CONTRARREFORMA NO

Ante ello hay una “cuasi-sublevación” autonómica

Las CCAA deben aplicar desde enero el copago de fármacos de dispensación hospitalaria

 

Diario de Castilla la Mancha

Las comunidades autónomas deben empezar a aplicar a lo largo del mes de enero el copago de fármacos de dispensación hospitalaria para pacientes que no estén hospitalizados, aprobado por el Gobierno el pasado mes de septiembre. Aunque entró en vigor el pasado 1 de octubre, se facilitó un plazo de tres meses para que las administraciones regionales pudieran adaptarse a esta nueva medida. Sólo Ceuta y Melilla la aplicaron tras su aprobación y el resto lo harán a lo largo de enero "con su propio criterio", según informan fuentes del Ministerio de Sanidad.

 

Según han aclarado a Europa Press, el acuerdo alcanzado en el seno del Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salud (SNS) definía que "cada comunidad autónoma tendrá su criterio al respecto (…), el criterio general fue que entrara en vigor, pero cada CCAA lo aplicará con su propio criterio".

 

La medida que debía haberse puesto en marcha el pasado 1 de octubre se topó con la negativa de numerosas CCAA a su implantación. Así Canarias, Andalucía, Aragón, País Vasco, Cataluña, Asturias, Extremadura, Castilla y León y Baleares afirmaban que no la aplicarían, en muchos casos por rechazo o en otros por problemas para su implantación. Por el momento, la han recurrido mediante un contencioso administrativo Castilla y León y Andalucía, mientras País Vasco ha presentado un recurso de alzada y Canarias ha anunciado que lo recurrirá.

 

Por el contrario, Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, Murcia y La Rioja, admitían tras el anuncio de la medida que pondrían en marcha su establecimiento al tratarse de una legislación básica estatal; el resto de comunidades manifestaban su imposibilidad inmediata de implantar dicho copago por motivos de gestión en su implantación.

 

Tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), fuentes de Sanidad señalaban a Europa Press que su puesta en marcha esta motivada por la necesidad de que todas las CCAA, "que son las que lo tienen que poner en vigor", utilicen la asignación de aportación reducida para estos fármacos, y tras comprobar que "no todos los fármacos dispensados tenían esta consideración".

 

Por tanto, añadían, "antes de que las CCAA lo pongan en vigor Sanidad lo que hace es asegurarse que todos los medicamentos serán de aportación reducida".

 

En total son 157 presentaciones farmacológicas de poco más de 43 medicamentos destinados a procesos crónicos o graves –oncológicos, hepatitis, reproducción asistida, la artritis reumatoide o degeneración macular, entre otros –que, hasta ahora, estaban exentos de pago–.

 

Estos medicamentos, según Sanidad, "cumplen con las condiciones para ser considerados de aportación reducida, al tratarse de medicamentos de elección en el tratamiento de enfermedades graves o crónicas, y estando limitada su dispensación, en el ámbito del SNS, a los pacientes no hospitalizados en los servicios de farmacia de los hospitales".

 

La aportación del usuario a dichos medicamentos, que estaban exentos del copago, será de un 10 por ciento del PVP del medicamento, con un máximo que se fijará teniendo en cuenta la subida del IPC en 4,26 euros –hasta ahora era de 4.20–, de acuerdo a la Resolución de 21 de enero de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia.

 

RECHAZO DE MÉDICOS, PACIENTES Y PARTIDOS

La medida ha suscitado desde el primer momento el rechazo de pacientes, médicos y de los distintos grupos de la oposición. El PSOE ha apoyado la posición manifestada por algunas comunidades y ha instado al Gobierno a que deje "sin efecto" dicha medida, al tiempo que pedía la dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato.

 

Mientras, el portavoz de Izquierda Plural en la Comisión de Sanidad del Congreso y diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha calificado al Real Decreto de copago farmacéutico de "infamia y gestión desleal" de la sanidad pública; mientras que desde UPyD destacaban la escasa recaudación de la medida.

 

En cuanto a los pacientes y médicos, la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH) denunciaba que la Administración ignore "sistemáticamente" la alta prevalencia de afectados por esta enfermedad; la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), remitía una carta a Mato expresándole "el impacto que supondría en los enfermos de patologías hepáticas"; y la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer recordaba que la medida "perjudica a los niños y adolescentes enfermos de cáncer".

 

Por su parte, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) la calificaba de "plenamente injustificado" el copago de fármacos de dispensación hospitalaria ya que, a su juicio, es una medida que plantea "dificultades" en su aplicación y, además, "no contribuye" a racionalizar el consumo ni sirve como instrumento de financiación adicional.

 

También, FACUA-Consumidores en Acción acusó al Gobierno y, concretamente al Ministerio de Sanidad, de llevar a cabo un "nuevo ataque" contra los enfermos que padecen enfermedades crónicas o graves.

 

Por el momento, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que interpuso el pasado mes de octubre un recurso de alzada contra la resolución que fue desestimado por Sanidad, se plantea presentar un recurso contencioso-administrativo donde solicitara la anulación de la resolución, así como su suspensión cautelar.

 

DE ANTITUMORALES A ANTICONCEPTIVOS

Entre los fármacos incluidos se encuentra medicamentos para retrasar la progresión en cáncer de mama avanzado como el 'Afinitor' o el 'Tyverb', para tratar el cáncer de riñón avanzado o extendido a otros órganos como el 'Votrient'; o para en el tratamiento de tumores cerebrales como el 'Temodal'; además de otros tantos fármacos prescritos para la leucemia mieloide crónica (LMC), el tratamiento de tumores malignos no resecables y/o metastásicos del estroma gastrointestinal (GIST), para reprodución asistida, la artritis reumatoide, la degeneración macular o la hepatitis C crónica, entre otros.

 

Además, se incluye dentro de la lista el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel (SIU-LNG) 'Mirena', que es un sistema anticonceptivo; y, por otro lado, 'Lactest' indicado para diagnóstico de la intolerancia a la lactosa.

 

En el motivo de la resolución, recuerda que "las características de gravedad y cronicidad de las patologías en que están indicados los medicamentos", que ahora serán incluidos el en la aportación farmacéutica, "aconsejan que la aportación por parte del beneficiario sea reducida pues de otro modo se producirían situaciones de inequidad por comparación a los medicamentos de aportación reducida que se dispensan habitualmente en las oficinas de farmacia".

 

De este modo se cumple el Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social, con el objeto de equiparar las dispensaciones mediante receta médica y orden de dispensación hospitalaria a efectos de la aportación de los usuarios y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria.

