajó hasta los tres millones y se ha mantenido igual este año. Además, el Ministerio de Sanidad destina cada año una cantidad a subvencionar los programas de prevención y control del VIH de las ONG. Ese dinero ha ido disminuyendo en los últimos años. Primero, ligeramente, desde los 4,2 millones de 2008 a los 3,9 de 2011. Es en 2012 cuando se produce el recorte: queda solo un millón de euros. En 2013 sube ligeramente hasta los 1,1 millones.

 

La tercera fuente de financiación de este tipo de programas son las transferencias anuales que hace el Estado a las comunidades autónomas. Si en 2008 sumaron 4,8 millones de euros, para 2011 ya habían caído a 4,3. En el Informe de evaluación del Plan Multisectorial de VIH Sida 2008-2012 ya no aparecen datos para el año 2012. El ministerio asegura que las partidas pasaron a incluirse en el Fondo de Cohesión, pero la Alianza de Plataformas de Respuesta al VIH, formada por 12 entidades, asegura que no se ha sabido nada de ese dinero. “Las comunidades dicen que esos fondos no han llegado”, asegura Montse Pineda, portavoz del colectivo. “Es competencia de las comunidades priorizar sus recursos”, contesta Sanidad.

 

“Tras dos años de recortes en materia de sanidad y la desaparición de la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida, los efectos comienzan a hacerse visibles. Las entidades sociales que se encargan de atender los usuarios a los que la Administración no llega han visto recortadas sus ayudas, siendo imposible en muchos casos mantener su actividad”, denunció ayer la Alianza de Plataformas. “Esto implica la desatención de un numeroso colectivo en situación de vulnerabilidad y exclusión social y el previsible aumento de infecciones por el VIH, imposibles de contabilizar ante la inexistencia de datos actualizados por parte del Ministerio de Sanidad”, añadió.

 

“España lo está haciendo mal”, sostiene David Dalmau, presidente de la junta directiva de la Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (Seisida) a partir de los datos hechos públicos ayer por el Centro de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, en sus siglas en inglés) de la Unión Europea.

 

El número de nuevas infecciones de VIH en España pasó de 3.244 casos en 2011 a 3.210 en 2012, lo que supone una reducción de un 1%. Es “un descenso marginal”, a juicio de Dalmau. La caída del número de contagios es algo más sensible si se comparan los datos respecto a 2010 (cuando se registraron 3.575 nuevas infecciones). Sin embargo, el dato relevante para este especialista del hospital Mútua de Terrassa es que la tasa de infección por 100.000 habitantes se mantiene notablemente superior a la media de los países de nuestro entorno (la Unión Europea más Islandia, Liechtenstein y Noruega). En España está en 5,8 casos frente a la media de 8,5 de Europa. De 30 países, ocupa el sexto peor lugar en tasa de infecciones.

 

Este es el aspecto que más preocupa al responsable de la sociedad científica. “Aún tenemos una incidencia superior a la del resto de Europa”, subraya. Y remite directamente a la “falta de estrategias de prevención adecuadas” por parte de la Administración; la misma denuncia que hacen las ONG dedicadas a prevención. “Se han producido unos recortes muy drásticos en los presupuestos”, comenta. “Esto hace que sigamos adoleciendo de estrategias razonables para promover la prevención”, en un momento en el que la eficacia de la medicación ha conseguido controlar el desarrollo de la enfermedad y mantener la infección bajo control, lo que ha provocado una “actitud de relajación”, entre potenciales afectados. “El 80% de nuevas infecciones se da por relaciones sexuales entre hombres”, apunta.

Todos/as debemos apoyar a los trabajadores y trabajadoras de la lavandería central del Servicio Madrileño de Salud

Privatización de la lavandería central: Prosigue el expolio

Por Carlos Barra, Médico del Sistema Madrileño de Salud, Médico Especialista en Gerencia de Áreas de Salud, Ex-Gerente de Hospital Universitario, Ex- Director Provincial del Insalud y Liceciado en Derecho.

 

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Recién concluido el grave conflicto de la recogida de basuras, a los madrileños se nos viene encima otro conflicto de innegable gravedad: la inminente huelga planteada por los trabajadores de la lavandería central del Servicio Madrileño de Salud como respuesta a la adjudicación a dos empresas de la gestión privatizada de la citada instalación. A fuer de ser repetitivo, debo reiterar que la privatización de la lavandería es un paso más en el desmantelamiento de la sanidad pública y sus instituciones llevada a cabo por los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid desde la llegada a la Presidencia de la Sra. Aguirre.

 

Como en los restantes procesos privatizadores anteriormente llevados a cabo en la sanidad madrileña, no se privatiza la gestión de la lavandería porque sus resultados con la gestión pública fueran malos e ineficientes,  tampoco se fundamenta con datos objetivos y fiables el ahorro que dicen los responsables sanitarios va a generarse con la privatización; la lavandería central ha prestado unos servicios satisfactorios durante muchos años con unos estándares de calidad muy aceptables y ahora se privatiza exclusivamente porque el PP siente aversión a todo “ lo público” y sólo pretende garantizar jugosos beneficios a empresas privadas que prestan los servicios sin ningún tipo de control sobre la calidad de los mismos. Más en este proceso se produce un hecho que muestra claramente el carácter antisocial de la política del gobierno regional del PP Me explicaré:

 

Las condiciones que la Consejería exigía en la resolución de la convocatoria de licitación comportaba la obligatoriedad de subrogación de todo el personal por parte de las empresas adjudicatarias, cuestión lógica y habitual en estos procesos, pero como contrapartida obligaba o facilitaba se aplicase a esos trabajadores subrogados el convenio colectivo del sector lo que llevaba a bajadas salariales por encima del 40% en salarios medios en el entorno de los 1000 euros; esa reducción salarial lleva a muchos trabajadores y sus familias a niveles de pobreza inasumibles; ante tal agresión los trabajadores se han movilizado, han registrado una convocatoria de huelga y han mostrado su voluntad de mantenerse firmes en defensa de sus derechos.

 

Una vez más el gobierno regional agrede muy duramente a los trabajadores del sistema público de salud a través de decisiones políticas de marcado carácter antisocial y reaccionario; su forma de ejercer el poder nos muestra a la rancia derecha de siempre, a la derecha que históricamente ha sido un freno al desarrollo y progreso de España apoyándose en empresarios sin ningún espíritu innovador que sólo pretenden beneficios rápidos y fáciles a costa de someter a los trabajadores a salarios de miseria .

 

En estos años de gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid hemos asistido a una gestión sanitaria salpicada de irregularidades y despilfarros, hemos vivido la mayor agresión a la profesión médica llevada a cabo por un responsable político, la del Sr. Lamela a los profesionales del hospital Severo Ochoa; hemos conocido la fragmentación anómala de los concursos en la mayoría de  Consejerías (también en  Sanidad), están imputados dos exconsejeros (Lamela y Güemes) por indicios de haber cometido delitos graves en los procesos privatizadores llevados a cabo en sus mandatos y se ha destrozado la organización y estructura de un sistema sanitario, el madrileño, que era de enorme calidad. Todo ello sin asumir ninguna responsabilidad política.

 

Es por todo lo expuesto anteriormente por lo que en mi opinión la lucha que han comenzado los trabajadores de la lavandería central merece recibir el apoyo solidario de todos los profesionales y trabajadores del sector, asimismo sentir el respaldo a sus justas reivindicaciones por parte de una ciudadanía que ya está sufriendo en sus carnes los recortes de prestaciones y las carencias que los centros públicos presentan como consecuencia de la política del gobierno regional. Sólo una firme respuesta unitaria de todos los trabajadores puede evitar su condena al paro o a salarios miserables. SÍ SE PUEDE.

Los trabajadores del servicio de basuras de Madrid lo han demostrado

Así todo queda en casa ¿verdad?

Mato contrata a Lamela para cambiar el modelo de gestión de los hospitales dependientes de Sanidad

El Ministerio abonará 36.000 euros a la empresa de ex consejero Manuel Lamela a cambio de "la asistencia técnica para la definición de un nuevo modelo de gestión clínica" en los centros de Ceuta y Melilla

Foto.- Ana Mato y Manuel Lamela.