 

En su gran mayoría, se trata de medicamentos que sin tener la calificación de uso hospitalario tienen establecidas reservas singulares en el ámbito del SNS consistentes en limitar su dispensación a los pacientes no hospitalizados en los servicios de farmacia de los hospitales, pero pertenecen a grupos terapéuticos considerados de aportación reducida.

 

El copago farmacéutico hospitalario levanta ampollas

 

Narci Ruiz, en Cambio 16

La última resolución anunciada por el Ministerio de Sanidad, que entrará en vigor a partir del 1 de enero, obliga a los pacientes que necesiten recibir algún fármaco en el hospital a pagar un 10% de su precio.

 

Las reacciones ante esta medida no se han hecho esperar, ha despertado el malestar de los usuarios de la sanidad pública, y ya son varias las comunidades autónomas que se niegan a implantarla.

 

Los medicamentos de dispensación ambulatoria son aquellos reciben los pacientes no hospitalizados en los servicios de farmacia de los hospitales. Y la  medida afecta a más de 40 fármacos que, en general, cuentan con un precio elevado y que hasta el momento habían quedado exentos de este impuesto.

 

Estos medicamentos están destinados a tratar a pacientes crónicos o con enfermedades graves -cáncer, hepatitis, esclerosis múltiple, tratamientos de fertilidad, artritis, hepatitis- que con la mediad se verán obligados a abonar un 10 % de su precio, con un tope de 4,2 euros por fármaco.

 

Andalucía y Castilla y León interponen un recurso

Varias comunidades autónomas han mostrado su absoluto rechazo a esta nueva imposición sanitaria. Andalucía, Castilla y León, Euskadi, Canarias y Asturias no ven positiva esta nueva fórmula. Algunos, como el consejero asturiano, Faustino Blanco, ven en este tipo de medidas un ataque directo a las personas mayores de nuestra sociedad que son las que más utilizan estos servicios y las que poseen menos poder adquisitivo.

 

Por su parte, la consejera de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha informado de que se ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la aplicación del copago en las farmacias hospitalarias, y ha afirmado que "no se va a aplicar" en Andalucía.

 

La consejera andaluza no cree -basándose en algunos estudios previos- en que estas medidas supongan un importante ahorro para el país. Pone en duda de esta forma, la que ha sido una de las principales justificaciones por parte del Gobierno para sacar esta resolución.

 

Sánchez Rubio ha insistido en que "es una medida injusta que rompe con los principios de equidad del sistema sanitario", sobre todo, "para aquellas personas con enfermedades crónicas o muy graves", y que "supondría un menoscabo importante de su salud en el caso de que estas personas dejaran el tratamiento".

 

Otra comunidad que se ha sumado al recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha sido Castilla y León que, entre otras cosas, alega que "no se han aclarado a las comunidades autónomas todas las cuestiones técnicas imprescindibles para la implantación efectiva y homogénea".

 

Las distintas juntas autonómicas consultadas por Cambio16 han coincidido en que esperan que, con este recurso interpuesto, se frene la iniciativa y los pacientes no tengan que abonar los medicamentos dispensados en los centros ambulatorios.

 

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Un balance absolutamente necesario

2013, un año desastroso para la Sanidad

Por Marciano Sánchez Bayle y Araceli Ortiz Arteaga, Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP)

Las cosas han ido muy mal en 2013, pero pueden empeorar. Es evidente que la política del PP pretende retrotraernos a los años 70 en los que había una segmentación de la cobertura sanitaria.

nuevatribuna.es

La finalización del año es un buen momento para hacer una reflexión sobre lo que ha pasado en este tiempo y establecer proyectos para el futuro.

La Sanidad Pública, como otros servicios públicos básicos, ha sufrido una brutal agresión y un gran retroceso en 2013, aunque resultaría prácticamente imposible hacer un relato pormenorizado de todos ellos, los fenómenos más negativos para la Sanidad durante este año han sido los siguientes:

 

Recortes presupuestarios

Se han producido recortes generalizados en los presupuestos de las CCAA, del Ministerio de Sanidad y de los demás organismos con competencias sanitarias, recortes que se suman a los ya producidos a partir de 2009. En el conjunto de las CCAA se produjo una disminución de 152,8 € por habitante y año entre 2010 y 2013 (-11,42%), aunque con notorias diferencias entre las distintas autonomías. El total de la disminución presupuestaria de la Sanidad Pública entre 2010 y 2013 alcanzo los 7.500 millones €.

 

Recortes de personal

La principal, aunque por supuesto no la única repercusión de los recortes, ha sido una acusada disminución del personal sanitario. De acuerdo con las cifras de los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas, en julio de 2013 había 25.543 trabajadores sanitarios públicos menos que en enero de 2012, los cálculos de los sindicatos más que duplican esta cifra porque una gran parte de la disminución de personal ha ido a la eliminación de personal  contratado y eventual que no aparece en las cifras oficiales.

 

Aumento de las listas de espera

Como es obvio, la reducción de personal ha afectado a los cierres de camas, puntos de atención continuada, etc, y ha producido reducciones del horario de asistencia sanitaria, y de actividades asistenciales (intervenciones quirúrgicas, exploraciones, etc.)  Aunque resulta muy difícil hacer cálculos porque los recortes se han hecho de manera muy diferente según CCAA, centros, servicios y especialidades, de manera aproximada puede decirse que suponen 7 millones menos de consultas de atención especializada, 700.000 exploraciones radiológicas menos, 280.000 estancias hospitalarias menos y 250.000 intervenciones quirúrgicas menos. No es por lo tanto de extrañar que según las cifras oficiales, que todos sabemos que están manipuladas, se haya producido un aumento de las listas de espera tanto quirúrgica (aumento de 24 días de media, con un aumento del 7,1% de los pacientes que esperan mas de 6 meses) como en consultas externas (aumento de 6 días de media de la espera y del 24% de los pacientes en espera por 1000 habitantes).

 

Copagos

En aplicación del RD 16/2012 se establecieron copagos generalizados sobre los medicamentos (se anuncia que ahora en diciembre se acabara por instaurar el de los medicamentos dispensados en las farmacias hospitalarias), que se sumo a la exclusión de mas de 400 fármacos de la financiación pública. El resultado ha sido que entre un 12 y un 16,7% de los pensionistas no compran algunos de los medicamentos prescritos con las repercusiones que ello tendrá sobre su salud. Además, se establecen copagos sobre transporte sanitario, dietas, órtesis y prótesis que suponen una barrera económica fundamental para el acceso a prestaciones necesarias para las personas con bajos ingresos y serios problemas de salud. Un cálculo aproximado señala que en torno a 6 millones de personas no pueden acceder a prestaciones sanitarias por este motivo.

 

Exclusiones de colectivos

EL RDLey 16/2012 ha cambiado el modelo sanitario pasando de un modelo de cobertura universal a otro en el que la cobertura esta ligada al aseguramiento. De manera inmediata ha supuesto la exclusión de las prestaciones asistenciales de las personas inmigrantes no regularizadas en nuestro país, un hecho especialmente grave porque se trata de un colectivo con muy pocos recursos económicos y que ya ha provocado al menos 2 muertes documentadas y graves problemas de salud para muchas personas (se calcula que se ha excluido de la cobertura a mas de 800.000 personas). Por otro lado se ha excluido también a los que perciben rentas superiores a 100.000 €, pero existe el peligro de exclusiones en cascada de grupos cada vez mayores de población (ya se ha anunciado el de los españoles que vivan menos de 90 días al año en nuestro país).

 

Recortes de la cartera de servicios

La cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud se ha fragmentado en 3, la básica que se va a reducir progresivamente (ya se han excluido de la reproducción asistida a las personas sin pareja), pero lo previsible es que se vayan excluyendo paulatinamente cada vez mas prestaciones que pasarían a estar sujetas a copagos.

 

Las privatizaciones

Las privatizaciones han ido avanzando en este año de manera muy importante. No solo el plan madrileño de privatizar 6 hospitales semiprivados, sino además hay proyectos en marcha de privatizaciones en la mayoría de las CCAA, y todo ello a pesar que existen evidencias, en España y a nivel internacional, de que las privatizaciones suponen un mayor coste (entre 6 y 8 veces), no mejoran la calidad de las prestaciones y frecuentemente están vinculadas a numerosas irregularidades y a intereses personales de los privatizadores, lo que se conoce como “puerta giratoria”.

 

Las unidades de gestión clínica

Una nueva formula para evitar el rechazo social y profesional que han suscitado las privatizaciones son las llamadas “unidades de gestión clínica” que pretenden la fragmentación de la red pública en numerosas microempresas, en las que estará presente el capital privado y que están planteadas para permitir la privatización de la red pública  dando un rodeo que evite su visibilidad. En este proyecto juegan un papel importante los colegios profesionales que, a cambio de mantener  la anacrónica obligatoriedad de colegiación, pretenden ofrecer respaldo profesional a las iniciativas privatizadoras del Gobierno del PP:

 

Y el aborto

Por fin, está la nueva legislación sobre el aborto que está pensada para imposibilitarlo en la práctica. Se trata de una iniciativa de exclusivo carácter ideológico que solo representa las posiciones del fundamentalismo católico y que excluye cualquier tipo de consideración sanitaria, como es la evidencia de la inequidad en el acceso que va a suponer (las mujeres con medios económicos resolverán el  problema en el extranjero) y los problemas de salud para las mujeres, resultado de los abortos clandestinos. Este proyecto ignora tanto la experiencia en España como a nivel internacional y las múltiples recomendaciones de los organismos internacionales al respecto.

 

Un Ministerio inútil e incapaz

El papel del Ministerio de Sanidad en todo este año ha sido penoso. No solo ha capitaneado los recortes sino que ha demostrado su incapacidad para hacer las cosas con un mínimo de organización (véase la normativa para el copago en las farmacias hospitalarias) o de preocupación por la salud (la normativa antitabaco se ha salvado por las excesivas pretensiones de Adelson, no por la actuación del Ministerio, la propia normativa sobre el aborto, etc). Desde el Ministerio ha optado por la ocultación y la manipulación más grosera para intentar negar la realidad ( como comparar el gasto farmacéutico con el de 2011 para que no se evidenciara el repunte de los últimos meses, etc); en realidad se ha convertido en el ministerio de la insalubridad, la desigualdad y la manipulación.

 

Nos avisan desde fuera

A pesar de los intentos de ocultación, el empeoramiento es tan visible que los últimos informes de los organismos internacionales (OCDE, UE, FMI) señalan los graves problemas que amenazan a la salud de los españoles y desde fuera de nuestras fronteras se ve con sorpresa que un sistema sanitario que se consideraba modélico a nivel internacional está siendo destruido de manera intencionada, lo que ha sido señalado en las revistas científicas mas prestigiosas del mundo (British Medical Journal, The Lancet, etc).

 

No todo fue negativo

Sin embargo no todo fue negativo en 2013, porque hay algunas hechos positivos que merece la pena resaltar, como son:

 

La supresión del euro por receta

Que ya se había suprimido en Cataluña en 2012 lo fue en Madrid en enero de 2013, de todas maneras conviene señalar que muchos ciudadanos lo pagaron y la Comunidad de Madrid no se lo ha devuelto todavía

 

Las movilizaciones

Con todo el hecho mas positivo ha sido la amplia movilización social y profesional en defensa de la sanidad pública que ha tenido una gran importancia en Madrid, pero que también la ha tenido en otras CCAA como Galicia, Murcia, Canarias, Cataluña, La Rioja, Castilla y León, Aragón, Castilla la Mancha, etc. De hecho, en todas las CCAA han existido movilizaciones más o menos amplias. Muy importante es el hecho de que se ha conseguido un gran consenso ciudadano de la importancia de la Sanidad Pública, la necesidad de su defensa y los efectos negativos de las privatizaciones.

 

La paralización de algunos recortes y privatizaciones

Como resultado de las movilizaciones se ha logrado paralizar muchos de los recortes y de las privatizaciones. Aparte de lo logrado en Madrid, donde todavía la jugada más ambiciosa está pendiente de llevarse a cabo, conviene recordar que 4 hospitales en Castilla La Mancha iban a ser privatizados y se quedo en ninguno, que se cerraron puntos de atención continuada en Castilla y León, Castilla La Mancha y Extremadura  que en muchos casos tuvieron que reabrirse, que se quería hacer hospitales con el modelo PFI en Alcañiz, en Mérida, Cáceres, etc y que de momento están paralizados, etc. Es decir, el efecto de las movilizaciones ha sido el ralentizar la oleada privatizadora y, como ya se ha dicho, que el gobierno del PP busque algunos rodeos para continuarla. En todo caso esta claro que se está logrando paralizar la ofensiva, al menos por el momento.

 

Lo que nos queda por ver y por hacer

Las cosas han ido muy mal en 2013, pero pueden empeorar. Es evidente que la política del PP pretende retrotraernos a los años 70 en los que había una segmentación de la cobertura sanitaria en tres grupos de población: los que tenían mas medios económicos eran atendidos por seguros privados, los trabajadores por una seguridad social de baja calidad y el resto de la población por la beneficencia. Si lo consiguiera, el nivel de salud de la población empeoraría notablemente y las desigualdades sanitarias se harían escandalosas.