MARIELA RUBIO, 25-11-2013, Cadena SER

- Junto a Lamela, figuran también en la empresa otros dos ex altos cargos de la consejería de Sanidad madrileña

- Los de las ciudades autónomas, son los únicos hospitales que dependen orgánicamente del Ministerio de Sanidad

- La Marea Blanca habla de privatización encubierta

- Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, está imputado por tráfico de influencias y prevaricación durante el proceso de privatización de la sanidad madrileña

- Lamela terminó gestionando los mismos hospitales que había privatizado mientras ostentó su cargo.

 

El Ministerio de Sanidad ha adjudicado a sendas consultoras privadas "la asistencia técnica para la definición de un nuevo modelo de gestión clínica y su implantación" en los hospitales Comarcal de Melilla y Universitario de Ceuta.

 

Estos centros son los únicos hospitales españoles que dependen orgánicamente del Ministerio de Sanidad y no de las distintas Comunidades Autónomas.

 

De acuerdo al pliego de condiciones del contrato, la intención del Ministerio de Sanidad es implantar en los hospitales de Ceuta y Melilla las llamadas Unidades de Gestión Clínica: pequeñas "microempresas" dentro de los centros sanitarios públicos dotadas de entidad jurídica propia. Departamentos que podrán administrar su propio presupuesto y que contarán con personal regulado por el régimen laboral de las empresas privadas, sometido a un sistema de incentivos en función de criterios de eficiencia.

 

Un sistema que para la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública "es en realidad una privatización encubierta que pretende dar una entrada discreta al sector privado". Concretamente, los médicos de la Marea Blanca denuncian que con las Unidades de Gestión Clínica "se pretende introducir de manera encubierta una empresarización de los servicios hospitalarios y de los centros de Salud que provocará que las decisiones clínicas de los profesionales sanitarios estén sometidas a las políticas empresariales" primando "el cribado de pacientes y patologías atendiendo a criterios de rentabilidad".

 

Según apunta la Federación, las farmacéuticas, multinacionales sanitarias o fondos de capital riesgo podrán gestionar los centros sanitarios "a cambio de aportar recursos y capitalización" por lo que estas Unidades "sólo beneficiarán a empresarios, laboratorios, consultoras y a personajes vinculados a la actual administración que participen en la llamada puerta giratoria".

 

Y por ahora, desde luego, así es; ya que el Ministerio de Sanidad ha contratado a la empresa BAPPH (Business Assesstemt Plans and Projects Healthcare SL) presidida por el exconsejero de Sanidad madrileño Manuel Lamela, para pilotar el nuevo modelo que se implantará en los únicos dos hospitales que gestiona el gobierno Central.

 

Lamela está imputado por tráfico de influencias y prevaricación durante el proceso de privatización de la Sanidad madrileña ya que recaló en las mismas empresas que consiguieron gestionar los hospitales madrileños que él mismo había privatizado siendo consejero.

 

En la empresa de Lamela, figuran también como asesores dos antiguos colaboradores suyos en la Consejería de Sanidad: Germán Rasilla Arias, ex alto cargo de la Viceconsejería de Infraestructuras Sanitarias y Jorge Fernández Ordás, ex director general Farmacia de la Comunidad de Madrid.

 

Junto a la consultora de Lamela, el departamento de Ana Mato ha contratado también para la misma tarea a Mensor Asesores, un despacho asesor compuesto asimismo por profesionales provenientes del sector público. Ambas empresas se encargarán respectivamente de cada uno de los hospitales de las cidades autónomas. La consultora de Lamela, del hospital comarcal de Melilla y la otra asesoría, del hospital universitario de Ceuta.

 

De acuerdo al pliego de prescripciones técnicas ambas empresas deberán "valorar en qué servicios pueden desarrollarse Unidades de Gestión Clínica, así como diseñar y colaborar en la gestión del cambio de modelo" en los hospitales de Ceuta y Melilla. A cambio ambas empresas recibirán 36.000 y 46.000 euros respectivamente con cargo al presupuesto del Ministerio de Sanidad.

 

Se da la circunstancia de que el Ministerio de Sanidad está dotado de un órgano asesor, el Instituto de Salud Carlos Tercero (dependiente del Ministerio de Economía) que cuenta con la Escuela Nacional de Sanidad. Un órgano que tiene en sus filas a reputados especialistas en Gestión Clínica cuya asistencia técnica tendría coste cero para las arcas públicas.