Es obvio que estos planes contaban con un rápido deterioro del sistema sanitario público por los recortes y un aumento notable del sector privado favorecido por las crecientes privatizaciones, y también con la atonía y falta de respuesta de profesionales y ciudadanos. Las cosas no les han salido como pensaban, pero es previsible que continuaran con sus intentos de desmantelamiento, deterioro y privatización de la Sanidad Pública, y que buscaran todo tipo de rodeos y estrategias para avanzar en ese camino. Nuestra tarea es impedírselo, porque este país, los profesionales de la Sanidad Pública y los ciudadanos no nos lo merecemos, por eso hay que generar respuestas sociales y profesionales, masivas, unitarias y sostenibles en el tiempo.

 

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Bien por Andalucía

“NO SE APLICARÁ”, ADVIERTE LA CONSEJERA DE SALUD

Andalucía recurre el copago hospitalario

“Es una medida injusta que rompe con los principios de equidad del sistema sanitario”, señala

Foto.- La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Andalucía, María José Sánchez Rubio.

Jueves, 26 de diciembre de 2013, Redacción Médica, Sevilla.

 

La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha informado este jueves de que el pasado 18 de diciembre se presentó un recurso contencioso administrativo contra la aplicación del copago en las farmacias hospitalarias, una medida del Ministerio de Sanidad que, ha insistido, "no se va a aplicar" en Andalucía.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla tras informar sobre el decreto ley de medidas urgentes para la Lucha contra la Exclusión Social, ha reiterado que "es una medida injusta que rompe con los principios de equidad del sistema sanitario", sobre todo, "para aquellas personas con enfermedades crónicas o muy graves", y que "supondría un menoscabo importante de su salud en el caso de que estas personas dejaran el tratamiento".

Por otra parte, la consejera asegura que "no es una medida que tenga que ver con un ahorro", porque el estudio previo hecho por una comisión de farmacia dentro del Consejo Interterritorial de Salud, "decía que el posible ahorro en mínimo, en torno a 1,7 millones en todo el país".

Por tanto, Sánchez Rubio ha insistido en que "no están de acuerdo" con el copago farmacéutico hospitalario, que "se ha recurrido ante el contencioso administrativo", y el cual "no se va a aplicar, a no ser que nos veamos absolutamente obligados a hacerlo", concluye.

 

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Aunque sólo sea de vez en cuando, no todos en el PP están por la labor como ya sabemos Castilla y León, incluso se plantean recurrirlo ante los tribunales

Sanidad (de Aragón) descarta aplicar en enero el copago en farmacia hospitalaria

El departamento continúa sin tener claro cuándo implantará la medida.

La DGA estudia vías para asumir todo el gasto de las personas sin recursos

 

J. OTO, 26/12/2013, en El Periódico de Aragón.

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón descarta aplicar el día 1 de enero el copago de farmacia hospitalaria –obligación de que los enfermos graves y crónicos no ingresados asuman parte de la medicación dispensada en la farmacia de los hospitales-. A pesar de las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, que emplazó a las comunidades a implantar la medida el primer mes del año tras haber admitido una prórroga de tres meses – se aprobó en septiembre con la intención de comenzar a aplicarse en octubre –, Aragón prolongará todavía más la espera.

 

Pero no se sabe cuanto. De hecho, la propia Administración continúa sin aclarar ni la fórmula ni el plazo de implantación. Sanidad asegura que acabará aprobando el copago, pese a las reticencias que provoca la medida pero asegura estar estudiando todavía el proceso, aunque "queremos estudiar caso a caso para conocer la repercusión económica que pueda suponer en los pacientes", insisten desde la DGA.

 

En todo caso, el departamento sí reconoce estar estudiando vías para asumir el pago de personas sin recursos que no puedan asumir la parte correspondiente con la promulgación del copago, que, según Sanidad, afectará a alrededor de 1.200 pacientes en la comunidad que, actualmente, retiran medicamentos en las farmacias de los hospitales.

 

La idea es que los enfermos paguen en función de su renta, al igual que ya se hizo con el copago farmacéutico tradicional.

 

SOLO CEUTA Y MELILLA

Mientras, el ministerio sostiene que no existe un plazo límite para la aplicación de la medida y tampoco hay instrucciones fijas en cuanto a la fórmula de cobro. Así, solo Ceuta y Melilla –los únicos lugares en los que el ministerio tiene atribuida la sanidad– han implantado ya el copago, mientras que el resto de comunidades se han escudado en problemas de gestión o falta de coordinación para dilatar lo máximo posible un modelo que acumula detractores y que ha provocado un profundo malestar en colectivos sanitarios y sociales.

 

Algunas, como Murcia, parecen haber diseñado una senda para la instauración, que se llevaría a cabo a través de facturas a nombre del paciente, que deberá hacer ingresos periódicos en cuenta. La opción de instalar máquinas registradoras en los hospitales no se contempla por parte de ninguna comunidad.

 

Este nuevo copago impone que el paciente abone el 10% del precio de los medicamentos de dispensación hospitalaria, con un tope de 4,20 euros por envase. Únicamente quedarían exentos los parados de larga duración que han agotado los 400 euros de ayuda y aquellos con pensiones no contributivas.

 

En total, los medicamentos a los que alcanza el copago son 157 presentaciones de poco más de 50 medicamentos destinados a procesos crónicos o graves (oncológicos, hepatitis, reproducción asistida, artritis reumatoide o degeneración macular, entre otros) que, hasta ahora, estaban exentos de pago. "Cumplen con las condiciones para ser considerados de aportación reducida", aseguran desde el ministerio de Sanidad.

 

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Mientras el Ministerio profundiza en la vulneración del derecho constitucional a la protección de la salud, SOMAMFYC y el colectivo ciudadano Yo Sí Sanidad Universal han creado un Registro Estatal para la Denuncia de la Exclusión Sanitaria en nuestro país

Registro de casos de vulneración del derecho a una sanidad universal

Los ‘sinpapeles’ deberán pagar la asistencia

Acta Sanitaria — Madrid 17 dic, 2013

La Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad ha preparado un documento (‘Intervención sanitaria en situaciones de riesgo para la salud pública), que se presenta este miércoles al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el que, entre otras consideraciones, se expone que la prestación sanitaria en tales casos ‘conllevará facturación al usuario’.

 

En el documento (que se adjunta), se hace referencia a la legislación nacional e internacional en relación con la atención sanitaria a personas con procesos que puedan generar riesgos ciertos para la salud pública, por lo que el documento enmarca estas situaciones que han de ser atendidas por interés de la salud pública. Se señala como ámbito de aplicación las situaciones que supongan un riesgo para la salud pública en base a la probabilidad de que se produzca un evento que pueda afectar adversamente a la salud de la población, considerando la posibilidad de que se propague a nivel nacional o internacional, o que pueda suponer un peligro grave y directo para la salud pública. Y, asimismo, se determina como tal ámbito de aplicación el siguiente: ‘Personas que no ostenten la condición de asegurado o beneficiario en base al RD 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones’.

 

Y después de determinar las situaciones que supone un riesgo para la salud pública, se determina la prestación sanitaria en los siguientes términos:

 

- La prestación sanitaria incluye las acciones preventivas, asistenciales, de seguimiento y de control, dirigidas a preservar y, en caso necesario, a recuperar la salud pública de la población.

 

-  La prestación sanitaria se dará hasta el alta médica del proceso en curso que haya supuesto un riesgo para la salud pública.

 

- La prestación sanitaria se ofrecerá preferiblemente en atención primaria e incluirá acciones preventivas, diagnósticas, terapéuticas y de control del problema en curso, incluidas interconsultas al segundo nivel asistencial.

 

-  La prestación sanitaria conllevará facturación al usuario y, en su caso: se imputará a cargo de los convenios especiales que puedan ser formalizados por las CCAA; o será remitida a través del órgano competente, a su país de origen, en virtud de los convenios bilaterales de Seguridad Social suscritos por España.

 

- La medicación necesaria para el tratamiento de estas enfermedades, en caso de que demuestre la no disponibilidad de recursos, se contemplará como “campaña sanitaria” y se entregará en el dispositivo habilitado al efecto en el servicio de salud.

 

La Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria (SOMAMFYC) y el colectivo ciudadano Yo Sí Sanidad Universal han creado el Registro Estatal para la Denuncia de la Exclusión Sanitaria (REDES) con el fin de visibilizar los efectos "negativos" que está teniendo sobre la salud de los ciudadanos el Real Decreto 16/2012, aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy.

 

Telecinco

 

"Es un registro de los casos de vulneración del derecho a la salud, recogido por el artículo 43 de la Constitución, que se están produciendo en España y que, especialmente, afectan a la población inmigrante", ha informado el presidente en funciones de SOMAMFYC, Alberto López.

 

Y es que, según ha señalado López, desde la aprobación de esta medida unas 900.000 personas se han quedado sin tarjeta sanitaria, rompiendo así el principio de universalidad que "siempre" ha regido en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad está "vulnerando".

 

Por todo ello, la asociación y el colectivo han puesto en marcha REDES, una herramienta con la que profesionales sanitarios y usuarios de la sanidad, con o sin derecho a recibir asistencia sanitaria, pueden responder a un formulario en el que se plasma, entre otros aspectos, la situación administrativa de la persona, la residencia y el centro sanitario en el que han tenido problemas de acceso a la sanidad como, por ejemplo, negación de pruebas, de asistencia o que hayan recibido información "disuasoria".

 

"Es un cuestionario estatal y, con el fin de garantizar el respeto a la privacidad de los afectados por la exclusión sanitaria, y dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos, se va a omitir cualquier referencia que dar lugar a la identificación de las mismas", ha explicado la representante de Yo Sí Sanidad Universal, Raquel Rodríguez.

 

Asimismo, el registro se va a nutrir también, tal y como ha comentado otra de las integrantes del colectivo, Alejandra Calvo, de los grupos de acompañamiento que han surgido de la mano de esta iniciativa ciudadana y que están constando la vulneración del derecho a la salud, "a pesar de que el Gobierno lo niega constantemente".

 

"Esta va a ser una herramienta que va a corroborar todo lo que nosotros presenciamos cuando acompañamos a una persona a un centro sanitario. Por eso, queremos demostrar que se está produciendo un cambio de modelo y que, sobre todo, lo está sufriendo la población inmigrante", ha zanjado Calvo.

 

Con todos los datos que se obtengan de este registro, el colectivo y SOMAMFYC van a elaborar diferentes informes de ámbito estatal con el fin de mostrar las "nefastas consecuencias" que está produciendo el Real Decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS y la calidad y seguridad de sus prestaciones.

 

Nace en Madrid el Registro Estatal para la Denuncia de la Exclusión Sanitaria, R.E.D.E.S.

 

El colectivo Yo Sí Sanidad Universal y la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria (SoMaMFyC) han presentado hoy el Registro Estatal para la Denuncia de la Exclusión Sanitaria (REDES)una herramienta “con la que profesionales sanitarios, usuarios y usuarias...

 

... así como organizaciones de todo tipo, podrán registrar los casos de vulneración del derecho a la salud, protegido por el artículo 43 de la Constitución Española, que se están produciendo en el Estado español”, han indicado fuentes de ambos colectivos. La rueda de prensa corrió a cargo de Alberto López, vicepresidente de SoMaMFyC, y Alejandra Calvo, integrante de Yo Sí Sanidad Universal.

 

El objetivo del nuevo dispositivo es visibilizar la situación que viven muchas personas a raíz de la aprobación, el pasado 24 de abril de 2012, del Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y la calidad y la seguridad de sus prestaciones, “a través de la elaboración de informes que saldrán de la explotación estadística y el análisis de los datos recogidos”, indicaron. Las dos organizaciones han desarrollado un formulario al que podrá acceder cualquier persona que disponga de información sobre este tipo de situaciones.

 

“Cabe señalar que, con el fin de garantizar el respeto a la privacidad de los y las afectadas por la exclusión sanitaria, y dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos, se ha decidido omitir cualquier referencia que pueda dar lugar a la identificación de las mismas”, han explicado en la presentación.

 

Así, para justificar la puesta en marcha de la herramienta de registro, Alberto López, presidente en funciones de SoMaMFyC, recordó que “las medidas adoptadas tras el RDL 16/2012, con la excusa de garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, atentan contra la universalidad del modelo sanitario”. Además, afirmó que “una sanidad no universal deja de ser sostenible y de calidad, al aumentar las desigualdades en salud” y recordó que su organización, “como sociedad científica de médicos de familia, procura mejorar la competencia clínica e investigadora de sus profesionales, y vela por el adecuado desarrollo de una atención primaria”.