 

Sanidad afirma que desconocía que la empresa fuera de Lamela

Desde el Ministerio de Sanidad reconocen que se ha adjudicado por concurso ese informe sobre el hospital de Melilla a la empresa de la que estamos hablando pero insisten en que no sabían siquiera que la empresa fuera de Lamela.

 

Dicen que el proceso ha sido escrupulosamente legal, que se presentan muchas empresas a un concurso como éste, y que ganó la que tenía la mejor oferta técnica y económica.

 

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La OCDE alerta de los efectos de los recortes sanitarios

El organismo destaca el aumento de la lista de espera en España

Hay “serios riesgos” de que personas con bajos recursos no accedan a cuidados

Jaime Prats, Valencia, en El País

La crisis y los recortes ya están afectando al acceso de la salud de los ciudadanos. Lo denunció ayer la OCDE, que, para llegar a esta conclusión, pone el foco tanto en la reducción en la oferta de servicios sanitarios como en el incremento de los copagos. El informe Panorama de la sanidad 2013 que hizo público la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), que agrupa a 34 de los países más industrializados del mundo, también alerta de los “serios riesgos” de que haya grupos de población, especialmente entre las personas con menos ingresos, que renuncien a los cuidados que necesitan, ya sea a medicación o a los controles de las enfermedades crónicas que padecen, ante la reducción de los servicios financiados con fondos públicos. “Ello podría tener efectos para la salud a largo plazo y consecuencias económicas para los más vulnerables”, destaca la OCDE, al tratarse de una población mucho más sensible a los copagos.

El informe pone como ejemplo de dificultad al acceso a la atención sanitaria el incremento que se ha dado en las listas de espera quirúrgicas en España, así como en Portugal, Inglaterra e Irlanda, donde “después de años de mejora, los tiempos de espera para algunas enfermedades muestran un incremento”. En el caso de España y Portugal, alerta de cómo la demora mejoró y se redujo entre los años 2006 y 2010, pero ha ido aumentando a partir de entonces. De hecho, las últimas cifras difundidas por el Ministerio de Sanidad, correspondientes a principios de año, reflejaron cifras que batieron récords: 571.395 personas aguardaban pasar por el quirófano. El incremento del tiempo medio de espera también superó marcas: de 76 días a mitad de 2012 pasó a los 100.

La OCDE pone el ejemplo de la espera en las operaciones de cataratas y de prótesis de cadera. Mientras el año pasado en Holanda el plazo era de 30 y 45 días en cada intervención, en España este periodo de tiempo se alargaba por encima de los 90 y 125 días.

Tomando como referencia dos de los principales aspectos a los que alude la OCDE en referencia a los recortes: la reducción en la oferta de servicios sanitarios y el incremento de los copagos, el escenario que dibuja este organismo tiene un claro reflejo en España. En la primera categoría, la reducción de la oferta, se dan medidas como la revisión de la cartera de servicios que se está llevando a cabo, la disminución de personal sanitario por la falta de reposición de las bajas o las jubilaciones —y los efectos que tiene en la asistencia—, la exclusión sanitaria de los inmigrantes en situación irregular o el cierre de centros de salud en horario de tardes o de urgencias continuadas.

En el caso de los copagos también se han dado pasos: la aportación por parte de los jubilados que se introdujo el año pasado, así como el incremento de los tramos de la población activa para adquirir fármacos o los fallidos intentos de introducir la tasa de un euro por receta.

“Los recortes están limitando la asistencia sanitaria en España”, sostiene Ildefonso Hernández, presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. “Las señales que nos llegan como el aumento de las listas de espera, problemas de acceso en inmigrantes o por el copago indican que a medio plazo pueden darse problemas de salud si no hay un esfuerzo dirigido a proteger la asistencia entre los más vulnerables”, añade.

Salvador Peiró, del Centro de Investigación en Salud Pública de Valencia, es más cauto. “Aún no sabemos el impacto real de los recortes”, comenta, aunque admite que es “peligroso” tomar medidas indiscriminadas como el copago farmacéutico y que las listas de espera han aumentado significativamente.

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