 

Además, la SoMaMFyC aseguró hoy que un 80% de los médicos de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid rechazan la aplicación del RDL 16/2012 y piensan que puede tener consecuencias negativas en la salud de la población. La organización ha obtenido estos datos tras realizar una encuesta a 393 médicos de la región, de los cuales el 29,16% se ha registrado como objetor de conciencia en lo concerniente a la aplicación del Real Decreto. Esta normativa, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2012, ha dejado sin tarjeta sanitaria a 873.000 extranjeros residentes en España, según las cifras aportadas por el propio Gobierno, de los cuales 55.792 corresponden a Madrid, modificando las características esenciales de accesibilidad universal, atención integral y continuidad de la atención sanitaria.

 

Por su parte, Yo Sí, Sanidad Universal es un colectivo que organiza una campaña de desobediencia civil frente a la reciente reforma sanitaria y desarrolla “líneas de acción para articular y visibilizar la objeción de conciencia de los profesionales al RD y para organizar, sostener y proteger la desobediencia civil de profesionales y usuarias para mantener la atención sanitaria”, según indican desde el propio colectivo.

 

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Nuestro SNS: ni universal ni dentro de nada público si no les ponemos freno

La revista "The Lancet" censura la política sanitaria de Ana Mato

17.12.2013, Madrid, en El Comercio.

La prestigiosa revista científica "The Lancet" publica en su último número un artículo en el que se analiza el impacto de la reforma sanitaria impulsada hace más de un año por la ministra del ramo, Ana Mato, y avisa de que ha provocado una "erosión" en la cobertura sanitaria universal que va en contra de las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

 

Hace unos meses la revista "British Medical Journal" (BMJ) también se hacía eco de los recortes que se estaban llevando a cabo en la sanidad pública española, y en un artículo firmado por científicos del London School of Hygiene & Tropical Medicine de Reino Unido se advertía de que el "desmantelamiento" del Sistema Nacional de Salud (SNS) podía "poner vidas en riesgo".

 

En esta ocasión, el artículo está firmado por varios expertos internacionales -también de dicho centro británico, y de la Universidad de Toronto, en Canadá- y españoles, que recuerdan como en España se ha reducido el presupuesto en materia sanitaria "por razones de austeridad" a pesar de que el gasto público "ya era uno de los más bajos de Europa".

 

Además, destacan que, mientras que Naciones Unidas anima a los Gobiernos nacionales a avanzar hacia una asistencia sanitaria universal, en España se ha "socavado" este acceso con una reforma sanitaria "sin trámite parlamentario" que "limita" la sanidad pública. Recuerdan que desde septiembre de 2012 hay alrededor de 873.000 personas que se han quedado sin tarjeta sanitaria.

 

ENTRE TANTO EL PP PROFUNDIZA EN LA DIRECCION CONTRARIA:

El PP planea limitar la sanidad a los parados que salgan de España

El grupo popular introduce dos enmiendas a los Presupuestos que prevén la pérdida del derecho a prestaciones si se rebasan los 90 días fuera del país

Elena G. Sevillano, Madrid, en El País

Un ciudadano español podrá quedarse sin derecho a atención sanitaria si es parado de larga duración, ha agotado el subsidio de desempleo u otras prestaciones similares y pasa más de tres meses fuera de España en un año. El Partido Popular ha introducido este cambio en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 que ya ha sido aprobado en el Senado y en breve recibirá la luz verde en el Congreso. Dos enmiendas presentadas durante la tramitación han modificado sendas leyes —una de Sanidad y otra de Seguridad Social— para que las personas con estas características queden fuera de la prestación sanitaria.

 

El portavoz de Sanidad del PP en el Congreso, Rubén Moreno, confirma la exclusión, pero le resta importancia: asegura que el derecho a la asistencia sanitaria se recuperará “nada más llegar a España” de vuelta. “Si pasas más de 90 días fuera del país, dejas de ser residente español y te conviertes en residente de otro país, que es el que debe cubrir la asistencia sanitaria en lugar de que lo haga España con cargo a sus impuestos”, precisa. Se trata, según explica, de evitar que una persona que lleve dos años viviendo, por ejemplo, en Alemania, sea tratado allí con una tarjeta europea en base a la española, porque eso significa que se financia con cargo al presupuesto español.

 

El coordinador de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, hace otra lectura: “Poco a poco el PP va excluyendo a más colectivos de la cobertura pública. Está imponiendo una carrera de obstáculos para disuadir de optar al derecho a la asistencia sanitaria”. El diputado asegura que la “actitud restrictiva” del Gobierno con respecto al acceso a la sanidad está dificultando los trámites. “Se tarda un tiempo en recuperar el derecho. No es automático”, señala.

 

El Ministerio de Sanidad, que es el que ha incluido el requisito de residencia en la enmienda, declinó ayer comentar este cambio. El de Empleo y Seguridad Social afirma que la tarjeta se podrá recuperar casi de forma automática al volver a España, puesto que únicamente habrá que certificar la residencia.

 

El proyecto de Ley de Presupuestos incorpora una nueva disposición adicional a la Ley General de Seguridad Social. Trata de la “pérdida de residencia a efectos de prestaciones de la Seguridad Social”. Señala que, para poder mantener “el derecho de las prestaciones sanitarias en las que se exija la residencia en territorio español” el beneficiario no podrá superar los 90 días de estancia en el extranjero a lo largo de cada año natural.

 

Esta enmienda se complementa con otra, que modifica la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y añade un supuesto en el apartado 2 del artículo 3, el que define quién ostenta la condición de asegurado: “Haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo u otras prestaciones de similar naturaleza, encontrarse en situación de desempleo, no acreditar la condición de asegurado por cualquier otro título y residir en España”. Este último punto, la necesidad de residir en España, es el que queda definido en la otra enmienda: si se pasan más de 90 días fuera se considera que ya no se reside en el país.

 

La plataforma YoSíSanidadUniversal también ha criticado esta medida. “Confirma, una vez más, lo que ya denunciamos hace un año: que el decreto 16/2012 eliminó el derecho a la atención sanitaria universal y que no se hizo para ahorrar, sino para cambiar el modelo. Ya estamos viendo sus consecuencias: cada vez hay más sectores excluidos del acceso a la salud. Si seguimos así acabaremos como Grecia, donde si no has cotizado en el año anterior no tienes derecho”, afirma Alejandra Calvo, integrante de este colectivo. “Teniendo en cuenta el número de parados que hay en España y que la emigración económica forzada es una de las salidas, un amplio sector de la población, sobre todo joven, puede verse afectado. Si vuelves a los 90 días porque tu proyecto ha fracasado estarás sin prestación”, añade.

 

Excluidos

El Real Decreto ley 16/2012, además de instaurar el copago farmacéutico, dejó sin cobertura sanitaria general a los extranjeros en situación irregular. Antes bastaba tener residencia legal en España, es decir, estar empadronado. La medida entró en vigor en septiembre de 2012. Solo se atiende a estos ciudadanos en urgencias o si son niños o mujeres embarazadas.

 

Las personas que nunca hayan cotizado a la Seguridad Social e ingresen más de 100.000 euros al año tampoco tienen derecho a tarjeta sanitaria.

El desmantelamiento y privatización de la Sanidad Pública con mucho maquillaje y disfraz pero se les ve.

Gestión clínica S.A.: un rodeo para la privatización de la Sanidad Pública

Por Marciano Sánchez Bayle, FADSP.

nuevatribuna.es

Desde hace tiempo venimos denunciando que los gobiernos del PP, a nivel central y autonómico están centrando su política sanitaria en el desmantelamiento y privatización de la Sanidad Pública. Y aunque durante un tiempo, como estas maniobras privatizadoras se hacían de manera más o menos pausada, y como la bonanza económica permitía el despilfarro económico, las cosas pasaron bastante desapercibidas para la mayoría de los profesionales y la población.

 

Ya se sabe que el papel de Casandra es ingrato (recuérdese, la hija de Priamo, rey de Troya, a quien los dioses habían dado el don de adivinar el porvenir y castigado con la maldición de que nadie la creyera), aunque como no estamos en la Grecia clásica quizás sea mejor recordar a Lincoln (se puede engañar a muchos durante algún tiempo… pero es imposible engañar a todos siempre). El caso es que la crisis, los recortes y la mayoría absoluta y prepotente del PP han destapado la realidad: las privatizaciones en sus múltiples vertientes (concesiones administrativas, iniciativas de financiación privada, etc) no solo no mejoran la eficiencia del sistema sanitario, sino que encarecen notablemente sus costes sin poder garantizar el mismo nivel de calidad asistencial del sistema público. Y a resultas de ello se ha producido un gran rechazo social y profesional que ha tenido su mayor visibilidad pública, pero no su mayor intensidad, en las movilizaciones de las mareas blancas madrileñas.

 

El fenómeno se ha extendido prácticamente a todo el territorio español, con mayor o menor intensidad según la profundidad y las características de la agresión y el grado de organización y de capacidad de coordinación entre los profesionales/ trabajadores de la sanidad y la ciudadanía (aparte de Madrid conviene recordar las movilizaciones de Galicia, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Aragón, La Rioja, Baleares, Murcia,  Canarias, etc).

 

Las movilizaciones han tenido éxito diverso, pero en lo general han conseguido ralentizar el proceso, cuando no impedir los siniestros planes de los privatizadores, como en el Hospital de la Princesa.

 

Pero, por supuesto, el proceso privatizador sigue avanzando, aunque sea a trompicones y los planes no han cambiado en lo sustancial, porque detrás de ellos hay una combinación de intereses, de los fundamentalistas del mercado que contra toda evidencia siguen creyendo en las virtudes taumatúrgicas del mismo, de las grandes multinacionales de la tecnología y aseguramiento que buscan un nicho de beneficios en el sistema público, y de los personales y mucho menos respetables, de los privatizadores que buscan beneficios para ellos mismos en las privatizaciones, lo que ahora se conoce como “puerta giratoria”.

 

Es esta situación de rechazo social y profesional y de exposición ante la opinión pública de lo que hay detrás de las privatizaciones, lo que les ha obligado a cambiar de estrategia buscando unas tácticas que avanzando en los mismos objetivos, les hagan pasar mas desapercibidos. Y ahí entra lo que se ha denominado gestión clínica, propuesta por el Ministerio de Sanidad y algunas entidades que reclaman una representatividad de la que carecen porque se fundamenta en la adscripción obligatoria, y porque por supuesto no han consultado para nada a sus “supuestos representados”, a cambio de prebendas, algunas de las cuales ya se conocen, y otras que iremos conociendo con el tiempo.

 

¿Como se realiza este proceso? Primero y como viene siendo habitual se utiliza una denominación eufemística que encubra la realidad que se propone, y así se habla de gestión clínica, que es un termino acuñado para expresar la necesidad de incorporación de los profesionales sanitarios a la gestión de los recursos utilizados en la práctica clínica y que es una idea bastante razonable. Evidentemente la gestión clínica no precisa modificar el régimen jurídico del personal ni  la personalidad jurídica de las unidades que las llevan a cabo, que podría incorporarse a todos los servicios del sistema de salud, y es un término equiparable a la “gestión participativa por objetivos” que ya recogía la Ley General de Sanidad.

 

Sin embargo los objetivos que se plantean desde el Ministerio de Sanidad para avanzar en lo que bien se podría denominar como Gestión Clínica S.A. son muy diferentes: Fragmentar los centros creando múltiples microempresas dentro de los mismos, para competir entre si, en el marco legal de un mercado sanitario público y privado, financiado esencialmente con  fondos públicos. Y después establecer alianzas y acuerdos con otras del mismo o de diferentes centros sanitarios para desarrollar sus estrategias empresariales, dando entrada al capital, empresas, laboratorios farmacéuticos y a la industria de electro- medicina sanitaria, en la provisión y gestión de servicios sanitarios.

 

Luego el sector privado se haría cargo de las empresas rentables y acabaríamos con centros que lo único público que tendrían sería el nombre pero que estarían en manos de empresas privadas, que, como ha sucedido en todos sitios, acabarían en manos de las grandes multinacionales, las únicas que tienen capacidad para afrontar con solvencia desde el sector privado la complejidad de la asistencia sanitaria.

 

Por si las cosas no estuvieran bastante claras, la presencia de Lamela y su empresa de impronunciable nombre para la Sra Botella, ponen en evidencia que la estrategia no trata de mejorar el funcionamiento de la Sanidad Pública sino pura y simplemente de encontrar un rodeo para conseguir la privatización sanitaria.

 

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Y las mareas recorrieron Madrid nuevamente

"No queremos pagar su deuda con nuestra sanidad y educación"

Las mareas vuelven a unirse en las calles de Madrid para rechazar a la externalización de los servicios públicos en esta región, bajo el lema ’Salvemos lo Público’

SABINA ORTEGA, Madrid, en Público.es

"Que no que no, que no queremos pagar su deuda con sanidad y educación". Esta ha sido una de las principales consignas que han coreado miles de personas esta mañana por las calles de Madrid, en una convocatoria realizada por la Marea Blanca, acompañada por la Marea Verde y la Marea Roja de la Ciencia.

 

La marcha salió a las doce de la mañana desde la Glorieta de Atocha y su destino final era la madrileña plaza de Sol. Miles de manifestantes han acompañado la manifestación, que ha transcurrido con total tranquilidad. Los ánimos se agitaron cuando la comitiva pasó por delante del Ministerio de Educación, situado en la calle de Alcalá, momento en el que los protestantes han proferido diferentes gritos contra el titular de esa cartera, José Ignacio Wert, a quien han pedido su dimisión.

 

Asimismo al cruzar por una de las sedes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, los asistentes han pegado carteles en los que se podía leer "país sin ciencia, país en decadencia".

 

Pilar, una trabajadora del Hospital Clínico de Madrid que participa en la Marcha, denunció que los recortes "acabarán afectando a todos los que quieran disfrutar de la sanidad". Ella considera que es "una vergüenza lo que hacen con el personal" por parte de las administraciones, ya que "cada vez hay menos" trabajadores y "cobran menos". A su juicio, "la situación se volverá insostenible si se siguen realizando estos recortes".

 

La marcha ha llegado a Sol sobre las 2 de la tarde, momento en el que han leído un manifiesto  para denunciar los presupuestos de la Comunidad de Madrid en 2014. Los portavoces de cada Marea han incidido en las particularidades que afectan a cada sector.

 

Manifiesto contra los presupuestos

Araceli Ortiz, la portavoz de la Marea Blanca, ha tachado los presupuestos de " agresivos ante el patrimonio más importante del país, la sanidad" y aseguró que la partida para el año que viene provocará que " tengamos menos plantilla, menos quirófanos, cierre de plantas y mayores listas de espera".

 

Con esta protesta, la Marea Blanca (en lo que ya es su decimocuarta manifestación) ha puesto el acento en la privatización paulatina que está llevando a cabo la Comunidad de Madrid, " una privatización evidente, como en la lavandería de Madrid, donde se está destruyendo empleo público o en el hospital de Collado Villalba, donde los madrileños seguimos pagando para que no funcione", ha apostillado Ortiz.

 

La Marea Roja también se ha pronunciado contra los recortes, asegurando que "estamos asistiendo al desmantelamiento, organizado y sistemático, de la ciencia y la investigación en España". El presupuesto de la investigación se ha reducido "más del 40% desde el 2009" mientras que el dinero invertido en el rescate ha Bankia "casi quintuplica la inversión estatal en I+D" denuncia el portavoz de la Marea Roja de la Ciencia.

 

Al escrito también se ha unido la Marea Verde, que ha pedido la eliminación de la LOMCE y ha sido crítica con la política del Ministerio de Educación que " trata de intentar desmantelar la educación con leyes antidemocráticas".

 

Tras la lectura del manifiesto, la Plataforma de la Cultura también se ha unido con un concierto que clausuró la protesta.

 

Las 'mareas' sociales inundan Madrid contra los recortes

Movimientos a favor de la educación, sanidad y ciencia han protagonizado una marcha conjunta en la capital

EFE | MADRID, en El Comercio.

Varios miles de personas de las 'mareas' blanca, verde y roja han reivindicado una sanidad, una educación y una ciencia públicas que estén al servicio del ciudadano, en lugar de privatizadas para beneficiar a empresas, como en su opinión pretende el Gobierno con los "recortes" que lleva a cabo.

Unas 6.000 personas según fuentes policiales y cerca de 20.000 según los organizadores han marchado desde la plaza de Atocha hasta la Puerta del Sol tras la pancarta "Sin educación no hay ciencia, sin ciencia no hay sanidad".

Se trata de la decimocuarta marcha de la 'marea blanca' de la sanidad pública madrileña, que se manifiesta cada tercer domingo de mes en contra de los ajustes y en defensa de lo público, y a la que hoy se han unido por primera vez la "marea verde" de la educación y la "marea roja" de la ciencia.

Los manifestantes han portado una sábana gigante con la leyenda "No a los recortes, sí a la sanidad y sí al servicio público" y otras pancartas con lemas como "Venden mi salud" o "PP Partido Peligroso". También han coreado consignas como "Rajoy y Cospedal a Soto del Real", "Blesa, ladrón, vuelve a prisión" o "Manos arriba, esto es un atraco".

Cuando los congregados han pasado por el Ministerio de Educación han parado y han gritado "dimisión, dimisión".

 

"El país requiere un cambio radical"

Una de las profesionales de la sanidad, Carmen Ortega, que es técnico de rayos, ha explicado que siguen manifestándose porque "aún no se ha logrado nada y hay que seguir defendiendo una sanidad pública, al igual que una educación y una ciencia públicas que no se lleven el dinero de los ciudadanos, sus impuestos". En cuando al apoyo de las mareas roja y verde a la convocatoria, ha sostenido que la reivindicación de estos colectivos es básicamente la misma, ya que "sin ciencia no hay salud, no hay avances, y sin educación no hay ciencia", porque no habrá futuros médicos ni científicos.

Federico Martínez, de la Plataforma por la Escuela Pública, ha sostenido que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) es "un atentado contra la educación" y se suma a otras iniciativas llevadas a cabo por el Gobierno "por un tema político" que supone "una gestión de lo público nefasta". Por eso ha exigido que "se gestione a favor de los ciudadanos y no para ganar dinero".

Marga García, miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha manifestado que "es necesario aunar esfuerzos porque el país requiere un cambio radical, porque no puede sobrevivir si no cambiamos completamente el modelo económico" y ha sostenido que "lo que importa es empezar por el educación de base y rematar con la investigación de elite".

Desde la Asociación de Empleados del Centro de Transfusión de Madrid, Deli Edreira ha denunciado que la Comunidad de Madrid "está a punto de privatizar la donación de sangre" porque a partir del 1 de enero se encargará de la recogida de sangre Cruz Roja, que es una empresa privada que recibirá 67 euros por cada litro de sangre donado, ganando hasta 9,3 millones de euros al año. Los empleados del Centro de Transfusión creen que, como cualquier entidad privada, Cruz Roja intentará sacar beneficios y la calidad del servicio podría mermar, mientras 130 trabajadores del Centro serán despedidos.

Francisco Ronco, presidente de la Asociación de Empleados de Lavandería Hospitalaria, ha explicado que el comité ha interpuesto una demanda "porque se están contratando empresas de autónomos para suplir a los compañeros que están en huelga". Ha relatado que últimamente "está llegando ropa sucia en camiones frigoríficos donde luego se mete ropa limpia que se lleva directamente a los hospitales, lo que no es una práctica recomendable para los enfermos de la comunidad", ha añadido.

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